nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

Santiago, diecinueve de mayo de dos mil veintiséis Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, e interpone recurso de protección en favor de doña nombre reservado y en contra del Servicio Nacional de Migraciones, representado legalmente por su Director Nacional, don Luis Eduardo Thayer Correa, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente la Resolución Exenta N°2500100270146 de 19 de noviembre de 2025, por medio de la cual se rechazó su solicitud de residencia temporal por actividad lícita remunerada y ordena su salida del país, lo que vulneraría los derechos fundamentales consagrados en el artículo 19 N°1, 2 y 3 de la Constitución Política de la República, esto es, la igualdad ante la ley, por lo que solicita que se deje sin efecto la resolución impugnada y se ordene a la recurrida adoptar las medidas pertinentes para que la recurrente pueda residir de forma regular en el territorio nacional.

Señala que la señora nombre reservado ingresó al país en calidad de turista, y tras ello obtuvo una visa temporaria sujeta a contrato desde el 21 de noviembre de 2019 al 21 de noviembre de 2020. Luego fue beneficiada con la residencia temporal desde el 11 de julio de 2022 al 17 de octubre de 2023.

Expone que el 17 de octubre de 2023, la persona en favor de quien se recurre, presentó una solicitud de residencia temporal ante el Servicio Nacional de Migraciones, bajo número de seguimiento 56476977, y tras meses de estar en estado de “Resolución”, fue notificada de la Resolución Exenta N°2500100270146 dictada el 19 de noviembre de 2025, por la cual se rechaza su solicitud y se ordena su salida del país. El argumento del rechazo sería la falta de documentos que acreditaran recursos del eventual empleador para la contratación.

Al respecto, precisa que la señora nombre reservado no contaba con contrato de trabajo, ya que desde el nacimiento su nieto, el 18 de abril de 2024, ella se dedica a su cuidado. Añade que es la hija de doña nombre reservado, quien posee residencia definitiva, quien la mantiene, hecho que no pudo acreditar por desconocimiento del procedimiento.

Alega que si bien el servicio indica que se le envió una notificación el 13 de febrero de 2025, sólo pudieron acceder a dicho mensaje días después por problemas técnicos, momento en el cual ya no pudieron subir documentos, por lo que afirma que no existe negligencia ni desinterés. Arguye que forzar el retorno de la recurrente a su país de origen implica un grave riesgo a su integridad, dignidad y subsistencia.

Sostiene que la recurrida infringe las normas del debido proceso y que no aplica los principios rectores del sistema migratorio, como la proporcionalidad, humanidad y reunificación familiar, además de no respetar los Tratados Internacionales ratificados por Chile.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se deje sin efecto la resolución recurrida, y se ordene a la recurrida que autorice la permanencia legal de la recurrente en Chile, continuando con la tramitación de la solicitud de residencia temporal considerando sus circunstancias particulares, con costas.

Segundo: Que, por la recurrida, el Servicio Nacional de Migraciones, evacuan informe los abogados Antonio Beltrán Henríquez y Stephanie Andrea Pinto González, solicitando el rechazo del recurso por los siguientes motivos.

Señala que doña nombre reservado, ciudadana nacional de Venezuela, registra como fecha de ingreso al país el 28 de febrero de 2019, por medio de paso fronterizo habilitado, carretera Chacalluta. Luego, el 11 de julio de 2022, se regularizó su condición migratoria y se le otorgó visa de residencia temporal, en calidad de titular y por el periodo de un año. Dicha visa se mantuvo vigente hasta el 17 de octubre de 2023.

Explica que, posteriormente, la recurrente solicitó el beneficio migratorio de residencia temporal, subcategoría motivos económicos. Precisa que en la tramitación de dicha solicitud, mediante comunicación electrónica de 10 de junio de 2024, el Servicio informó a la actora que su solicitud se encontraba incompleta, por lo que se le concedió un plazo de 60 días para remitir los documentos faltantes (entre ellos contrato de trabajo y vigencia del contrato). Añade que, luego de analizar la documentación presentada, mediante notificación de 13 de febrero de 2025 se comunicó a la señora nombre reservado que se encontraba comprendida dentro de una causal de rechazo de su solicitud de residencia temporal, por no presentar certificado de inicio de actividades de su empleador ni documentos que acrediten recursos para la contratación del trabajador. Por lo anterior se le otorgó un plazo de 10 días para realizar descargos y acompañar toda la documentación pertinente, no obstante la recurrente no efectuó descargos ni acompañó más antecedentes.

Atendido lo anterior, mediante Resolución Exenta N°2500100270146, de 19 de noviembre de 2025, del Servicio Nacional de Migraciones, se rechazó la solicitud de residencia temporal de la actora, y se dispuso el abandono del país en el plazo de 30 días, sin que conste la interposición de recurso administrativo alguno en su contra.

Arguye que la resolución impugnada fue dictada por autoridad competente, conforme al artículo 157 N°5 de la Ley N°21.325 y al artículo 42 del Decreto Supremo N°296, normativa que atribuye al Servicio Nacional de Migraciones la facultad de resolver el otorgamiento, prórroga, rechazo y revocación de los permisos de residencia. Asimismo, invocó los artículos 68 y 70 de la Ley N°21.325, que definen la residencia temporal y remiten la regulación de sus subcategorías al Decreto Supremo N°177, cuyo artículo 17 letras a) y b) exigen la presentación de un contrato de trabajo -debidamente firmado ante Notario- celebrado con una persona natural o jurídica con inicio de actividades vigente ante el Servicio de Impuestos Internos. Y añade que el artículo 22 de la norma impone, además, la obligación de adjuntar la carpeta tributaria del empleador.

Argumenta, además, que el rechazo se fundó en el artículo 88 N°1 de la Ley N°21.325, al no cumplirse los requisitos de la subcategoría migratoria correspondiente, y que se respetó el procedimiento establecido en los artículos 31 de la Ley 19.880 y 91 inciso 2° de la misma ley por lo que no existe vulneración al debido proceso.

Concluye que no existió acto u omisión ilegal o arbitrario que privara, perturbara o amenazara garantía constitucional alguna de la recurrente.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción constitucional de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos constitucionales que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe su ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley-o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que la presente acción constitucional se encamina a establecer la afectación a la garantía de igualdad ante la ley, en razón de no haberse otorgado por la autoridad administrativa una respuesta favorable respecto de la solicitud de residencia temporal formulada por la recurrente.

Quinto: Que, el acto denunciado como ilegal o arbitrario consiste en la Resolución Exenta N°2500100270146, de 19 de noviembre de 2025, la cual señala como fundamento que “analizada la solicitud efectuada, ésta no cumple suficientemente con los requisitos que habilitan para obtener la subcategoría de residencia temporal, dado que no adjuntó documentación que cumpla con el Art. 22 del Decreto N°177, al no remitir documentos que acrediten recursos del empleador para la contratación del trabajador”.

Sexto: Que, en la especie, el acto recurrido no constituye un acto ilegal ni arbitrario, sino el cumplimiento del mandato establecido por el artículo 88 de la Ley N°21.325 al Servicio Nacional de Migraciones. Dicha norma dispone que deberán rechazarse las solicitudes de residencia que no cumplan con los requisitos de la categoría respectiva.

Séptimo: Que, por consiguiente, no se advierte ilegalidad ni arbitrariedad en el acto impugnado, por cuanto ha sido dictado por la autoridad competente, dentro de sus atribuciones y con estricto apego a las normas de la Ley N°21.325, su Reglamento y la Ley N°19.880 de bases de los procedimientos administrativos.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que regula la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado nombre reservado en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol 25836-2025 Protección