nombre reservado con SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS

C.A. de Santiago Santiago, veintiséis de marzo de dos mil veinticinco.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que el 9 de diciembre de 2024, comparece nombre reservado, empresario, domiciliado en domicilio reservado, Región Metropolitana, interponiendo un recurso de protección en contra del Servicio de Impuestos Internos Región Metropolitana, por haber restringido la emisión de facturas, lo que considera ilegal y arbitrario, y contrario a los derechos fundamentales contenidos en los numerales 2º, 21º y 22º del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que actualmente tiene como giro "exportación y distribuidora, compra y venta de pescados y mariscos", siendo contribuyente del impuesto al valor agregado. Además que, en este contexto, desde el mes de octubre de 2024 y hasta noviembre del mismo año tuvo que solicitar al Servicio de Impuestos Internos, a través de su página web, realizar el timbraje electrónico de facturas. Sin embargo, con fecha 11 de octubre de 2024, recibió una respuesta negativa a su solicitud, indicándosele que se había presentado una acción penal en su contra mediante una querella por delitos tributarios.

Agrega que, en términos prácticos, esto implica que cada vez que necesita generar facturas u otros documentos, debe realizar peticiones administrativas que luego de ser aprobadas generan un número limitado de ellos. Dice que el procedimiento es muy lento y que solo se autorizan números limitados de facturas.

Indica que no existe resolución administrativa alguna que restrinja la emisión de documentos tributarios de la forma en que lo está realizando la recurrida, ya que si bien se tramita una causa en su contra en el Tribunal de Garantía de Puerto Montt, recién se formalizó la investigación e impusieron medidas cautelares, sin existir sentencia definitiva.

Argumenta que el acto de la reclamadas es arbitrario e ilegal, ya que la legislación tributaria reconoce el derecho de los contribuyentes a que se les autorice en forma inmediata la emisión de los documentos tributarios electrónicos, cita al respecto el artículo 8° ter del Código Tributario, que establece expresamente el derecho de los contribuyentes a que se les autoricen los documentos tributarios necesarios para el desarrollo de su giro o actividad. Adiciona que el mismo artículo refiere los casos específicos en que se puede restringir, pero esto solo mediante resolución fundada, requiriéndose que sea realizado por el Director Regional y que el contribuyente se encuentre en alguna de las situaciones descritas en las letras b), c) y d) del artículo 59 bis del Código Tributario, manteniéndose la medida sólo mientras subsistan las razones que la fundamentan.

Sostiene que no se encuentra en ninguna de las situaciones del artículo 59 bis que autorizan el bloqueo o restricción de la emisión de documentación tributaria, la cual impide el libre ejercicio de su actividad comercial. Agrega que la Ley Nro. 19.880 sobre actos administrativos establece los requisitos para la realización de un acto que afecte a un particular.

Justifica que el proceder del Servicio de Impuestos vulnera las garantías constitucionales de igualdad ante la ley, no discriminación arbitraria en materia económica y libertad para desarrollar actividades económicas, al restringir la emisión de documentación tributaria sin norma legal que lo autorice, aplicándole una sanción no contemplada en la ley. Esto lo instala en una situación diferente al resto de los contribuyentes a quienes sí se les autoriza la documentación necesaria para el desarrollo de sus actividades económicas.

Finalmente, aduce que el plazo del recurso debe contarse desde cada solicitud denegada de emisión de documentación tributaria, siendo la última el 25 de noviembre de 2024, configurando un acto permanente que renueva el plazo cada día.

Pide que se acoja el recurso de protección y se ordene que se le autorice la emisión de documentación electrónica, así como toda otra medida que este Tribunal estime conducente para el restablecimiento del imperio del derecho, con costas.

Segundo: Que, evacuando el informe solicitado, el Servicio de Impuestos Internos plantea el rechazo del recurso por ser interpuesto de manera extemporánea, no existir ilegalidad ni arbitrariedad en el actuar del Servicio de Impuestos Internos y no afectarse las garantías constitucionales invocadas por el recurrente.

En cuanto a la extemporaneidad del recurso, señala que según reconoce expresamente el propio recurrente en su presentación, el 11 de octubre de 2024 tomó conocimiento del hecho que califica de arbitrario y vulneratorio de sus garantías constitucionales, al serle informado de la interposición de una querella por delito tributario en su contra y que mientras esa anotación estuviera vigente no podría acceder a ciertos beneficios. Por lo tanto, conforme al plazo fatal de 30 días corridos establecido en el Auto Acordado sobre tramitación del recurso de protección, debió deducirlo a más tardar el 10 de noviembre de 2024. Sin embargo, el recurso fue ingresado recién el 9 de diciembre de 2024.

Agrega que la alegación del recurrente en orden a que el plazo se renovaría con cada nueva solicitud denegada de timbraje, contabilizándolo desde la última petición del 25 de noviembre de 2024, carece de sustento normativo.

En cuanto a la supuesta ilegalidad y arbitrariedad, argumenta que el Servicio ha sometido su actuar a la Constitución y las leyes, actuando válidamente dentro de sus competencias y atribuciones legales. Explica que, para el cumplimiento de sus funciones fiscalizadoras, la ley le ha otorgado una serie de facultades, entre las cuales se encuentra registrar anotaciones referidas a querellas o denuncias por delitos tributarios, como medio necesario para el adecuado cumplimiento de la detección y evaluación de situaciones tributarias complejas que puedan requerir una revisión más profunda.

Argumenta que estas anotaciones son una manifestación de las facultades de fiscalización y la de mantener un rol único tributario permanentemente actualizado. En el caso del recurrente, se registraron las anotaciones Nros. 4001 y 4007 por estar querellado y formalizado por delitos tributarios, respectivamente, las que tienen un objetivo meramente informativo y de control, sin perjuicio que para ciertos trámites los contribuyentes deban acudir personalmente a las oficinas del Servicio de Impuestos Internos para controlar el correcto cumplimiento tributario. Agrega que estas anotaciones no son permanentes y se alzan una vez que termina la situación que les dio origen, lo que no ha ocurrido aún en este caso.

Precisa que la autorización de folios de documentos tributarios a través de peticiones administrativas que denomina el recurrente "procedimiento especial", no supone una restricción a su actividad económica, sino que es una medida de control originada en las anotaciones que lo afectan y que tiene por objeto controlar la correcta autorización y emisión de documentos electrónicos de un contribuyente con un comportamiento tributario irregular.

Detalla que desde el 11 de octubre de 2024, fecha en que se registró la anotación 4001, hasta la fecha del informe, se le han autorizado al recurrente 951 folios para la emisión de diversos documentos tributarios electrónicos, a través de 17 solicitudes, lo que acredita que no existe la supuesta restricción o bloqueo alegada y que ha podido continuar desarrollando su actividad económica. Por ende, -el Servicio no ha ejercido la facultad del artículo 8° ter del Código Tributario de diferir, revocar o restringir autorizaciones de documentos tributarios.

Expresa que el recurrente incurre en un error al aseverar que no se encuentra en las causales del artículo 59 bis que permitirían restringir sus autorizaciones, ya que efectivamente sí se encuentra formalizado por delito tributario en causa RIT Nro. 4215-2022, RUC Nro. 210110079-4 del Juzgado de Garantía de Puerto Montt, causal contemplada expresamente en la letra d) del referido artículo. Sin embargo, reitera que no ha hecho uso de esa facultad respecto del recurrente.

Concluye que no existe afectación a las garantías constitucionales invocadas, ya que las anotaciones registradas en caso alguno han impedido el timbraje y autorización de la documentación tributaria necesaria para que el recurrente desarrolle su actividad económica. Añade que el recurrente no explica cómo la supuesta limitación de facturas ha afectado concretamente su actividad ni señala un caso en que se haya visto impedido de realizar un negocio por falta de documentos tributarios.

Por estas razones, solicita tener por evacuado el informe y rechazar el recurso de protección en todas sus partes, con costas Tercero: Que, como reiteradamente se ha sostenido, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

Cuarto: Que, como cuestión preliminar y en lo que dice relación con la alegación de extemporaneidad, el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales establece que la presente acción deberá́ interponerse en el plazo fatal de 30 días corridos desde el hecho que lo motiva o desde que se tuvo conocimiento del mismo.

Baste para desestimar la extemporaneidad reclamada, con considerar que el acto recurrido corresponde a una perturbación que se ha mantenido en el tiempo, lo que hace desprender que el presente arbitrio constitucional ha sido presentado dentro del plazo que rige la materia.

Quinto: Que resulta útil destacar que en el ámbito del derecho tributario deben conciliarse los deberes de recaudación de los tributos que pesan sobre el Estado y las garantías individuales de los ciudadanos. Luego, para la procedencia del arbitrio de que se trata, se requiere que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de una acción u omisión del Servicio de Impuestos Internos, que vulnere el legítimo ejercicio de los derechos fundamentales indicados y protegidos constitucionalmente. Asimismo, se exige también la existencia de un derecho cierto o indubitado que deba ser amparado, es decir, que no se encuentre sujeto a discusión.

Así las cosas, la clave para elucidar de qué trata esta acción de protección está en precisar si la actuación denunciada es “ilegal” o “arbitraria”. Y, en este sentido, debe apuntarse que la afectación del derecho a través del acto u omisión arbitrario o ilegal debe ser directa, grave y manifiesta, pues ello es lo que justifica la naturaleza de este procedimiento breve y sumario que persigue el restablecimiento inmediato del derecho fundamental afectado. Por lo mismo, se requiere la efectiva existencia de un acto ilegal, vale decir, que no se atenga a la normativa por la que debe regirse, lo que también se verifica cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley. Por su parte, tal actuación es arbitraria cuando carece de razonabilidad en el actuar u omitir o bien cuando existe falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar o ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a obtener, o cuando no se verifican los hechos que fundamentan un actuar.

Sexto: Que, seguidamente, en el caso sub lite la actora pretende atacar, en definitiva, la restricción en la emisión de facturas que le habría impuesto el Servicio de Impuestos Internos lo cual deviene -según se ha reconocido por el informante- de las anotaciones que existen dentro del sistema del Servicio de Impuestos Internos y Tesorería. Anotación Nros. 4001 y 4007 que habrían sido incorporadas con ocasión de una querella deducida por el mismo ente fiscalizador en contra del contribuyente y cuya investigación se encuentra actualmente formalizada.

Séptimo: Que, sentado lo anterior debe examinarse entonces, como cuestión preliminar, la legalidad de la anotaciones antes aludida y, en esta dirección, cobra relevancia el artículo 2° del DFL Nro. 3 del Ministerio de Hacienda, del año 1969, que crea el Rol Único Tributario y establece normas para su aplicación. Precepto que prevé que “[l]a confección del Rol Único Tributario, su mantención y permanente actualización estarán a cargo del Servicio de Impuestos Internos, el cual dictará las normas internas necesarias para estos efectos. Dicho Rol Único se llevará en la Dirección Nacional, en la cual deberá concentrarse y mantenerse la información de todos los contribuyentes del país, sin perjuicio de que puedan confeccionarse duplicados o copias parciales del mismo para uso en las diversas Oficinas de Impuestos Internos y Tesorerías, con el objeto de facilitar las actuaciones de los contribuyentes”. Asimismo, para determinar la competencia y atribuciones del SII, debe tenerse presente lo establecido en los artículos 1° del Código Tributario y 1° de la Ley Orgánica, del Servicio de Impuestos Internos, indicando esta última que corresponde a dicho organismo “[…] la aplicación y fiscalización de todos los impuestos internos actualmente establecidos o que se establecieren, fiscales o de otro carácter en que tenga interés el fisco, y cuyo control no esté especialmente encomendado por la ley a una autoridad diferente”. Por su parte, el artículo 6° del Código Tributario, dispone que “[c]orresponde al Servicio de Impuestos Internos el ejercicio de las atribuciones que le confiere su Estatuto Orgánico, el presente Código y las leyes y, en especial, la aplicación y fiscalización administrativa de las disposiciones tributarias”.

Octavo: Que, en este contexto, lo que reprocha la actora es la existencia y mantención de la anotaciones antes mencionada, empero, olvida que el uso de estas anotaciones encuentra, igualmente, sustento en lo dispuesto en el Nro. 16 del artículo 8 bis del Código Tributario, agregado en virtud de la modificación efectuada con ocasión de la Ley Nro. 21.210, de 24 de febrero de 2020, que “Moderniza la Legislación Tributaria”. Ciertamente, esta norma establece que dentro de los derechos del contribuyente se encuentra el de “[…] ser informado de toda clase de anotaciones que le practique el Servicio”; de suerte que aquí el legislador reconoce implícitamente la obligación del SII de consignar las referidas anotaciones, y se establece, a su vez, el deber de éste de comunicarlas al afectado.

De modo que, en el escenario planteado, aparece que para el ejercicio de sus funciones, la ley le ha conferido al Servicio de Impuestos Internos una serie de facultades con el fin de garantizar el debido cumplimiento por parte de los contribuyentes, tanto de la obligación tributaria principal (pago de los tributos), como del cumplimiento de las obligaciones accesorias. Por consiguiente, en el ejercicio de su potestad normativa, de acuerdo con las facultades otorgadas por la letra A) Nro. 1 e inciso final de la letra B) del artículo 6° del Código Tributario; y letra b) del artículo 7° de la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos; el Director, a través de diversos Oficios, ha regulado dicha facultad, disponiendo que cualquier circunstancia relevante en términos tributarios tendrá́ su consiguiente anotación, facilitando, de esa manera, el desempeño funcionario en la detección y evaluación de situaciones tributarias complejas que requieren una revisión más profunda. De suerte que los códigos de dichas anotaciones son registrados en el Sistema Integrado de Cumplimiento Tributario con el fin de apoyar las tareas institucionales.

Noveno: Que, consecuencialmente, por no haberse discutido la calidad de querellado del contribuyente por delito tributario, el Servicio obró de acuerdo a ella, siendo por tanto la anotación 4001 que también se reconoce existir, consecuencia de un supuesto fáctico allí descrito.

Ahora bien, sentado lo anterior, resta examinar si con el comportamiento atribuido por el reclamante al Servicio, dicho ente fiscalizador incurrió en alguna ilegalidad o arbitrariedad que vulnere el legítimo ejercicio de los derechos fundamentales indicados y protegidos por este procedimiento.

Al efecto, y atendido lo que se ha argumentado en los motivos que anteceden en torno a las facultades y el actuar del Servicio, enmarcado en la normativa que se ha detallado, no queda sino descartar un actuar ilegal de su parte, por lo que las alegaciones de la reclamante en tal dirección no puede aceptarse. Luego, a idéntico resultado se arriba si se analiza tal conducta bajo el prisma de una supuesta arbitrariedad atribuible, desde que, como se adelantó, aquella que se ha registrado en relación con este contribuyente se trata de una anotación que se mantiene para todos los que se encuentran en similar hipótesis y sin que el actor haya dado luces de una situación en la cual el Servicio se haya comportado con él de forma diferente, demostrando alguna desigualdad que, a su vez, justifique concebir que se está ante un actuar caprichoso o inmotivado. Tampoco ha aportado antecedente alguno para demostrar que ello ha sucedido.

Lo anterior conduce a despejar, además, cualquier afectación a la igualdad ante la ley a que se refiere el numeral segundo del artículo 19 de la Carta fundamental.

Décimo: Que, con todo, aún se dirá que no se advierte de qué manera podría verse vulnerado en el caso de autos el derecho del contribuyente a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen, en los términos que dispone el artículo 19 Nro. 21 de la Constitución Política de la República. En efecto, a diferencia de lo que postula dicha parte, la existencia de la Anotación registrada en el sistema interno del Servicio, como se ha descrito, no afecta tal derecho, y tanto es así que en su libelo se limita a realizar una afirmación en tal sentido sin que explique coherentemente como aquello acaecería. Lo que sucede es que lo que realmente molesta a la actora -según ella misma explica- es que como consecuencia de la anotación (4001) debe, cada vez que necesita generar facturas u otros documentos, realizar peticiones administrativas que luego de ser aprobadas generan un número limitado de ellos. No obstante, no se discute que se le han continuado emitiendo por parte del Servicio de Impuestos Internos los instrumentos necesarios para funcionar y continuar, en consecuencia, su actividad económica.

Undécimo: Que, a idéntica conclusión se arriba en cuanto a la supuesta conculcación al numeral 22 del artículo 19 citado -no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica- la recurrente solo da cuenta de una posible afectación, empero, no explica de qué modo se afectaría tal derecho.

Duodécimo: Que conforme a lo razonado, no se advierte por esta Corte la concurrencia de una conducta, acción u omisión ilegal o arbitraria por parte de la recurrida que afecte los derechos constitucionales denunciados, lo que motiva el rechazo de la presente acción cautelar.

Y de conformidad, además, con lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, la acción constitucional de protección interpuesta por nombre reservado en contra del Servicio de Impuestos Internos.

Regístrese y archívese.

Redacción de la ministra Romy Grace Rutherford Parentti.

Rol Nro. 25883-2024 (protección).