nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, nueve de julio de dos mil veintiséis.

A los folios 24 y 25: téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece la abogada María Alejandra Mundaca Pizarro, en representación de nombre reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 nombre reservado por haber efectuado un descuento por planilla en su remuneración correspondiente al mes de diciembre de 2025, ascendente a $138.144, en cobro de un crédito social otorgado el año 2012, sin aviso previo y transcurridos más de 10 años desde que la obligación habría caído en mora. Considera dicha actuación ilegal y arbitraria, ya que la recurrida revive de manera unilateral e intempestiva la facultad de descuento por planilla que le confiere el artículo 22 de la Ley N° 18.833, tras más de una década de silencio y desinterés en perseguir el pago, sin dar noticia previa al afectado, dejándolo en un estado de total indefensión frente a una deuda cuya acción ordinaria se encuentra prescrita conforme a los artículos 2514 y 2515 del Código Civil, eludiendo con ello el control jurisdiccional mediante una vía administrativa de excepción; y, además, porque infringe el procedimiento reglado establecido en la Circular N° 3894 de la Superintendencia de Seguridad Social, que exige enviar al trabajador un aviso previo detallando la deuda impaga antes de informar el descuento al empleador.

Señala que lo anterior vulnera los derechos fundamentales de igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, en su vertiente de prohibición de autotutela, y de propiedad, consagrados en el artículo 19 N° 3, inciso quinto, y N° 24 de la Constitución Política de la República, que esta garantiza a todas las personas.

Solicita que se acoja el recurso y, en su mérito, se ordene el cese inmediato y definitivo de los descuentos en las remuneraciones del recurrente por el crédito social otorgado el año 2012; la restitución de todas las sumas descontadas indebidamente, en un plazo de 5 días hábiles o el que la Corte estime, debidamente reajustadas y con intereses legales; la adopción de las demás medidas que se estimen pertinentes para restablecer el imperio del derecho; y la condena en costas de la recurrida.

En cuanto a los hechos, expone que el 22 de junio de 2012 el recurrente contrajo con la recurrida un mutuo de dinero denominado crédito social, pactado en 36 cuotas, con vencimiento de la primera el 25 de julio de 2012 y de la última en junio de 2015, cuyos pagos se efectuarían mediante descuentos directos de su remuneración mensual, conforme al artículo 22 de la Ley N° 18.833.

Agrega que, en agosto de 2014, por causas ajenas a su voluntad, el recurrente fue desvinculado de su trabajo, suscribiendo el respectivo finiquito, con lo cual perdió su única fuente de ingresos y cesaron los descuentos que hasta esa fecha se practicaban.

Añade que, desde agosto de 2014, el recurrente jamás fue informado de mantener deuda alguna con la recurrida.

No obstante, indica que en enero de 2026 - momento en que tomó conocimiento - el recurrente constató que en su liquidación de remuneración correspondiente a diciembre de 2025 figura un descuento de $138.144 efectuado por “nombre reservado 1” por el crédito ya referido, sin que se señale siquiera un número de cuota específico.

En cuanto al derecho, sostiene, en primer término, que el actuar de la recurrida es arbitrario, pues constituye un uso irracional, abusivo y antojadizo de la facultad del artículo 22 de la Ley N° 18.833, la que está supeditada a un ejercicio oportuno. Señala que las Cajas de Compensación deben dar noticia previa de sus determinaciones al afectado tras un extenso lapso entre la exigibilidad de la obligación y su cobro, deviniendo en antojadiza la decisión de reiniciar los descuentos luego de más de 10 años de desinterés, sin perjuicio del derecho de la acreedora de perseguir el pago por los medios legales ordinarios. Afirma que revivir el cobro tras 10 años de silencio vulnera, además, la doctrina de los actos propios y el principio de confianza legítima.

En segundo término, sostiene que el acto es ilegal por infringir la Circular N° 3894 de la Superintendencia de Seguridad Social, incorporada al Compendio de Normas, que establece un procedimiento estricto para el reinicio de descuentos tras periodos prolongados de morosidad, exigiendo un aviso previo al trabajador que detalle la deuda impaga y los meses individualizados. La omisión de dicho aviso vicia de ilegalidad el descuento, pues priva al deudor de verificar la exactitud de los montos, especialmente cuando incluyen intereses y recargos de más de 10 años de antigüedad.

Finalmente, en un solo orden de ideas, explica que tales actuaciones vulneran la garantía del artículo 19 N° 3, inciso quinto, de la Constitución, por cuanto la recurrida ejerce una autotutela administrativa que, al soslayar los tribunales ordinarios, impide que un juez declare la prescripción de la deuda; y la garantía del artículo 19 N° 24 del mismo texto, pues las remuneraciones tienen carácter alimenticio y están amparadas por el derecho de propiedad, de modo que el descuento unilateral priva al recurrente de beneficios económicos de forma directa e inmediata.

Segundo: Que la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 nombre reservado evacúa el informe requerido por esta Corte y expone que el 25 de junio de 2012 el actor contrató una operación de crédito social por la suma de $3.304.194, pagadera a una tasa de 2,08%, en 36 cuotas mensuales de $138.144, más la prima del seguro de desgravamen -de carácter obligatorio según la normativa sectorial- por $6367, operación registrada bajo el folio 1340087323. Agrega que el actor pagó de forma oportuna solo las 31 primeras cuotas del crédito, quedando en mora desde la cuota N° 32, de vencimiento el 10 de marzo de 2015.

Señala que, atendida la morosidad, se activaron los mecanismos de cobro extrajudiciales correspondientes y el crédito se incorporó en la base de aquellas operaciones morosas que pueden y deben ser cobradas al deudor mediante el descuento en sus remuneraciones, tanto por la Caja acreedora como por las demás Cajas de Compensación que forman parte del sistema integrado de recaudación denominado Intercajas, por cuyo intermedio la Caja de actual afiliación del deudor intermedia en el cobro de una operación morosa que este adeude a otra Caja del sistema, todo ello en estricto apego a la normativa que regula la actividad.

Sostiene que el cobro de la cuota del crédito se ha realizado en estricto apego a derecho y que no existe actuación ilegal o arbitraria alguna. Funda lo anterior en el artículo 1° de la Ley N° 18.833, que define a las Cajas de Compensación de Asignación Familiar como entidades de previsión social, corporaciones de derecho privado sin fines de lucro, cuyo objeto es la administración de prestaciones de seguridad social. Invoca, asimismo, el artículo 58 del Código del Trabajo, que impone al empleador la obligación de deducir de las remuneraciones los impuestos que las graven, las cotizaciones de seguridad social, las cuotas sindicales y las obligaciones con instituciones de previsión o con organismos públicos.

Cita el artículo 22 de la Ley N° 18.833, conforme al cual lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, rigiéndose por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales.

Concluye que el descuento efectuado en cobro y pago de una operación de crédito malamente podría constituir una actuación arbitraria, pues la institución solo está cumpliendo con el mandato legal de proteger el fondo social mediante la recuperación de un crédito por la vía que la ley impone para ello, en el escenario en que la vigencia de las acciones judiciales de que dispone para el cobro del crédito no ha sido discutida.

Finalmente, sin perjuicio de lo anterior y sin reconocer los fundamentos que esgrime el actor, informa que ha estimado prudente disponer el cese del cobro y la restitución de las sumas descontadas desde diciembre de 2025 en adelante. En este sentido puntualiza que, tratándose de un descuento realizado bajo el sistema Intercajas, ha tomado contacto con la Caja de Compensación Los Andes para que la operación del actor sea excluida de las nóminas de cobros dirigidos a su empleadora.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal - esto es, contrario a la ley - o arbitrario - producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él - y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Cuarto: Que según se desprende de los considerandos que anteceden, el acto que se impugna consiste en el descuento de $138.144 practicado en la remuneración del recurrente correspondiente al mes de diciembre de 2025, en cobro de una cuota de un crédito social contratado el año 2012 con la Caja de Compensación recurrida.

Como se adelantó en el motivo tercero, la acción de protección es una vía cautelar y de emergencia, cuyo objeto no es declarar derechos ni resolver controversias de lato conocimiento, sino adoptar las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho frente a un acto u omisión ilegal o arbitrario que prive, perturbe o amenace, de manera actual, el legítimo ejercicio de alguna de las garantías que el artículo 20 de la Carta Fundamental ampara.

De lo anterior se sigue que la procedencia de las medidas cautelares que por esta vía pueden adoptarse supone la subsistencia de la situación que se pretende corregir, por tanto, si el agravio ha cesado y sus efectos han sido íntegramente reparados, la acción pierde su objeto, pues nada queda que cautelar.

Quinto: Que del mérito de los antecedentes que obran en el proceso, especialmente de lo informado por la Caja de Compensación recurrida, consta de manera indubitada que dicha institución adoptó de manera voluntaria la decisión de paralizar y poner término definitivo a todo descuento previsional por planilla en las remuneraciones de nombre reservado respecto de los créditos controvertidos en autos. Asimismo, asumió formalmente la obligación de restituir la totalidad de los dineros que hubiesen sido percibidos por tal concepto desde el reinicio de las cobranzas administrativas cuestionadas.

Sexto: Que respecto de las alegaciones efectuadas en estrados por la abogada recurrente, donde acusa la continuidad de los descuentos en la liquidación del sueldo de enero de 2026 y la falta de reembolso material de los fondos, cabe precisar que tales circunstancias no desvirtúan el carácter vinculante ni la seriedad del cese dispuesto por la recurrida. Por cuanto la confección, procesamiento y envío de las planillas de descuentos a los empleadores afiliados se realiza con una antelación considerable (generalmente los días 25 del mes anterior al pago efectivo de las remuneraciones), lo que genera un desfase administrativo natural entre el momento en que se adopta la instrucción interna de cese y el mes en que este se ve reflejado en las liquidaciones de remuneración procesadas por la empresa empleadora.

A lo anterior se suma, que las cantidades reclamadas fueron enteradas directamente en la cuenta corriente de esta Corte y girados los dineros en favor de la actora, tal como consta a folio 22.

Séptimo: Que la manifestación expresa de voluntad efectuada por la recurrida en sede judicial constituye un acto propio que la vincula jurídicamente y que extingue el conflicto constitucional de urgencia.

En tales condiciones, al haber dispuesto la Caja de Compensación cese definitivo de las retenciones y la devolución de los dineros percibidos, la presunta perturbación o amenaza sobre el derecho de propiedad y la igualdad ante la ley ha sido formalmente neutralizada y superada por vía administrativa.

Octavo: Que, en consecuencia, al no existir en la actualidad una situación de privación, perturbación o amenaza vigente que requiera la adopción de medidas cautelares urgentes e indispensables por parte de esta magistratura para restablecer el imperio del derecho, la presente acción de protección ha perdido su objeto y finalidad oportuna.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso deducido en favor de nombre reservado en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 nombre reservado.

Regístrese y archívese.

N° Protección-2575-2026