INGENIERIA Y MOVIMIENTO DE TIERRA TRANEX LTDA. con INSPECCION COMUNAL DE TRABAJO NORTE CHACABUCO

Foja: 56 Cincuenta y Seis Santiago, doce de agosto de dos mil catorce VISTOS:

A fojas 14, comparece don RUBEN RODRIGO CAMPOS LOBOS, Abogado, en representación de INGENIERÍA Y MOVIMIENTO DE TIERRA TRANEX LTDA., RUT RUT reservado, empresa del giro de su denominación, ambos domiciliados en domicilio reservado, quien recurre de protección en contra de la INSPECCIÓN COMUNAL DEL TRABAJO NORTE CHACABUCO, representada por su Jefe de Inspección Comunal doña nombre reservado, funcionaria pública, ambos con domicilio en domicilio reservado, por el acto ilegal y arbitrario consistente en no admitir a tramitación una solicitud de reconsideración de multa administrativa, por considerarla fuera de plazo, producto de contar los días para la interposición de la solicitud como de días corridos y no como días hábiles, según la normativa aplicable, lo que constituye una amenaza a la garantía constitucional del artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República.

Funda su acción el recurrente, sucintamente, en los siguientes antecedentes de hecho y de derecho:

Que con fecha 24 de Marzo de 2014, presentó recurso simplificado de multa contra la Resolución N° 3231.14.003 N° 1 de fecha 11 de Febrero de 2014, aplicada por el Fiscalizador Luis Campusano G. a la empresa que representa.

Por Resolución Ordinaria N° 000542 de 11 de Abril de 2014, enviada por Correos de Chile el 14 de Abril de 2014, notificada por carta certificada con fecha 23 de Abril de 2014, se comunica que no se dio cumplimiento a los requisitos que permiten al Servicio conocer la solicitud porque (hay tres opciones) y se marca con una X el casillero que señala NO SE PRESENTÓ nombre reservado LEGAL DE 30 DÍAS CORRIDOS, CONTADOS DESDE SU NOTIFICACIÓN, con lo que, termina la resolución, indicando que no es posible al Servicio admitir a trámite la solicitud.

Como fundamentos de derecho, plantea inicialmente como marco legal aplicable a la situación de que se trata, diversas disposiciones de la Constitución Política de la República, entre las que se destacan el artículo 1° inciso 4° según el cual el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es la de promover el bien común, el artículo 5° inciso 2°, de acuerdo con el cual es deber de los órganos del Estado respetar y promover los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana garantizados por la Constitución y los tratados internacionales, el artículo 6° inciso 1° que señala la obligación de los órganos del Estado de someter su acción a la Constitución, el artículo 7°, al que califica como Regla de Oro del Derecho Público, el que transcribe en forma literal, el artículo 19 N° 2 que asegura a todas las personas la igualdad ante la ley, sin que ni la ley ni la autoridad puedan establecer diferencias arbitrarias.

Invoca también el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Termina este apartado general, destacando el Libro V del Código del Trabajo, cuyo título final regula la reconsideración administrativa y la Ley N° 18.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, que rigen los Actos de la Administración del Estado.

Sobre la ilegalidad que específicamente reprocha el recurrente a la conducta del Inspector del Trabajo, ella se configura, a su juicio, al tenor del artículo 512 inciso 1° del Código del Trabajo, cuyo texto reproduce literalmente y del que concluye que la solicitud de reconsideración administrativa debe hacerse por escrito y presentarse dentro de los 30 días siguientes a la notificación de la resolución que aplicó la multa. Añade luego, que si la ley fijó en 30 días el plazo, solo una interpretación extensiva del texto puede llevar a que son días “corridos”, en atención a que la ley nada dice al respecto. Y en ausencia de norma recurre al artículo 25 inciso 1° de la Ley N° 18.880, según el cual “los Plazos establecidos en esta ley son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles, los días sábados, los domingos y los festivos”. Por ser ésta, concluye, una ley especial que regula los Procedimientos Administrativos, en una interpretación armónica de ambos cuerpos legales debe aplicarse la regla del artículo 25 de la citada Ley N° 18.880.

Prosigue planteando la arbitrariedad en que incurrió la recurrida, a partir de la sentencia de la Excma. Corte Suprema recaída en causa Rol N° 5282-2013, cuyos considerandos más relevantes copia en forma textual y de los que concluye que se cumplieron los dos requisitos del artículo 512 del Código del Trabajo, esto es, solicitud por escrito y presentación de la solicitud dentro de los 30 días siguientes a la notificación de la resolución que aplicó la multa, término que en concepto de esa Corte es de días hábiles y no de días corridos como pretende la recurrida.

Como garantías constitucionales afectadas el recurrente invoca el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política, por cuanto juzga ilegal y arbitrario el proceder de la autoridad administrativa, al establecer requisitos que la ley no dispone, y ello desprovisto de una adecuada fundamentación racional y de norma legal que lo ampare.

Termina solicitando tener por interpuesto el recurso de protección, que sea acogido y que la recurrida realice las gestiones para admitir a tramitación el recurso simplificado administrativo y recurso de reconsideración respectivamente, planteado respecto de la Multa N° 3231.14.003 N° 1 hasta su completa tramitación o en su defecto se adopten las medidas conducentes a restablecer el imperio del derecho y resguardar la debida protección de las garantías, con costas.

A fojas 38, doña Grimme Vilches Tuteleers, abogada, en representación de la recurrida, informa el recurso de protección, pidiendo su rechazo con costas, por los fundamentos de hecho y de derecho siguientes:

En su primer capítulo, la recurrida plantea la improcedencia de la acción interpuesta en atención a la naturaleza del acto impugnado, fundada en el artículo 20 de la Constitución Política del Estado, que establece el recurso de protección con la finalidad de restablecer el imperio del derecho y de segurar la debida protección del ofendido cuando ha sufrido en forma arbitraria e ilegal privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de alguna de las garantías constitucionales que taxativamente se enumeran en dicha norma. Agrega que si bien dicha norma expresa que el recurso se puede deducir “sin perjuicio de los demás derechos que se puedan hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”, ello no significa que pueda utilizarse como un “sustituto procesal” de los procedimientos específicos contemplados en la ley como medios de impugnación en contra de la resolución recurrida.

Cita al efecto diversos pronunciamientos de los Tribunales Superiores de Justicia, que han desarrollado un importante criterio jurisprudencial, concluyendo que el recurso de protección no puede utilizarse como sustituto jurisdiccional de todo procedimiento judicial específico que exista, más aún si se pretende reemplazar procedimientos precisos, urgentes y específicos para la defensa de los derechos de los afectados.

Expone seguidamente la variedad de recursos tanto en sede administrativa como en sede judicial de que el recurrente podía haber hecho uso para reclamar del ordinario N° 542 de 11 de Abril de 2014, que no admitió a trámite la reclamación de la multa, citando al efecto entre los primeros, los recursos administrativos de los artículos 53 y siguientes de la Ley N° 19.880 sobre Revisión de Actos Administrativos y entre los segundos, los de los artículos 503, 504 y 512 del Código del Trabajo que permiten reclamar judicialmente de las resoluciones pronunciadas por la Dirección del Trabajo, sea por aplicación de multa administrativa o de la que se pronuncie acerca de una reconsideración administrativa.

Abundando sobre este último aspecto, destaca que los artículo 420 letra e) y 512 del Código del Trabajo, consagran un procedimiento judicial cuya causa de pedir es exactamente la misma que la del presente recurso, observando además que una vez notificado el ordinario 542, el recurrente tenía 15 días hábiles de acuerdo a los artículos 512 y 503 del Código del Trabajo para reclamar ante el Juez del Trabajo la decisión de la Inspectora y como la acción de protección debe ejercerse en el plazo de 30 días corridos, contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión, quedó en evidencia la utilización del recurso de protección como sustituto para aprovecharse de un término mayor de interposición.

Expone luego la improcedencia del recurso por no reunirse al efecto los requisitos constitucionales para su interposición, idea que desarrolla con el análisis que realiza del artículo 20 de la Constitución Política de la República.

En cuanto al fondo del recurso y el derecho aplicable, recuerda que el 24 de Marzo de 2014 el recurrente solicitó en sede administrativa reconsiderar la multa N° 1323/3231/2014/3 que le fuera notificada el 11 de Febrero de 2014 y que el Servicio informó la inadmisibilidad de la solicitud, sin emitir pronunciamiento respecto al fondo de la multa, mediante ordinario 542 de 24 de Marzo de 2014, por haber sido presentada fuera del plazo legal de 30 días corridos contados desde la notificación.

Para dilucidar la materia, la recurrida plantea que siguiendo la norma del artículo 50 del Código Civil, cuando el Código del Trabajo ha querido establecer plazos de días hábiles lo ha consagrado expresamente, citando como ejemplos, el artículo 12 inciso final, 162 incisos segundo y séptimo, 168 inciso primero, 171 inciso primero, 201 inciso cuarto, 223 inciso cuarto, 282 incisos primero y cuarto y 503 inciso tercero en los que se señala en forma expresa que son de días hábiles. De acuerdo con tal predicamento, concluye, el artículo 512 no hace tal mención, por lo que corresponde entender que es de días corridos.

Confirma esta interpretación el artículo 435, inciso tercero del Código del Trabajo, ubicada en su Libro V, según la cual los términos de días que establece el Título I de ese libro “se entenderán suspendidos durante los días feriados”, quedando fuera de esa regla el artículo 512 que pertenece a otro título del mismo libro.

Este criterio, prosigue, es también sostenido por la Contraloría General de la República en el dictamen N° 64.985 de 21 de Noviembre de 2009, que transcribe en la parte que interesa.

Cita por último numerosa jurisprudencia emanada de las Cortes de Apelaciones de Santiago y de Antofagasta que han confirmado ese mismo criterio de interpretación.

Concluye argumentando que no ha habido infracción al artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, toda vez que el acto impugnado no es arbitrario y está perfectamente fundado y razonado conforme a la doctrina del Servicio, por lo que pide el rechazo del recurso con costas.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1.- Que, en primer lugar, debe tenerse en cuenta que el recurso de protección es un instituto procesal de carácter extraordinario, establecido para restaurar el imperio del derecho cuando se han afectado derechos fundamentales garantizados por nuestra Constitución Política, por intermedio de un acto arbitrario o ilegal.

2.- Que como es unánimemente aceptado, requiere para su procedencia, la concurrencia simultánea de un conjunto de requisitos, a saber, la existencia de un acto o una omisión ilegal y arbitraria, que dicho acto viole, perturbe o amenace garantías que la Constitución Política de la República asegura a todas las personas; y finalmente, que quién lo interpone se encuentre ejerciendo un derecho indubitado y que la acción constitucional se dirija en contra de quién ha causado la conculcación de un derecho garantizado por nuestra Carta Fundamental, nombre reservado señalado por el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema.

3.- Que la recurrida plantea en primer lugar, la improcedencia de la acción interpuesta atendida la naturaleza del acto recurrido, por existir procedimientos ad hoc, especiales y preestablecidos para conocer de estas materias, ello aún cuando el recurso de protección procede sin perjuicio de ellos.

4.- Que en todo caso y a mayor abundamiento, si bien es cierto que la acción cautelar procede, sin perjuicio de los demás derechos que se puedan hacer valer ante las autoridad o los tribunales, también lo es, que para el caso que nos ocupa, como señala la recurrida, se han establecido procedimientos especiales para reclamar de las multas impuestas por los fiscalizadores, tanto por la vía administrativo, como ante los Tribunales del Trabajo, procedimientos de naturaleza breve y concentrada de competencia de esas entidades especializadas, que son las llamadas a dilucidar la controversia planteada, lo que demuestra que nos encontramos ante derechos no indubitados, razón por la cual esta no es la vía para dilucidar estas materias.

5.- Que acorde con lo señalado precedentemente resulta inoficioso entrar a analizar la existencia de ilegalidad o arbitrariedad del acto recurrido.

Por las razones anotadas y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Falla del Recurso de Protección, SE RECHAZA el recurso de protección deducido a fs. 14 por don nombre reservado en representación de Ingeniería y Movimiento de Tierra Tranex Ltda, sin costas.

Redacción de la Ministra señora Kittsteiner.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

N° Proteccción-25967-2014.

Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora María Rosa Kittsteiner Gentile e integrada por el Ministro (S) Señor Sergio Córdova Alarcón y por el abogado integrante señor José Miguel Lecaros Sánchez. No firma el Ministro (S) Señor Córdova, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo del fallo, por haber cesado en sus funciones.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, doce de agosto de dos mil catorce, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.