Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, diez de septiembre de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparecen los abogados Franco Aldo Brunetti Arredondo y Óscar Andrés Fielbaum Villegas, en beneficio de doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, quien deduce acción constitucional de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en la negativa a la debida tramitación de su solicitud de refugio, vulnerando de esta forma la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.

Menciona como antecedentes de su recurso que con fecha 30 de septiembre de 2022, la recurrente acudió a las dependencias de la recurrida para solicitar el inicio del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiada, pero su solicitud no fue admitida a tramitación inmediata. Precisa que no se dejó registro de la manifestación de su intención de solicitar refugio, pese a contar con todos los antecedentes y requisitos necesarios.

Más adelante, con fecha 18 de enero de 2024, comenta que su representada concurrió nuevamente a la misma oficina para conseguir información sobre su solicitud, recibiendo como respuesta que ya estaba en el sistema y que no se podía hacer nada al respecto. Sin embargo, a la fecha de la interposición del recurso, señala que no ha vuelto a ser contactada por la autoridad migratoria y tampoco le ha sido otorgada la visación de residente temporario, a pesar de que la ley lo prescribe. Expone que este actuar importa una discriminación en relación con el trato dispensado a otros extranjeros.

Previas citas legales, solicita tener por interpuesto el recurso de protección, admitirlo a tramitación y acogerlo, resolviendo que la autoridad ha actuado de manera arbitraria e ilegal, y se ordene concluir el procedimiento de solicitud de refugio, otorgando la visa temporaria de refugio, prescrita bajo el artículo 32 de la Ley N°20.430, mientras se evalúa la solicitud.

Segundo: Que comparece la abogada Alejandra Vargas Kaltwasser, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, quien evacúa el informe respectivo y solicita el rechazo de la acción constitucional en todas sus partes, tanto por la excepción de extemporaneidad como por la improcedencia de la misma.

Opone la excepción de extemporaneidad, basándose en que la recurrente indica en su escrito que acudió a las dependencias del Servicio con fecha 30 de septiembre de 2022, mientras que el recurso fue interpuesto el día 10 de diciembre de 2024, excediendo con creces el plazo fatal de treinta días corridos establecido en el auto acordado sobre la materia.

En subsidio, expone como antecedentes que la recurrente no registra fecha de ingreso al país, por lo que su ingreso fue clandestino, registrando una denuncia policial de fecha 15 de diciembre de 2021. Precisa que, con fecha 28 de septiembre de 2022, la recurrente solicita refugio, siendo derivada a OIRS para regularización migratoria. Continúa exponiendo que, con fecha 30 de septiembre de 2022, la extranjera solicita regularización jurídica mediante carta de regularización N°NUM000, y que con fecha 7 de marzo de 2023 nuevamente se acercó a la oficina a solicitar refugio, siendo derivada una vez más. Agrega que, con fecha 12 de octubre de 2023, la extranjera solicita regularización conforme al artículo 155 N°8 y 9.

Finalmente, menciona que no existe sanción migratoria alguna, como orden de expulsión o abandono, que vulnere los derechos fundamentales de la recurrente.

Argumenta que su actuar no ha sido arbitrario o ilegal, ya que el procedimiento administrativo de solicitud de refugio se encuentra regulado en la Ley N°20.430 y su Reglamento. Precisa que la sola manifestación de voluntad no puede dar inicio al procedimiento si no se formaliza de acuerdo a la normativa. Estima que la recurrente no cumplió con los requisitos básicos y objetivos, ya que no se presentó ante la autoridad contralora dentro de los 10 días siguientes al ingreso clandestino al territorio nacional.

Solicita, en definitiva, tener por evacuado el informe y rechazar la acción en todas sus partes, sin costas, al no existir un acto u omisión ilegal o arbitrario por parte de la autoridad que vulnere los derechos de la recurrente.

Tercero: Que, respecto a la alegación de extemporaneidad del recurso, se rechazará, toda vez que lo discutido dice relación con la falta respuesta a la solicitud de refugio, lo cual es de carácter permanente.

Cuarto: Que el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando este ha sido quebrantado por actos u omisiones arbitrarios o ilegales que amenazan, perturban o privan del ejercicio legítimo de alguna de las garantías numeradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Quinto: Que, en la especie, la recurrente tilda como un comportamiento arbitrario e ilegal del Servicio Nacional de Migraciones el no haber dado tramitación a la solicitud de refugio que aquélla formuló con fecha 30 de septiembre de 2022, mediante la denominada “Carta de Refugio en Chile” que acompaña a su recurso.

Sexto: Que la solicitud presentada por la recurrente ante la autoridad, origina un procedimiento administrativo regulado por las normas especiales contempladas en el cuerpo normativo que lo consagra y, subsidiariamente, por la Ley de Bases de Procedimientos Administrativos, N° 19.880.

Importa destacar que dicho procedimiento, por regla general, debe culminar con la dictación del acto administrativo de carácter terminal que se pronuncie respecto de la solicitud que ha sido puesta en su conocimiento, acto que debe ser motivado, en atención a los principios de celeridad, inexcusabilidad, conclusivo y contrariedad, consagrados en el cuerpo normativo antes citado.

Séptimo: Que, en este contexto, la recurrida ha reconocido que la actora concurrió a sus oficinas y que con fecha 30 de septiembre de 2022 solicitó regularización migratoria mediante carta de regularización jurídica N° NUM000, constando, además, la denominada Carta de Refugio en Chile con timbre de recepción del Servicio Nacional de Migraciones de la fecha indicada; a pesar de lo cual no consta que se hubiere emitido un pronunciamiento de fondo en relación al cumplimiento de las exigencias legales del beneficio impetrado, acto terminal que afinaría el procedimiento, incurriendo por consiguiente, en un acto ilegal.

Octavo: Que, en efecto, la autoridad recurrida se encontraba en la obligación de proseguir el procedimiento hasta afinarlo, dictando el acto terminal que correspondiera, en el que analizara el cumplimiento de todos los requisitos para tener por cumplidas las exigencias que establece la legislación para acoger la solicitud, entregando las razones por las que, a su juicio, determinados requisitos pudieran, eventualmente, estar insatisfechos, dictando así un acto administrativo motivado que entregara al requirente la posibilidad de deducir los recursos previstos en la Ley N° 21.325.

En efecto, la autoridad en cuestión no tiene facultades para mantener el referido procedimiento sin afinar, manteniendo, así, la situación de la actora en la incertidumbre, impidiéndole, como se señaló, el ejercicio de recursos específicos previstos en la ley.

Noveno: Que, en consecuencia, la autoridad administrativa, al no tramitar la solicitud de refugio, privó a la actora de la obtención de un pronunciamiento sobre el fondo respecto del requerimiento, no obstante contar con todos los elementos para ello, incurriendo en un acto ilegal que atenta contra el principio conclusivo que debe guiar el actuar de toda autoridad administrativa, conforme dispone el artículo 6° de la Ley N° 19.880; y que vulnera la garantía constitucional prevista en el Nº 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, la igualdad ante la ley, ya que con el actuar de la autoridad recurrida, se ha discriminado al recurrente en la tramitación de su solicitud; obrar que no ha podido acontecer en casos similares de ser aplicada correctamente la normativa sobre la materia.

Décimo: Que, en atención a lo expuesto, se acogerá el presente arbitrio, ordenando a la autoridad administrativa que tramite y a la postre resuelva como en derecho corresponde la solicitud presentada, mediante un acto terminal debidamente fundado que se pronuncie sobre la petición que le fuere formulada.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se decide que se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de doña nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, sólo en cuanto se ordena a la autoridad administrativa dar a la petición de refugio de la actora la tramitación que en derecho corresponde, dictando al culminar ésta un acto administrativo terminal, debidamente fundado.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-25929-2024.