nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A.

C.A. de Santiago Santiago, ocho de mayo de dos mil veintiséis.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que comparece don Matías Andrés Reinoso Miranda, abogado, en favor de doña nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., por el acto que estima arbitrario e ilegal consistente en el rechazo de su solicitud de devolución de fondos previsionales por la causal genérica “otro”, en el contexto del régimen previsto en la Ley N°18.156, lo que importaría afectación de las garantías contempladas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, solicitando que se acoja la acción, se deje sin efecto el acto impugnado y se ordene a la recurrida proceder a la devolución de los fondos previsionales de la afectada.

Expone que doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, solicitó con fecha 30 de octubre de 2025 la devolución de sus fondos previsionales, conforme a la Ley N°18.156, acompañando los antecedentes que estimó pertinentes para acreditar su calidad de técnica extranjera, su afiliación al sistema previsional venezolano y la procedencia del beneficio requerido.

Agrega que dicha solicitud fue rechazada mediante correo electrónico de 5 de noviembre de 2025, en el que la recurrida informó que el trámite ingresado bajo folio N°819 había sido rechazado, indicándose únicamente como motivo la causal “otro”, sin mayor explicación ni desarrollo de las razones que justificarían tal decisión.

Sostiene que el rechazo resulta arbitrario e ilegal, por cuanto no se apoya en una causal objetiva ni debidamente explicitada, sino en una fórmula genérica que impide conocer los fundamentos reales de la decisión. Añade que, razonablemente, la afectada entiende que la objeción podría vincularse con la fecha o características del documento emitido por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, o con la imposibilidad de obtener determinada documentación consular, atendido el cierre o suspensión de funciones de la representación diplomática venezolana en Chile desde julio de 2024.

Afirma que la conducta de la recurrida vulnera la igualdad ante la ley, al imponer exigencias no previstas en la ley o aplicarlas de manera desproporcionada respecto de una persona extranjera que se encontraría en imposibilidad material de obtener determinada documentación, y el derecho de propiedad, al privar a la recurrente de disponer de fondos previsionales que integrarían su patrimonio.

Segundo: Que evacúa informe la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Expone que el 3 de noviembre de 2025 la recurrente acompañó, a través del sitio web de la Administradora, diversos documentos destinados a obtener la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156, consistentes en título profesional, declaración jurada realizada ante notario público chileno, documento emitido por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales de fecha 14 de mayo de 2024 y contrato de trabajo suscrito con Everis Chile S.A.

Señala que, revisados dichos antecedentes, se otorgó a la recurrente un plazo de cuatro días hábiles para acompañar un certificado de afiliación debidamente legalizado o apostillado, en el cual constara la fecha de afiliación al régimen previsional extranjero y las coberturas exigidas por la Ley N°18.156. Añade que la documentación aportada, particularmente la declaración jurada y el documento emitido por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, no satisfacen las exigencias legales, reglamentarias y administrativas aplicables.

Asimismo, indica que la recurrente tampoco acompañó un instrumento laboral en que constara su manifestación de voluntad de mantener afiliación a un régimen previsional fuera de Chile, requisito previsto en la letra b) del artículo 1° de la Ley N°18.156.

Sostiene que, por no haberse subsanado tales observaciones, AFP Modelo no ingresó la solicitud de devolución de fondos previsionales. Afirma que su actuación se ajustó al Libro II, Título XI, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, conforme al cual la documentación pertinente debe presentarse debidamente legalizada, pues, de lo contrario, la Administradora no puede dar curso a la solicitud.

Explica que la Ley N°18.156 constituye una norma excepcional y de interpretación restrictiva, cuyo artículo 7° permite solicitar la devolución de fondos previsionales solo si se cumplen los requisitos del artículo 1°, esto es, que el trabajador extranjero se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que otorgue prestaciones al menos en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que en el contrato de trabajo respectivo exprese su voluntad de mantener dicha afiliación.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Carta Fundamental, constituye un remedio de urgencia destinado a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Cuarto: Que, para que prospere esta acción cautelar, es requisito indispensable la existencia de un derecho indubitado y preexistente del recurrente, el cual se vea afectado por un acto u omisión que carezca de sustento legal (ilegalidad) o que sea producto del mero capricho (arbitrariedad).

Quinto: Que el artículo 1° de la Ley N° 18.156 establece una situación de excepción al principio de territorialidad de la ley previsional chilena, permitiendo a los técnicos extranjeros eximirse de cotizar (y retirar sus fondos según el artículo 7°) siempre que cumplan copulativamente con: a) Estar afiliados a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b) Expresar en el contrato de trabajo su voluntad de mantener dicha afiliación. Al tratarse de una norma de excepción que permite el retiro de fondos destinados constitucionalmente a la seguridad social, su interpretación debe ser estricta y el cumplimiento de sus requisitos debe acreditarse de manera fehaciente.

Por otro lado, vale tener presente que corresponde a la Superintendencia de Pensiones, en virtud del artículo 3° del D.F.L. N°101 de 1980 y el artículo 94 del D.L. N°3.500 de 1980, interpretar la legislación y reglamentación del Sistema de Pensiones, con carácter obligatorio para las Administradoras de Fondos de Pensiones, facultad que le permite fijar los criterios para determinar la procedencia de la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156.

Sexto: Que, luego, respecto a la acreditación de documentos otorgados en el extranjero, rige en nuestro país el principio locus regit actum en cuanto a la forma, pero para que dichos instrumentos públicos o auténticos produzcan efectos probatorios en Chile, deben someterse a las reglas de legalización establecidas en el artículo 345 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, o bien, al trámite simplificado de la Apostilla, conforme a la Convención de La Haya de 1961, vigente en Chile desde 2016 y de la cual Venezuela es parte.

Séptimo: Que, del mérito de los antecedentes allegados a la causa y, en especial, del informe evacuado por la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. y de la documentación acompañada por las partes, se desprende que el recurrente no ha logrado acreditar de manera suficiente el cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley N°18.156 y por la interpretación administrativa vigente, puesto que no existe constancia o certificado de afiliación debidamente legalizado o apostillado del recurrente.

En particular, Superintendencia de Pensiones ha sido categórica en señalar que las certificaciones electrónicas emitidas por el IVSS que no hayan sido legalizadas o apostilladas no son idóneas para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, ya que no está firmado por quien lo emite, ni se encuentra apostillado ni legalizado.

Octavo: Que, en consecuencia, el acto recurrido no adolece de ilegalidad, puesto que se sustenta en la normativa vigente (Ley N° 18.156, Art. 345 CPC) y en las instrucciones obligatorias de la Superintendencia de Pensiones (Art. 94 D.L. 3.500). Tampoco es arbitrario, toda vez que no obedece a un capricho de la Administradora, sino al cumplimiento de un deber de resguardo de los fondos previsionales, los cuales solo pueden ser devueltos cuando se acredite, con la formalidad legal correspondiente, que el trabajador cuenta con la protección social alternativa que la ley exige.

Noveno: Que, no existiendo un acto ilegal o arbitrario, y no habiéndose acreditado el cumplimiento de los requisitos legales en la forma prescrita por el derecho, no existe un derecho indubitado de propiedad sobre los fondos que pueda ser tutelado por esta vía, manteniéndose dichos recursos en la cuenta de capitalización individual de la recurrente conforme a las reglas generales del D.L. 3.500.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el art culo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza la acción constitucional de protección deducida en favor de doña nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N° Protección-25835-2025.