Protección contra Dirección Regional de Santiago del Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, veintinueve de enero de dos mil veintiséis.

Vistos y considerando:

Primero: Que se recurre de protección en favor de nombre reservado, en contra de la Dirección Regional de Santiago del Servicio Nacional de Migraciones, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en la dictación de la Resolución Exenta N°NUM000, de fecha 4 de noviembre de 2025, que resolvió tener por desistida su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiada, vulnerando de esta forma la garantía consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.

Menciona como antecedentes de su recurso que la recurrente es una ciudadana venezolana que ingresó a Chile por paso no habilitado el 19 de abril de 2022, tras verse forzada a escapar de su país por amenazas a su seguridad.

Expone que el 15 de septiembre de 2025 solicitó formalmente el reconocimiento de la condición de refugiada ante la autoridad recurrida. Señala que, pese a haber realizado una subsanación de su solicitud el 28 de octubre de 2025, recibió la resolución que la tuvo por desistida basándose en que excedió el plazo de 7 días para presentarse ante el servicio y por mantener un ingreso irregular.

Argumenta que no ha existido un desistimiento real, ya que este debe ser expreso y voluntario según la normativa vigente, y que la autoridad ha realizado una interpretación errónea de los plazos legales.

Desarrolla la normativa asociada al derecho a buscar y recibir asilo como derecho humano, agregando que la Ley N° 20.430 consagra expresamente el principio de no devolución, el cual resulta aplicable desde el momento en que el solicitante manifiesta su intención de requerir el reconocimiento de la condición de refugiado, obligación cuyo cumplimiento corresponde al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a través del Servicio Nacional de Migraciones Cita, para respaldar su acción, las normas contenidas en los artículos 5, 19 N°2, 19 N°3 y 20 de la Constitución Política de la República; la Ley N°20.430 y su Reglamento contenido en el Decreto Supremo N° 837; y diversos tratados internacionales sobre derechos humanos y refugiados.

Pide, en definitiva, que se acoja el recurso, se deje sin efecto la resolución impugnada y se ordene al Servicio Nacional de Migraciones continuar con la tramitación de la solicitud de refugio, concediéndole además la visa de residente temporario correspondiente.

Segundo: Que el Servicio Nacional de Migraciones evacúa el informe respectivo, solicitando el rechazo del recurso.

Expone que la recurrente ingresó de forma clandestina al país y que recién el 15 de septiembre de 2025 manifestó su intención de solicitar refugio, esto es, más de tres años después de su ingreso declarado. Menciona que se le notificó la falta de requisitos formales y se le otorgó un plazo de 15 días para subsanar, pero que la documentación presentada por la interesada el 28 de octubre de 2025 no permitió dar por cumplidos los requisitos legales de oportunidad en la presentación.

Argumenta que su actuar no ha sido arbitrario o ilegal puesto que se ha limitado a aplicar la normativa establecida en la Ley N° 20.430, modificada por la Ley N° 21.655, que exige presentar la solicitud en un plazo fatal de siete días hábiles desde el ingreso al territorio nacional.

Estima que su actuar se ha ajustado a derecho, ya que, ante el incumplimiento de los requisitos de forma y la falta de una subsanación adecuada dentro del plazo legal, corresponde aplicar el apercibimiento de tener por desistida la solicitud, conforme lo disponen los artículos 26 y 28 bis de la citada Ley.

Solicita, en definitiva, el rechazo de la acción de protección en todas sus partes, por no existir un acto u omisión ilegal que afecte las garantías constitucionales de la recurrente.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio. Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que el presente recurso se ha interpuesto con el objeto de que se declare ilegal y arbitraria la actuación de la Dirección Regional de Santiago del Servicio Nacional de Migraciones, consistente en haber dictado la resolución que tuvo por desistida la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado de la recurrente, así como la negativa a otorgarle la visación de residente temporario, por la supuesta vulneración de los artículos 19 N° 2 y 19 N° 3, inciso séptimo, de la Constitución Política de la República.

Quinto: Que la Ley N°20.430, establece requisitos perentorios en cuanto a la oportunidad y forma de presentación de las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado, así como las consecuencias de su incumplimiento. En el caso de autos, consta que la recurrente ingresó al país el 19 de abril de 2022 y presentó su solicitud de refugio el 15 de septiembre de 2025, excediendo con creces los plazos perentorios fijados por la normativa vigente para estos efectos, específicamente el de 7 días hábiles desde el ingreso al país para la presentación de la solicitud, de acuerdo a lo prescrito por el artículo 26 de la Ley citada, y el de 10 días para presentarse ante la autoridad contralora de fronteras en caso de ingreso clandestino (artículo 8 del Decreto Supremo N° 837).

Sexto: Que, de los antecedentes acompañados, se desprende que la autoridad migratoria no negó de plano la tramitación, sino que aplicó el procedimiento de subsanación previsto en el artículo 28 ter de la Ley N°20.430, otorgando al recurrente la oportunidad de justificar su situación. Si bien la recurrente efectuó una subsanación con fecha 28 de octubre de 2025, de acuerdo con lo informado por el Servicio recurrido, esta no se refirió ni aportó antecedentes que permitieran desvirtuar el incumplimiento de los referidos requisitos formales y de oportunidad. Esta calificación en ningún caso torna el actuar del Servicio en ilegal, importando el ejercicio de las facultades privativas de la administración en el control migratorio y la determinación de la condición de refugiado.

Séptimo: Que, en cuanto al argumento de la recurrente sobre la necesidad de una manifestación expresa de voluntad para el desistimiento, el artículo 28 bis de la Ley N°20.430 establece claramente que, de no subsanarse las observaciones dentro de plazo, la solicitud "se tendrá por desistida". Dicha norma configura una ficción legal que no requiere la manifestación expresa de voluntad del solicitante para tener por configurado el desistimiento, sino que opera como una consecuencia jurídica del incumplimiento de requisitos formales, debidamente apercibida por la administración, como ocurrió en la especie mediante Resolución Exenta N°NUM001 de 08 de octubre de 2025.

Octavo: Que el desistimiento declarado tampoco es arbitrario por cuanto se funda en el incumplimiento de requisitos formales y plazos fatales establecidos en la ley. No se advierte una discriminación arbitraria, puesto que la normativa se aplica de igual forma a todos quienes se encuentran en situaciones de ingreso irregular y extemporaneidad en la solicitud de protección.

Noveno: Que en razón de lo anteriormente expuesto cabe señalar que la aplicación de tales disposiciones legales y reglamentarias no configura un acto desproporcionado o una sanción retroactiva, como sostiene la recurrente, sino la estricta sujeción de la administración a las condiciones procedimentales para acceder al beneficio del reconocimiento de la condición de refugiado.

Décimo: Que, en lo referente a la visación de residente temporario, el artículo 32 de la Ley N° 20.430 es claro al señalar que esta se extenderá "una vez acogida a trámite la solicitud". Al haberse tenido por desistida la solicitud por incumplimiento de requisitos formales y de oportunidad, esta no pudo ser acogida a trámite, no configurándose, por tanto, el presupuesto legal para la entrega de la mencionada visación.

Undécimo: Que, en mérito de lo expuesto, la actuación de la Dirección Regional de Santiago del Servicio Nacional de Migraciones se enmarcó dentro de las atribuciones que la ley le confiere, aplicando la normativa vigente de manera regular, sin que se advierta la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario que vulnere las garantías constitucionales invocadas por la recurrente. En consecuencia, el recurso de protección debe ser rechazado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, en el Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, y demás normas citadas, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de doña nombre reservado en contra de la Dirección Regional de Santiago del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y, oportunamente, archívese.

N°Protección-25895-2025.