nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

C.A. de Santiago Santiago, veintidós de mayo de dos mil veintiséis.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que comparece don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, e interpone recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de su solicitud de devolución de fondos previsionales en calidad de técnico extranjero, comunicada mediante carta de fecha 11 de noviembre de 2025, fundado en que la recurrida habría desconocido la documentación acompañada para acreditar su afiliación al sistema de seguridad social venezolano, exigiendo requisitos no contemplados en la Ley N°18.156.

Señala que acompañó título profesional apostillado, contratos de trabajo con cláusula de mantención de afiliación previsional extranjera y constancias emitidas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, incluyendo documentos verificables electrónicamente mediante código alfanumérico y portal web oficial, sosteniendo que la imposibilidad de renovar o actualizar la apostilla deriva de la ausencia de representación consular venezolana en Chile, circunstancia constitutiva de caso fortuito.

Afirma que la decisión impugnada vulnera las garantías contempladas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, al privarlo arbitrariamente del retiro de sus fondos previsionales, solicitando que se ordene a la recurrida acceder a la devolución requerida.

Segundo: Que evacúa informe la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., solicitando el rechazo del recurso, con costas. Expone que la devolución de fondos previsionales para técnicos extranjeros constituye un régimen excepcional regulado por la Ley N°18.156, cuyos requisitos deben cumplirse en forma estricta y copulativa, agregando que la acción cautelar deducida no constituye la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento relativas al cumplimiento de dichos presupuestos legales.

Refiere que la solicitud del recurrente fue rechazada por cuanto la constancia de afiliación presentada se encontraba vencida al momento de efectuarse la solicitud, no permitiendo acreditar cobertura previsional durante toda la permanencia laboral en Chile, además de no constar debidamente legalizada o apostillada conforme a las exigencias administrativas impartidas por la Superintendencia de Pensiones.

Añade que las certificaciones electrónicas emitidas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no constituyen medios idóneos para acreditar el requisito previsto en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, especialmente cuando carecen de apostilla vigente, firma habilitante o determinación suficiente de las coberturas previsionales exigidas por la ley, citando al efecto jurisprudencia de diversas Cortes de Apelaciones y de la Excma. Corte Suprema que habrían resuelto en igual sentido.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Carta Fundamental, constituye un remedio de urgencia destinado a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Cuarto: Que, para que prospere esta acción cautelar, es requisito indispensable la existencia de un derecho indubitado y preexistente del recurrente, el cual se vea afectado por un acto u omisión que carezca de sustento legal (ilegalidad) o que sea producto del mero capricho (arbitrariedad).

Quinto: Que el artículo 1° de la Ley N° 18.156 establece una situación de excepción al principio de territorialidad de la ley previsional chilena, permitiendo a los técnicos extranjeros eximirse de cotizar (y retirar sus fondos según el artículo 7°) siempre que cumplan copulativamente con: a) Estar afiliados a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b) Expresar en el contrato de trabajo su voluntad de mantener dicha afiliación. Al tratarse de una norma de excepción que permite el retiro de fondos destinados constitucionalmente a la seguridad social, su interpretación debe ser estricta y el cumplimiento de sus requisitos debe acreditarse de manera fehaciente.

Por otro lado, vale tener presente que corresponde a la Superintendencia de Pensiones, en virtud del artículo 3° del D.F.L. N°101 de 1980 y el artículo 94 del D.L. N°3.500 de 1980, interpretar la legislación y reglamentación del Sistema de Pensiones, con carácter obligatorio para las Administradoras de Fondos de Pensiones, facultad que le permite fijar los criterios para determinar la procedencia de la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156.

Sexto: Que, luego, respecto a la acreditación de documentos otorgados en el extranjero, rige en nuestro país el principio locus regit actum en cuanto a la forma, pero para que dichos instrumentos públicos o auténticos produzcan efectos probatorios en Chile, deben someterse a las reglas de legalización establecidas en el artículo 345 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, o bien, al trámite simplificado de la Apostilla, conforme a la Convención de La Haya de 1961, vigente en Chile desde 2016 y de la cual Venezuela es parte.

Séptimo: Que, del mérito de los antecedentes allegados a la causa y, en especial, del informe evacuado por la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. y de la documentación acompañada por las partes, se desprende que el recurrente no ha logrado acreditar de manera suficiente el cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley N°18.156 y por la interpretación administrativa vigente, puesto que no existe constancia o certificado de afiliación debidamente legalizado o apostillado del recurrente.

En particular, la Superintendencia de Pensiones ha sido categórica en señalar que las certificaciones electrónicas emitidas por el IVSS que no hayan sido legalizadas o apostilladas no son idóneas para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, ya que no está firmado por quien lo emite, ni se encuentra apostillado ni legalizado.

Octavo: Que, en consecuencia, el acto recurrido no adolece de ilegalidad, puesto que se sustenta en la normativa vigente (Ley N° 18.156, Art. 345 CPC) y en las instrucciones obligatorias de la Superintendencia de Pensiones (Art. 94 D.L. 3.500). Tampoco es arbitrario, toda vez que no obedece a un capricho de la Administradora, sino al cumplimiento de un deber de resguardo de los fondos previsionales, los cuales solo pueden ser devueltos cuando se acredite, con la formalidad legal correspondiente, que el trabajador cuenta con la protección social alternativa que la ley exige.

Noveno: Que, no existiendo un acto ilegal o arbitrario, y no habiéndose acreditado el cumplimiento de los requisitos legales en la forma prescrita por el derecho, los derechos invocados no pueden ser tutelados por esta vía, manteniéndose los recursos previsionales en la cuenta de capitalización individual del recurrente, conforme a las reglas generales del D.L. 3.500.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza la acción constitucional de protección deducida por don nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N° Protección-25945-2025.