nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

C.A. de Santiago Santiago, trece de mayo de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que con fecha dos de diciembre de dos mil veinticinco, comparece don Pablo Ismael Acevedo López, abogado, en representación de don nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, por haber procedido a efectuar y mantener descuentos indebidos en sus remuneraciones mensuales por concepto de cuotas de un crédito social, vulnerando con ello los derechos fundamentales de igualdad ante la ley y de propiedad, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas en el artículo 19, numerales 2 y 24, por lo que solicita el cese inmediato de tales deducciones y el reintegro de lo percibido.

Expone como antecedentes de hecho que la institución recurrida ha reiniciado descuentos directos en sus ingresos salariales fundándose en un crédito social otorgado en el año 2018. Los mencionados descuentos se iniciaron en octubre de 2025.

Argumenta que tales deducciones se realizan de forma unilateral y persistente, afectando gravemente su patrimonio y su capacidad de subsistencia económica, toda vez que se le priva de una parte sustancial de su estipendio mensual. Señala que este obrar constituye un agravio de magnitud incalculable que dificulta su desarrollo diario y personal, al no poder disponer íntegramente de los frutos de su trabajo para cubrir sus necesidades básicas.

En cuanto a los fundamentos de derecho, sostiene que la Caja de Compensación recurrida incurre en una ilegalidad al apartarse de los procedimientos legales ordinarios para el cobro de deudas, ejerciendo una suerte de autotutela proscrita por nuestro ordenamiento jurídico.

Precisa que el mecanismo del artículo 22 de la Ley N° 18.833 no puede ser utilizado de forma abusiva para el cobro de deudas cuya vigencia es cuestionable, transformando un beneficio social en un gravamen desproporcionado. Alega, asimismo, que la recurrida carece de un título ejecutivo vigente que la habilite para detraer sumas de dinero de sus remuneraciones, soslayando con ello el control jurisdiccional previo que debe imperar en toda ejecución forzosa de obligaciones.

De esta manera, la afectación de los derechos fundamentales se configura mediante la vulneración de la igualdad ante la ley, al recibir un trato discriminatorio y gravoso respecto de otros deudores del sistema financiero, y muy especialmente, se conculca el derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental, por cuanto se despoja al recurrente de una porción de su propiedad —su remuneración— sin que exista una norma legal habilitante para esta situación fáctica específica de mora prolongada o un consentimiento actual y expreso para tales efectos.

Solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene a la recurrida el cese inmediato de los descuentos por planilla que se practican sobre su remuneración, la devolución de la totalidad de las sumas descontadas indebidamente y se adopten todas las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Segundo: Que evacúa informe la Compensación de Asignación Familiar Los Andes, solicitando el rechazo del recurso de protección en todas sus partes.

En cuanto a los fundamentos de hecho, detalla la existencia de un crédito social otorgado al recurrente, don nombre reservado, con fecha 14 de febrero de 2018, por la suma de $11.402.731, el cual fue objeto de diversas reprogramaciones sucesivas con fechas 11 de marzo de 2019, 1 de junio de 2020 y 16 de agosto de 2021. Indica que el deudor registra mora por las cuotas correspondientes a los meses de marzo de 2022 a octubre de 2025, encontrándose la obligación plenamente vigente y con saldo de capital impago.

En lo concerniente al derecho, la recurrida sostiene que su actuar se ajusta estrictamente al artículo 22 de la Ley N° 18.833, que establece que lo adeudado por crédito social debe ser deducido de la remuneración del trabajador por el empleador, bajo las mismas normas de pago y cobro que las cotizaciones previsionales, constituyendo un mecanismo de pago legal y obligatorio que no depende de la voluntad del acreedor.

Agrega que la prescripción de las acciones emanadas del mutuo de dinero no opera de pleno derecho, sino que debe ser alegada y declarada judicialmente de conformidad con los artículos 2492 y 2493 del Código Civil, por lo que, al no existir tal declaración, la deuda permanece actualmente exigible.

Asimismo, invoca las instrucciones de la Superintendencia de Seguridad Social contenidas en la Circular N° 3894, que regula el reinicio de descuentos de crédito social.

Descarta la vulneración de garantías constitucionales, afirmando que no hay un acto arbitrario sino el ejercicio de un derecho legal para proteger el fondo social de la institución.

Finalmente, solicita el rechazo de la acción por carecer el recurrente de un derecho indubitado, acompañando para tales efectos el expediente de crédito respectivo.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de Chile, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario – producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

Cuarto: Que el acto que la recurrente califica de ilegal y arbitrario consiste en los descuentos efectuados en sus remuneraciones por su empleador iniciados en octubre de 2025, sin su consentimiento y sin previo aviso.

Quinto: Que de los antecedentes acompañados y del mérito de las presentaciones de las partes, no se encuentra discutido el hecho de que el recurrente ha solicitado un crédito social a la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, que no se ha solicitado la prescripción de dichos créditos y que la Caja de Compensación no ha recurrido a la vía judicial para efectos de su cobro.

Sexto: Que, el artículo 22 de la Ley N° 18.833 dispone: “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales.

Practicada la deducción al trabajador, se entenderá extinguida su respecto y de sus codeudores la parte correspondiente de la deuda, desde la fecha en que ella hubiera tenido lugar, aunque no haya sido remesada por el empleador a la Caja, debiendo dirigirse exclusivamente contra éste las acciones destinadas al cobro de las sumas no enteradas”.

Séptimo: Que, por lo razonado en el motivo anterior, forzoso es concluir que el presente recurso de protección ha de ser rechazado, ya que no existe un acto u omisión arbitrario e ilegal que vulnere las garantías alegadas por el actor, desde que la recurrida, se encuentra efectuando el cobro de un crédito, conforme al mecanismo dispuesto en la Ley N°18.833, respecto de una deuda vigente, actualmente exigible y cuya prescripción no ha sido declarada, toda vez que no consta en el proceso que así lo haya sido, ni que se hubiera intentado alguna acción judicial de cobro ante algún tribunal ordinario de justicia, de acuerdo al mérito de los antecedentes.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de Constitución Política de la República y en el auto acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes.

Regístrese y en su oportunidad archívese.

N°Protección-25794-2025.