nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

C.A. de Santiago Santiago, once de junio de dos mil veintiséis.

Al folio 24: a lo principal, como se pide. Al otrosí, téngase presente.

Vistos y considerando:

PRIMERO: Que, comparece el abogado Daniel Alejandro Mancini Esquivel, en favor de nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, por la actuación que estima ilegal y arbitraria consistente en el descuento de su remuneración mensual del mes de junio de 2025 en virtud de un crédito social otorgado por la recurrida, por lo que solicita se acoja la presente acción y se ordene a la recurrida cesar con dicho descuento y todos los descuentos futuros.

Expone que en noviembre de 2020 habría suscrito un pagaré a favor de la recurrida por la suma de $17.329.623, pagadero en 60 cuotas, mediante descuento de sus remuneraciones. Señala que actualmente es trabajadora de la empresa GTD Manquehue S.A., y que desde el mes de junio de 2025 ha sufrido en sus liquidaciones de sueldo un descuento desproporcionado por la suma de $532.429 a favor de la Caja Los Andes, dejándola con un saldo líquido de apenas $477.744.

En cuanto al derecho, califica este acto como arbitrario e ilegal, argumentando que excede ampliamente el límite legal del 25% de la remuneración líquida mensual para descuentos por créditos sociales, conforme al artículo 58 del Código del Trabajo y dictámenes de la Superintendencia de Seguridad Social, vulnerando con ello sus garantías constitucionales, específicamente el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad de la Constitución Política de la República.

Pide, en definitiva, se acoja la presente acción de protección y se ordene a la recurrida dejar sin efecto el descuento, o en subsidio, se restituya el saldo que excede el máximo permitido, con costas.

SEGUNDO: Que, evacuó informe la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes en el siguiente tenor.

Expone que los descuentos efectuados no provienen de un crédito del año 2020 como asevera la contraria, sino de dos operaciones de crédito recientes y plenamente vigentes, solicitadas de manera voluntaria por la actora. Detalla que el primer crédito (N°208COS100302160) fue otorgado el 4 de octubre de 2024 por un capital de $12.684.399, pactado en 60 cuotas de $376.699; y el segundo crédito (N°208COS100368965) fue otorgado el 3 de junio de 2025 por un capital de $5.114.540, pactado en 60 cuotas de $155.831.

En cuanto al derecho, argumenta que el cobro obedece al ejercicio legítimo de sus prerrogativas legales, específicamente al mandato imperativo contenido en el artículo 22 de la Ley N°18.833, el cual establece que lo adeudado por prestaciones de crédito social debe ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora. Añade que la recurrente suscribió libremente ambos contratos, otorgando mandato expreso para el descuento, por lo que no existe expropiación, ilegalidad ni arbitrariedad, sino el mero cumplimiento de una obligación crediticia actualmente exigible.

TERCERO: Que, a petición de esta Novena Sala, se pidió a la recurrida informar respecto de lo señalado por la recurrente en atención a exceder los descuentos practicados de lo indicado en la normativa correspondiente, indicando la recurrida que el monto descontado en la liquidación de la recurrente no supera el 25% de su remuneración líquida, desglosando los montos correspondientes al período de octubre a enero de 2026: durante octubre, con una renta líquida de $2.709.751, el descuento del 25% ascendería a $677.438, mientras que el descuento real fue de $561.404; en noviembre, sobre una renta líquida de $1.350.976, el descuento del 25% ascendería a $337.744, pero el descuento efectivamente aplicado fue de $277.369; en diciembre, con una renta líquida de $3.864.317, el límite del 25% correspondería a $963.579, siendo el descuento real de $410.589; finalmente, en enero, sobre una renta líquida de $2.475.136, el descuento del 25% sería de $618.784, aplicándose efectivamente $353.592.

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo frente a un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. En consecuencia, es requisito indispensable para la procedencia de la acción la existencia de un acto u omisión ilegal —contrario a la ley— o arbitrario —entendido como producto del mero capricho o voluntad irrazonable—, y que afecte un derecho indubitado.

QUINTO: Que, en la especie, la controversia jurídica se centra en determinar si el descuento efectuado a las remuneraciones de la recurrente por concepto de crédito social constituye un acto ilegal y arbitrario por vulnerar los topes legales de descuento, o si, por el contrario, obedece al ejercicio legítimo de las facultades de la entidad acreedora amparado en la legislación vigente y en los contratos suscritos por las partes.

SEXTO: Que, del mérito de los antecedentes aportados al expediente digital, adquieren especial y determinante relevancia los documentos acompañados por la recurrida. Constan los instrumentos denominados "Mutuo de Crédito Social", "Solicitud de Crédito" y "Pagaré", correspondientes a las operaciones N°208COS100302160 y N°208COS100368965. Dichos documentos evidencian fehacientemente que la actora, doña nombre reservado, suscribió de manera voluntaria, con firma electrónica validada, dos créditos sociales en octubre de 2024 y junio de 2025, respectivamente.

Lo anterior desvirtúa la alegación contenida en el recurso respecto a que el origen de los descuentos emanaría exclusivamente de una deuda del año 2020. Por el contrario, se encuentra acreditado que la recurrente contrajo obligaciones financieras recientes, plenamente vigentes y exigibles al momento de efectuarse los descuentos reclamados.

SÉPTIMO: Que, la conducta de la Caja de Compensación recurrida se ajusta plenamente a la legalidad, ya que, el artículo 22 de la Ley N°18.833, que rige a estas entidades, establece imperativamente que lo adeudado por prestaciones de crédito social "deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales". En consecuencia, la actuación de la recurrida al informar las cuotas para su descuento por planilla no constituye un acto de autotutela, sino el estricto cumplimiento del mecanismo de recaudación dispuesto por el legislador.

OCTAVO: Que, en relación a la alegación sobre el exceso del límite del 25% de la remuneración líquida para la aplicación de descuentos, cabe precisar que la recurrente, con pleno conocimiento de su situación patrimonial e ingresos, concurrió voluntariamente a contratar un segundo préstamo de consumo en junio de 2025, incrementando por su propia voluntad la carga financiera mensual que debía soportar, la que de todas maneras, conforme a lo señalado por la recurrida, no excede del 25% de su remuneración, lo que se puede advertir de las liquidaciones de sueldo que acompañó la actora.

Acoger la presente acción constitucional implicaría permitir que la actora se exima del cumplimiento de obligaciones financieras recientes y libremente pactadas, contraviniendo el principio general del derecho que impide a las personas aprovecharse de su propio dolo o negligencia. Asimismo, la determinación exacta de los topes de descuento en concurrencia con otras deudas y la responsabilidad específica del empleador en la aplicación práctica de dichas retenciones, excede la naturaleza cautelar y de urgencia del recurso de protección, debiendo ser discutida en la sede jurisdiccional de lato conocimiento correspondiente, toda vez que no estamos ante un derecho preexistente e indubitado.

NOVENO: Que, por consiguiente, el actuar de la Caja de Compensación recurrida se encuentra desprovisto de toda ilegalidad o arbitrariedad. El descuento por planilla tiene su sustento normativo en la Ley N°18.833 y su sustento fáctico en la voluntad contractual de la propia recurrente, expresada en los mandatos y pagarés suscritos en 2024 y 2025. Así las cosas, no existiendo un acto caprichoso ni contrario a derecho, no se configura vulneración alguna al derecho de propiedad de la actora, ni a la igualdad ante la ley, toda vez que la afectación patrimonial reclamada obedece al legítimo cumplimiento de las obligaciones libremente contraídas por la deudora.

Por estas consideraciones, y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección-25790-2025.

Pronunciada por la Novena Sala, integrada por el Ministro señor Fernando Antonio Valderrama Martínez, el Ministro (I) señor Guillermo Rodríguez González y la Abogado Integrante señora Catalina Infante Correa.

En Santiago, once de junio de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.