nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A.

C.A. de Santiago Santiago, veintinueve de mayo de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que se interpone recurso de protección en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, ingeniera en Computación, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de su solicitud de devolución de fondos previsionales, lo que vulneraría las garantías constitucionales reconocidas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que con fecha 20 de noviembre de 2025 presentó ante la recurrida, a través de su plataforma digital, una solicitud formal de retiro de fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual, acompañando la documentación exigida por la normativa, consistente en su contrato de trabajo indefinido suscrito el 2 de marzo de 2020 con la empresa WOM SpA, anexo de actualización contractual de 1 de septiembre de 2025, certificado de título profesional de Ingeniera en Computación otorgado por la Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín- debidamente apostillado con fecha 22 de enero de 2018-, constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) con fecha 3 de diciembre de 2025, y una declaración jurada de afiliación prestada ante el Notario Público de Santiago, don nombre reservado, el 6 de noviembre de 2025.

Añade que con fecha 24 de noviembre de 2025, la recurrida le notificó el rechazo de su requerimiento, fundado en que la constancia electrónica del IVSS no cumplía con las exigencias normativas al no constituir un certificado de afiliación idóneo, omitir el detalle de las prestaciones específicas de seguridad social en su favor, carecer de firma autorizada y no encontrarse debidamente legalizada o apostillada. Al respecto, el recurrente arguye que dicha negativa descansa sobre una interpretación excesivamente formalista y restrictiva, desconociendo la imposibilidad material y jurídica de obtener legalizaciones consulares de documentos venezolanos en la actualidad, derivada del notorio quiebre de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, situación de fuerza mayor o caso fortuito al tenor del artículo 45 del Código Civil que justifica la validez de la declaración jurada notarial extendida en territorio chileno.

Por último, sostiene la existencia de una discriminación arbitraria, por cuanto otra administradora previsional, AFP Cuprum S.A., ha autorizado retiros de fondos en supuestos idénticos de afiliados que acompañaron la misma documentación notarial, lo que evidencia una flagrante disparidad de criterios que infringe la igualdad ante la ley y se traduce en una privación ilegal del derecho de propiedad sobre sus ahorros previsionales.

Segundo: Que evacúa informe la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., solicitando el rechazo del recurso en todas sus partes, con expresa condena en costas.

En primer término, plantea la improcedencia de la acción constitucional impetrada, señalando que el recurso de protección, atento a su naturaleza eminentemente cautelar, sumaria y de urgencia, no constituye la vía idónea para dirimir una controversia jurídica técnica y compleja como la de autos, la cual requiere de un procedimiento de lato conocimiento o del agotamiento de las instancias administrativas de reclamación ante el organismo técnico competente. Sostiene que lo pretendido por la recurrente excede con creces el ámbito de aplicación de esta acción de garantía, al no existir un derecho indubitado preexistente.

En cuanto al fondo, asevera que el actuar de su representada se ajustó estrictamente al bloque de legalidad y a las instrucciones obligatorias impartidas por la Superintendencia de Pensiones en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones. Detalla que la "Constancia Electrónica de Cotizaciones" acompañada por la afiliada no satisface las exigencias de la Ley N°18.156, toda vez que no acredita de manera fehaciente una cobertura de seguridad social en el extranjero que otorgue prestaciones específicas para los riesgos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte durante el período de prestación de servicios en Chile, limitándose a enunciar de forma genérica las contingencias que cubre el sistema previsional venezolano. Asimismo, hace presente que dicho instrumento carece de firma de la autoridad emisora y de la debida legalización o apostilla de origen de conformidad con los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil.

Respecto de la declaración jurada notarial, precisa que de acuerdo con las directrices vinculantes del órgano regulador —particularmente lo instruido en el Oficio Ordinario N°12954 de 17 de julio de 2025—, las manifestaciones unilaterales de voluntad de los propios afiliados carecen de mérito probatorio en materia de seguridad social, siendo la autoridad previsional extranjera la única con competencia legal para certificar tales coberturas. Por consiguiente, concluye que AFP Modelo S.A. no ha incurrido en acto ilegal o arbitrario alguno, sino que se ha limitado a dar cabal cumplimiento a su deber de control previsional bajo la estricta supervigilancia de la autoridad fiscalizadora, por lo que solicita la desestimación del recurso interpuesto.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de aquellos derechos y garantías expresamente enumerados, frente a actos u omisiones arbitrarios o ilegales que impidan, perturben o amenacen dicho ejercicio. La procedencia de esta acción cautelar exige la concurrencia copulativa de dos condiciones esenciales: la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario, y que este cause privación, perturbación o amenaza a una garantía constitucional, requiriéndose indispensablemente que el derecho reclamado tenga el carácter de indubitado y preexistente. No resulta ser esta vía un procedimiento de lato conocimiento destinado a declarar derechos controvertidos.

Cuarto: Que, para resolver la controversia, es preciso tener presente que la Ley N°18.156 establece un régimen de excepción a la obligación general de cotizar en el sistema previsional chileno. Su artículo 1° exige copulativamente: a) Que el técnico extranjero se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b) Que en el contrato de trabajo el trabajador exprese su voluntad de mantener dicha afiliación.

Quinto: Que, de los antecedentes allegados a estos autos aparece establecido que, para los efectos de acreditar el presupuesto previsto en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, la recurrente acompañó ante la autoridad administrativa una constancia electrónica emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, instrumento que no se encuentra suscrito por autoridad competente, ni legalizado o apostillado, y que, además, no permite tener por acreditado que dicho régimen le otorgue cobertura, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte durante todo el período en que prestó servicios en Chile, sin que la declaración jurada otorgada por la propia interesada resulte idónea para suplir tales deficiencias.

Sexto: Que, asentado lo anterior, no se advierte que la actuación de la recurrida pueda ser calificada de ilegal o arbitraria, desde que el rechazo de la solicitud de devolución de fondos encuentra sustento en la falta de acreditación suficiente de los presupuestos copulativos que contempla el artículo 1° de la Ley N°18.156, normativa de carácter excepcional y, por ende, de aplicación restrictiva.

Séptimo: Que, en efecto, la constancia electrónica acompañada por la actora, aun cuando incorpore mecanismos de verificación digital, no satisface, por sí sola, las exigencias formales que nuestro ordenamiento impone respecto de los instrumentos otorgados en el extranjero, de manera que no resulta bastante para tener por acreditada, en esta sede cautelar, la cobertura previsional invocada en los términos exigidos por la ley.

Octavo: Que, en lo concerniente a la imposibilidad material invocada por la recurrente para obtener la apostilla o legalización de la documentación emanada de autoridades venezolanas, cabe señalar que dicha circunstancia, aun cuando pudiere importar una dificultad práctica atendible, no autoriza a esta Corte para eximir del cumplimiento de exigencias legales expresas ni para sustituir, por la vía de esta acción cautelar, los medios de acreditación previstos por el legislador y desarrollados por la autoridad administrativa competente.

Noveno: Que, en consecuencia, la decisión adoptada por la recurrida aparece sustentada en antecedentes objetivos y en la aplicación de la normativa sectorial pertinente, sin que se advierta en su dictación un proceder caprichoso, infundado o discriminatorio que justifique el otorgamiento de la cautela constitucional pretendida.

Décimo: Que, asimismo, tampoco se configura la vulneración del derecho de propiedad denunciada, toda vez que los fondos previsionales de la recurrente permanecen incorporados a su cuenta de capitalización individual y conservan la finalidad legal que les es propia, de modo que la negativa impugnada no importa privación, perturbación ni amenaza de dicho derecho, sino únicamente la improcedencia de su restitución anticipada en ausencia de los presupuestos legales que la hacen excepcionalmente procedente.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en representación de doña nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos Modelo S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección-25987-2025.