Protección contra Sociedad de Instrucción Primaria de Santiago

C.A. de Santiago Santiago, seis de abril de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece doña nombre reservado, mediante formulario, actuando en representación de su hija menor de edad, Ema, e interpone recurso de protección en contra de la Sociedad de Instrucción Primaria de Santiago, entidad sostenedora del Instituto nombre reservado, por haber dispuesto la cancelación de la matrícula de la alumna. La recurrente considera dicha actuación ilegal y arbitraria, argumentando que vulnera las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N° 2 (Igualdad ante la ley), N° 11 (Libertad de enseñanza) y N° 12 (Libertad de emitir opinión e informar) de la Constitución Política de la República, por lo que solicita que se deje sin efecto la medida expulsiva y se ordene la reincorporación de la estudiante al establecimiento educacional.

SEGUNDO: Que, comparece el abogado don Benjamín Nicolás Valencia Araya, en representación de la recurrida, Sociedad de Instrucción Primaria de Santiago, sostenedora del Instituto nombre reservado, evacuando el informe de rigor y solicitando el rechazo del recurso en todas sus partes.

Expone que la alumna nombre reservado se encontraba en estado de condicionalidad desde el 24 de abril de 2025, debido a reiterados incumplimientos al Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE).

Señala que, pese a los múltiples esfuerzos de acompañamiento integral, adecuaciones ambientales, apoyo psicológico e intervenciones conjuntas con el Programa de Integración Escolar (PIE), la estudiante incurrió en nuevas faltas graves y gravísimas, acumulando 11 faltas leves y 13 graves, consistentes en agresiones físicas (golpes y tirones de pelo) y burlas hacia compañeros con diagnósticos de necesidades educativas especiales.

En cuanto al procedimiento, la recurrida argumenta que actuó con estricto apego al debido proceso y a lo dispuesto en el artículo 6 letra d) del DFL N° 2 de 1998 del Ministerio de Educación. Detalla que el 17 de noviembre de 2025 se dio apertura al procedimiento general de cancelación de matrícula, formulando los cargos y otorgando plazo para los descargos, los cuales fueron presentados por la apoderada. Posteriormente, tras la resolución de cancelación, la apoderada presentó un recurso de reconsideración, el cual fue desestimado previa consulta al Consejo de Profesores, quienes sugirieron mantener la medida dada la persistencia de la actitud desafiante y el riesgo para la integridad de la comunidad escolar.

Finalmente, la medida fue informada oportunamente a la Superintendencia de Educación.

Adicionalmente, mediante presentación de folio 17, la recurrida informa y acredita mediante el Sistema de Información General de Estudiantes (SIGE), que la alumna nombre reservado se encuentra actualmente matriculada y asistiendo a clases en un nuevo establecimiento, el Centro Educacional nombre reservado, por lo que alega la pérdida de oportunidad de la acción constitucional.

TERCERO: Que, evacuando el informe requerido, comparece la Superintendencia de Educación.

En primer término, precisa que las facultades legales conferidas por la Ley Nº 20.529, precisando que su objeto consiste en fiscalizar que los sostenedores educacionales cumplan con la normativa vigente y atender las denuncias de la comunidad escolar, ejerciendo potestades interpretativas, normativas y sancionadoras de oficio o a petición de parte.

En relación con el marco normativo de los procedimientos disciplinarios, detalla las exigencias del Decreto con Fuerza de Ley Nº 2 de 1998, subrayando que los establecimientos deben contar con un reglamento interno que garantice un procedimiento racional y justo. Sostiene la autoridad que toda medida de expulsión o cancelación de matrícula debe ser adoptada exclusivamente por la dirección del establecimiento, previo cumplimiento de los principios de proporcionalidad, legalidad y no discriminación arbitraria.

Asimismo, destaca que la ley impone la obligación de implementar medidas de apoyo pedagógico o psicosocial en favor del estudiante con anterioridad a la aplicación de la sanción, resguardando en todo momento el interés superior de la niña, niño o adolescente.

Sobre los hechos que motivan la acción de protección, la Superintendencia de Educación informa que, tras analizar los antecedentes remitidos por el establecimiento Instituto nombre reservado respecto a la niña nombre reservado, determinó que la medida de expulsión no se ajusta a la normativa educacional vigente. Lo anterior se fundamenta en que la institución educativa no acreditó la implementación previa de las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial exigidas por la ley.

Del mismo modo, se detectó una infracción al procedimiento debido a que no se acreditó la consulta obligatoria al Consejo de Profesores para resolver la solicitud de reconsideración de la medida, constatándose que el acta de dicho consejo posee una fecha anterior a la presentación de la impugnación por parte del apoderado.

Finalmente, el órgano informante comunica que, ante la detección de estas inobservancias, el expediente fue derivado a su Unidad de Fiscalización con fecha 10 de marzo para el inicio del procedimiento sancionatorio respectivo.

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

QUINTO: Que, la controversia jurídica sometida al conocimiento de esta Corte se circunscribe a determinar si la decisión del Instituto nombre reservado, de cancelar la matrícula de la estudiante nombre reservado, constituye un acto ilegal o arbitrario que vulnere las garantías constitucionales invocadas por la recurrente.

SEXTO: Que, del análisis de los antecedentes documentales allegados al proceso, se desprende inequívocamente que la medida disciplinaria impugnada no adolece de ilegalidad alguna. En efecto, consta que el establecimiento educacional ciñó su actuar a las prerrogativas y procedimientos establecidos en su Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE) y a lo preceptuado en el artículo 6 letra d) del DFL N° 2 de 1998. La recurrida acreditó haber aplicado de manera progresiva diversas medidas de acompañamiento y apoyo pedagógico y psicosocial a favor de la menor, previas a la decisión extrema. Asimismo, se constata el respeto a la garantía del debido proceso, toda vez que la apoderada fue notificada de los cargos y ejerció su derecho a presentar descargos.

SÉPTIMO: Que, a la luz de lo razonado, tampoco se advierte arbitrariedad en el actuar del establecimiento. Las conductas reprochadas a la alumna, consistentes en agresiones físicas reiteradas y vulneración sistemática a la integridad de estudiantes pertenecientes al Programa de Integración Escolar (PIE), revisten una gravedad objetiva que amerita la intervención disciplinaria. La entidad educativa tiene el deber ineludible de resguardar la seguridad, la integridad física y psíquica y el derecho a la educación del resto de la comunidad escolar, obrando en consecuencia de manera proporcional y fundada frente a la inobservancia reiterada de los compromisos de conducta previamente suscritos.

OCTAVO: Que, a mayor abundamiento, tal como ha sido acreditado en autos mediante el documento aparejado en el folio 17 (registro SIGE), la estudiante nombre reservado se encuentra en la actualidad formalmente matriculada en el Centro Educacional nombre reservado para cursar el año escolar correspondiente.

Esta circunstancia fáctica priva a la presente acción cautelar de su naturaleza de urgencia, ya que, al haber ingresado la niña a un nuevo proyecto educativo, no existen medidas urgentes ni providencias indispensables que esta Corte pueda adoptar para restablecer el imperio del derecho, pues el acceso a la educación de la protegida se encuentra debidamente garantizado y en actual ejercicio, por lo que el recurso ha perdido oportunidad.

NOVENO: Que, por lo expuesto precedentemente, al no advertirse un actuar ilegal ni arbitrario por parte de la recurrida, y habiendo perdido la acción su objeto cautelar por encontrarse la menor escolarizada en otro recinto, el presente arbitrio no puede prosperar y deberá ser desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, en favor de su hija nombre reservado, en contra de la Sociedad de Instrucción Primaria de Santiago, sostenedora del Instituto nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección-25956-2025.