Recurso de protección

C.A. de Santiago Santiago, veintiocho de mayo de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece nombre reservado, en representación de la Fundación Valídame, organización de la sociedad civil sin fines de lucro, deduciendo acción de protección en favor de nombre reservado, en contra de nombre reservado, en su calidad de Presidenta Coordinadora de la Comisión Médica Central (CMC) y de nombre reservado, en su calidad de Médico Presidenta Coordinadora de la Comisión Médica Regional Santiago Centro (CMR).

Refiere que el afectado padece de un severo y progresivo deterioro de su salud debido a múltiples diagnósticos clínicos, a saber: síndrome lumbociático crónico y refractario, estenosis foraminal lumbosacra bilateral severa, enfermedad degenerativa lumbar, dolor crónico, parestesia en la pierna izquierda e hipertensión arterial, dolencias que lo mantienen bajo intensos tratamientos farmacológicos (Tramadol, Ibuprofeno, Pregabalina y Zopiclona). Agrega que ha sido sometido a dos artrodesis lumbares, las cuales resultaron fallidas, constatándose mediante tomografía computada (TAC) de fecha 6 de marzo de 2024 un aflojamiento del tornillo sacro en el nivel S1, situación que clínicamente se encuentra fuera de alcance quirúrgico y con un pronóstico ominoso.

Asevera que, con fecha 11 de octubre de 2025, quedó ejecutoriada la Resolución N°CMC NUM000 de la Comisión Médica Central, que rechazó un recurso de reposición manteniendo el rechazo de invalidez asociado al Dictamen N°NUM001 de la Comisión Médica Regional Santiago Centro, el cual determinó un menoscabo laboral de apenas un 34% global por la patología de "lumbago crónico", rechazando en consecuencia su solicitud de pensión de invalidez por no alcanzar el 50% mínimo exigido por el Decreto Ley N°3.500.

Denuncia que dicho procedimiento administrativo adolece de graves vicios de ilegalidad y arbitrariedad, detallando los siguientes reproches: 1. Evaluación incompleta y omisión de impedimentos: No se evaluó de forma alguna el impedimento psiquiátrico derivado del dolor crónico, consistente en un trastorno adictivo severo a analgésicos mayores (Tramadol) y ansiolíticos, certificado por su médico psiquiatra tratante, Dr. nombre reservado. 2. Utilización de peritajes desactualizados: Las comisiones recurridas resolvieron las impugnaciones basándose en informes de interconsultores que datan de mediados del año 2024, con más de un año de antigüedad, sin ordenar nuevas pericias clínicas actualizadas a pesar del evidente y brusco retroceso en el estado de salud del afiliado. 3. Falta de idoneidad y especialización: No se decretó una interconsulta con un médico neurocirujano —especialista idóneo para patologías complejas de columna lumbosacra—, limitando las evaluaciones a peritajes de un neurólogo general y un traumatólogo, quienes descartaron indebidamente el compromiso neurológico. 4. Infracción a las Normas Técnicas de Evaluación: Sostiene que, conforme al Capítulo 1 de la Norma Técnica de Evaluación y Calificación del Grado de Invalidez (versión 2022), el cuadro clínico de su representado, caracterizado por signos clínicos de tensión radicular positivos (Lasègue y TEPE), dolor continuo en reposo, limitación severa de la movilidad con flexión lumbar de solo 20 grados y aflojamiento instrumental de S1, debió encasillarse en la Clase IV (Menoscabo Laboral Permanente de entre 50% y 66%) o Clase V (mayor al 66%), garantizándole el acceso a la pensión de invalidez. 5. Falta de motivación y transparencia: Acusa que el acta de la sesión N°NUM002 carece de las firmas correspondientes de los médicos cirujanos integrantes de la comisión y que el expediente digital entregado fue editado para borrar la trazabilidad de las tareas, planteando serias dudas sobre si la decisión fue adoptada por médicos habilitados o por personal administrativo de la Fundación de Asistencia de Comisiones Médicas (FACM) de las AFP, aludiendo a un patrón de irregularidades similar al detectado en el caso de don nombre reservado.

Estima que este actuar lesiona de forma flagrante las garantías fundamentales consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, específicamente en sus numerales 1° (derecho a la vida y a la integridad física y psíquica), 2° (igualdad ante la ley), 3° inciso quinto (derecho a no ser juzgado por comisiones especiales) y 24° (derecho de propiedad sobre los subsidios y cotizaciones previsionales).

Por todo lo anterior, solicita acoger la presente acción constitucional y declarar: 1. La ilegalidad y arbitrariedad del procedimiento y resoluciones impugnadas. 2. Dejar sin efecto el Dictamen N°NUM001 y la Resolución N°CMC NUM000. 3. Ordenar repetir los procedimientos de evaluación por una comisión con personal médico habilitado y distinto, ordenando peritajes y exámenes actualizados, conservando la fecha de devengo de la solicitud inicial de 14 de febrero de 2020. 4. Ordenar la entrega del expediente electrónico completo y sin ediciones, con la traza de accesos y usuarios específicos. 5. Imponer la expresa condena en costas de las recurridas.

Segundo: Que, evacuando su informe, nombre reservado, Médico Presidenta Coordinadora de la Comisión Médica Regional Santiago Centro, solicita el rechazo del recurso en todas sus partes, con costas.

Efectúa una relación de los antecedentes de hecho previsionales del afiliado, precisando que este ha presentado dos solicitudes de invalidez. En la primera de ellas, iniciada el 13 de septiembre de 2022, la Comisión Regional emitió el Dictamen N°NUM003 que aprobó una invalidez transitoria parcial con un 53% de menoscabo global, fundado en un diagnóstico de lumbago severo en Clase III. No obstante, dicho dictamen fue reclamado por las compañías de seguros previsionales del contrato (4Life, Confuturo y Penta Vida), siendo resuelto por la Comisión Médica Central mediante Resolución N°NUM004 de fecha 9 de agosto de 2023, la cual acogió el reclamo previsional, revocó la invalidez otorgada y fijó la pérdida de capacidad de trabajo en un 34% global, al estimar que la afección carecía de compromiso neurológico motor clínico consolidado. Dicha decisión fue mantenida a firme tras rechazarse la reposición de la parte afiliada en diciembre de 2023.

En cuanto a la segunda solicitud de invalidez, ingresada el 8 de marzo de 2024, expone que el requirente fue evaluado de conformidad con la ley por los peritos médicos interconsultores Dr.

nombre reservado (ortopedia y traumatología) y Dr. nombre reservado

Santín (neurología). En sus informes, el traumatólogo Dr. Ritz sugirió no configurar impedimentos previsionales aún por encontrarse el paciente bajo observación y con tratamientos terapéuticos pendientes (reintervención de columna y rehabilitación de cadera), mientras que el neurólogo Dr. Godoy concluyó que, si bien presentaba un cuadro de dolor crónico secundario a patología osteoarticular degenerativa, al examen físico-neurológico no se constató paresia, déficit sensitivo formal ni signos radiculares activos, determinando la "ausencia de compromiso neurológico clínico".

Con el mérito de tales informes, y discrepando parcialmente de las sugerencias de no configurar de los peritos, la Dra. Adriana Ardiles, médico asignada de la CMR, propuso configurar el impedimento de "lumbago crónico" en Clase II, rango alto, asignando un 34% de menoscabo parcial, propuesta que fue unánimemente aprobada por la sala previsional en la sesión N°NUM005, dictándose el Dictamen N°NUM001 del 30 de julio de 2024, que rechazó la invalidez por no alcanzar el mínimo legal del 50%. Finaliza señalando que este órgano actuó con estricto apego al marco legal y reglamentario que rige a las comisiones de medicina previsional.

Tercero: Que, por su parte, nombre reservado, Presidenta Coordinadora de la Comisión Médica Central, informa solicitando desestimar la acción de protección por no existir ningún acto ilegal o arbitrario de su representada.

Explica que, conociendo de las reclamaciones del afiliado respecto a la segunda solicitud de invalidez, la Comisión Médica Central procedió a estudiar pormenorizadamente los antecedentes clínicos que obran en el expediente electrónico N°NUM006. Detalla que en la sesión N°NUM007, de fecha 27 de marzo de 2025 (Resolución N°CMC NUM008), se confirmaron los hallazgos del examen físico del especialista neurólogo Dr. Godoy, quien constató una marcha antiálgica, pero con fuerzas motoras normales, tono y reflejos osteotendíneos conservados, sin evidencias clínicas de compresión radicular activa. En el mismo sentido, se ponderó el examen de electromiografía de extremidades inferiores de 1 de julio de 2024, practicado por el neurólogo Dr. nombre reservado, el cual si bien evidenció una poliradiculopatía lumbosacra crónica bilateral, fue categórico al concluir que esta se encontraba "sin denervación activa".

Añade que, conociendo del recurso de reposición interpuesto por la Fundación recurrente en contra de la resolución confirmatoria, la Comisión Médica Central sesionó el 3 de septiembre de 2025 (sesión N°NUM002) con la asesoría clínica de la médico asignada Dra. nombre reservado. En dicha instancia, se examinaron detalladamente los argumentos del afiliado y se concluyó técnicamente que, aun cuando el paciente presenta un síndrome lumbociático de larga data con dolor e interferencias funcionales, la Norma Técnica de Evaluación de Invalidez de 2022 exige perentoriamente la concurrencia de un compromiso neurológico motor clínico de carácter objetivo para configurar la patología de columna en una Clase III o superior (lo que habilitaría un menoscabo igual o superior al 50%). Así, ante la ausencia constatada de dicho déficit motor, resulta científicamente inviable para la Comisión asignar un menoscabo superior al 34% global.

Concluye que las resoluciones emitidas son actos administrativos debidamente motivados, que se fundan en la aplicación científica de la normativa previsional vigente realizada por órganos colegiados y autónomos dotados de competencia técnica exclusiva por mandato del legislador, no existiendo capricho ni ilegalidad alguna en su determinación.

Cuarto: Que, de conformidad con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción constitucional de tutela de urgencia, de naturaleza esencialmente cautelar, destinada a restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado frente a actos u omisiones que, con infracción de ley o carentes de fundamentos (arbitrarios), priven, perturben o amenacen el legítimo ejercicio de los derechos y garantías expresamente protegidos que se enumeran en dicha disposición.

Quinto: Que el objeto de la presente acción de protección se constriñe a determinar si la dictación de la Resolución N°CMC NUM000 de fecha 3 de septiembre de 2025, emitida por la Comisión Médica Central —que rechazó el recurso de reposición administrativa y confirmó el Dictamen N°NUM001 de la Comisión Médica Regional Santiago Centro, fijando en un 34% el menoscabo laboral del afiliado nombre reservado—, reviste el carácter de ilegal o arbitraria y si, producto de ello, se han conculcado sus derechos a la integridad física y psíquica, la igualdad ante la ley, el derecho al juez natural y el derecho de propiedad previsional.

Sexto: Que, para el adecuado análisis de la controversia, es menester precisar que las Comisiones Médicas Regionales y la Comisión Médica Central son organismos técnicos de carácter autónomo, instituidos por el artículo 11 del Decreto Ley N°3.500 de 1980 y regulados por el Decreto Supremo N°57 de 1990 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Estos órganos colegiados poseen competencia legal exclusiva y excluyente para evaluar, calificar y dictaminar el grado de invalidez de los afiliados al sistema de pensiones de capitalización individual, debiendo someter sus juicios médicos a las "Normas para la Evaluación y Calificación del Grado de Invalidez" vigentes, dictadas por la Comisión Técnica de Invalidez.

En consecuencia, el control de legalidad y constitucionalidad que compete ejercer a esta Corte de Apelaciones respecto de las resoluciones de dichos entes previsionales no puede importar, bajo ningún pretexto, una intromisión en el mérito de las decisiones estrictamente científicas, clínicas o de diagnóstico médico que a aquellos les corresponde pronunciar. La ponderación de la sintomatología de un paciente, la interpretación de sus exámenes imagenológicos y electrofisiológicos, y la asignación correlativa de un rango de menoscabo laboral, constituyen materias de alta especialización técnica que imponen a la judicatura constitucional una necesaria actitud de deferencia técnica hacia el órgano experto (lex artis médica), limitándose este tribunal a fiscalizar que el procedimiento previo se haya tramitado con estricta sujeción a las reglas de la lógica, que los actos se encuentren formalmente motivados y que no se verifique una transgresión de las leyes reguladoras de la materia.

Séptimo: Que, abordando el examen de la alegada ilegalidad del procedimiento, consta de los antecedentes aportados al proceso que la tramitación de la segunda solicitud de calificación de invalidez de don nombre reservado se rigió estrictamente por el procedimiento reglado del artículo 11 del D.L. N°3.500. El afiliado fue evaluado personalmente por especialistas idóneos designados en calidad de interconsultores por la propia Comisión: el traumatólogo Dr. nombre reservado y el neurólogo Dr. nombre reservado, quienes emitieron informes escritos tras someter al solicitante a exámenes de su especialidad durante el año 2024.

Asimismo, se incorporaron al expediente previsional múltiples exámenes diagnósticos de relevancia clínica directa, destacando una tomografía computada (TAC) de columna lumbosacra de 6 de marzo de 2024 y una electromiografía (EMG) de extremidades inferiores practicada por el neurólogo Dr. nombre reservado con fecha 1 de julio de 2024.

Por consiguiente, no se vislumbra ninguna omisión de las etapas esenciales del procedimiento administrativo, habiendo contado el requirente con la intervención de profesionales de las especialidades médicas idóneas vinculadas con su dolencia lumbar principal.

Octavo: Que, respecto de la supuesta arbitrariedad de la decisión al fijar el menoscabo laboral por la afección lumbar en un 34% (Clase II, rango alto) en lugar de encasillarla en la Clase IV (50% a 66%), cabe señalar que tal determinación técnica se encuentra dotada de fundamentos racionales y científicos suficientes que impiden calificarla como un acto caprichoso o carente de base.

En efecto, consta de las actas de sesión N°NUM005 (CMR) y N°NUM002 (CMC) que los facultativos de los órganos recurridos analizaron detenidamente los exámenes e informes de especialidad, constatando que si bien el afiliado presenta una poliradiculopatía lumbosacra crónica bilateral y un aflojamiento instrumental del tornillo sacro S1 que le produce un dolor lumbociático severo con limitación de rangos de movilidad, la Norma Técnica de Evaluación de Invalidez vigente (año 2022) exige imperativamente como "requisito sello" para clasificar un impedimento de columna en la Clase III (menoscabo de 35% a 49%) o Clase IV (menoscabo de 50% a 66%) la demostración objetiva de un compromiso neurológico motor de carácter clínico.

Al respecto, el neurólogo interconsultor de la Comisión, Dr.

nombre reservado, tras examinar clínicamente al paciente, concluyó expresamente que no se encontró paresia, déficit sensitivo relevante ni signos de denervación motora activa, determinando que el cuadro doloroso responde a una patología degenerativa osteoarticular "sin compromiso neurológico clínico". Dicha apreciación clínica guarda estricta consistencia con el reporte electrofisiológico de la electromiografía (EMG) de 1 de julio de 2024, el cual concluyó explícitamente que la poliradiculopatía lumbosacra pesquisada se presentaba "sin denervación activa" y que el estudio de conducción motora de los nervios peroneal y tibial bilateral era normal. Por lo tanto, al faltar el elemento de compromiso motor clínicamente objetivado que la norma previsional de rango técnico-legal exige para acceder a clases de menoscabo superiores, las recurridas no podían sino encuadrar la afección en la Clase II, rango alto, que contempla un menoscabo del 34%.

Noveno: Que, si bien la parte recurrente ha acompañado a estos autos informes médicos emitidos por sus médicos tratantes particulares -en específico, un certificado de atención emitido por el neurocirujano Dr. nombre reservado, que describe un pronóstico ominoso y la fusión definitiva de las vértebras L5-S1 constatada en un TAC de abril de 2025, así como un informe del psiquiatra Dr. nombre reservado de octubre de 2025 que describe un trastorno adictivo severo a analgésicos mayores derivado del dolor-, tales antecedentes únicamente dan cuenta de una discrepancia de criterios médicos y de diagnósticos científicos entre los facultativos tratantes del afiliado y los médicos integrantes y asesores de las comisiones recurridas.

Como de manera uniforme ha resuelto la jurisprudencia de nuestros Tribunales Superiores de Justicia, la existencia de opiniones médicas disímiles o contradictorias entre los médicos particulares del afiliado y la entidad estatal o técnica encargada por ley de calificar la invalidez no torna a esta última en arbitraria o ilegal. El recurso de protección, dada su naturaleza sumaria y cautelar, no constituye la vía idónea para dirimir disputas científicas de lato conocimiento médico ni para determinar el grado exacto de incapacidad previsional de un trabajador, materia que requiere de un procedimiento declarativo y probatorio ordinario que excede los márgenes de esta acción constitucional.

Asimismo, respecto a la pretendida omisión de evaluar la patología psiquiátrica de adicción al Tramadol y Zopiclona, consta de los autos que esta afección de salud mental no fue formalmente invocada ni sometida a calificación previsional en la respectiva solicitud que originó el expediente administrativo, sin perjuicio del derecho que asiste al afiliado para iniciar un nuevo proceso de calificación previsional en el que incorpore de manera primordial dicho impedimento ante las Comisiones Médicas respectivas.

Décimo: Que, en lo concerniente a las alegaciones del recurrente referidas a vicios de forma por una supuesta falta de firmas en las actas de sesión, manipulación o edición de los registros electrónicos de la plataforma SAGCOM, y eventual "suplantación de funciones" administrativas por personal no idóneo, tales asertos no pasan de ser meras especulaciones carentes de todo sustento probatorio en la presente causa.

Por el contrario, los documentos auténticos allegados al proceso por las recurridas consisten en resoluciones y actas de sesión que cuentan con firmas electrónicas avanzadas debidamente validadas en conformidad con la Ley N°19.799, gozando de la presunción de legalidad de todo acto administrativo. La circunstancia de que la parte recurrente comparezca aludiendo a irregularidades ocurridas en otros expedientes ajenos a esta litis (como el caso de nombre reservado) en ningún caso permite a esta magistratura presumir la existencia de vicios de igual naturaleza en la tramitación del expediente clínico de nombre reservado, el cual aparece tramitado formalmente de acuerdo a la normativa previsional vigente.

Undécimo: Que, por consiguiente, al no haberse demostrado la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario imputable a la Comisión Médica Regional Santiago Centro ni a la Comisión Médica Central en la dictación de los dictámenes y resoluciones recurridas, no es posible constatar vulneración alguna a las garantías constitucionales denunciadas por la parte actora, lo que impone el rechazo de la presente acción constitucional.

Por estas consideraciones, y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, que se rechaza, sin costas, la acción constitucional de protección interpuesta, en favor de nombre reservado, en contra de la Presidenta Coordinadora de la Comisión Médica Central, nombre reservado, y de la Médico Presidenta Coordinadora de la Comisión Médica Regional Santiago Centro, nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

N° Protección-25744-2025.