Protección contra Servicio Nacional de Migraciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública

C.A. de Santiago Santiago, veintiocho de julio de dos mil veinticinco.

Vistos y considerando:

PRIMERO: Que, comparecen los abogados Óscar Andrés Fielbaum Villegas y Franco Aldo Brunetti Arredondo, en representación de don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, quien interpone recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y de la Subsecretaría del Interior del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por haber mantenido sin respuesta durante casi dos años una solicitud de regularización migratoria presentada el 2 de marzo de 2023, actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que constituye una omisión injustificada que impide al recurrente ejercer sus derechos fundamentales y mantiene su situación migratoria en la incertidumbre, por lo que solicita que se ordene a las recurridas pronunciarse sobre dicha solicitud y se otorgue la respectiva regularización migratoria.

Señalan que el recurrente es un ciudadano venezolano que se graduó como ingeniero industrial en el año 2015 en la localidad de Valencia, Estado Carabobo. Posteriormente, se trasladó a Caracas, donde sufrió discriminación por su orientación sexual, dado que es homosexual, en un contexto de crisis política que había alcanzado un punto crítico en Venezuela. Estas circunstancias lo llevaron a emigrar inicialmente a República Dominicana y luego a Ecuador el 2 de diciembre de 2015, país en el cual logró validar su título profesional ante el SENESCYT y trabajar en empresas como PepsiCo Alimentos y Mapfre Atlas.

Durante su permanencia en Ecuador, al recurrente le fueron diagnosticados cálculos renales y posteriormente una enfermedad crónica, cual es VIH/SIDA, encontrándose en la etapa aguda de esta última patología. Al constatar que en Venezuela no había medicamentos disponibles para su tratamiento debido a la crisis existente en ese país, y considerando que en Ecuador no encontraba el apoyo necesario para personas con su orientación sexual, decidió dirigirse a Chile, país donde podría ver reconocidos sus derechos como homosexual y recibir los medicamentos necesarios para tratar su enfermedad.

En tal contexto, señalan que el recurrente salió de Venezuela el 15 de diciembre de 2021 con dirección a Chile, ingresando por pasos inhabilitados, llegando el 29 de diciembre de 2021 y estableciéndose en Santiago el 30 de diciembre del mismo año, donde fue recibido por un primo y encontró trabajo ese mismo día.

Actualmente, se encuentra estable de salud gracias a los medicamentos que le otorga mensualmente el Hospital Dr. Ramón Barros Luco, recinto del cual depende obligatoriamente para sus controles médicos y exámenes.

Asimismo, menciona que se encuentra sólidamente inserto en el mercado laboral chileno, como lo acredita su contrato de trabajo celebrado con la empresa Comercial Los Ríos, R.U.T. N° RUT reservado, con fecha 1 de octubre de 2022, junto con las liquidaciones de sueldo correspondientes al período comprendido entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024, además de documentación previsional que demuestra su cotización en el sistema de seguridad social chileno.

Alega que el 2 de marzo de 2023 realizó ante la Subsecretaría recurrida una solicitud de regularización migratoria, que exhibe timbre de cargo de la Oficina de Partes del Servicio Nacional de Migraciones, el cual hasta la fecha no ha sido resuelto.

En cuanto al derecho, sostienen que la omisión de las autoridades migratorias constituye una vulneración del derecho a la vida e integridad física y psíquica consagrado en el N°1 del artículo 19 de la Constitución Política, toda vez que la situación de incertidumbre mantiene al recurrente en un estado de permanente angustia y desesperación que atenta directamente contra su integridad psíquica, impidiéndole ejercer prácticamente ningún derecho constitucional. Adicionalmente, argumenta que se transgrede el principio de igualdad ante la ley establecido en el N°2 del artículo 19 constitucional, por cuanto el trato dispensado por el Servicio Nacional de Migraciones constituye una diferencia arbitraria y discriminatoria hacia un ciudadano venezolano que ha cumplido con todos los requisitos exigidos por la legislación nacional para obtener su regularización migratoria.

En este sentido, invoca diversas disposiciones de instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Chile, particularmente el artículo 30 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 5° del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el artículo 2° del mismo instrumento, que proscriben la discriminación y garantizan la igualdad de trato. Asimismo, se refiere al artículo 19 numeral 26 de la Constitución Política, que establece la seguridad de que los preceptos legales no podrán afectar los derechos en su esencia ni imponer condiciones que impidan su libre ejercicio.

Pide, en definitiva, se acoja el presente recurso y se declare arbitraria e ilegal la medida adoptada por las entidades recurridas, ordenando que ambas se pronuncien sobre la solicitud de regularización migratoria presentada con fecha 2 de marzo de 2023, disponiendo consecuencialmente el otorgamiento de la respectiva regularización migratoria, o subsidiariamente, que se adopten todas las medidas necesarias para restablecer el imperio del Derecho, todo ello con costas.

SEGUNDO: Que, evacuando el informe requerido, comparece la abogada Alejandra Salinas Silva, en representación de la Subsecretaría del Interior, solicitando el rechazo total de la acción de protección con costas.

Expone el marco normativo aplicable al caso, señalando que el artículo 24 de la Ley N°21.325 de Migración y Extranjería establece que la entrada y salida de personas al territorio nacional debe efectuarse por pasos habilitados y con documentos de viaje válidos, imperativo reforzado por el artículo 2° inciso 1° del Decreto Supremo N°296 de 2022, que dispone el deber del Estado de promover una migración regular y ordenada. En este contexto, explica que las personas extranjeras que solicitan regularización migratoria se encuentran en situación irregular, ya sea por haber ingresado por pasos no habilitados o sin documentación pertinente, o bien por haber visto vencer o ser rechazados sus permisos de permanencia, constituyendo la regularización una posibilidad de subsanar contravenciones jurídicas voluntariamente incurridas.

Asimismo, precisa que la actual Ley N°21.325 contempla dos hipótesis de regularización migratoria, ambas facultativas y no obligatorias para la autoridad. La primera, regulada en los artículos 69 inciso 2° y 155 N°8, corresponde a mecanismos de regularización de general aplicación que dispone la Subsecretaría del Interior en concordancia con la Política Nacional de Migración y Extranjería, cuya ejecución corresponde al Servicio Nacional de Migraciones. La segunda hipótesis, contemplada en el artículo 155 N°9, se refiere al otorgamiento excepcional de permisos de residencia temporal por casos calificados o motivos humanitarios, potestad indelegable del Subsecretario del Interior que solo procede cuando existan circunstancias de hecho excepcionales que lo hagan recomendable.

En cuanto al estado de la solicitud del recurrente, informa que la petición de otorgamiento excepcional de permiso de residencia temporal por caso calificado o humanitario se encuentra actualmente en análisis ante el Servicio Nacional de Migraciones, organismo que colabora con la Subsecretaría en la tramitación de estos requerimientos, recopilando, sistematizando, analizando y almacenando los antecedentes relevantes sobre las migraciones en el país, conforme al artículo 157 N°2 de la Ley N°21.325.

Señala que no existe omisión arbitraria o ilegal, argumentando que las solicitudes de otorgamiento excepcional de permisos de residencia temporal son sometidas a un análisis particularmente exhaustivo, lo cual justifica una tramitación más extensa de lo esperado por los solicitantes. Sostiene que dicho análisis se encuentra plenamente justificado dada la importancia jurídica y práctica de otorgar un permiso de residencia a una persona que ha contravenido voluntariamente la normativa migratoria. Además, destaca que estas solicitudes constituyen ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 19 N°14 de la Constitución, siendo requerimientos de interés privado respecto de los cuales la autoridad no se encuentra obligada a acceder, sino que únicamente lo hará cuando se cumplan los requisitos y estándares establecidos.

Contextualiza que la demora en la tramitación se debe al aumento exponencial de este tipo de solicitudes en los últimos años, señalando que entre enero y mayo de 2024 se presentaron más de 4.500 solicitudes, mientras que entre 2019 y 2021 se contabilizaron únicamente alrededor de 180 requerimientos. El año 2022 se registraron más de 900 solicitudes, cifra que aumentó exponencialmente en 2023 con más de 10.000 solicitudes, lo que representa un incremento superior al 964% entre 2022 y 2023.

En cuanto a la supuesta ilegalidad por incumplimiento de plazos, arguye que el plazo máximo de 6 meses del artículo 27 de la Ley N°19.880 no constituye un plazo fatal, por lo que su vencimiento no implica caducidad ni invalidación del acto respectivo.

Alega la inexistencia de una privación, perturbación o amenaza de garantías constitucionales, argumentando que las hipótesis normativas de procedencia de la acción de protección se encuentran taxativamente señaladas en el artículo 20 de la Constitución, correspondiendo al recurrente no solo probar la existencia de una omisión arbitraria o ilegal, sino además que aquello le significa una afectación concreta de algún derecho fundamental. Sostiene que es manifiestamente improcedente considerar que el solo hecho de que la solicitud no se encuentre resuelta implique por sí mismo una vulneración de derechos fundamentales, debiendo el recurrente explicar específicamente cuáles derechos se encontrarían afectados y la relación de causalidad entre la supuesta omisión y el agravio alegado.

Asimismo, argumenta que el solo hecho de solicitar el otorgamiento de un permiso excepcional significa que la persona extranjera ha incurrido previamente de manera voluntaria en contravenciones a la normativa migratoria que podrían ser sancionables incluso con expulsión del país, no siendo procedente imputar las consecuencias que deriven a la Administración ni a la eventual demora en la resolución, sino únicamente a las acciones de la propia parte recurrente. Enfatiza que por la vía de la acción de protección, de naturaleza cautelar y de emergencia, no es pertinente declarar derechos nuevos ni tutelar meras expectativas relacionadas con la resolución de solicitudes migratorias.

Finalmente, plantea una potencial vulneración a la garantía de igualdad ante la ley en caso de acogerse acciones como la de la especie, argumentando que ello implicaría poner en situación favorable al recurrente sin razón aparente que lo justifique, en desmedro de personas extranjeras que efectúan sus solicitudes por la vía regular sin activar mecanismos judiciales, incluso con fecha anterior al recurrente y que aún no cuentan con respuesta.

Sostiene además que esto atenta contra la propia naturaleza de la acción de protección, al no ser el medio idóneo para obtener aceleración en la tramitación de estos procedimientos.

Pide, en definitiva, se rechace de la acción de protección por las razones expuestas, con expresa condenación en costas por no existir motivos plausibles para litigar.

TERCERO: Que, evacuando informe, comparece el abogado Marcelo Alonso Andrés Rivera Compan, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo en todas sus partes de la acción de protección.

Relata que nombre reservado, extranjero de nacionalidad venezolana, no registra fecha de ingreso al territorio nacional, de lo cual se desprende necesariamente que ingresó al país por paso no habilitado, eludiendo los controles migratorios fronterizos.

Asimismo, señala que mediante Parte Policial de fecha 8 de noviembre de 2022, emitido por la Jefatura Nacional de Migraciones y Policía Internacional de la Policía de Investigaciones de Chile, se puso en conocimiento de este Servicio una denuncia grave por ingreso clandestino en contra del recurrente.

Posteriormente, indica que con fecha 7 de noviembre de 2022, el Servicio recibió una carta certificada mediante la cual el recurrente solicitó que se regularizara su condición migratoria en base a la facultad de la Subsecretaría del Interior contemplada en el artículo 155 N°9 de la Ley N°21.325 de Migración y Extranjería.

Adicionalmente, con fecha 2 de marzo de 2023, esta autoridad recibió una nueva carta certificada por parte del recurrente, solicitando nuevamente la regularización de su condición migratoria en atención a lo dispuesto en el mismo artículo, por lo cual ambas cartas fueron tramitadas conjuntamente.

Destaca que mediante Oficio Ordinario N°NUM000, de fecha 5 de marzo de 2023 (sic), del Servicio Nacional de Migraciones, la autoridad remitió todos los antecedentes de las peticiones presentadas por el extranjero recurrente al órgano facultado por la Ley N°21.325 de Migración y Extranjería para resolver este tipo de solicitudes, siendo aquel la Subsecretaría del Interior, toda vez que el Servicio Nacional de Migraciones no es la autoridad administrativa que se encuentra tramitando la solicitud de la contraria, como tampoco es la autoridad facultada por la ley para emitir un pronunciamiento final sobre dicha petición.

En cuanto al derecho, señala que es incompetente para informar sobre los hechos fundamentales narrados por el recurrente en su escrito, específicamente sobre la solicitud de regularización establecida en el artículo 155 N°8 y 9 de la Ley de Extranjería y su posterior rechazo, correspondiendo a la Subsecretaría del Interior informar el fondo de este recurso, dado que la actuación impugnada en la presente acción de protección corresponde a dicha autoridad.

Explica que en virtud de haberle entregado el legislador a la Subsecretaría del Interior la facultad de disponer mecanismos de regularización de situación migratoria y de disponer otorgamiento de permisos de residencia temporal, es posible afirmar que el Servicio Nacional de Migraciones no es la autoridad competente para resolver sobre la solicitud en cuestión, ni tampoco es la autoridad que emitió el acto administrativo impugnado. En cambio, este Servicio solo está encargado de recibir las solicitudes de regularización, gestionar su procedimiento y remitir la información por medio de proyecto de resolución a la Subsecretaría del Interior, siendo esta última la autoridad llamada por ley a resolver la solicitud de la recurrente.

Pide, en definitiva, se tenga por evacuado el informe solicitado, haciendo presente que, a juicio de esta autoridad, a quien le corresponde informar este recurso es exclusivamente a la Subsecretaría del Interior, debiendo rechazarse el recurso en todas sus partes en cuanto a la autoridad migratoria aquí representada, toda vez que no existe acto u omisión arbitrario o ilegal dictado por esta autoridad que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de las garantías invocadas por la recurrente.

Cuarto: Que, como ha sostenido reiteradamente esta Corte, el llamado recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de carácter cautelar de emergencia, destinado a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales de la autoridad o de particulares que impidan, amaguen o perturben ese ejercicio.

Son presupuestos de esta acción cautelar de protección: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

Quinto: Que, la omisión que se califica de ilegal y arbitraria lo constituye la falta de respuesta durante casi dos años una solicitud de regularización migratoria presentada el 2 de marzo de 2023 por parte del recurrente.

Sexto: Que, para resolver la presente acción constitucional se debe tener presente el principio de celeridad previsto en el artículo 7 de la Ley N°19.980.

Empero, la fuerza mayor también es una regla que debe ser atendida puesto que la espera más allá del plazo legal debe ser apreciado siempre en un contexto que considere también las posibilidades de la Administración en términos de los recursos de los que dispone para cumplir con su cometido. Séptimo: Que, con todo, la fuerza mayor tampoco se puede transformar en una regla inexpugnable de suerte que todo tiempo desproporcionado pueda ser cubierto por la misma.

En la especie, si bien la solicitud lleva alrededor de dos años y cinco meses desde la primera presentación, conforme consta en los antecedentes, se remitieron los antecedentes a la Subsecretaría del Interior del Ministerio del Interior y Seguridad Pública por parte del Servicio Nacional de Migraciones conforme al Oficio Ordinario N°NUM000 de fecha 5 de marzo de 2025.

En tal sentido, conforme a la complejidad del acto administrativo involucrado y la cantidad de solicitudes de esta índole que ingresan al Servicio Nacional de Migraciones, el plazo que ha demandado el conocimiento y resolución de la solicitud de que se trata no deviene en ilegal y resulta razonable.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso deducido por nombre reservado y en contra del Servicio Nacional de Migraciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y de la Subsecretaría del Interior del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Comuníquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-2592-2025.