nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

C.A. de Santiago Santiago, veintinueve de mayo de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que con fecha 03 de diciembre de 2025, comparece don Luis Gonzalo Cornejo Chávez, abogado, en representación de doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, interponiendo recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., por haber rechazado ilegal y arbitrariamente la solicitud de devolución de fondos previsionales para técnicos extranjeros presentada por su representada el día 18 de noviembre de 2025, vulnerando con ello los derechos fundamentales de igualdad ante la ley, el derecho de propiedad en sus diversas especies y la garantía de que los derechos no sean afectados en su esencia, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas en su artículo 19 numerales 2, 24 y 26, por lo que solicita se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y se proceda a la restitución de los haberes.

Expone que su representada es una profesional del derecho que presta servicios en el país bajo la vigencia de contratos de trabajo que incluyen cláusulas específicas de exención previsional, de conformidad con el artículo 1° de la Ley N° 18.156.

Refiere que, tras solicitar el retiro de sus fondos a través del portal web de la recurrida bajo el número de solicitud 2092, esta última procedió al rechazo de la misma fundándose en la falta de apostilla o legalización de la constancia de afiliación emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.).

Indica que, por tal motivo, elevó reclamo a la superintedencia señalando la imposibilidad material de poder legalizar el documento por no existir representación diplomática en el país, posteriormente recibe respuesta de la superintendencia que indica de manera copulativa los requisitos exigidos para dar cumplimiento con la devolución de fondos.

Sostiene que dicha exigencia constituye una imposibilidad material y un caso fortuito, toda vez que no existe representación consular de Venezuela en Chile desde julio de 2024 y el sistema de apostilla electrónica venezolano no contempla dicho instrumento.

Enfatiza que la veracidad de su afiliación y cobertura —que abarca contingencias de enfermedad, invalidez, vejez y muerte— fue acreditada mediante una constancia electrónica que posee un código de verificación alfanumérico (N° 699f24751-2025509) absolutamente verificable en línea por la AFP, habiendo incluso validado dicho procedimiento ante un ministro de fe pública.

Argumenta, asimismo, la aplicación del principio in dubio pro operario y las disposiciones de la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios, señalando que la interpretación restrictiva de la recurrida desatiende la finalidad de la ley y los precedentes jurisprudenciales de las Cortes de Apelaciones y la Excelentísima Corte Suprema en casos análogos.

En cuanto a la vulneración de las garantías constitucionales, se colige que el acto de la recurrida es ilegal al imponer una formalidad extra-legal que excede los requisitos del artículo 1° de la Ley N° 18.156 y es arbitrario al ignorar la realidad fáctica que impide obtener la apostilla, lo que deviene en una discriminación injustificada en comparación con otros cotizantes, afectando directamente el derecho de propiedad de la actora sobre sus fondos previsionales, los cuales constituyen bienes incorporales de su dominio exclusivo, impidiéndole su libre ejercicio mediante una barrera administrativa infranqueable.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene a la recurrida reconocer como válida la documentación acompañada, proceder con la tramitación de la solicitud de retiro de fondos y efectuar la devolución de los mismos en un plazo razonable, adoptando las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Segundo: Que, a folio 8 del expediente electrónico, comparece la representación legal de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., evacuando el informe respectivo y solicitando el rechazo íntegro de la acción de protección interpuesta, con expresa condenación en costas.

Fundamenta su defensa, en primer lugar, en la improcedencia de la vía procesal elegida, sosteniendo que el recurso de protección no constituye la instancia idónea para resolver materias de lato conocimiento con carácter contradictorio, por cuanto su naturaleza es cautelar y requiere de la existencia de un derecho indubitado, lo cual no concurre en la especie al existir una controversia técnica sobre el cumplimiento de requisitos legales.

En cuanto al fondo, la recurrida asevera que no ha incurrido en acto ilegal o arbitrario alguno, toda vez que su proceder se ajusta estrictamente a las disposiciones de la Ley N° 18.156 y a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones en su Compendio de Normas.

Al efecto, detalla que la solicitud de la recurrente fue rechazada por no acompañar una constancia de afiliación vigente de la autoridad previsional extranjera que cumpla con las formalidades de legalización o apostilla exigidas por los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil en relación con el Convenio de la Haya.

Argumenta que la "Constancia Electrónica de Cotizaciones" presentada carece de firma autorizada y no especifica de forma concreta las coberturas individuales requeridas por la letra a) del artículo 1° de la citada ley, no siendo suficientes las declaraciones juradas ante notario chileno por carecer de mérito probatorio idóneo en sede de seguridad social.

Añade que la recurrente detenta residencia definitiva en Chile, lo que desvirtúa la finalidad de la exención previsional y pone en riesgo la sostenibilidad del sistema ante eventuales cargas fiscales futuras.

En mérito de lo expuesto, la recurrida solicita el rechazo del presente recurso.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Carta Fundamental, constituye un remedio de urgencia destinado a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Cuarto: Que, para que prospere esta acción cautelar, es requisito indispensable la existencia de un derecho indubitado y preexistente del recurrente, el cual se vea afectado por un acto u omisión que carezca de sustento legal (ilegalidad) o que sea producto del mero capricho (arbitrariedad).

Quinto: Que el artículo 1° de la Ley N° 18.156 establece una situación de excepción al principio de territorialidad de la ley previsional chilena, permitiendo a los técnicos extranjeros eximirse de cotizar (y retirar sus fondos según el artículo 7°) siempre que cumplan copulativamente con: a) Estar afiliados a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b) Expresar en el contrato de trabajo su voluntad de mantener dicha afiliación. Al tratarse de una norma de excepción que permite el retiro de fondos destinados constitucionalmente a la seguridad social, su interpretación debe ser estricta y el cumplimiento de sus requisitos debe acreditarse de manera fehaciente.

Por otro lado, vale tener presente que corresponde a la Superintendencia de Pensiones, en virtud del artículo 3° del D.F.L. N°101 de 1980 y el artículo 94 del D.L. N°3.500 de 1980, interpretar la legislación y reglamentación del Sistema de Pensiones, con carácter obligatorio para las Administradoras de Fondos de Pensiones, facultad que le permite fijar los criterios para determinar la procedencia de la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156.

Sexto: Que, luego, respecto a la acreditación de documentos otorgados en el extranjero, rige en nuestro país el principio locus regit actum en cuanto a la forma, pero para que dichos instrumentos públicos o auténticos produzcan efectos probatorios en Chile, deben someterse a las reglas de legalización establecidas en el artículo 345 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, o bien, al trámite simplificado de la Apostilla, conforme a la Convención de La Haya de 1961, vigente en Chile desde 2016 y de la cual Venezuela es parte.

Séptimo: Que, del mérito de los antecedentes allegados a la causa y, en especial, del informe evacuado por la Administradora de Fondos de Pensiones y de la documentación acompañada por las partes, se desprende que el recurrente no ha logrado acreditar de manera suficiente el cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley N°18.156 y por la interpretación administrativa vigente, puesto que no existe constancia o certificado de afiliación vigente y debidamente legalizado o apostillado del recurrente.

Luego, y en cuanto al documento adicional acompañado por el recurrente, la Superintendencia de Pensiones a ha sido categórica en señalar que las certificaciones electrónicas emitidas por el IVSS que no hayan sido legalizadas o apostilladas no son idóneas para acreditar el cumplimiento del no del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, ya que no está firmado por quien lo emite, ni se encuentra apostillado ni legalizado.

Octavo: Que, en consecuencia, el acto recurrido no adolece de ilegalidad, puesto que se sustenta en la normativa vigente (Ley N°18.156, Art. 345 CPC) y en las instrucciones obligatorias de la Superintendencia de Pensiones (Art. 94 D.L. 3.500). Tampoco es arbitrario, toda vez que no obedece a un capricho de la Administradora, sino al cumplimiento de un deber de resguardo de los fondos previsionales, los cuales solo pueden ser devueltos cuando se acredite, con la formalidad legal correspondiente, que el trabajador cuenta con la protección social alternativa que la ley exige.

Noveno: Que, no existiendo un acto ilegal o arbitrario, y no habiéndose acreditado el cumplimiento de los requisitos legales en la forma prescrita por el derecho, no existe un derecho indubitado de propiedad sobre los fondos que pueda ser tutelado por esta vía, manteniéndose dichos recursos en la cuenta de capitalización individual de la recurrente conforme a las reglas generales del D.L. 3.500.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-25868-2025.