nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

C.A. de Santiago Santiago, veintinueve de abril de dos mil veintiséis.

Al escrito folio 13: a todo, téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece don Daniel Ortega Cadena, abogado, en representación de doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, quien interpone recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) PROVIDA S.A, por el acto que estima arbitrario e ilegal, consistente en el rechazo de su solicitud de retiro de fondos para extranjero, de 4 de noviembre de 2025, lo que a su juicio vulnera las garantías establecidas en el artículo 19 N° 2 y 24 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita a esta Corte se restablezca el imperio del derecho, ordenando a la recurrida realizar la devolución de los fondos de pensión solicitados.

Relata que el 30 de octubre de 2025, la recurrente solicitó a AFP PROVIDA S.A. la devolución de sus fondos previsionales, amparándose en lo dispuesto en la Ley N° 18.156, acompañando para tales efectos los documentos necesarios para acreditar el cumplimiento de los requisitos legales, entre los cuales se encontraba su contrato de trabajo con anexo de cláusula de disposición de fondos de pensiones, como asimismo un certificado de cotizaciones en el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS), agregando que el 4 de noviembre de 2025, la recurrida rechazó dicha solicitud, argumentando que la constancia de afiliación al IVSS se encontraba vencida al momento de la solicitud y que no era posible acreditar cobertura durante toda la estadía de la recurrente en Chile.

Refiere que para fundar su solicitud adjuntó dos constancias de afiliación: una debidamente legalizada por el Consulado de Venezuela y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, y otra de carácter electrónico, actualizada, que no pudo ser legalizada debido al cierre del Consulado venezolano en Chile ocurrido en agosto de 2024. Ambos documentos acreditan, según expone, exactamente la misma información, siendo la constancia electrónica verificable en línea a través del portal oficial del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales mediante el código de verificación N° f77b84471-2025909.

Sostiene que los artículos 1 y 7 de la Ley N° 18.156 únicamente exigen, para la procedencia de la devolución de fondos, que el trabajador técnico extranjero se encuentre afiliado a un régimen de seguridad social fuera de Chile que otorgue prestaciones al menos en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que en el contrato de trabajo exprese su voluntad de mantener dicha afiliación. En ese sentido, arguye que ninguna de estas disposiciones establece como requisito la legalización o apostilla del certificado de afiliación, de modo que la recurrida incorpora exigencias extralegales al imponer dicha formalidad.

Agrega que la Circular N° 533 de la Superintendencia de Pensiones, de carácter obligatorio para todas las AFP, reitera los requisitos antes mencionados, sin añadir formalidades adicionales, lo que ha interpretado en el mismo sentido la jurisprudencia de la Corte Suprema, que ha resuelto que una interpretación excesivamente formalista de la Ley N° 18.156 es contraria a su finalidad y vulnera el derecho de propiedad de los solicitantes, puntualizando que la exigencia de apostilla resulta actualmente de imposible cumplimiento, configurándose un caso fortuito o fuerza mayor en los términos del artículo 45 del Código Civil, circunstancia que no puede ser imputada a la recurrente.

Argumenta que el actuar de la recurrida infringe el derecho a la igualdad ante la ley consagrado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política, al dispensar a la recurrente un trato desigual respecto de otros solicitantes en idénticas condiciones que han obtenido respuestas favorables, y vulnera asimismo el derecho de propiedad establecido en el artículo 19 N° 24 del mismo cuerpo normativo, al privarla arbitrariamente del dominio sobre fondos previsionales que le pertenecen en exclusiva, sin sustento legal que ampare dicha negativa.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene la recurrida proceder a la devolución de los fondos previsionales de la recurrente, prescindiendo de la exigencia de apostilla o legalización consular respecto de la constancia de afiliación al IVSS;

SEGUNDO: Que, informa doña Ana María Herrera Brummer, abogada, en representación de AFP PROVIDA S.A., solicitando el rechazo de la acción deducida en todas sus partes, con costas, lo que funda en que el recurso de protección no es la vía idónea para resolver la controversia de autos y, en subsidio, porque no ha existido a su respecto acto arbitrario o ilegal alguno, al haber dado estricto cumplimiento a la normativa aplicable en la materia.

En cuanto a la primera alegación, afirma que la situación de autos reviste el carácter de un asunto de lato conocimiento con carácter contradictorio. Funda dicha alegación en que el recurso de protección fue concebido como un mecanismo urgente y expedito destinado a prestar amparo inmediato ante la privación, perturbación o amenaza de garantías constitucionales indubitadas, y no como un instrumento para resolver derechos controvertidos, ni para impugnar la constitucionalidad del Decreto Ley N° 3.500. En este sentido, afirma que lo pretendido por la recurrente excede con creces la finalidad propia de la acción cautelar, siendo improcedente su ejercicio en la especie.

En cuanto al fondo, expone que el 4 de noviembre de 2025 procedió a rechazar la solicitud de devolución de fondos previsionales formulada por la actora en su calidad de técnico extranjero, al amparo de la Ley N° 18.156, por no haber aportado la documentación exigida por la normativa vigente, precisando que dicha ley, de carácter excepcionalísimo en el ordenamiento jurídico nacional, exige como requisito copulativo e indispensable que el trabajador extranjero acredite su afiliación a un régimen previsional extranjero mediante certificación emitida por la institución de seguridad social competente, debidamente apostillada o legalizada, en la que conste de manera específica la cobertura otorgada frente a los riesgos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y correspondiente al período en que el trabajador prestó servicios en Chile.

En relación con la documentación presentada por la protegida, la recurrida argumenta que ésta acompañó una constancia electrónica de cotizaciones emitida por el IVSS legalizada, de 16 de noviembre de 2023, una segunda constancia no legalizada, y una declaración jurada, instrumentos que, conforme a la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones, en particular su Oficio N° 7253, resultan insuficientes para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero, sin que tampoco resulte idóneo para acreditar este requisito una declaración jurada.

Adiciona en relación con el contrato de trabajo acompañado, que data del 17 de octubre de 2017, que nada se menciona en el documento respecto de la continuidad de la afiliación a un régimen previsional extranjero, y que recién en su modificación, de 13 de noviembre de 2023, se declaró por la recurrente que se encontraba afiliada a un régimen previsional fuera de Chile, sin que ello por sí mismo acredite la efectividad de tal declaración.

Argumenta que las AFP se encuentran legalmente impedidas de destinar, o permitir que se destinen, los fondos previsionales de la cuenta de cotización obligatoria a un fin distinto del de financiar las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia establecidas en el DL N° 3.500, salvo las excepciones que la misma ley contempla, por lo que si no se cumple con la exigencias normativas de la Ley N° 18.156, no puede autorizarse la solicitud de la actora, al no acreditarse por parte de la recurrente la afiliación a un régimen previsional o seguridad social fuera de Chile, y tampoco encontrarse manifestado expresamente en el contrato de trabajo respectivo tal intención.

De esta forma, concluye que su actuación no es ilegal ni arbitraria, que no ha causado agravio a la recurrente, y que no ha privado, perturbado ni amenazado garantía constitucional alguna, por lo que ninguno de los presupuestos de la acción se encuentra satisfecho, solicitando en definitiva el rechazo de la acción deducida, con costas;

TERCERO: Que, como ha sostenido reiteradamente esta Corte, el llamado recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de carácter cautelar de emergencia, destinado a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales de la autoridad o de particulares que impidan, amaguen o perturben ese ejercicio.

Son presupuestos de esta acción cautelar de protección: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley;

CUARTO: Que, el acto que se califica de ilegal y arbitrario lo constituye el hecho de haber rechazado la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) PROVIDA S.A, la solicitud de retiro de fondos para extranjero de la recurrente, lo que a su juicio vulnera las garantías establecidas en el artículo 19 N° 2 y 24 de la Constitución Política de la República, correspondiendo a esta Corte determinar si dicha acción se ajusta o no a derecho;

QUINTO: Que, tal como consta en los antecedentes que las partes han puesto en conocimiento de esta Corte y sus respectivas alegaciones, es preciso hacer presente que la negativa de la entidad recurrida se basa en sostener que la peticionaria no cumpliría las exigencias contempladas por los artículos 1 y 7 de la Ley N° 18.156, que regula el régimen excepcional de devolución de fondos para personas de nacionalidad extranjera que se desempeñan laboralmente en Chile. En concreto, su reparo se circunscribe al hecho de que la recurrente no acreditó documentalmente y conforme a la normativa aplicable que se encuentra afiliada a un régimen previsional o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza, y en el que conste su obligación de otorgar prestaciones, a lo menos en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, para todo el periodo de vigencia respecto del cual se solicita el retiro de fondos previsionales, cuestionando igualmente los documentos vinculados con su relación laboral.

En efecto, la recurrente acompañó los documentos presentados en el ingreso de la solicitud por cuyo rechazo se recurre, entre los que se encuentra una declaración legalizada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile de afiliación al sistema previsional de Venezuela, correspondiente a la “constancia electrónica de cotizaciones”, del instituto venezolano de los seguros sociales (IVSS), de 16 de noviembre de 2023, y una constancia electrónica de cotizaciones, de 31 de octubre de 2025, que serían documentos idóneos a juicio de la actora para la autorización del requerimiento, además de otros documentos que acreditan su relación laboral;

SEXTO: Que, a mayor abundamiento, las dos disposiciones legales con especial atingencia para decidir acerca de la legalidad del proceder de AFP PROVIDA S.A. son los artículos 1 y 7 de la Ley N° 18.156, que disponen lo siguiente:

a) “Artículo 7. En el caso que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que se dé cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1 de esta ley.”;

b) “Artículo 1. Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rigen para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorguen prestaciones, a lo menos, en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que el contrato de trabajo respectivo exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”;

SÉPTIMO: Que, en lo que interesa para los fines del presente arbitrio, la exigencia legal que interesa primeramente es la relativa al imperativo de que el afiliado lo esté en el extranjero a un régimen de previsión que le otorgue prestaciones “a lo menos, en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte…”, lo que aparece controvertido en estos autos.

A este respecto, y al tenor de los documento adjuntos por la protegida en su solicitud ante la recurrida, consta efectivamente que el instrumento da cuenta de las semanas cotizadas por la afiliada, pero no permite tener por establecido que conste la obligación actual de otorgar prestaciones en los términos exigidos por la ley, y en consonancia con lo declarado por la recurrente en el anexo de trabajo acompañado a estos autos entre la recurrente y “Corporación Santiago Innova”, cuyo último anexo es de 13 de noviembre de 2023, expresando formalmente su voluntad de mantener su afiliación al régimen de previsión extranjero, pero sin que documentalmente conste que dicha situación sea efectiva, siendo relevante mencionar, por lo demás, que resulta efectivo, tal como lo mencionó la recurrida en su informe, que la documentación acompañada no permite establecer la afiliación para todo el periodo que comprende la pretensión de devolución de fondos previsionales, considerando que la solicitud fue ingresada por la actora el día 30 de octubre de 2025;

OCTAVO: Que, conforme con lo razonado precedentemente y el mérito de los instrumentos adjuntos por la recurrente, no es posible tener por comprobada y satisfecha la exigencia de cobertura previsional de que se trata, de lo que deviene en que el rechazo de la recurrida de acceder a la devolución de los fondos previsionales del actor, en sus términos, no importa un acto que vulnere garantías constitucionales, por lo que el presente arbitrio será desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, la acción deducida en favor de doña nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) PROVIDA S.A.

Comuníquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

N° Protección-25865-2025.