nombre reservado con UNIDAD ADMINISTRADORA DE LOS TRIBUNALES TRIBUTARIOS Y ADUANEROS

C.A. Santiago Santiago, a siete de mayo de dos mil veinticinco.- VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece Rodrigo Fernández Dillems, en representación de nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Dirección de Compras y Contratación Pública (CHILECOMPRA), representada legalmente por su directora nombre reservado, y en contra de la Unidad Administradora de los Tribunales Tributarios y Aduaneros (ATTA), representada legalmente por nombre reservado, por haber dictado CHILECOMPRA la Resolución TRA N°870/1/2024, sin fecha, tomada razón el 26 de noviembre de 2024 y notificada a la recurrente el 29 de noviembre de 2024, mediante la cual se declaró vacante el cargo que la recurrente detentaba como profesional grado 10° del Tribunal de Compras y Contratación Pública, en el cual se desempeñaba como Relatora Abogada Titular desde el 1° de enero de 2012, invocando para ello como causal una supuesta salud incompatible con el cargo.

Considera que dicha actuación es ilegal y arbitraria, ya que vulnera los derechos fundamentales contemplados en el artículo 19 N°3 inciso 5°, N°16 y N°24 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita dejar sin efecto la resolución recurrida y restituir a la recurrente en su cargo.

Expone la actora que se desempeñaba desde hace aproximadamente 13 años como Relatora Titular del Tribunal de Contratación Pública, Grado 10°, siendo la segunda Relatora Abogada más antigua del Tribunal. Ingresó a dicha entidad luego de ganar el concurso público para el cargo de Relatora Titular, Grado 11° de entre 90 postulantes, donde fue elegida por la unanimidad de los Jueces. En 2015 fue ascendida a Grado 10°, donde se mantuvo hasta el término de sus servicios. Señala que dentro de sus funciones se especializó en compras públicas de alta cuantía y complejidad, y además cumplía una multiplicidad de otras funciones asignadas por su jefatura directa, el Secretario del Tribunal, que incluían reemplazarlo asumiendo labores propias del Ministro de Fe y colaborar en la redacción de sentencias.

Expone que el día 25 de mayo del año 2023, luego de terminar un extenuante día laboral, comenzó a sentir síntomas de un vértigo violentísimo, acompañado con vómitos explosivos, lo que resultó en que padecía una neuronitis severa de origen viral, compatible con una de las variables más agresivas de COVID 19 (Longcovid). Este cuadro se agudizó con una fotofobia extrema, debido a una severa inflamación de ambas córneas (queratitis) y una hipersensibilidad auditiva a todo tipo de sonidos (sonofobia).

Sostiene que se extendieron 21 licencias médicas, desde el 26 de mayo del año 2023 hasta el 1 de octubre del año 2024, todas las cuales fueron pagadas por los organismos respectivos sin excepción, lo que demuestra la veracidad del cuadro que aquejó a la recurrente, lo necesario del reposo laboral en los periodos indicados, y que dicho reposo tuvo como fin la reincorporación de la recurrente a sus labores en plena normalidad.

Afirma que durante su carrera funcionaria de más de una década, la recurrente siempre fue invariablemente calificada en Lista N°1, obteniendo en 2017 el premio a mejor desempeño individual del Servicio. Sin embargo, estando con licencia médica y contando con 4 meses fuera del Servicio, el Secretario del Tribunal, Sr. Felipe Olmos Carrasco, la evaluó en ausencia, calificándola en Lista 2, fundando esta rebaja en ítems relacionados con el desempeño de las labores. Ante esta situación, que considera como una represalia por el hecho de presentar licencias, la recurrente apeló a la Contraloría General de la República, donde aún se encuentra pendiente la resolución de la reposición interpuesta el 15 de mayo de 2024.

Agrega que en octubre pasado fue dada de alta, comunicándose con su superior jerárquico para informar su regreso, acordando con el Secretario del Tribunal hacer uso del feriado legal acumulado en 2023 y 2024 entre el 2 de octubre y el 15 de noviembre de 2024, para reintegrarse a sus labores el lunes 18 de noviembre de 2024.

Indica que, al regresar a sus labores, retomó su trabajo con plena normalidad durante los 14 días que median entre su reintegro y la fecha de la declaración de vacancia de su cargo. Sin embargo, el viernes 29 de noviembre, a las 12:00 horas, el secretario del Tribunal, Sr. Felipe Olmos Carrasco, junto a la Jefa (s) de RRHH de Dirección de Compras y Contratación Pública, Tamar Drobny Abaud, la llamaron a una oficina del Tribunal para notificarla de que su cargo había sido declarado vacante por salud incompatible con el cargo, no obstante que la funcionaria de CHILECOMPRA reconoció expresamente que la COMPIN fue clara en señalar que su salud es recuperable.

En dicho contexto, en la resolución que se impugna, el Tribunal de Contratación Pública, a través de CHILECOMPRA, solicitó a la COMPIN la evaluación sobre la irrecuperabilidad de la recurrente, emitiéndose la Resolución Exenta Nº 165, de fecha 13 de septiembre de 2024, que en su parte resolutiva indicó: "Se Resuelve, Que nombre reservado, adolece de un estado de salud recuperable, lo que se deja establecido para los fines estatutarios correspondientes".

En cuanto a los fundamentos de derecho, alega que la RESOLUCIÓN TRA N° 870/1/2024 incurre en un acto ilegal y arbitrario, toda vez que para fundamentar la declaración de salud incompatible con el cargo sólo se consideró el hecho de haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin atender a otras circunstancias relevantes.

Sostiene que la Ley N°21.050 modificó el artículo 151 de la Ley 18.834, agregando un tercer inciso que introdujo la obligatoriedad de solicitar un informe previo de la COMPIN, siendo la intención legislativa que un organismo técnico revisara y estudiara los antecedentes médicos del funcionario para determinar si la salud de éste es o no recuperable, resultando dicho pronunciamiento vinculante. Por lo tanto, habiendo un pronunciamiento que declara la salud de la recurrente como recuperable, no es posible aplicar la causal del artículo 151 de la Ley 18.834 por el solo hecho de haber hecho uso de licencias médicas continuas o discontinuas por más de 6 meses en un periodo de 2 años.

Argumenta además que la arbitrariedad queda de manifiesto si se toma en cuenta que, a la fecha de dictación de la resolución recurrida, la COMPIN ya había declarado que la salud de la recurrente era recuperable, había sido dada de alta médica, no contaba con más licencias médicas y se había reincorporado plenamente a sus funciones. En este sentido, destaca la manifiesta extemporaneidad de la resolución impugnada, que se dictó cuando la recurrente ya no presentaba ninguna afección o enfermedad que pudiera justificar la incompatibilidad con el cargo, basándose en supuestos falsos sobre su estado de salud actual y omitiendo considerar que se encontraba plenamente reintegrada a sus labores sin impedimento alguno.

Considera que la decisión de la autoridad resulta aún más arbitraria al ocurrir pocos días antes de que comience a regir la Nueva Ley de Compras Públicas N°21.634, que desde el día 12 de diciembre de 2024, hará depender al Tribunal de Contratación Pública de la Unidad Administradora de los Tribunales Tributarios y Aduaneros (ATTA), anticipándose a que fuera otro ente administrativo quien decidiera estos temas.

Hace presente que una desvinculación anticipada realizada en tales circunstancias constituye una clara vulneración al principio de confianza legítima, citando jurisprudencia de la Tercera Sala de la Corte Suprema (fallo rol 26.301-2023), que ha establecido que tanto la decisión de poner término anticipado a una contrata como la no renovación de la misma, respecto de personas que se han vinculado con la Administración por un determinado número de años, violenta dicho principio, pues el funcionario alberga la justa expectativa de terminar el periodo cubierto por su designación cuando concurre un elemento temporal estabilizador, como las renovaciones sucesivas durante más de una década en el caso de la recurrente.

En cuanto a las garantías constitucionales infringidas, indica que se ha vulnerado el derecho de propiedad sobre el cargo grado 10° que detentaba en el ejercicio de la función pública, privándola de sus remuneraciones, derechos y garantías sobre su carrera funcionaria, la igualdad de oportunidades de ingreso a ella, capacitación y perfeccionamiento; vulnerando además su derecho a no ser juzgada por comisiones especiales, al haber actuado CHILECOMPRA como un órgano con potestad jurisdiccional sin gozar de esa facultad, sin observar las reglas más básicas del debido proceso; y finalmente, vulnerando la garantía de libertad de trabajo y su protección, al afectar su estabilidad en el empleo, privándola de funciones que realizaba amparada en un nombramiento legalmente tramitado, por haber hecho uso de licencias médicas legítimas.

Solicita, en concreto, que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se deje sin efecto la RESOLUCIÓN TRA N°870/1/2024 dictada por CHILECOMPRA; se deje sin efecto todo acto administrativo posterior que suponga la validez de los actos recurridos; se restituya a la recurrente en el cargo de Profesional de grado 10° dependiente del Tribunal de Contratación Pública, en el cargo de Relatora Abogada; se ordene la restitución de las diferencias de remuneraciones que se devenguen durante la tramitación del recurso, con reajustes e intereses; se impartan las órdenes necesarias a la ATTA para que dicte las resoluciones o realice los actos o contratos necesarios para hacer efectivo el cumplimiento de la sentencia; y se condene en costas a ambas recurridas.

SEGUNDO: Que evacúa informe don nombre reservado, en representación de la Unidad Administradora de los Tribunales Tributarios y Aduaneros.

Expone primeramente que, por disponerlo así el numeral 34 del artículo primero de la Ley N°21.634, se agregó el nuevo artículo 23 bis a la Ley N°19.886, mediante el cual se asigna a la Unidad Administradora de los Tribunales Tributarios y Aduaneros la gestión administrativa del Tribunal de Contratación Pública.

Asimismo, la recurrida indica que en razón de lo dispuesto en el inciso final del artículo primero transitorio de la Ley N°21.634, entre la fecha de su publicación y la de entrada en vigencia de sus normas, a la Unidad Administradora le correspondió realizar todas las gestiones necesarias para implementar el traspaso de administración, en dicho contexto, en materia de recursos humanos, tomó conocimiento de que la recurrente figuraba, inicialmente, en la nómina de los 10 funcionarios de la Dirección de Compras y Contratación Pública que prestaban apoyo técnico en el Tribunal y que, por expresa disposición del artículo segundo transitorio de la Ley N°21.634, serían traspasados desde la primera a este último. Sin embargo, según le indicó en ese momento la Dirección, la situación de la recurrente estaba en revisión, habida cuenta de que se encontraba pendiente un pronunciamiento de la Comisión Preventiva de Invalidez respectiva acerca de la recuperabilidad de su salud, para efectos de que la Dirección evaluase declarar vacante su cargo por salud incompatible, de conformidad con los artículos 150 y siguientes del Estatuto Administrativo.

La Unidad Administradora indica que con fecha 10 de diciembre de 2024, mediante el oficio N°2.365, la Dirección de Compras y Contratación Pública le informó que se había declarado vacante el cargo de la señora nombre reservado, por lo que ya no integraba la nómina de funcionarios a traspasar, agregando que, por cuestiones administrativas, tampoco sería posible incorporar a otro servidor en su reemplazo.

En atención a lo anterior, sostiene que no le correspondía intervenir en la determinación de la nómina de funcionarios a traspasar, ya que ello era de competencia exclusiva de la Dirección de Compras y Contratación Pública, limitándose su rol a recibir a quienes formaban parte de dicha nómina a la fecha de entrada en vigencia de las modificaciones legales pertinentes.

En atención a lo anterior, sostiene que no ha incurrido en acto u omisión alguna que haya podido afectar los derechos y garantías constitucionales de la actora, toda vez que su actuación se ha limitado a dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N°21.634, recibiendo la nómina de funcionarios a traspasar definida por la Dirección de Compras y Contratación Pública.

Finalmente, precisa que en la fase preparatoria del traspaso solicitó a la recurrente autorización para efectuar descuentos voluntarios en sus eventuales futuras remuneraciones, pero precisa que esta medida se tomó respecto de todo el personal que, en la fecha en que se requirió la autorización, integraba la nómina de quienes prestaban apoyo técnico al Tribunal, sin que ello implique un reconocimiento de derecho alguno en favor de la actora.

En virtud de los antecedentes y argumentos expuestos, la recurrida solicita a esta Corte tener por evacuado el informe requerido y, en definitiva, rechazar el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado.

TERCERO: Que, informando el recurso, nombre reservado, en calidad de Directora de la Dirección de Compras y Contratación Pública (en adelante, "DCCP"), expone los antecedentes relativos a la dictación de la Resolución TRA N°870/1/2024, de 18 de noviembre de 2024, tomada de razón el 26 de noviembre de 2024, acto administrativo que declaró vacante, por salud incompatible, el cargo servido por doña nombre reservado, funcionaria grado 10° de la EUS, por haber hecho uso de licencias médicas por un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses.

Precisa que en la resolución impugnada se señala que el artículo 146 del Estatuto Administrativo dispone, en su letra c), que los funcionarios cesarán en sus cargos por declaración de vacancia, regulándose en el artículo 150 del mismo cuerpo normativo los motivos por los que procederá la declaración de vacancia, indicándose en la letra a) la salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo. En relación con la salud incompatible con el cargo, el artículo 151 señala que el jefe superior del servicio podrá considerar como incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo de seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable, debiendo requerir previamente a la COMPIN la evaluación del funcionario respecto de la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo.

Según indica la recurrida, dado que en los últimos dos años la funcionaria mantuvo 506 días de licencia médica según se detalla en la resolución recurrida, la DCCP, con fecha 4 de enero de 2024, solicitó a la COMPIN que evaluara la condición de irrecuperabilidad de la funcionaria, emitiéndose el 13 de septiembre de 2024, la Resolución Exenta N°165, por parte de la COMPIN, en que se declara que la salud de la funcionaria es recuperable.

Sostiene que, habiéndose cumplido los requisitos establecidos en el artículo 151 del Estatuto Administrativo, esto es, existir licencias médicas por más de seis meses en un periodo de dos años y haber emitido la COMPIN el informe sobre recuperabilidad de la salud de la ex funcionaria, se estimó que su salud resultaba incompatible con el cargo, considerando, además, el principio de continuidad del servicio, pues las licencias de la funcionaria por más de 16 meses, repercutieron en la continuidad de la función pública, dado que en los periodos en que no se contaba con reemplazo para la ex funcionaria, se debió, incluso, realizar una reestructuración de las funciones de los funcionarios del Tribunal para que pudiese dar cumplimiento a su fin encomendado por ley.

Seguidamente, la informante expone los fundamentos de hecho y de derecho por los cuales estima que la actuación no es ilegal ni arbitraria, refiriéndose, en primer lugar, a los supuestos de hecho errados o impertinentes del recurso.

Al respecto, la recurrida sostiene que, contrario a lo expresado por la recurrente, la resolución recurrida es un acto administrativo fundado tanto en hechos como en derecho, desprendiéndose claramente del hecho de que en la parte considerativa de la resolución se indican con precisión todos los periodos durante los cuales la ex funcionaria se mantuvo con licencia médica en los últimos dos años y se cita tanto la norma que habilita al jefe de servicio a declarar la vacancia del cargo como las razones que fundan dicha declaración e incluso jurisprudencia administrativa y judicial que se pronuncia sobre el tema.

Asimismo, precisa que la recurrente hace referencia a su última calificación, cuestión del todo ajena a la materia que se discute en esta sede y que, como la propia recurrente señala, se encuentra siendo conocida por la Contraloría General de la República. Igualmente, en cuanto a la supuesta solicitud del Secretario del Tribunal para que doña nombre reservado hiciera uso de su feriado legal, la recurrida afirma que ello no es efectivo y, por el contrario, la propia recurrente fue quien solicitó al Tribunal que se le concedieran los días de feriado legal pendientes a contar del 2 de octubre de 2024.

En segundo lugar, argumenta que la declaración de vacancia por salud incompatible con el cargo se ajusta a la ley. Al respecto, sostiene que no es efectivo que no procedería que el jefe de servicio declarase la vacancia del cargo servido por doña nombre reservado por existir informe de salud recuperable de la COMPIN, pues la vacancia de un cargo puede ser declarada por dos circunstancias, una de ellas es que la COMPIN declare que la salud del funcionario es irrecuperable y, la otra, que el jefe de servicio declare que el funcionario mantiene salud incompatible con el cargo.

Para sustentar su posición, la informante invoca diversa jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República que sostiene que la facultad establecida en el artículo 151 es discrecional y de exclusiva competencia de la superioridad, bastando que ésta constate el hecho objetivo que constituye el supuesto básico sobre el que descansa ese precepto, esto es, el goce de licencias médicas comunes durante el lapso indicado, para decidir si dicha circunstancia configura salud incompatible con el servicio. Asimismo, cita jurisprudencia judicial que ha resuelto que no es ilegal ni arbitraria la declaración de vacancia de un cargo por salud incompatible de quien lo sirve cuando se fundamenta en la declaración previa de salud recuperable y en el hecho acreditado de haber hecho uso de licencias médicas por un término que excede los 180 días en dos años.

Adicionalmente, afirma que en la resolución impugnada se expuso que la ausencia de doña nombre reservado, por más de 16 meses a causa de las licencias médicas, repercutió en la continuidad de la función pública por cuanto en los períodos en que no se cuenta con reemplazos, deben reorganizarse las labores distribuyendo el trabajo en otros relatores abogados del Tribunal, lo que implica sobrecargar al personal, debiendo inclusive reestructurar las funciones de otros funcionarios, para cumplir con la finalidad encomendada por la ley al Tribunal.

En tercer lugar, la informante sostiene que la declaración de vacancia del cargo no es extemporánea, pues la norma no prevé un plazo para la declaración de vacancia, debiendo estarse únicamente a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 151 del Estatuto Administrativo, esto es, que en los últimos dos años, el funcionario haya hecho uso de licencia médica por un periodo continuo o discontinuo superior a seis meses. Además, precisa que la COMPIN emitió el informe de salud recuperable el 13 de septiembre de 2024, el que fue puesto en conocimiento de la DCCP el día 5 de noviembre de 2024, dictándose la resolución recurrida con fecha 18 de noviembre de 2024.

En cuarto lugar, la recurrida señala que la facultad del jefe de servicio de declarar la vacancia de un cargo por salud incompatible del funcionario debía ejercerse por parte de la DCCP dado que el artículo 11 de la Ley N°21.640, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2024, establece en su inciso segundo que "En aquellos casos en que se esté reemplazando a un funcionario que ha hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, el jefe superior del servicio deberá considerar el ejercicio de la declaración de la salud incompatible con el desempeño del cargo del funcionario reemplazado(…)".

En quinto lugar, la informante expone detalladamente las consideraciones sobre la continuidad de la función pública del Tribunal de Contratación Pública, destacando la naturaleza del tribunal como órgano jurisdiccional especial de naturaleza contencioso administrativa que conoce de procesos en que se encuentra comprometido el interés público y que, en su mayoría, se trata de casos complejos y de considerable cuantía. Además, hace presente que la Ley N°21.634, que modificó la Ley N°19.886, que comenzó a regir el día 12 de diciembre de 2024, aumentó exponencialmente la competencia del Tribunal, lo que incrementa la carga laboral del órgano jurisdiccional.

En sexto lugar, la recurrida argumenta que no se vulnera el principio de confianza legítima, citando jurisprudencia administrativa que sostiene que dicho principio no impide el término de la contrata cuando operan otras causales de cese distintas de su no renovación, como ocurre con la declaración de vacancia por salud incompatible.

Finalmente, la informante sostiene que no se han vulnerado los derechos fundamentales invocados por la recurrente. Respecto al derecho de propiedad, afirma que no se vulnera tal derecho pues se ha declarado la vacancia del cargo mediante un acto administrativo que cumple con todas las exigencias establecidas en la ley. En cuanto a la garantía de no ser juzgada por comisiones especiales, argumenta que la DCCP no puede ser considerada como una comisión especial desde que, a la fecha de dictación de la resolución recurrida, era el organismo público encargado de proveer de recursos humanos y materiales al TCP, siendo el jefe de servicio quien está facultado por ley para considerar incompatible la salud del funcionario con el desempeño de su cargo. Respecto al derecho a la libertad de trabajo, sostiene que el hecho de haberse declarado vacante el cargo que servía doña nombre reservado, no importa impedimento alguno para que pueda acceder a otros cargos o puestos, ya sea en el sector público o privado, de manera que no existe vulneración alguna a su libertad de trabajo.

Por todo lo expuesto, la Directora de la Dirección de Compras y Contratación Pública solicita el rechazo de la acción de protección deducida por doña nombre reservado.

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto o una omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y, c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado. Expresado en otros términos, tiene un propósito conservativo, de tutela de urgencia de los derechos fundamentales, de manera que su interposición no autoriza para efectuar declaraciones ni para dirimir debates que exigen su planteamiento por las vías idóneas que se franquean a los interesados y menos permite tomar decisiones en reemplazo de la autoridad legalmente facultada para hacerlo.

QUINTO: Que, en el caso en examen, la conducta que la recurrente imputa a la Dirección de Compras y Contratación Pública y que estima ilegal y arbitraria consiste en la dictación de la Resolución TRA N°870/1/2024, sin fecha, tomada razón el 26 de noviembre de 2024 y notificada a la recurrente el 29 de noviembre de 2024, que declaró vacante su cargo de Profesional grado 10° del Tribunal de Compras y Contratación Pública, por salud incompatible.

SEXTO: Que, conviene precisar para una acertada resolución, las siguientes circunstancias fácticas:

1) Que la recurrente se desempeñaba desde el 1° de enero de 2012, aproximadamente 13 años, como Relatora Abogada Titular del Tribunal de Contratación Pública, Grado 10°, siendo la segunda Relatora Abogada más antigua del Tribunal.

2) Que, desde el 26 de mayo de 2023 y hasta el 1 de octubre de 2024, la recurrente hizo uso de 21 licencias médicas, registrando un total de 506 días.

3) Que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), a requerimiento de la autoridad administrativa y a través de la Resolución Exenta N°165 de 13 de septiembre de 2024, determinó que la funcionaria adolecía de salud recuperable.

4) Que, con fecha 29 de noviembre de 2024, se notificó a la recurrente de la Resolución TRA N°870/1/2024, de la Dirección de Compras y Contratación Pública, por la cual se declaraba vacante su cargo por salud incompatible, por haber hecho uso de licencia médica por un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

SÉPTIMO: Que según se advierte de la lectura del recurso, el reclamo de la recurrente doña nombre reservado, se funda en que la recurrida yerra al declarar la vacancia por salud incompatible para el desempeño de su cargo, fundado en la evaluación que efectúa la COMPIN, en la Resolución Exenta N°165, de 13 de septiembre de 2024, a través de la cual declara que la funcionaria nombre reservado, adolece de un estado de salud recuperable, lo que deja establecido para los fines estatutarios correspondientes.

OCTAVO: Que conforme al Estatuto de los funcionarios públicos fijado por la Ley N°18.834, cuyo cuerpo normativo regula expresamente la expiración de funciones por causa de salud incompatible, disponiendo las condiciones que se deben cumplir para que opere la causal, así como los requisitos de legalidad, formalidad y comunicación al afectado. Al efecto, el artículo 151 del Estatuto Administrativo dispone expresamente que:

“El Jefe superior del servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

No se considerará para el cómputo de los seis meses señalado en el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 115 de este Estatuto y el Título II, del Libro II, del Código del Trabajo.

El jefe superior del servicio, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo”.

Conforme a la normativa examinada, el jefe superior del servicio podrá, sin mediar declaración de salud irrecuperable, instar la declaración de salud incompatible con el cargo por haber hecho uso el funcionario de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, debiendo para ello requerir el informe previo de la COMPIN.

NOVENO: Que, en el caso de autos no existe controversia entre las partes respecto al período que la actora hizo uso de licencias médicas –que va desde el 26 de mayo de 2023 hasta el 1 de octubre de 2024—, registrando un total de 506 días, lo que corresponde a más de 6 meses de ausentismo laboral en un período de dos años. Por su parte, consta que la autoridad administrativa requirió a la COMPIN evaluar los antecedentes de la funcionaria recurrente, así como el historial de licencias médicas aportados por el empleador, determinándose por la Comisión Médica a través de la Resolución Exenta N°165, de 13 de septiembre de 2024, que la salud de la funcionaria era recuperable.

DÉCIMO: Que, por su parte, en cuanto al argumento de extemporaneidad en la dictación de la resolución impugnada planteado por la recurrente, cabe señalar que el artículo 151 del Estatuto Administrativo no establece un plazo determinado para el ejercicio de la facultad del jefe superior del servicio para declarar la vacancia del cargo por salud incompatible, debiendo considerarse únicamente que en los últimos dos años el funcionario haya hecho uso de licencia médica por un periodo continuo o discontinuo superior a seis meses.

En la especie, consta que la COMPIN emitió el informe de salud recuperable con fecha 13 de septiembre de 2024, el que fue puesto en conocimiento de la Dirección de Compras y Contratación Pública el día 5 de noviembre de 2024, dictándose la resolución recurrida con fecha 18 de noviembre de 2024, lo que evidencia que la administración actuó con la debida celeridad una vez que contó con todos los antecedentes necesarios para ejercer la facultad que le confiere la ley. Por lo tanto, el argumento de extemporaneidad debe ser desestimado.

UNDÉCIMO: Que, así las cosas, es posible constatar que la resolución administrativa objeto de este recurso de protección ha sido dictada por la autoridad competente en ejercicio de sus atribuciones legales, bastando la comprobación del hecho objetivo que constituye el supuesto básico sobre el que descansa el artículo 151 del Estatuto Administrativo, consistente en el goce de licencias médicas comunes en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años –supuesto que se cumple en la especie— y el pronunciamiento de la COMPIN, para decidir si dicha circunstancia configura salud incompatible con el cargo. Asimismo, la resolución se encuentra debidamente fundada en la necesidad de continuidad del Servicio en tanto la extensión en el uso de licencias médicas por parte de la funcionaria por más de 16 meses repercutió en la continuidad de la función pública, dado que en los periodos en que no se contaba con reemplazo se debió realizar una reestructuración de las funciones de los funcionarios del Tribunal para poder cumplir con el fin encomendado por ley.

Atendido lo expuesto, el Jefe del Servicio se encontraba facultado para declarar vacante el cargo por salud incompatible, sin que esta Corte pueda advertir ilegalidad o arbitrariedad alguna en la resolución administrativa impugnada. De igual forma, al tratarse de un caso de declaración de vacancia por salud incompatible, tampoco se ve vulnerado el principio de confianza legítima, pues los criterios en este caso difieren.

DUODÉCIMO: Que, finalmente, con relación al rol de la Unidad Administradora de los Tribunales Tributarios y Aduaneros, cabe señalar que a dicha entidad no le correspondía intervenir en la determinación de la nómina de funcionarios a traspasar, ya que ello era de competencia exclusiva de la Dirección de Compras y Contratación Pública, limitándose sólo a recibir a quienes formaban parte de dicha nómina a la fecha de entrada en vigencia de las modificaciones legales pertinentes.

DÉCIMO TERCERO: Que, por todo lo anterior y sin perjuicio de otros derechos que puedan asistir a la recurrente, en concepto de esta magistratura no concurren los presupuestos que permitan acoger la presente acción de cautela de derechos constitucionales, pues el acto recurrido no resulta ser ni ilegal ni arbitrario ni existen medidas que se puedan adoptar para restablecer el imperio del derecho. Tampoco corresponde a esta Corte por esta vía, efectuar declaraciones ni dirimir debates que exigen su planteamiento por las vías idóneas que se franquean a los interesados y menos aún tomar decisiones en reemplazo de la autoridad legalmente facultada para hacerlo, razón por la cual la acción constitucional deducida debe ser desestimada.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 19 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, la acción interpuesta en favor de doña nombre reservado en contra de la Dirección de Compras y Contratación Pública y de la Unidad Administradora de los Tribunales Tributarios y Aduaneros.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Ingreso Corte Rol N°25924-2024.

Redacción a cargo de la Abogada Integrante, Renée Marlene Rivero Hurtado.

Pronunciada por la Octava Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Alejandro Rivera Muñoz e integrada, por la Fiscal Judicial señora nombre reservado y la Abogada Integrante señora Renée Rivero. No firma la Fiscal Judicial señora nombre reservado, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por encontrarse ausente.

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