nombre reservado con CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LA ARAUCANA

C.A. de Santiago Santiago, quince de abril de dos mil veinticinco.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece don Camilo Ignacio González Delgado, abogado, en representación de doña nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar la Araucana, por haber efectuado un descuento intempestivo de su remuneración correspondiente al mes de noviembre de 2024 por un monto de $224.110, mediante el sistema "Intercaja", actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que se habría realizado sin previo aviso después de más de seis años transcurridos desde que la obligación cayó en mora, vulnerando con ello el derecho fundamental de propiedad consagrado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita se ordene a la recurrida abstenerse de continuar obteniendo el pago del crédito social mediante descuentos de las remuneraciones de la recurrente.

Que, según expone el 15 de marzo de 2018, su representada contrajo un mutuo de dinero con la recurrida, denominado "crédito", el cual fue pactado en 60 cuotas mensuales, venciendo la primera el 15 de abril de 2018 y la última en abril de 2023, cuyos pagos se efectuarían conforme a lo establecido en el artículo 22 de la Ley 18.833, esto es, mediante descuentos por planilla de remuneraciones.

Agrega que, transcurridos un par de meses desde la contratación del crédito, por causas ajenas a la voluntad de la recurrente, ésta fue desvinculada de su trabajo, perdiendo su única fuente de ingresos, y en consecuencia, los pagos realizados mediante descuentos por planillas dejaron de efectuarse. Sostiene que, ante esta situación, y tras diversas conversaciones entre las partes, fue imposible llegar a un acuerdo sobre la forma de proseguir con el pago de las cuotas, por lo que su representada quedó en mora. Añade que la recurrente sabía que repactar la deuda la dejaría en una situación financiera crítica, por lo que insistió en buscar otra solución, pero la recurrida expuso que, si no repactaba, se iniciarían las acciones judiciales correspondientes.

Señala que, durante los últimos años, su representada ha trabajado con diversos empleadores suscritos a Cajas de Compensación, sin que en ningún momento se le descontara monto alguno a través del sistema "Intercaja". No obstante lo anterior, para total sorpresa de la actora, en el mes de noviembre de 2024 (momento en que tomó conocimiento), recibió en su remuneración correspondiente a dicho mes un descuento de $224.110, a través de un descuento intercaja de parte de Caja Los Andes por el crédito ya mencionado de Caja La Araucana, el cual además señalaba ser la cuota 1/1.

Sostiene que el actuar de la recurrida constituye un hecho arbitrario e ilegal pues está reviviendo de manera unilateral un derecho que el artículo 22 de la Ley N° 18.833 le otorga a las Cajas de Compensación para cobrar oportunamente sus créditos, vulnerando con ello el derecho de propiedad de su representada, en lo relativo a su remuneración.

En cuanto a los fundamentos jurídicos, sostiene que el actuar de la recurrida es ilegal y arbitrario por cuanto el artículo 22 de la Ley N° 18.833 faculta a las Cajas de Compensación a efectuar los denominados "descuentos por planilla" directamente de la remuneración de los trabajadores afiliados. Sin embargo, argumenta que dicha entidad es un órgano intermedio sujeto a la Carta Fundamental y a las leyes, de tal modo que no puede hacer un uso irracional y caprichoso de los derechos y facultades que el ordenamiento jurídico les confiere.

Según el recurrente, resulta del todo irracional, abusivo y, por consiguiente, arbitrario, que la recurrida haga uso del artículo 22 de la Ley N° 18.833, sin previo aviso y sin que la recurrente tenga posibilidad de defenderse ante una deuda susceptible de ser declarada parcialmente prescrita, privándola de su íntegra remuneración y también de las expectativas económicas ligadas a su trabajo, lo que vulnera abiertamente el derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República.

Añade que dicho actuar es una práctica habitual de la recurrida y de las demás Cajas de Compensación, respaldo de lo cual es la abundante jurisprudencia que acoge acciones análogas, tanto de las Iltmas. Cortes de Apelaciones como de la Excma. Corte Suprema.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se declare arbitrario e ilegal los hechos descritos, ordenándose a fin de restablecer el imperio del derecho: 1) Que la recurrida deberá abstenerse de continuar obteniendo el pago del crédito social vía descuentos de sus remuneraciones; 2) Que deberá reembolsar los montos que indebidamente pudiesen ser descontados en un plazo de 5 días hábiles o del que S.S. Iltma. mejor estime; y 3) Que se condene expresamente en costas a la recurrida.

SEGUNDO: Que informando la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, representada por doña nombre reservado, solicita el rechazo del recurso de protección interpuesto en su contra por las razones de hecho y de derecho que a continuación se exponen.

En primer término, expone que, conforme a la información contenida en su base de datos institucional, la señora nombre reservado, RUT RUT reservado, presenta cotizaciones como afiliado trabajador por la Escuela Industrial San Vicente de Paul. Explica que, respecto al descuento efectuado por CCAF de Los Andes, por mandato de Caja La Araucana, la Superintendencia informa que, a partir del mes de abril de 2014, las Cajas de Compensación en su conjunto utilizan un sistema integrado de recaudación de Créditos Sociales. Este sistema permite a la Caja de Compensación en que el trabajador se encuentra actualmente afiliado, recaudar deudas pendientes o morosas, o vigentes contraídas con otras Cajas de Compensación. En relación al procedimiento, este sistema permite, en el caso que exista una nueva afiliación, que sea la Caja de Compensación de la última afiliación la que recaude las mencionadas deudas contraídas con anterioridad.

Agrega que, en este contexto y de acuerdo a los compromisos contraídos, Caja Los Andes, a través de la nómina de retenciones de crédito social del mes de noviembre y diciembre de 2024, informó al empleador de la señora nombre reservado un descuento de la cuenta financiera [cuenta reservada], por un monto mensual de $126.776, correspondiente a un crédito otorgado en esa Caja. Añade que, a la fecha de emisión de su informe, los valores no se encuentran en las arcas de la Caja.

Por otro lado, informa que la señora nombre reservado registra productos asociados a Caja Los Andes, los cuales se encuentran en los siguientes estados: 1) Un crédito de consumo otorgado el 05-07-2024, cuenta 028CON[cuenta reservada], por un monto de $1.013.264, a 24 meses plazo, con una cuota de $59.235, habiendo pagado 3 cuotas, con primer vencimiento el 30-09-2024, encontrándose al día; 2) Un crédito de emergencia otorgado el 30-09-2024, cuenta 028EME[cuenta reservada], por un monto de $74.829, a 3 meses plazo, con una cuota de $26.464, habiendo pagado 2 cuotas, con primer vencimiento el 31-10-2024, encontrándose al día; y 3) Un crédito de emergencia otorgado el 30-10-2024, cuenta 028EME[cuenta reservada], por un monto de $25.431, a 3 meses plazo, con una cuota de $8.970, habiendo pagado 1 cuota, con primer vencimiento el 30-11-2024, encontrándose al día. En consecuencia, la recurrente posee 3 créditos con la recurrida, pero todos se encuentran al día.

En cuanto a los fundamentos jurídicos de su actuar, expone que, tal como señaló precedentemente, Caja Los Andes ha procedido a efectuar los cobros por encargo de C.C.A.F. La Araucana, en calidad de diputada para efectuar el cobro y recibir el pago, en virtud del convenio y mandato recíproco denominado "Proyecto Intercajas".

Explica asimismo que cada Caja de Compensación, cumpliendo con los requisitos de este proyecto Intercajas, se ha obligado a proveer la información necesaria a los efectos establecidos directamente por al operador SINACOFI, en su calidad de mandataria delegada de C.C.A.F de Chile A.G. Dicha información corresponde a lo que determine el Comité Técnico generado para el proyecto y se basará en la información contenida en los archivos y procesos propios para la operación del sistema, en especial, los que se encuentran en algunos campos de los archivos solicitados por la Superintendencia para la Central de Riesgo Financiero.

Añade que lo anterior se debe a que tales archivos cuentan con antecedentes relacionados con empresas afiliadas, operaciones de crédito y otros datos útiles para el desarrollo del proyecto, según lo detallado en las Circulares Nº 2714, 2743 y 2839 de la Superintendencia de Seguridad Social. Estos archivos son generados y transmitidos a la SUSESO, una vez al mes, por cada una de las Cajas; significando lo anterior que todas las instituciones generan dicha información y cumplen mensualmente con la obligación de transmitirla, por lo que se comprometen a proporcionar mensualmente tales archivos, en forma oportuna, esto es, a más tardar el día acordado por los equipos de trabajo de SINACOFI y el comité técnico de las C.C.A.F. Esta información constituye la base sobre la cual el sistema efectuará los procesos para cumplir los objetivos de prestar los servicios convenidos.

En este contexto normativo, la recurrida señala que Caja Los Andes, a requerimiento de Caja de Compensación La Araucana, y como diputada para recibir el pago del crédito social otorgado al recurrente, ha informado a su empleador la existencia de esta deuda, y ha requerido su descuento en la remuneración, en los términos del artículo 22 de la Ley 18.833.

En atención a lo informado y teniendo en consideración la calidad jurídica en que la recurrida ha obrado en relación a los descuentos reclamados por el recurrente, solicita se rechace la acción constitucional incoada en su contra.

TERCERO: Que informando la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, representada por doña nombre reservado., solicita el rechazo del recurso de protección interpuesto en su contra por las razones de hecho y de derecho que a continuación se exponen.

En primer término, indica que, según los antecedentes del caso, el recurso de protección se interpone en atención a un descuento aplicado en la remuneración de noviembre de 2024 de la recurrente, por la suma de $224.110, por concepto de un crédito social otorgado en el año 2018, esto es, luego de más de 6 años, por lo que, según alega la recurrente, ha transcurrido el lapso mayor al que exige la ley para que sea declarada parcialmente prescrita la deuda.

Respecto a los antecedentes específicos del crédito objeto del recurso, señala que el 15 de marzo de 2018, C.C.A.F. La Araucana otorgó a la recurrente el crédito social folio 005000468665, por el monto de $3.470.657, pactado en 60 cuotas, cada una por la suma de $126.776, el cual tiene su origen en dos reprogramaciones anteriores de los créditos folio 005000466159 de fecha 11 de agosto de 2017 y folio 005000465310 de fecha 25 de mayo de 2017. Agrega que, en cuanto al crédito objeto del recurso, la recurrente solo pagó 1 cuota, en junio de 2018, por lo que, atendido lo infructuosas que fueron las gestiones extrajudiciales, pasó a figurar en mora, procediéndose, atendida la obligación legal que tienen las Cajas de Compensación de protección del fondo social, a remitir la información al Sistema Intercajas.

Continúa informando que fue posible ubicar a la recurrente en octubre de 2024 por encontrarse trabajando en una empresa afiliada a C.C.A.F. Los Andes, remitiéndose nómina para descuento del mes siguiente, recibiéndose a la fecha 1 remesa correspondiente a noviembre de 2024, por la suma de $126.776, por lo que hasta la fecha se han pagado 2 cuotas y existen 58 cuotas morosas.

Sostiene que el descuento practicado a la recurrente dice relación con el pago de una obligación que no se ha extinguido por alguno de los modos contemplados en el artículo 1567 del Código Civil y cuyas acciones derivadas del mutuo y del pagaré no han sido declaradas prescritas, por ende, esta obligación está vigente y su pago exigible, mediante el mecanismo consagrado en el artículo 22 de la Ley N°18.833. Más aún cuando existe una obligación cuya fuente está constituida en el mutuo otorgado por su representada en el 2018 y que, a través de esta vía, la recurrente pretender evadir su pago.

En cuanto a los fundamentos jurídicos señala que, en el caso de las Cajas de Compensación, es la ley la que determina sus funciones, específicamente éstas se encuentran detalladas en el artículo 19 de la Ley N° 18.833, en cuyo número 3° indica que las Cajas de Compensación pueden "administrar, respecto de los trabajadores afiliados, el régimen de prestaciones de crédito social, el régimen de prestaciones adicionales y el régimen de prestaciones complementarias que se establezcan en conformidad a la presente ley". Por su parte, el artículo 21 del mismo cuerpo legal señala que "las Cajas de Compensación podrán establecer un régimen de prestaciones de crédito social, consistente en préstamos de dinero y que estará regido por un reglamento especial".

Agrega que los créditos sociales constituyen un beneficio de bienestar social, cuya finalidad está orientada a contribuir y a satisfacer las necesidades del trabajador dependiente, del trabajador independiente, del pensionado afiliado y de sus causantes de asignación familiar, lo que la diferencia de otras instituciones, por cuanto su función se encuentra indisolublemente unida al objeto genérico que la Ley N° 18.833 les ha determinado.

La recurrida explica que, dada la naturaleza de entidad de previsión social de estas instituciones, el legislador ha considerado necesario establecer garantías para el cobro y pago de los créditos sociales que otorgan, es así como el artículo 22 de la Ley N° 18.833 dispone: "lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales".

Agrega que el descuento realizado para perseguir el cobro de lo adeudado no obedece a un mero capricho de la institución que representa, ni mucho menos tiene que ver con un supuesto actuar antojadizo, caprichoso o ilegal, sino que únicamente se debe al cabal cumplimiento del mandato legal de resguardo del Fondo Social, a partir del cual se financian los regímenes de prestaciones otorgadas por las Cajas de Compensación de Asignación Familiar y cuyos descuentos se van imputando a la deuda contraída y que se limita sólo al monto de la cuota adeudada e incluso muchas veces es inferior al valor de la cuota, ya que por normativa de la Superintendencia de Seguridad Social las Cajas de Compensación no pueden exceder del máximo de descuento permitido dependiendo de si se trata de un trabajador dependiente, independiente o pensionado.

Finalmente, sostiene que no ha privado, perturbado, o amenazado los derechos y garantías constitucionales de la actora, ya que, en todo momento, esta entidad ha obrado conforme a derecho y salvaguardando las garantías constitucionales, en especial la contemplada en el artículo 19 N°24 de la Constitución, relativo al derecho de propiedad, por cuanto en este caso no hay un traspaso ilegal a la esfera de dominio del deudor ni expropiación alguna de parte de su remuneración, por cuanto el cobro de lo adeudado se funda en una normativa que tiene por objeto asegurar el pago efectivo de los créditos sociales que tiene evidente carácter social al ser una prestación de seguridad social.

Por estas razones, la recurrida solicita que se tenga por evacuado el informe requerido y, en mérito de lo expuesto, se rechace la acción de protección interpuesta.

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales contemplado en el artículo 20 de la Carta Fundamental, constituye una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio del derecho de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese atributo.

De lo anterior resulta, como requisito indispensable de esta acción, la existencia de uno o varios actos u omisiones ilegales, esto es, contrarios a la ley, o arbitrarios, producto del mero capricho de quien incurre en él, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

QUINTO: Que en el presente caso el acto que la recurrente tilda de ilegal y arbitrario es haberse solicitado por el sistema intercajas a su empleador, la retención de cuotas morosas del crédito social que le fuere otorgado en su oportunidad por la C.C.A.F. La Araucana.

SEXTO: Que, no consta en la especie que el crédito social antes aludido haya sido sometido a cobro judicial por la C.C.A.F. La Araucana, de lo que se sigue que el actuar de las instituciones recurridas se aviene estrictamente a lo preceptuado en el artículo 22 de la Ley N° 18.833, en cuanto las faculta a requerir del empleador la retención desde las liquidaciones de remuneraciones del trabajador-deudor, de las cuotas impagas de los créditos sociales que le hubieren sido otorgados.

En ese entendido, solo cabe concluir que no ha existido en la especie actuación ilegal o arbitraria alguna atribuible a la recurrida, motivo por el cual la acción constitucional en revisión será desestimada.

SÉPTIMO: Que, por lo demás, se advierte que los derechos que la recurrente solicita le sean tutelados, no pueden satisfacerse por esta vía, ni del modo en que se pide, dado que atendida la naturaleza de los argumentos que motivan el acto que se objeta, resulta evidente que el derecho reclamado es dubitado, por cuanto no existe una declaración judicial que establezca de modo cierto la falta de exigibilidad de las obligaciones que sustentan jurídicamente los descuentos, situación que en cualquier caso debe ser esclarecido y reconocido en un procedimiento legal de lato conocimiento, que no puede ser sustituido por la acción constitucional de protección, puesto que ello conllevaría aceptar su indebida instrumentalización.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, SE RECHAZA, sin costas, el recurso deducido en favor de nombre reservado y en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar la Araucana.

Regístrese y archívese.

N°Protección-25905-2024.