nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

C.A. de Santiago Santiago, cinco de junio de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece nombre reservado, en representación de nombre reservado, e interpone recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, por estimar que ha incurrido en un actuar ilegal y arbitrario al efectuar descuentos en sus remuneraciones por concepto de un crédito social suscrito en 2014, a pesar a haberse declarado abandonado el juicio ejecutivo seguido para su cobro, lo cual trasgrede su derecho de propiedad garantizado en el numeral 24 del artículo 19 de nuestra Constitución Política de la República.

Refiere que con fecha 11 de noviembre de 2014 le fue otorgado un crédito por la suma de $16.036.933, documentado en el pagaré N° 1006986664, pactado en 84 cuotas mensuales de $372.919, el cual, por razones que no van al caso, no pudo pagar, incumpliendo su obligación a contar del 31 de enero de 2016.

Expone que la recurrida dedujo demanda ejecutiva con fecha 11 de julio de 2016 ante el 15° Juzgado Civil de Santiago, en causa Rol C-16827-2016, cobrando anticipadamente la totalidad de la deuda por aplicación de cláusula de aceleración, por la suma de $16.232.346, más intereses y costas, juicio en el cual su defensa promovió incidente de abandono del procedimiento, el que fue acogido por sentencia de 13 de enero de 2021, quedando firme y ejecutoriada el 4 de marzo de 2021.

Agrega que, con posterioridad, con fecha 3 de febrero de 2025 dedujo medida prejudicial probatoria de exhibición en causa Rol C-1601-2025, seguida ante el mismo tribunal, presentando, con fecha 20 de octubre de 2025 demanda de prescripción de la obligación, la que se encuentra actualmente en gestión de notificación.

Refiere que recién tomó conocimiento efectivo de la existencia de los descuentos a partir de una llamada de cobranza y de la revisión de su liquidación de remuneraciones de fecha 30 de noviembre de 2025, constatando que desde febrero de 2025 se venían efectuando descuentos mensuales por la suma de $705.699, monto que excede ampliamente la cuota originalmente pactada, situación que fue confirmada mediante certificado de deuda emitido por la recurrida con fecha 3 de diciembre de 2025.

Sostiene que la conducta de la recurrida resulta ilegal y arbitraria, por cuanto, habiendo ejercido la acción ejecutiva y operado el abandono del procedimiento, no resulta procedente reactivar el cobro de la obligación mediante descuentos directos por planilla, configurándose una forma de autotutela prohibida, más aún cuando la deuda se encuentra actualmente discutida en sede judicial mediante acción de prescripción.

Indica que con ello se vulnera su derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, al privársele de parte de sus remuneraciones, citando además lo dispuesto en el artículo 58 del Código del Trabajo y jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema sobre la improcedencia de descuentos extemporáneos o no consentidos de créditos sociales.

Solicita, en definitiva, que se acoja el recurso de protección, declarando ilegal y arbitraria la actuación de la recurrida, ordenando el cese inmediato de los descuentos y la restitución de todas las sumas indebidamente retenidas desde febrero de 2025, con costas.

SEGUNDO: Que comparece Inés Riquelme Arao, abogada, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, quien evacúa informe solicitando el rechazo del recurso de protección, exponiendo, en primer término, los antecedentes del crédito social otorgado a la recurrente.

Indica que con fecha 11 de noviembre de 2014 se otorgó el crédito código N° 100698666-4 por un capital inicial de $16.232.346, a una tasa de 1,74%, en un plazo de 60 meses, con una cuota de $448.115 y primer vencimiento el 31 de diciembre de 2014.

Señala que, ante el no pago de las primeras ocho cuotas, con fecha 27 de julio de 2015 se reprogramó el crédito por la suma de $16.399.467, en un plazo de 84 meses, con cuota de $382.980, cuyo primer vencimiento fue el 31 de agosto de 2015, pagándose solo las primeras ocho cuotas.

Expone que posteriormente, con fecha 29 de septiembre de 2016, se efectuó una nueva reprogramación por un total de $17.291.197, en 84 meses, con cuota de $403.257, pagándose parcialmente cuotas entre octubre de 2016 y octubre de 2017, y luego algunas cuotas adicionales entre marzo y diciembre de 2025, manteniéndose actualmente el saldo en mora.

En cuanto al fondo, sostiene que no existe actuación ilegal ni arbitraria, por cuanto los descuentos efectuados se ajustan a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N° 18.833, que obliga al empleador a descontar de las remuneraciones del trabajador afiliado las sumas adeudadas por crédito social y remesarlas a la Caja, bajo el mismo régimen de las cotizaciones previsionales.

Añade que la deuda se mantiene vigente y exigible, toda vez que la prescripción no opera de pleno derecho, sino que debe ser alegada y declarada judicialmente conforme a los artículos 2492 y siguientes del Código Civil, lo que no ha ocurrido, siendo improcedente pretender su reconocimiento a través de la acción cautelar de protección.

Agrega que la recurrente carece de un derecho indubitado que justifique la procedencia de esta acción, y que la discusión debe ventilarse en un juicio de lato conocimiento.

Por último, sin perjuicio de lo anterior, informa que la Caja ha dispuesto el cese definitivo de los descuentos del crédito y la restitución de todas las sumas percibidas desde la reanudación de los cobros, por lo que igualmente se devolverán aquellas sumas que se perciban durante la tramitación.

En virtud de ello, sostiene que el recurso ha perdido oportunidad, al no existir actualmente una medida cautelar urgente que adoptar, motivo por el que solicita, en definitiva, que se rechace la acción de protección deducida.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que, en esa misma disposición, se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que, para una adecuada resolución del conflicto, resulta necesario fijar los hechos que aparecen asentados en autos, a saber: la existencia de un crédito social otorgado por la recurrida a la actora con fecha 11 de noviembre de 2014; que producto del incumplimiento en el pago, dicha obligación fue judicializada mediante demanda ejecutiva interpuesta ante el 15° Juzgado Civil de Santiago, en causa Rol C-16827-2016, haciéndose exigible anticipadamente la totalidad del crédito; y que, no obstante lo anterior, y pese a haberse declarado el abandono del procedimiento por sentencia firme y ejecutoriada con fecha 4 de marzo de 2021, la recurrida procedió, a partir de febrero de 2025, a efectuar descuentos por planilla en las remuneraciones de la recurrente por sumas cercanas a $705.699 mensuales.

QUINTO: Que la cuestión jurídica a dilucidar consiste en determinar si resulta lícito para la recurrida hacer uso del mecanismo de descuento por planilla previsto en el artículo 22 de la Ley N° 18.833, en circunstancias que previamente optó por ejercer la acción ejecutiva, acelerando el total de la deuda y sometiendo su cobro a conocimiento de un tribunal de la República.

Sobre el particular, esta Corte estima que el referido mecanismo legal está concebido para el cobro oportuno y periódico de cuotas de créditos sociales, y no para la satisfacción de una obligación cuya exigibilidad total ha sido previamente reclamada en sede judicial. En efecto, al haber la recurrida ejercido la acción ejecutiva y acelerado el crédito, este dejó de estar representado en parcialidades, deviniendo en puro y simple, de modo que, al momento de disponerse los descuentos impugnados, no existían cuotas vigentes susceptibles de ser cobradas por esta vía especial, lo que torna improcedente su utilización.

SEXTO: Que, en consecuencia, el actuar de la recurrida deviene en ilegal y arbitrario, desde que, tras haber acudido a la vía jurisdiccional para obtener el pago íntegro de su acreencia, pretende posteriormente reactivar su cobro mediante descuentos unilaterales de la remuneración de la trabajadora, desconociendo los efectos de su propia actuación procesal y el estado en que quedó la obligación tras el abandono del procedimiento. Tal conducta importa, en los hechos, una forma de autotutela no permitida por el ordenamiento jurídico, más aún si la exigibilidad de la deuda se encuentra actualmente sometida a discusión en sede judicial mediante acción de prescripción extintiva deducida por la recurrente.

SÉPTIMO: Que, así las cosas, la recurrida ha informado el cese de los descuentos y la restitución de las sumas percibidas, tal circunstancia no priva de objeto al presente recurso, sino que, por el contrario, constituye un reconocimiento implícito de la improcedencia del mecanismo utilizado. En tal sentido, la acción de protección no sólo tiene por finalidad obtener la cesación material del acto lesivo, sino también restablecer el imperio del derecho mediante una declaración jurisdiccional que impida la reiteración de conductas como la denunciada.

OCTAVO: Que, en consecuencia, el proceder de la recurrida ha vulnerado la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, al afectar ilegítimamente el derecho de propiedad de la recurrente sobre sus remuneraciones, privándola de parte de ellas sin fundamento legal suficiente, por lo que el recurso será acogido en la forma que se indicará.

Por estas consideraciones y lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de esta Corte Suprema sobre la materia, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado en contra de Caja de Compensación de Asignación Los Andes, ordenándose a esta última cesar los descuentos efectuados sobre la remuneración de la recurrente, y efectuar la restitución de los dineros que se le descontaron y que fueron informados en este recurso. dentro de treinta días desde que esté ejecutoriada esta sentencia" Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redactor ministro (s) señor Sergio Guillermo Córdova Alarcón, quien no firma no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por haber sido nombrado Ministro en La Corte de Apelaciones de San Miguel.

N°Protección-25904-2025.

Pronunciada por la Tercera Sala, integrada por el Ministro señor José P. Rodríguez Moreno, el Ministro (s) señor Sergio Guillermo Córdova Alarcón y el Abogado Integrante señor Sebastián Perello Enrich Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, cinco de junio de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.