nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

C.A. de Santiago Santiago, diez de julio de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente Primero: Que comparece nombre reservado, en su propio favor, interponiendo recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, por el acto arbitrario e ilegal consistente en el descuento por planilla efectuado a su remuneración a solicitud de la recurrida.

Expone el recurrente que el origen de la controversia se remonta al 28 de octubre de 2013, cuando suscribió con la recurrida un préstamo de consumo, instrumentado mediante el pagaré número 30-RUT reservado, por un capital de $8.966.910.- a ser solucionado en 60 cuotas mensuales. Agrega que, por vicisitudes económicas, incurrió en mora, lo que motivó que la Caja de Compensación dedujera en su contra una demanda ejecutiva de cobro, la cual fue sustanciada ante el Cuarto Juzgado de Letras de Copiapó bajo el Rol C-822-2019. No obstante, dicho proceso jurisdiccional culminó con una resolución que acogió el incidente de abandono del procedimiento, dictada con fecha 5 de septiembre de 2024 y certificada como ejecutoriada el 17 de octubre del mismo año, lo que a juicio del actor privaba a la acreedora de proseguir con el cobro por vías alternativas de apremio privado.

Argumenta que, pese a lo anterior, con fecha 31 de diciembre de 2025, al percibir su liquidación de remuneraciones correspondiente al mes de diciembre de aquel año, constató una deducción por planilla ascendente a la suma de $544.065.-. Sostiene que este acto de autotutela resulta abusivo, por cuanto la recurrida no notificó previamente la reactivación de esta modalidad de cobro ni informó los fundamentos del mismo.

Jurídicamente, el arbitrio se fundamenta en que las Cajas de Compensación, si bien gozan de la facultad otorgada por el artículo 22 de la Ley número 18.833 para descontar cuotas de crédito social de las remuneraciones, dicha prerrogativa no es absoluta y se entiende renunciada una vez que el acreedor opta por la vía judicial de cobro forzado. Así, al haber ejercido la cláusula de aceleración e interpuesto una demanda ejecutiva, la recurrida fijó su posición jurídica, no pudiendo con posterioridad retomar la vía extrajudicial de descuento unilateral, lo que configura una vulneración al principio de la buena fe y al derecho de propiedad del trabajador sobre sus emolumentos.

En relación a la afectación de garantías, el recurrente afirma que el acto impugnado constituye una privación arbitraria de parte de su patrimonio, toda vez que se le arrebata una fracción significativa de su salario, indispensable para su subsistencia y la de su familia, sin que exista un título ejecutivo vigente o una orden judicial que lo autorice tras el fracaso del juicio ejecutivo previo. Esta conducta es calificada como un ejercicio abusivo de una facultad legal, que en los hechos importa un despojo de la propiedad sobre el dinero que percibe a cambio de su trabajo, garantizado en el numeral 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene a la recurrida cesar de forma inmediata todo tipo de retención o descuento en sus remuneraciones, restituir los montos ya deducidos debidamente reajustados, y condenar en costas a la institución recurrida.

Segundo: Que, evacuando informe, la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes solicita el rechazo de la acción de protección por haber perdido oportunidad.

En cuanto a los antecedentes fácticos del crédito, expone que con fecha 30 de octubre de 2013 se otorgó al recurrente una operación de crédito social código N° RUT reservado por un capital de $8.966.910.-, la cual fue posteriormente reprogramada con fecha 20 de diciembre de 2016 por un saldo de $6.875.445.- ante la morosidad del deudor. Añade que la obligación se encuentra actualmente en estado de cobranza judicial, registrando cuotas impagas desde agosto de 2017 hasta febrero de 2020.

Respecto del derecho, sostiene la legalidad de su actuar fundándose en el artículo 22 de la Ley N° 18.833, precepto que impone a la entidad empleadora la obligación perentoria de deducir de las remuneraciones del afiliado lo adeudado por prestaciones de crédito social, rigiéndose por las mismas normas de pago y cobro que las cotizaciones previsionales. Arguye que este mecanismo constituye un régimen especial de pago inherente al sistema de cajas de compensación que permite reducir el riesgo y el costo del crédito para los trabajadores.

En lo tocante a la eventual prescripción de la deuda, asevera que la acción de protección no es la vía idónea para tal declaración, la cual requiere un pronunciamiento en sede de lato conocimiento, manteniéndose la obligación plenamente exigible mientras no medie una sentencia judicial firme que la declare extinguida.

No obstante, lo anterior, informa a esta Ilustrísima Corte que, sin reconocer la extinción de la acreencia ni la concurrencia de una conducta arbitraria o ilegal, su representada ha dispuesto motu proprio el cese definitivo de los descuentos sobre las remuneraciones del actor, así como la restitución de las sumas que hubieren sido percibidas desde la reanudación de los cobros en enero de 2026.

En virtud de lo expuesto, solicita el rechazo del recurso toda vez que, al haber cesado el acto impugnado y comprometido el reembolso de los fondos, la acción ha perdido su objeto y cautela urgente.

Tercero: Que, el recurso de protección, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar destinada a restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado cuando, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, éste sufre privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que dicha norma enumera. En la especie, corresponde determinar si la reanudación de los descuentos en las remuneraciones del recurrente, efectuada por la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes con posterioridad a la ejecutoria de la sentencia que declaró abandonado el procedimiento judicial de cobro que la propia recurrida había iniciado, configura un acto arbitrario que vulnere la garantía del derecho de propiedad consagrada en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República.

Cuarto: Que, conforme a lo informado por la recurrida, habiéndose dispuesto el cese definitivo de los descuentos cuestionados y la restitución de las sumas percibidas desde la reanudación de los cobros, no existe actualmente una cautela urgente que adoptar respecto del acto impugnado, por lo que el presente recurso no puede prosperar, al no subsistir medidas que disponer, desde que la pretensión cautelar ha sido satisfecha voluntariamente por la propia recurrida.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, SE RECHAZA el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, por haber perdido oportunidad.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección-2576-2026.