nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, ocho de mayo de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que con fecha 04 de diciembre de 2025, comparece don nombre reservado, por sí, interponiendo recurso de protección en contra de doña nombre reservado y de doña nombre reservado, en sus calidades de administradora y mayordomo, respectivamente, del Edificio Condominio GO, por haber desplegado una serie de acciones de hostigamiento, persecución y abuso de facultades consistentes en la aplicación de múltiples multas improcedentes y la ejecución de un corte ilegal del suministro eléctrico, vulnerando con ello los derechos fundamentales a la integridad física y psíquica, la igualdad ante la ley, el debido proceso, el respeto a la vida privada, la inviolabilidad del hogar y el derecho de propiedad, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas, por lo que solicita se restablezca el imperio del derecho mediante el cese de los actos denunciados.

En cuanto a los antecedentes de hecho, el recurrente expone que, en su calidad de residente domicilio reservado, ha sido objeto de una conducta de acoso sistemático por parte de la administración.

Detalla que se le han cursado diversas multas por conceptos que considera injustificados, tales como retraso en el pago de gastos comunes, no registro de visitas, mal uso de espacios comunes y supuesta caída de agua desde el balcón, además del cobro de intereses y saldos pendientes.

Sostiene que este escenario de presión administrativa derivó en el corte del suministro eléctrico de su departamento el día 1 de diciembre de 2025, así como en constantes avisos de interrupción de servicios y la negativa de las recurridas a participar en instancias de mediación municipal.

Respecto a los fundamentos jurídicos, el actor argumenta que el actuar de las recurridas infringe las disposiciones de la Ley N° 21.442.

Sostiene que la imposición de multas se ha realizado sin observar un procedimiento que le permita ejercer su derecho a defensa, convirtiéndose la administración en una suerte de comisión especial.

Sobre el corte de suministro eléctrico, arguye que constituye una medida de autotutela ilícita, toda vez que no se verificaban los requisitos legales de morosidad ni la autorización previa del Comité de Administración para proceder a tal interrupción, transformando la gestión administrativa en un ejercicio arbitrario de poder.

En un único análisis sobre la afectación de garantías, el recurrente explica que se han vulnerado sus derechos fundamentales contenidos en los N°1, 2, 3, 5 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política.

Solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se dejen sin efecto las multas cursadas, se declare la ilegalidad del corte de suministro eléctrico realizado y se ordene a las recurridas cesar todo acto de hostigamiento y perturbación en su contra.

Segundo: Que, con fecha 17 de diciembre de 2025, doña nombre reservado, en su calidad de Administradora, y doña nombre reservado, en su calidad de Mayordomo, ambas del Edificio Condominio GO, evacuaron el informe de rigor solicitando el rechazo íntegro de la acción de protección, con costas.

En cuanto a los fundamentos de hecho, exponen que el recurrente es residente domicilio reservado del referido edificio y que las actuaciones cuestionadas se enmarcan en el cumplimiento de la Ley N° 21.442 sobre Copropiedad Inmobiliaria.

Respecto a las multas cursadas (por retraso en pago de gastos comunes, escurrimiento de agua desde balcón y mal uso de espacios comunes), sostienen que estas se encuentran estrictamente apegadas al Reglamento de Copropiedad y a la normativa legal vigente.

Sobre el corte de suministro eléctrico denunciado el día 1 de diciembre de 2025, aclaran que se trató de un error administrativo en la confección de la nómina de morosos, el cual fue subsanado en aproximadamente 45 minutos, restableciéndose el servicio de inmediato tras las disculpas pertinentes, por lo que no existe un acto u omisión ilegal o arbitraria vigente.

Desde el punto de vista jurídico, argumentan que la controversia es de naturaleza infraccional, propia de la competencia del Juzgado de Policía Local y no de una acción cautelar de protección.

Asimismo, impugnan la legitimación del recurrente, señalando que no es propietario de la unidad y que se ha negado a acreditar su calidad de arrendatario mediante un justo título.

Finalmente, indican que la recurrida nombre reservado interpuso una denuncia ante fiscalía por comportamientos violentos del recurrente.

Para fundar su defensa, acompañan los siguientes documentos: 1.- Acta de asamblea de copropietarios con nombramiento de la administradora; 2.- Contrato de trabajo de doña nombre reservado; 3.- Certificado de dominio del departamento 601 a nombre de un tercero; 4.- Reglamento de copropiedad de edificio Condominio GO; 5.- Notificaciones de multas; 6.- Cartola de pagos de la unidad 601; y 7.- Copia de denuncia ante la fiscalía.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Cuarto: Que entonces es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

Quinto: Que, según se desprende de lo expuesto por el actor en su recurso, el acto que se califica de ilegal y arbitrario es la aplicación de multas, a su juicio sin fundamento ni procedimiento previo y la decisión de ordenar el corte del suministro eléctrico del inmueble en el que habita.

Sexto: Que, cabe apuntar, que el arbitrio impetrado no es la vía para resolver el conflicto de marras.

En efecto, el artículo 47 de la Ley de Copropiedad N° 21.442 ordena que los conflictos surgidos en el ámbito de la copropiedad inmobiliaria que se promuevan entre copropietarios o entre estos y la Asamblea de Copropietarios, el Comité Administración o el Administrador o entre estos mismos órganos de administración del Condominio podrán resolverse en la Municipalidad respectiva con una solución extrajudicial. La Municipalidad estará facultada para citar a reuniones a las partes en conflicto y proponer vías de solución; en tanto que el artículo 44 de la Ley de Copropiedad dispone que será competencia de los Juzgados de Policía Local correspondientes y se sujetarán a las disposiciones de la ley Número 18.287 y, en subsidio, del Código de Procedimiento Civil todas las contiendas que surjan en el ámbito de la copropiedad inmobiliaria que se promuevan entre copropietarios o entre estos y la Asamblea de Copropietarios, el Comité Administración o el Administrador o entre estos mismos órganos de administración del Condominio que no hayan podido solucionarse en las asambleas correspondientes. A su turno, el artículo 46 de mismo cuerpo legal, ordena que los conflictos al interior de la Copropiedad podrán someterse a la resolución de un juez árbitro (arbitrador, mixto o de derecho), según lo estipulado en el artículo 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales de solución, levantando un acta, con los acuerdos adoptados.

Séptimo: Que, de esta manera, cabe concluir que la acción de protección no es la vía idónea para resolver lo que por este arbitrio se solicita, sino que ha de ser analizado por la entidad llamada a resolver el asunto, en este caso la Municipalidad o bien en un juicio de lato conocimiento, destinado a presentar y probar cada una de las proposiciones fácticas de los litigantes; ello por cuanto no es posible dilucidar mediante esta acción cautelar y de emergencia, la cuestión controvertida, considerando que esta acción jamás ha constituido una instancia declarativa de derechos, sino de protección de aquellos que, siendo indubitados, se encuentran afectados por alguna acción ilegal y o arbitraria, presupuestos que en autos no se configuran, por lo que no cabe sino concluir que el recurso de protección no podrá ser acogido.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso deducido por nombre reservado, por sí, en contra de doña nombre reservado y de doña nombre reservado, en sus calidades de administradora y mayordomo, respectivamente, del Edificio Condominio GO Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Nº Protección 25.950-2025.