Protección contra Gendarmería de Chile

C.A. de Santiago Santiago, doce de mayo de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece Constanza Barrera Saldivia, abogada, e interpone recurso de protección en favor de once internos del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Til Til, ex Punta Peuco, en contra de Gendarmería de Chile, fundado en que tras la publicación del Decreto N° 80 de 2025, que eliminó el carácter especial del recinto y permitió su funcionamiento como cárcel común, la autoridad penitenciaria habría adoptado medidas apresuradas para habilitarlo, afectando con ello la integridad física y psíquica de los recurrentes y su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

Sostiene que las actuaciones impugnadas consisten, en lo esencial, en ordenar el retiro de los toldos que constituyen el único lugar habilitado para recibir visitas y en permitir la continuación e inicio de obras, sin contar con los permisos necesarios.

Expone que al tomar razón del Decreto N° 80 de 2025, la Contraloría General de la República previno expresamente que la eliminación del carácter especial del establecimiento no podía traducirse en una limitación de las atribuciones de Gendarmería para resguardar la integridad física y la salud de los internos adultos mayores, debiendo considerarse la normativa vigente, los tratados internacionales ratificados por Chile y lo resuelto por los tribunales de justicia.

Pese a ello, el Director Regional Metropolitano de Gendarmería dictó la Providencia N° 13.00.00.6137-2025, instruyendo al alcaide notificar a la población penal el retiro de los toldos y de los elementos ubicados en esos sectores, otorgándoles un plazo de diez días para ello, decisión que considera arbitraria y desproporcionada, por cuanto los toldos constituyen el único espacio del penal destinado a recibir visitas de familiares en condiciones mínimamente dignas, de modo que su retiro dejaría a los internos sin lugar para mantener contacto con su familia.

Añade que la medida carecería de justificación real, pues la licitación para ejecutar las obras se habría declarado desierta, de modo que no existiría empresa contratada para comenzar las construcciones en ese sector y, en cualquier caso, tales faenas no podrían desarrollarse válidamente por falta de permisos sanitarios y urbanísticos. Por ello, considera que la orden de retirar los toldos vulnera innecesariamente la integridad psíquica de los recurrentes y desconoce las Reglas Mandela en lo relativo al mantenimiento del vínculo familiar.

Agrega que el mismo 20 de noviembre de 2025, la SEREMI de Salud constató que el penal cuenta con sistema particular de agua potable y aguas servidas, sin resolución sanitaria otorgada por esa autoridad.

Expone además que, a raíz de denuncias de vecinos por malos olores, se habrían detectado otras irregularidades, entre ellas el vertimiento de aguas servidas sin tratamiento, el funcionamiento deficiente de la planta de tratamiento y la insuficiencia del pozo de agua potable, lo que obliga a abastecer el recinto mediante camiones aljibe.

Sobre esa base, sostiene que las obras ya iniciadas y las que se proyectan carecen no sólo de autorización sanitaria, sino también de informe favorable del MINVU y de visto bueno de la Dirección de Obras Municipales, todo lo cual afectaría directamente la salud de los internos.

Argumenta que la ejecución de obras sin tales autorizaciones habría generado además consecuencias ambientales concretas, pues a partir de las demoliciones y construcciones iniciadas, los módulos 4 y 6 se habrían visto invadidos por ratones e insectos que antes no existían en el recinto, situación que, en su concepto, pone en riesgo la vida y salud de personas de avanzada edad y compromete asimismo el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

Con ello, afirma que Gendarmería ha actuado fuera de los límites del ordenamiento jurídico, infringiendo no sólo las observaciones de la Contraloría General de la República, sino también el artículo 4 del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, las Reglas Nelson Mandela, el DFL N° 1 de 1989 del Ministerio de Salud y la Ley N° 21.636.

En mérito de lo expuesto, solicita que se acoja el recurso y se ordene paralizar las obras ya iniciadas, impedir el comienzo de nuevas obras mientras el establecimiento y las construcciones no cuenten con resolución sanitaria del SEREMI de Salud y permisos del MINVU, y se disponga que no se retire a los internos los toldos que utilizan para recibir visitas.

Segundo: Que comparece Marcela Vilches Troncoso, abogada de la Unidad de Fiscalía de la Dirección Nacional de Gendarmería de Chile, e informa en representación de la recurrida, requiriendo a esta Corte rechazar la acción deducida.

Reseña, en primer término, el contexto histórico y normativo del recinto, indicando que el antiguo CCP Punta Peuco fue creado por el Decreto Supremo N° 580 de 1995, como establecimiento especial destinado a albergar personas procesadas y condenadas por delitos de lesa humanidad, y que la Ley N° 19.368 amplió las atribuciones de Gendarmería para contratar directamente el planeamiento, construcción y conservación de inmuebles penitenciarios. Luego, en el contexto de la reestructuración del penal, se dictó el Decreto Supremo N° 80, de 4 de noviembre de 2025, que suprimió el carácter “especial” del recinto, pasando a denominarse Centro de Cumplimiento Penitenciario de Til Til, precisando que ello no implicó desconocer la normativa vigente ni los tratados internacionales relativos al resguardo de la integridad y salud de las personas adultas mayores privadas de libertad, factores que -afirma- sí fueron considerados en todas las intervenciones proyectadas.

Señala que, estimando la sobrepoblación penitenciaria a nivel nacional y el envejecimiento de la población penal, se elaboró el Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria 2022-2034, aprobado por Resolución Exenta N° 2189 de 17 de junio de 2025 de la Subsecretaría de Justicia, orientado a fortalecer la seguridad pública, modernizar instalaciones y garantizar condiciones dignas de internación, especialmente respecto de personas mayores.

Destaca que dicho plan promueve la creación de plazas y la adecuación de infraestructura para atender a grupos vulnerables, contemplando accesibilidad universal, eficiencia energética y mejores estándares de habitabilidad, siendo el actual CCP de Til Til una de las unidades penales consideradas en ese diseño.

Agrega que los recintos penitenciarios revisten además carácter de infraestructura crítica, y que el 11 de diciembre de 2025 se promulgó la Ley N° 21.783, que exime de ciertos trámites y reduce plazos para la alteración, ampliación, reparación o construcción de nuevos establecimientos penitenciarios.

Indica que, en desarrollo de dicho plan, el Departamento de Infraestructura de la Dirección Nacional levantó cuatro proyectos para el CCP de Til Til: aumento de plazas disponibles, habilitación de un recinto para visitas, provisión e instalación de un nuevo grupo electrógeno y suministro e instalación de una nueva planta de tratamiento de aguas servidas. Precisa que dos de esas obras se encuentran en ejecución, una ya fue finalizada y recepcionada conforme y otra se encuentra finalizada en proceso de recepción provisoria. Añade que la ejecución de algunas de ellas se ha visto afectada por órdenes de no innovar dictadas en el contexto de recursos judiciales interpuestos por ONG o abogados en representación de internos, lo que ha ralentizado su avance. Señala además que respecto de la nueva planta de tratamiento de aguas servidas, la resolución sanitaria será tramitada una vez recepcionada provisoriamente la obra, y que, paralelamente, Gendarmería ha encargado levantamientos técnicos especializados sobre el sistema de agua potable y la planta existente, manteniendo reuniones con la SEREMI de Salud y preparando durante enero de 2026 el ingreso de proyectos de reparación para su revisión, aprobación y eventual autorización.

Afirma que los cuatro proyectos afectan sólo un espacio mínimo del recinto y que, en particular, el proyecto N° 3 se emplaza en el sector donde se ubican los toldos que los internos utilizaban para recibir visitas. Sin embargo, sostiene que, habiéndose iniciado las obras, dichos toldos fueron reubicados en otro sector adaptado y dispuesto para ese fin, encontrándose actualmente instalados y en uso normal por parte de internos y visitas, de modo que en ningún momento han quedado privados de un lugar para recibir a sus familiares.

Añade que, como medida de seguridad, se instalaron cierres provisorios para impedir el acceso de los internos a las faenas y delimitar la circulación del personal contratista, y que las obras contemplan partidas de limpieza, despeje y aseo final, por lo que niega la existencia de escombros, acumulación de tierra o proliferación de plagas derivadas de las faenas. A ello suma que la unidad penal cuenta permanentemente con un plan de control de plagas, consistente en fumigaciones quincenales y colocación semanal de cebos para roedores, lo que se explica también por el emplazamiento rural del establecimiento.

En cuanto al marco jurídico urbanístico, sostiene que las obras de carácter penitenciario destinadas a sus fines propios están exentas de los permisos municipales del artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y, asimismo, de las limitaciones y autorizaciones del artículo 55 del mismo texto, entre ellas el informe favorable de la SEREMI de Vivienda y Urbanismo y del Servicio Agrícola y Ganadero. Invoca al efecto el tenor expreso del artículo 116, modificado por la Ley N° 20.325 de 2009, así como el Dictamen N° 59204N09 de la Contraloría General de la República y la Circular DDU 837 de la División de Desarrollo Urbano; a lo que adiciona el hecho de que, por tratarse de un predio rural sin plan regulador comunal, rigen las normas del Plan Regulador Metropolitano de Santiago, pero insiste en que, aun en ese contexto, las obras penitenciarias se encuentran exentas de los permisos e informes señalados.

Respecto del supuesto deber de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, argumenta que los proyectos ejecutados en el CCP de Til Til no se encuentran comprendidos en el catálogo del artículo 10 de la Ley N° 19.300 ni cumplen los umbrales descritos en el artículo 3 del D.S. N° 40 de 2013 del Ministerio del Medio Ambiente. Precisa que, aun tratándose de obras vinculadas a aguas servidas, el proyecto no atiende a la población mínima exigida por la normativa para ingresar obligatoriamente al SEIA. Agrega, además, que la Ley N° 21.783 exime expresamente de la aplicación de la normativa del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental a los proyectos de alteración, ampliación o reparación de establecimientos penitenciarios, de modo que no existe obligación legal alguna de someter estas obras a dicho sistema.

Sobre esa base, rechaza que Gendarmería haya incumplido la prevención de Contraloría al tomar razón del Decreto N° 80 de 2025, afirmando, por el contrario, que todas las intervenciones realizadas en el CCP de Til Til se han llevado a cabo precisamente considerando la normativa vigente, los tratados internacionales ratificados por Chile y la necesidad de resguardar la integridad física y salud de las personas adultas mayores privadas de libertad. Sostiene que las obras tienen por objeto mejorar las condiciones de habitabilidad del recinto, especialmente en atención a las necesidades específicas de su población penal envejecida, y que la afirmación de la recurrente en orden a que existiría un actuar ilegal por falta de permisos, por deber de ingreso al SEIA o por privación del espacio de visitas, carece de fundamento jurídico y fáctico.

Por lo expresado, concluye que no existe actuación u omisión arbitraria o ilegal por parte de la jefatura institucional y que, por ende, el recurso debe ser rechazado.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

En consecuencia, es requisito indispensable para la procedencia de esta acción cautelar, la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Cuarto: Que, como cuestión previa, cabe referirse a las disposiciones legales que resultan concurrentes en la especie.

En efecto, el artículo 16 del D.L. 2.859 de 1979, Ley Orgánica de Gendarmería de Chile establece lo siguiente: “La creación, modificación o supresión de establecimientos penales y carcelarios, su clasificación, denominación y la determinación de sus características, se hará mediante decreto supremo del Ministerio de Justicia, previo informe o a proposición del Director Nacional, de acuerdo con las necesidades institucionales y los recursos de que se disponga”.

En el mismo sentido, el artículo 12 del Decreto N° 518 de 1998, del Ministerio de Justicia, Reglamento Penitenciario, establece que: “Los establecimientos penitenciarios se crearán, modificarán o suprimirán mediante decreto supremo del Ministerio de Justicia, previo informe o a proposición del Director Nacional de Gendarmería de Chile, y su administración interna será materia de una Resolución de dicho Jefe de Servicio”.

Precisamente, como consecuencia de dar cumplimiento a esa preceptiva, el 4 de noviembre de 2025, se publicó en el Diario Oficial el Decreto N° 80 de 19 de junio del mismo año, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, mediante el cual se modificó el Decreto N° 580 de 1995, de la misma cartera, transformando al CCP Punta Peuco, -que tenía el carácter de ser un centro penitenciario “especial”-, el cual pasó a ser un CCP de rango común, que ahora se denomina Centro de Cumplimiento Penitenciario Til Til.

Por otra parte, de conformidad con el artículo 11 del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, a Gendarmería de Chile le corresponde la administración de los establecimientos penitenciarios, en tanto el artículo 26 dispone que todos los internos están obligados a cumplir los preceptos reglamentarios y especialmente, los de orden y disciplina, sanidad e higiene, corrección en sus relaciones y en su presentación personal, así como conservar cuidadosamente las instalaciones del establecimiento y el utensilio y vestuario que eventualmente les sean proporcionados. De lo anterior, se colige que Gendarmería de Chile puede adoptar todas las medidas que sea pertinentes para una buena administración de los recintos penitenciarios, con la única salvedad de respetar las condiciones básicas de vida que el mismo reglamento dispone, acorde con el respeto de la dignidad de los internos, lo que además se encuentra reflejado en el artículo 2 del citado reglamento, al señalar que será principio rector de dicha actividad el antecedente que el interno se encuentra en una relación de derecho público con el Estado, de manera que fuera de los derechos perdidos o limitados por su detención, prisión preventiva o condena, su condición jurídica es idéntica a la de los ciudadanos libres.

Quinto: Que, en relación con la primera alegación de ilegalidad y arbitrariedad denunciada en este recurso, esto es, el retiro de los toldos que constituirían el único lugar habilitado para recibir visitas por parte de los internos, cabe tener en consideración que si bien es efectivo que por Providencia N° 13.00.00.6137/25, del Director Regional Metropolitano, dirigida al Alcaide del CCP de Til Til, de 20 de noviembre de 2025, se instruyó notificar a la población privada de libertad el retiro de los toldos y de los elementos que mantienen en esos sectores, dentro del plazo de diez días, de acuerdo a lo informado por el recurrido “los toldos fueron reubicados en otro sector adaptado y dispuesto para aquello en los patios del recinto penitenciario, encontrándose instalados y en utilización normal por parte de los internos y sus respectivas visitas. Por tanto, en ningún momento los internos han quedado privados de un espacio para recibir a sus familiares”.

Cabe tener en consideración que tal medida se adoptó en el contexto del proceso de habilitación del referido centro penitenciario, con el objeto de resguardar el correcto funcionamiento de la administración conforme a los principios de legalidad, eficiencia, eficacia y continuidad del servicio, según lo señalado por la recurrida en la Providencia antes referida.

Atendido lo señalado, y habiéndose reubicado los referidos toldos -cuestión que no fue controvertida por la parte recurrente- no existe medida que esta Corte pueda adoptar en ese sentido.

Sexto: Que, en relación con la segunda alegación, se imputa a Gendarmería de Chile que las obras ya iniciadas en el centro penitenciario y las que se proyectan carecen de autorización sanitaria, de informe favorable del MINVU y del visto bueno de la Dirección de Obras Municipales, todo lo cual afectaría directamente la salud de los internos. Agrega que la ejecución de obras sin tales autorizaciones habría generado consecuencias ambientales concretas, como la existencia de ratones e insectos que antes no existían en el recinto, situación que, en su concepto, pone en riesgo la vida y salud de personas de avanzada edad y compromete asimismo el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. De esta manera, sostiene que Gendarmería de Chile ha actuado fuera de los límites del ordenamiento jurídico, infringiendo no sólo las observaciones de la Contraloría General de la República, sino también el artículo 4 del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, las Reglas Nelson Mandela, el DFL N° 1 de 1989 del Ministerio de Salud y la Ley N° 21.636.

Séptimo: Que el Decreto N° 80 de 2025, que modificó el Decreto Supremo N° 580 de 1995, en virtud del cual el CCP de Punta Peuco se convirtió en una cárcel común., señaló entre sus considerandos que “7. Que, mediante el decreto supremo Nº 580, de 1995, del Ministerio de Justicia, se creó el establecimiento penal en la comuna de Tiltil con la denominación ahí indicada. Desde su creación, dicho establecimiento ha sido destinado a la privación de libertad de personas imputadas, bajo prisión preventiva, y condenadas por delitos de lesa humanidad cometidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, u otros delitos vinculados a graves violaciones a los derechos humanos cometidos en ese periodo. 8. Que, mediante Oficio (R) N° 496, de 11 de junio de 2025, la Dirección Nacional de Gendarmería de Chile, remitió informe respecto de la modificación del establecimiento penitenciario en cuestión. 9. Que, las condiciones actuales del sistema penitenciario presentan desafíos en materia de gestión penitenciaria que deben ser resueltos cautelando el derecho de igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 19 N° 2° del decreto N° 100, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Constitución Política de la República de Chile. 10. Que, dado lo precedentemente señalado, no resulta plausible mantener un establecimiento penitenciario especial de las características del Centro de Detención Preventiva y Cumplimiento Penitenciario Especial Punta Peuco, razón por la cual, en mérito de las circunstancias y preceptivas enunciadas, esta autoridad dispondrá, a través del presente acto administrativo, la modificación del decreto supremo N° 580, de 1995, del Ministerio de Justicia, en el sentido de cambiar la denominación y finalidad del establecimiento penitenciario creado”. Por su parte, la Contraloría General de la República, al tomar razón del referido Decreto, hizo presente, en lo pertinente, que “habida cuenta de lo informado por Gendarmería de Chile, en relación con las edades y condiciones de salud de los internos de ese establecimiento penitenciario, la eliminación del carácter "Especial" de dicha Unidad Penal, dispuesta en el punto 3, letra a), del artículo único del decreto de la suma, no puede implicar una limitación a las atribuciones de esa repartición pública, la que, en la regulación sobre la administración interna de ese recinto, debe considerar la normativa vigente y los tratados internacionales ratificados por Chile, así como lo resuelto, en definitiva, por los Tribunales de Justicia, en cuanto al resguardo de la integridad física y la salud de las personas adultas mayores privadas de libertad”.

Octavo: Que, si bien es cierto, de acuerdo con los documentos acompañados por la parte recurrente consta que el alcalde de Til Til ha dirigido oficios a distintas autoridades administrativas en los que ha denunciado presuntos incumplimientos por parte de Gendarmería de Chile en la adaptación del centro penitenciario de esa comuna, no existe ningún antecedente que de cuenta de las respuestas que se habrían dado a tales requerimientos, esto es, si se habrían iniciado procedimientos en relación con ello, de manera que tales requerimientos no pueden tener el efecto que la recurrente pretende darle, esto es, tener por establecida la ilegalidad en que habría incurrido la recurrida en las construcciones que ya se han iniciado y en las que deben efectuarse en el futuro.

Noveno: Que, en otro orden de consideraciones cabe tener en cuenta que el 2 de diciembre de 2025, se dictó la Ley N° 21.723, que "Exime de trámites y reduce plazos para la alteración, ampliación, reparación o construcción de nuevos establecimientos penitenciarios", que es aplicable a aquellos nuevos recintos que el Presidente de la República determinará mediante un decreto supremo debidamente fundado.

El artículo 5 de ese cuerpo legal dispone que "Los proyectos de alteración, ampliación o reparación de establecimientos penitenciarios estarán exentos de la aplicación de la normativa correspondiente al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, contemplada en la ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente". Además, del tenor de lo dispuesto en los artículos 10 y 11 de ese cuerpo legal, 3 de su Reglamento y 3 del Decreto Supremo 40/2013 del Ministerio del Medio Ambiente, se desprende que el proyecto de aguas servidas que se construye en el CCP de Til Til no cuenta con ninguna de las características descritas por las normas referidas para los efectos de tener que someterse a evaluación de impacto medioambiental.

Por su parte su artículo 6 establece que “Declárense de interés público los proyectos referidos en el artículo 1 y redúcense a la mitad los plazos establecidos para la tramitación de todo permiso, autorización o pronunciamiento de competencia de órganos de la Administración del Estado que se requiera para su ejecución, emitidos fuera del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”.

En este sentido, es importante considerar el carácter de infraestructura crítica de los Establecimientos Penitenciarios, que de acuerdo a la Directiva Europea 2008/114/CE, del 8 de diciembre de 2008, la ha definido como: "El elemento, sistema o parte de este situado en los Estados miembros, que es esencial para el mantenimiento de funciones sociales vitales, la salud, la integridad física, la seguridad, y el bienestar social y económico de la población, cuya perturbación o destrucción afectaría gravemente a un Estado miembro al no poder mantener esas funciones".

Décimo: Que, en relación con los presuntos incumplimientos que se denuncian respecto de la falta de permisos o irregularidades en materias asociadas a la salud, la recurrida reconoció que “el Seremi de Salud se ha apersonado en dependencias del C.C.P de Tiltil con el propósito de fiscalizar el cumplimiento normativo de las instalaciones sanitarias que se encuentran en actual operación, levantado observaciones respecto del funcionamiento de los actuales sistemas de agua potable y tratamiento de aguas servidas”, agregando que “este Servicio se ha hecho cargo, formulando los descargos respectivos y realizando una serie de acciones que permitan implementar las medidas requeridas a objeto de subsanar las fallas que estos presentan, concretándose dos reuniones sostenidas entre los profesionales de dicho organismo y nuestra Institución; la primera con fecha 27 de noviembre de 2025 y luego otra con fecha 08 de enero de 2026, esta previa al ingreso ante dicha Seremi de los proyectos de reparación de agua potable y tratamiento de aguas servidas, que nuestro Servicio efectuará en el transcurso del mes de enero de 2026, para su revisión, observación, aprobación y/o autorización”.

Undécimo: Que, en cuanto al alcance jurídico del informe favorable de la Seremi de Vivienda y Urbanismo que la parte recurrente hecha de menos, cabe tener en consideración que el artículo 116 del DFL N° 458 -Ley General de Urbanismo y Construcciones- dispone que “La construcción, reconstrucción, reparación, alteración, ampliación y demolición de edificios y obras de urbanización de cualquier naturaleza, sean urbanas o rurales, requerirán permiso de la Dirección de Obras Municipales a solicitud del propietario”. Sin embargo su inciso tercero establece en relación con la materia en análisis que “Las construcciones destinadas a equipamiento de salud, educación, seguridad y culto, cuya carga de ocupación sea inferior a 1.000 personas, se entenderán siempre admitidas cuando se emplacen en el área rural y, en estos casos, para la obtención del permiso de edificación requerirán contar con el informe previo favorable a que se refiere el inciso tercero del artículo 55 de esta ley, el que señalará, además de las condiciones de urbanización, las normas urbanísticas aplicables a la edificación”. Lo que se ve complementado con lo que indica su inciso quinto, en orden a que “Sin perjuicio de lo establecido en el inciso segundo, las obras de carácter militar de las Fuerzas Armadas, las de carácter policial de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, las de carácter penitenciario, destinadas a sus fines propios, y las instalaciones del Banco Central de Chile destinadas a sus procesos de recepción y distribución de circulante, y de almacenamiento, procesamiento y custodia de valores, sean urbanas o rurales, no requerirán de los permisos a que se refiere el inciso primero de este artículo ni estarán sometidas a inspecciones o recepciones de ningún tipo por las Direcciones de Obras Municipales mientras tengan este carácter. En igual forma no les serán aplicables las limitaciones ni autorizaciones establecidas en el artículo 55. Estas excepciones se extenderán igualmente, a las demás obras ubicadas dentro del mismo predio en que se emplacen las construcciones a que se refiere este inciso, aun cuando estén destinadas a su equipamiento o al uso habitacional. Todas estas obras deberán ajustarse a las Normas Técnicas, a la Ordenanza General y al Plan Regulador respectivo, en su caso. Concluidas las obras, el propietario deberá presentar una declaración ante la Dirección de Obras Municipales, indicando el destino de las edificaciones e individualizando a las personas a quienes pudiere corresponder algún grado de responsabilidad de conformidad a los artículos 17 y 18 de esta ley”.

En este sentido, esta Corte comparte lo señalado por la recurrida en su informa, al sostener que “las obras de carácter penitenciario destinadas a sus fines propios, como lo es el caso del C.C.P. de Tiltil, no requieren de los permisos a que se refiere el inciso primero del artículo 116 de la LGUC, ni estarán sometidas a las inspecciones o recepciones de ningún tipo por parte de las Direcciones de Obras Municipales, mientras tengan ese carácter”.

Duodécimo: Que, atendido lo relacionado, se concluye que no se ha demostrado en estos autos un actuar ilegal y/o arbitrario por parte de la recurrida. Por cuanto, en relación con el supuesto retiro de los toldos azules usados por los internos para la recepción de sus visitas, fueron reubicados en otro lugar del recinto penitenciario, de manera que no existe afectación a los derechos de los internos recurrentes. Y en lo que se refiere a la ausencia de los permisos correspondientes para la construcción de las obras necesarias para la adecuación del mismo recinto al tenor de los dispuesto en el Decreto N° 80 de 2025, atendido que se demostró por la recurrida -al tenor de la normativa referida- que tales autorizaciones no son necesarias para el inicio de las obras, sin perjuicio de la facultad de las autoridades respectivas para la fiscalización una vez que se terminen los trabajos.

Decimotercero: Que, por otra parte, tampoco se advierte que las medidas impugnadas conlleven un trato indigno para los recurrentes ni afecten sus derechos fundamentales, por cuanto, ellas no tienen otro objetivo sino dar cumplimiento a la conversión del ex centro penitenciario de Punta Peuco, dispuesta por el Decreto N° 80 de 2025, entendido dentro del marco del Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria 2022-2034, que en el caso del CCP de Til Til, de acuerdo con lo informado por la recurrida, tiene por objeto el aumento de las plazas disponibles; la habilitación de un recinto para albergar visitas; la provisión e instalación de un nuevo grupo electrógeno; y el suministro e instalación de una nueva planta de tratamiento de aguas servidas, de los cuales hay algunos en ejecución y otros ya terminados en espera de la recepción definitiva por parte de las autoridades que correspondan, de manera que se trata de adecuaciones que tienen, por principal objetivo, el mejorar las condiciones de las personas privadas de liberta en ese recinto.

Por tales consideraciones y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el interpuesto por Constanza Barrera Saldivia, en favor de 11 internos del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Punta Peuco, hoy denominado Centro de Cumplimiento Penitenciario Til-Til, en contra de Gendarmería de Chile.

Redacción del ministro Rodríguez Moreno, quien no firma, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por estar haciendo uso su feriado legal.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-25959-2025.

Pronunciada por la Tercera Sala, integrada por la Ministra señora Graciela Gómez Quitral, el Ministro señor José Pablo Rodríguez Moreno y el Abogado Integrante señor Rafael Mauricio Plaza Reveco.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, doce de mayo de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.