Protección contra Dirección Regional Santiago del Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, veintinueve de enero de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente PRIMERO: Que comparece Franco Aldo Brunetti Arredondo, abogado, en representación de nombre reservado, ciudadana venezolana, interponiendo recurso de protección en contra de la Dirección Regional Santiago del Servicio Nacional de Migraciones, por haber resuelto tener por desistida la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado presentada por la recurrente mediante Resolución Exenta NUM000 de fecha 4 de noviembre de 2025, sin haber realizado previamente la correspondiente derivación de los antecedentes a la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, y sin haber otorgado la visa temporaria prescrita en el artículo 32 de la Ley N° 20.430.

Actuación que considera ilegal y arbitraria, que vulnera la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N° 2.

En cuanto a los antecedentes fácticos que configuran el presente recurso, expone que doña nombre reservado es una ciudadana venezolana que se vio forzada a abandonar su país de origen debido a las amenazas contra su libertad y seguridad provocadas por la violencia generalizada, los conflictos internos y la violación masiva de derechos humanos que han perturbado gravemente el orden público en Venezuela. Conforme se relata, la salida de la recurrente de Venezuela tuvo lugar el 11 de marzo de 2022, arribando a territorio chileno el 21 del mismo mes y año, ingresando por pasos no habilitados dada la situación de emergencia que motivó su huida.

Posteriormente, y luego de recabar información respecto de su situación migratoria, acudió con fecha 8 de octubre de 2025 a la Oficina de la Dirección Regional del Servicio Nacional de Migraciones ubicada en la comuna de Santiago, con el propósito de solicitar el inicio del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado. En dicha oportunidad fue debidamente atendida, se le facilitó el formulario correspondiente, procedió a su llenado y posterior entrega, y se recibió su declaración sobre los hechos que fundaban su solicitud de refugio.

Sin embargo, con fecha 4 de noviembre de 2025, la recurrente recibió la Resolución Exenta NUM000 mediante la cual la autoridad migratoria resolvió tener por desistida su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, sin haber realizado previamente la derivación de los antecedentes del caso a la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, como exige el procedimiento establecido en la Ley N° 20.430.

Los fundamentos esgrimidos por la autoridad para esta decisión fueron, en primer lugar, el incumplimiento del plazo de siete días hábiles desde el ingreso al país para presentarse ante el Servicio Nacional de Migraciones, según lo establecido en el artículo 26 de la Ley N° 20.430, y en segundo término, el hecho de mantener ingreso al país por paso no habilitado sin presentar los antecedentes que permitan acreditar el cumplimiento de los plazos establecidos en los artículos 8 y 35 del Decreto Supremo N° 837.

En cuanto a los fundamentos por los que cuestiona la resolución impugnada, en primer término, sostiene que la resolución impugnada carece de validez jurídica por cuanto no se configura un desistimiento real de la solicitud de refugio, toda vez que, conforme a las definiciones doctrinarias y jurisprudenciales, el desistimiento requiere una manifestación expresa, individual y voluntaria de abandono de la pretensión, circunstancias que no concurren en la especie.

En segundo lugar, argumenta que la resolución vulnera el principio de proporcionalidad de los actos jurídicos, especialmente en sede administrativa, al adoptarse una medida excesiva que no guarda relación con el fin perseguido y que desconoce la grave situación humanitaria y migratoria de la recurrente, quien fue víctima de amenazas por parte de agrupaciones delictuales conocidas como "los Colectivos" en Venezuela.

Esta desproporcionalidad se evidencia en el otorgamiento de mayor importancia a aspectos formales que a la específica realidad humanitaria que amerita el reconocimiento de la condición de refugiado bajo las hipótesis contempladas en el artículo 26 n° 1 de la Ley n° 20.430 y en el artículo 2° números 2 y 4 del mismo cuerpo legal.

Asimismo, denuncia la vulneración del principio de irretroactividad de la ley y de las sanciones, consagrado en el artículo 19 N° 3, inciso séptimo de la Constitución Política de la República, siendo el fundamento de esta afirmación que se aplicó una normativa relativa al refugio, dictada con posterioridad al ingreso de la recurrente.

Adicionalmente, argumenta la vulneración del derecho a solicitar refugio, reconocido como un derecho humano fundamental en la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 14, el cual establece que toda persona tiene derecho a buscar asilo y disfrutar de él en cualquier país en caso de persecución. Este derecho encuentra respaldo constitucional en el artículo 5° de la Carta Fundamental, que obliga al Estado a respetar los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, y en instrumentos internacionales como la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951.

Finalmente, denuncia el incumplimiento por parte de la autoridad migratoria de la obligación legal de otorgar la visa de residente temporario prescrita en el artículo 32, inciso 1° de la Ley N° 20.430 y el artículo 42 del Decreto N° 837, normas de carácter imperativo que ordenan la extensión de dicha visa una vez formalizada la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, sin establecer requisitos, exigencias, plazos o condiciones previas para su concesión.

Conforme a los argumentos expuestos, sostiene que la actuación de la autoridad migratoria vulnera específicamente el derecho a la igualdad ante la ley consagrado en el artículo 19 n° 2 de la Constitución Política de la República, toda vez que se ha dispensado a la recurrente un trato discriminatorio respecto de otros extranjeros en similar situación, aplicándose criterios no contemplados en la ley para declarar el desistimiento de su solicitud y privándola tanto de la continuación del procedimiento como del otorgamiento de la visa temporaria que por derecho le corresponde mientras se tramita su solicitud de refugio.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se declare que la autoridad migratoria y administrativa ha actuado de manera arbitraria e ilegal vulnerando derechos fundamentales de la recurrente, se deje sin efecto la Resolución Exenta NUM000 de fecha cuatro de noviembre de dos mil veinticinco que resolvió tener por desistida la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, se ordene la concesión de la correspondiente visa temporaria de refugio prescrita en el artículo 32, inciso 1° de la Ley N° 20.430 mientras se espera la evaluación por parte de la comisión calificada, y se ordene la continuación de la debida tramitación del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado con la derivación de los antecedentes a la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado.

SEGUNDO: Que, informan los abogados Antonio Emilio Beltrán Henríquez y José Ignacio González Troncoso, por el Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo en todas sus partes del recurso de protección intentado, por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria desplegada por esa autoridad migratoria que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio y goce de las garantías constitucionales incoadas por la recurrente.

En primer término, respecto a los antecedentes de hecho señala que la recurrente, doña nombre reservado, extranjera de nacionalidad venezolana, no registra ingreso legal al territorio nacional, circunstancia que permite presumir que su ingreso se produjo por paso no habilitado para tales efectos. Esta situación se encuentra corroborada por la existencia del Parte Policial NUM001 de fecha 24 de marzo de 2022, emitido por la Jefatura Nacional de Migraciones y Policía de Investigaciones, que contiene una denuncia grave por ingreso clandestino, antecedente que fue debidamente remitido al Servicio recurrido. En consecuencia, resulta posible afirmar categóricamente que la extranjera ingresó al país eludiendo los controles migratorios establecidos por la legislación vigente.

Posteriormente, detalla que con fecha 17 de junio de 2023, la recurrente se inscribió en el proceso de empadronamiento biométrico correspondiente al año 2023, procedimiento que logró completar exitosamente el 21 de julio de 2023, quedando debidamente empadronada.

Esta circunstancia, según la autoridad informante, constituye una acreditación expresa de la declaración de ingreso por paso no habilitado al territorio nacional efectuada por la propia extranjera.

Asimismo, el Servicio Nacional de Migraciones hace presente que no cuenta con registro alguno de que la recurrente hubiese manifestado a la autoridad contralora de fronteras su intención de solicitar refugio al momento de su ingreso irregular. Esta omisión resulta relevante toda vez que dicha posibilidad se encuentra expresamente contemplada en el artículo 36 del Decreto N° 837 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 20.430, normativa que establece disposiciones sobre protección de refugiados.

No obstante lo anterior, agrega que con fecha 8 de octubre de 2025, la recurrente formalizó su petición de refugio ante la Sección de Refugio y Reasentamiento del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en conformidad a lo establecido en el artículo 26 de la Ley N° 20.430, en relación con el artículo 37 del Decreto N° 837 que aprueba el Reglamento de la Ley de Refugio.

En virtud de dicha solicitud, mediante Oficio Ordinario Folio NUM002 de fecha 8 de octubre de 2025, el Servicio Nacional de Migraciones citó a la extranjera para que concurriera a las dependencias del Departamento de Refugio y Protección Internacional el día 17 de octubre de 2025 a las 10:30 horas, portando toda la documentación necesaria para dar inicio a su solicitud, bajo el apercibimiento legal de tenerla por no presentada y por abandonado el procedimiento en caso de inasistencia. En la oportunidad señalada, el Servicio entregó el formulario respectivo a la solicitante y realizó la entrevista personal correspondiente, en conformidad a lo establecido en el artículo 28 bis inciso 6° de la Ley 20.430. Una vez completado el formulario y realizada la entrevista, se procedió a efectuar la revisión de los antecedentes acompañados por la solicitante, con el objeto de determinar si era posible continuar con el análisis o si resultaba necesario otorgar el plazo legal de 15 días hábiles para subsanar faltas o acompañar antecedentes faltantes, todo ello en conformidad a lo dispuesto en los incisos 3° y 4° del artículo 28 bis de la referida ley.

Como resultado de dicho análisis, mediante Resolución Exenta NUM003 de fecha 17 de octubre de 2025 del Departamento de Refugio y Protección Internacional del Servicio Nacional de Migraciones, se notificó a la extranjera por correo electrónico que no era posible dar curso a su solicitud de ingreso al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, toda vez que no había cumplido con los requisitos formales mínimos establecidos en la Ley 20.430.

Específicamente, se determinó que había excedido el plazo de 7 días hábiles desde el ingreso al país para presentarse ante el Servicio Nacional de Migraciones, según lo establecido en el artículo 26 de la mencionada ley, y que mantenía un ingreso al país por paso no habilitado sin presentar los antecedentes que permitieran acreditar el cumplimiento de los plazos establecidos en los artículos 8 y 35 del Decreto Supremo 837.

En efecto, según consta en el formulario completado por la extranjera, ésta expresó haber ingresado de manera irregular con fecha 21 de marzo de 2022, presentándose ante el Servicio Nacional de Migraciones recién el 8 de octubre de 2025, es decir, aproximadamente tres años después de su ingreso irregular al territorio nacional.

Consecuentemente, se otorgó a la recurrente un plazo de 15 días hábiles, contados desde la notificación del acto administrativo, para acompañar antecedentes que permitieran subsanar tal situación, bajo el apercibimiento legal de tenerla por desistida de acuerdo a lo establecido en el artículo 28 bis de la Ley 20.430 y el artículo 31 de la Ley 19.880.

Agrega que si bien la actora adjuntó documentos a título de subsanación, consistentes en una carta explicativa de su situación junto con su tarjeta de identificación de extranjero infractor. Sin embargo, dichos antecedentes no desvirtuaron las causales por las cuales no se dio cumplimiento a los requisitos formales de la solicitud de refugio.

En consecuencia, mediante Resolución Exenta NUM000 de fecha 4 de noviembre de 2025 del Departamento de Refugio y Protección Internacional del Servicio Nacional de Migraciones, se tuvo por desistida la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado de la extranjera, toda vez que los antecedentes presentados, pese a haber sido analizados y considerados, no fueron suficientes para desvirtuar las causales que impidieron dar curso a su solicitud de refugio.

En cuanto a los fundamentos jurídicos, el informe destaca primordialmente el cambio legislativo producido con la entrada en vigencia de la Ley N° 21.655 de fecha 20 de febrero de 2024, que modificó sustancialmente la Ley N° 20.430 para establecer una etapa inicial del procedimiento de determinación de la condición de refugiado. Esta modificación introdujo nuevos requisitos para la admisibilidad y formalización de solicitudes de refugio, particularmente mediante la modificación de los artículos 2, 3, 6, 26 y 32, junto con la incorporación de los artículos 28 bis y 28 ter.

La autoridad fundamenta su actuación en el artículo 26 de la Ley N° 20.430, que regula especialmente la presentación de solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado, estableciendo que toda persona puede solicitar dicho reconocimiento en Chile, con independencia de su condición migratoria, siempre que se encuentre en territorio nacional.

Sin embargo, para ser considerado solicitante de refugio, la solicitud debe haber sido declarada admisible y formalizada conforme a los artículos 2, 6, 26 y 28 de la Ley N° 20.430 y los artículos 8, 35 y 37 de su Reglamento.

Por lo expuesto solicitan el rechazo del recurso.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales es una acción de naturaleza cautelar destinada a restablecer el imperio del derecho ante actos u omisiones ilegales o arbitrarios que perturben o amenacen el legítimo ejercicio de los derechos y garantías expresamente señalados en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

CUARTO: Que, en virtud de los antecedentes acompañados apreciados conforme a la sana crítica es posible tener por establecidos los siguientes hechos: a.- Que mediante parte policial NUM001 de fecha 24 de marzo de 2022, la Policía de Investigaciones informa del ingreso por paso no habilitado de la recurrente, eludiendo los controles fronterizos. b.- Que con fecha 8 de octubre de 2025, la extranjera manifestó su intención de acceder al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado y fue debidamente atendida en la Oficina de la Dirección Regional del Servicio Nacional de Migraciones. c.- Que una vez analizada la referida solicitud se advirtió por la autoridad administrativa que no cumplía con los requisitos formales mínimos establecidos en la Ley 20.430. d.- Que mediante Resolución Exenta NUM003 de fecha 17 de octubre de 2025, se le solicitaron a la recurrente antecedentes para subsanar su solicitud, bajo apercibimiento de tener por desistida su solicitud, indicando que tenía 15 días hábiles para subsanar su solicitud, lo que fue debidamente notificado mediante correo electrónico. e.- Que si bien la recurrente aportó documentos para subsanar su solicitud, mediante Resolución Exenta NUM000 de fecha 4 de noviembre de 2025 del Departamento de Refugio y Protección Internacional del Servicio Nacional de Migraciones, tuvo por desistida la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiada de la extranjera.

QUINTO: Que, debe tenerse en cuenta que el procedimiento administrativo de la condición de refugiado se encuentra regulado principalmente en la Ley N° 20.430, la Ley N° 21.665 que modificó la Ley de Refugio, por el Decreto N° 837, que fija su Reglamento, y también en algunas disposiciones establecidas en la Ley N° 21.325 de Migración y Extranjería.

Que en virtud del artículo 26 de la Ley N° 20.430, toda persona se encuentra habilitada para solicitar en Chile, el reconocimiento de la condición de refugiado, con independencia de su condición migratoria, siempre y cuando se encuentre en territorio nacional. Dicha solicitud debe ser realizada en cualquier oficina del Servicio Nacional de Migraciones, a través de carta certificada o de forma presencial, en los términos del artículo 36 bis del Reglamento de la Ley N° 20.430.

Sin perjuicio de lo anterior, para que un extranjero sea considerado como solicitante de refugio, su solicitud debe haber sido declarada admisible y formalizada con arreglo a los artículos 2, 6, 26 y 28 de la Ley N° 20.430, y a los artículos 8, 35 y 37 de su Reglamento. Así, los requisitos para la formalización de una solicitud de refugio son los siguientes: . - Que el solicitante haya manifestado su intención de solicitar refugio, que la solicitud haya sido presentada ante autoridad competente y que haya sido realizada dentro del plazo legal establecido en el artículo 26 de la Ley N° 20.430. - Que se hayan cumplido los requisitos establecidos para solicitantes de refugio que hayan ingresado por paso no habilitado y/o que ostentan condición migratoria irregular. - Que la solicitud contenga ciertas menciones mínimas exigidas por el artículo 28 de la Ley N° 20.430 y detalladas en el artículo 37 del Reglamento. - Que, del análisis de la solicitud, ésta sea declarada admisible, por tener suficientes fundamentos, con arreglo al artículo 2 y 28 bis de la Ley N° 20.430.

SEXTO: Que, la controversia jurídica se centra en determinar si la Resolución Exenta NUM000, que declara el desistimiento de la solicitud de refugio de doña nombre reservado, constituye un acto arbitrario o ilegal.

Al respecto, es necesario considerar que el artículo 26 de la Ley N° 20.430 (modificado por la Ley N° 21.655) establece que la solicitud de refugio debe presentarse en un plazo de siete días contados desde el ingreso al país. En la especie, consta que la recurrente ingresó a Chile el 21 de marzo de 2022 y sólo inició gestiones ante el Servicio Nacional de Migraciones el 8 de octubre de 2025. Esta dilación de aproximadamente tres años y medio excede con creces cualquier margen de razonabilidad y los plazos legales previstos para la protección internacional.

SÉPTIMO: Que, de los antecedentes acompañados, se desprende que la autoridad migratoria no negó de plano la tramitación, sino que aplicó el procedimiento de subsanación previsto en el artículo 28 bis de la Ley N° 20.430, otorgando a la recurrente la oportunidad de justificar su situación. El hecho de que el Servicio Nacional de Migraciones haya considerado que los antecedentes aportados por la actora en su etapa de subsanación no fueron suficientes para salvar los requisitos legales de temporalidad y procedencia, no torna el acto en ilegal, sino que constituye el ejercicio de las facultades privativas de la administración en el control migratorio y la determinación de la condición de refugiado.

OCTAVO: Que el desistimiento declarado por la autoridad no es arbitrario, por cuanto se funda en el incumplimiento de requisitos formales y plazos fatales establecidos en la ley. No se advierte una discriminación arbitraria, puesto que la normativa se aplica de igual forma a todos quienes se encuentran en situaciones de ingreso irregular y extemporaneidad en la solicitud de protección.

De igual forma, en la especie no concurre un acto administrativo terminal que haya privado de efectos un derecho previamente adquirido, lo que refuerza la improcedencia del arbitrio constitucional.

NOVENO: Que, respecto a la alegación de que la recurrente habría intentado subsanar su situación con posterioridad al ejercicio de acciones administrativas, cabe señalar que la legalidad de un acto administrativo se juzga al momento de su dictación. En este caso, la Resolución Exenta NUM000 es el resultado de un procedimiento administrativo concluido donde la interesada no cumplió con el estándar probatorio ni los plazos legales, operando el desistimiento por el solo ministerio de la ley conforme al apercibimiento previo realizado.

DÉCIMO: Que, en consecuencia, no habiéndose acreditado un actuar ilegal o arbitrario por parte del Servicio Nacional de Migraciones, por cuanto la decisión de la autoridad administrativa solo se ajustó a la normativa legal que regula esta materia, la presente acción de protección no puede prosperar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre la materia, que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por el abogado Franco Aldo Brunetti Arredondo, en favor de nombre reservado, en contra de la Dirección Regional de Santiago del Servicio Nacional de Migraciones.

Comuníquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-25900-2025.