nombre reservado con A.F.P. PROVIDA S.A.

C.A. de Santiago Santiago, cinco de agosto de dos mil veinte.

Al folio 12: Téngase presente.

Al folio 13: A sus antecedentes.

Vistos:

Comparece don nombre reservado, egresado de derecho, en representación de don nombre reservado, colombiano, quien interpone acción de protección en contra de Administradora de Fondo de Pensiones Provida S.A., representada por su Gerente General don nombre reservado, por haber incurrido ésta en un acto ilegal y arbitrario al no dar lugar a su solicitud de devolución de sus fondos previsionales, lo que vulneraría su garantía fundamental consagrada en el artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República, solicita se acoja la presente acción y se ordene a la recurrida a devolver sus fondos de pensiones, adoptando todas las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho, con costas.

En cuanto al fondo, indica que es de nacionalidad colombiana y que por razones laborales decidió retornar a su país de origen, por lo que le solicitó a la recurrida la devolución de sus fondos de pensiones, atendido que cumple con los requisitos prescritos en la Ley Nº 18.156.

Afirma, que no obstante ello, la recurrida no dio lugar a sus solicitud señalando que debía acompañar un certificado en original que acreditara que contaba con dicha protección respecto a las coberturas exigidas a todo evento y con anterioridad a la prestación de los servicios, el que debía especificar que en caso de enfermedad se comprenden las prestaciones médicas y pecuniarias en caso de incapacidad laboral.

Refiere que dicha carta es ininteligible y es una copia de una anterior, y pretende que vuelva a efectuar nuevamente una solicitud que ya ha hecho en más de una ocasión. Además, sostiene que ya acompañó un documento apostillado por la cancillería de Colombia que indica que está afiliado a una entidad previsional de ese país denominada COLFONDOS desde el 23 de enero del año 2002.

En cuanto a la ilegalidad y arbitrariedad, afirma que la Administradora de Fondos actuó de manera ilegítima, toda vez que su parte cumple con todos los requisitos dispuestos en los artículos 1º y 7º de la Ley Nº 18.156 para acceder a lo solicitado, ya que acreditó la calidad de técnico o profesional extranjero, que se encuentra afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, que le otorga prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que en el contrato de trabajo expresó su voluntad de mantener la afiliación referida.

Respecto al requisito de calidad de técnico o profesional extranjero, en conformidad a lo dispuesto en la norma antes citada y el artículo 19 del Código Civil, argumenta que basta para cumplir con dicha exigencia que tenga estudios profesionales de más de 8 semestres en una institución educacional reconocida por el Estado, ya que dicha norma se refiere a aquellos que tengan un título obtenido en el extranjero, pero no excluye los estudios que haya podido cursar en Chile.

Agrega, que no se dio cumplimiento al Convenio de Seguridad Social existente entre la República de Colombia y Chile, suscrito el 9 de diciembre del año 2003, el que establece en su artículo 5º que las pensiones que se paguen de acuerdo con la legislación del Estado contratante no podrán ser sujetas a retención por el hecho de que el titular de la pensión se encuentre o resida en el territorio del otro Estado y que las pensiones que deban pagarse por uno de los Estados contratantes a los nacionales de otro Estado se harán efectivas cumpliendo con las mismas condiciones y con igual extensión que a los propios; y con el artículo 5 de la Constitución Política de la República que dispone que el Estado debe supervigilar el adecuado derecho a la seguridad social.

Alega, que todo ello conculca su garantía fundamental de la propiedad respecto de los derechos que emanan de su contrato de afiliación, pues se encuentra facultado por ley a solicitar la devolución de los fondos que pertenecen a su patrimonio y por ello solicita que se acoja su recurso. .

Informando la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. con domicilio en domicilio reservado, solicita el rechazo del mismo, por no ser la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento y, en subsidio, por no haber incurrido en un acto ilegal y arbitrario, con costas.

En primer término alega la que la presente no es la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento con carácter contradictorio, ya que no existe un derecho indubitado y porque, además, el actor nunca realizó tal solicitud, sino que sólo efectuó una consulta que fue respondida por su parte indicando los requisitos que debía cumplir para efectos de retirar dichos dineros, cita jurisprudencia al efecto.

En cuanto al fondo, alega que el 10 de febrero pasado el recurrente realizó una consulta ante la Superintendencia de Pensiones tendiente a obtener información para el retiro de sus fondos previsionales en su calidad de técnico extranjero de conformidad a las normas de la Ley N° 18.156, norma de carácter excepcionalísima en nuestro ordenamiento jurídico para efectos de realizar dicho retiro.

Indica, que el 20 de febrero del presente año, contestando dicha consulta y luego de analizados todos los antecedentes aportados, informó a la Superintendencia que el actor no registraba ninguna solicitud de devolución de fondos, no obstante, lo cual informó los requisitos que debía cumplir para realizar dicho retiro.

En razón de ello afirma que no existe acto u omisión alguno, ya que no recibieron ninguna solicitud de devolución de fondos, lo que se evidencia con el hecho que el recurrente no acompañó ningún antecedente que acredite la negativa de Provida para entregar sus cotizaciones previsionales.

Tras indicar la regulación del Sistema de Pensiones del Decreto Ley N° 3.500 de 1980 y los requisitos dispuestos en los artículos 1° y 7º de la Ley N° 18.156 y el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, que regulan la exención de cotizar en Chile a los técnicos extranjeros, afirma que su comportamiento no ha sido ni ilegal ni arbitrario, pues no ha existido pronunciamiento de su parte respecto de la situación del recurrente, por lo que no ha privado, perturbado ni amenazado ninguna de sus garantías constitucionales consagradas en la Constitución Política de la República de Chile.

Acompañan recurrente y recurrido los documentos que se precisan en sus respectivas presentaciones.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que, del examen de la acción de protección deducida, según se adelantó, aparece que la recurrente ataca una actuación precisa, la que estima arbitraria e ilegal y que consistió en el acto por el cual, según se indica, no se dio lugar a su solicitud de devolución de sus fondos previsionales, lo que vulneraría su garantía fundamental consagrada en el artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República, referida al derecho de propiedad.

Segundo: Que, el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencia de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares.

Son presupuestos de esta acción cautelar:

a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria;

b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Tercero: Que, como se desprende de lo manifestado, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal esto es, contrario a la ley o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Cuarto: Que, frente a las argumentaciones expresadas en los motivos que preceden y de la información entregada por las partes, la cual no ha sido desconocida, permiten formar el convencimiento, en lo que interesa, que no hay evidencia alguna respecto de la supuesta negativa de la recurrida a acceder a devolver los fondos previsionales.

En efecto, AFP Provida solo reconoce la existencia de una consulta del recurrente, la que fue debidamente informada, precisándole qué requisitos debiera adjuntar, pero sin que hasta la fecha se hubiera formalizado dicha petición, situación que adquiere veracidad desde que la recurrente no acompañó antecedente alguno que dé credibilidad a la supuesta negativa.

Quinto: Que, a mayor abundamiento, de la información que adjunta el recurrente, entre las cuales figura un certificado de afiliación apostillado de una entidad previsional de la República de Colombia, un certificado de calificaciones del Instituto Los Leones y la carta de respuesta a la consulta emanada de la recurrida, en su conjunto, tampoco permiten construir una negativa a su solicitud, de manera tal que no hay constancia del acto ilegal y/o arbitrario.

En efecto, los primeros dos documentos solo tienen por finalidad acreditar el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 1º de la Ley Nº 18.156, pero en ninguno de ellos figura alguna solicitud de devolución de los fondos, para así analizar la suficiencia de éstos para acceder a la petición del actor, ya que en el caso de la carta, y tal como lo expresó la recurrida, se encuentra delimitada a responder una comunicación efectuada por la Superintendencia de Pensiones en el contexto de un reclamo interpuesto por el afiliado, en donde hacía nuevamente referencia a una supuesta negativa de la Administradora de Fondos, que tampoco se funda en ningún antecedente concreto que dé debida cuenta de la efectividad de la petición y su respectiva negativa.

Sexto: Que, por todo lo señalado, no se advierte en el proceder de la recurrida, ninguna vulneración a garantía constitucional alguna, ya que no existe ningún acto que haya sido dictado por ella que disponga la negativa a la devolución de fondos previsionales solicitados por la recurrente, motivos por los cuales se desestimará la presente acción cautelar.

Y de conformidad, también, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y 1º, 3º y 7º del Auto Acordado que regla la materia, se declara:

Se RECHAZA el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, quien lo interpuso en contra de la Administradora de Fondo de Pensiones Provida S.A., sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívense estos autos si no se apelare.

Protección Nº 25.794-2020.