nombre reservado con A.F.P. UNO S.A.

C.A. de Santiago Santiago, veintiséis de mayo de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece don Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en representación de nombre reservado, e interpone recurso de protección en contra de AFP Uno S.A., fundado en el rechazo de 10 de noviembre de 2025 de la solicitud de devolución de fondos previsionales presentada por la recurrente como trabajadora extranjera, conforme a la Ley N°18.156.

Plantea que la recurrente solicitó ante AFP Uno la devolución de sus fondos previsionales como trabajadora extranjera, acompañando antecedentes destinados a acreditar su afiliación al sistema de seguridad social venezolano y su voluntad de mantener dicha afiliación, conforme a los artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156. Reprocha que la AFP haya rechazado su solicitud por estimar que el certificado de seguridad social no cumplía los criterios de aceptación, sin precisar cuáles serían tales incumplimientos, pese a que la constancia electrónica del IVSS sería verificable en línea mediante códigos oficiales.

Sostiene que AFP Uno aplicó una interpretación excesivamente formalista de la Ley N°18.156, al exigir requisitos de legalización o apostilla que no estarían previstos expresamente y que además serían de difícil o imposible cumplimiento para ciudadanos venezolanos. Afirma que la constancia electrónica del IVSS acredita la afiliación previsional de la recurrente y la cobertura mínima exigida por la ley chilena, invocando jurisprudencia de la Corte Suprema y de distintas Cortes de Apelaciones que habrían rechazado exigencias adicionales respecto de documentos previsionales venezolanos verificables electrónicamente.

Denuncia que el rechazo vulnera la igualdad ante la ley, el derecho de propiedad y el debido proceso, al imponer exigencias no previstas, impedir la disposición de fondos previsionales propios y carecer de fundamentación suficiente. Por ello, pide acoger el recurso, declarar ilegal y arbitrario el rechazo de 10 de noviembre de 2025, ordenar a AFP Uno reconocer la validez de la documentación acompañada, emitir un nuevo pronunciamiento conforme a derecho y proceder a la devolución de los fondos solicitados.

SEGUNDO: Que, informa Romina Dalbosco Cornejo, abogada, en representación de AFP Uno S.A., solicitando el rechazo del recurso en todas sus partes, con costas, por cuanto estima que no existe derecho indubitado afectado ni un acto ilegal o arbitrario.

Señala que AFP Uno no desconoce la titularidad de los fondos de la recurrente, sino que estimó improcedente su devolución por no haberse cumplido los requisitos legales y administrativos exigidos para el retiro excepcional de fondos de técnicos extranjeros conforme a la Ley N°18.156 y normativa complementaria.

Expone que el 3 de noviembre de 2025 la recurrente presentó la solicitud de devolución de fondos previsionales como técnica extranjera, vinculada al empleador Supplynet SpA, acompañando contrato, anexo, título profesional apostillado, constancia de cotizaciones y anexo legal. Agrega que la solicitud N°1845118 fue rechazada el 10 de noviembre de 2025 porque el certificado de seguridad social no cumplía los criterios de aceptación del trámite.

Destaca que los trabajadores que prestan servicios en Chile quedan sujetos a la legislación laboral y previsional nacional, salvo excepciones legales como la prevista en la Ley N°18.156. Añade que dicha excepción exige acreditar la calidad de técnico, la afiliación previa a un sistema previsional extranjero con cobertura de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y la manifestación expresa en el contrato de trabajo de mantener esa afiliación.

Controvierte que AFP Uno haya actuado de forma formalista o antojadiza, afirmando que el rechazo se ajustó a la Ley N°18.156, al artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y a oficios de Cancillería y de la Superintendencia de Pensiones sobre legalización, apostilla y validez de documentos extranjeros.

Enfatiza que, aunque no exista representación diplomática venezolana en Chile, la AFP no puede prescindir de esas exigencias, y que la Superintendencia rechazó validar certificados venezolanos solo verificables en línea, precisando en el Oficio Ordinario N°12954, de 17 de julio de 2025, que las certificaciones electrónicas no firmadas, apostilladas ni legalizadas no acreditan el requisito previsional exigido.

Concluye que no se configuran los requisitos del artículo 20 de la Constitución, por cuanto no existiría acto ilegal o arbitrario, agravio, ni afectación de garantías fundamentales, razón por la cual solicita el rechazo íntegro del recurso, con costas.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en el- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

CUARTO: Que, del mérito de los antecedentes y del informe evacuado por la recurrida, aparece que la solicitud de devolución de fondos previsionales formulada por doña nombre reservado fue rechazada por AFP Uno S.A., mediante comunicación de 10 de noviembre de 2025, recaída en la solicitud N°1845118, por estimar que el “Certificado Institución de Seguridad Social” acompañado no cumplía los criterios de aceptación exigidos para el trámite, al no encontrarse firmado, apostillado o legalizado en términos que permitieran otorgarle valor probatorio en Chile, de conformidad con los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil y con las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, particularmente el Oficio Ordinario N°12.954, de 17 de julio de 2025.

QUINTO: Que, si bien la Ley N°18.156 no contiene una referencia expresa a la exigencia de apostilla o legalización de los documentos emitidos en el extranjero, ello no importa prescindir de las normas generales que regulan la eficacia probatoria de tales instrumentos en Chile. Por el contrario, tratándose de antecedentes destinados a acreditar un requisito sustantivo para acceder a un beneficio previsional excepcional, resulta exigible que la afiliación al régimen previsional extranjero conste mediante documentación auténtica, vigente y revestida de las formalidades legalmente previstas.

SEXTO: Que, la Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, acompañada por el recurrente no se encuentra legalizada ni apostillada, de modo que no satisface los requisitos de autenticidad y validez exigidos por la normativa nacional para acreditar el cumplimiento del presupuesto previsto en el artículo 1 letra a) de la Ley N°18.156. El mero hecho de tratarse de un documento electrónico, o de contener mecanismos de verificación en línea, no suple las formalidades que el ordenamiento chileno exige respecto de los instrumentos otorgados en el extranjero.

SÉPTIMO: Que, en consecuencia, la decisión impugnada aparece fundada en la aplicación razonada de la normativa legal y administrativa que rige la materia, sin que se advierta en la recurrida un proceder contrario a derecho o desprovisto de fundamento racional, por lo que no se configura el acto ilegal o arbitrario que presupone la acción cautelar intentada, debiendo el recurso ser rechazado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso deducido en favor de nombre reservado, en contra de AFP Uno S.A.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunamente, archívese.

N°Protección-25.982-2025.