nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

C.A. de Santiago Santiago, cuatro de mayo de dos mil veintiséis.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que comparece el abogado Alex Barcaza Torres, en representación de nombre reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en descontar de la remuneración de noviembre de 2025 la suma de $213.826, vulnerando de esta forma la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República.

Expone que el 21 de julio de 2017 contrajo un crédito social, pagadero en 60 cuotas mensuales iguales y sucesivas, cuyos pagos se efectuarían conforme a lo establecido en el art. 22 de la ley 18.833, venciendo la primera el 30 de septiembre del mismo año. Indica que, debido a que se quedó sin trabajo, cayó en mora, razón por la cual la Caja hizo efectiva la cláusula de aceleración e interpuso, el 22 de mayo de 2023, una demanda ejecutiva en su contra que se tramita ante el 9° Juzgado Civil de Santiago, bajo el Rol C-8519-2023.

Afirma que, no obstante existir un juicio vigente para el cobro forzado de la deuda, la recurrida procedió a realizar descuentos directos en su liquidación de sueldo de noviembre de 2025.

Sostiene que el acto de autotutela efectuado por Caja de Compensación de Asignación Familia de Los Andes se trata de un descuento ilegal y arbitrario, ya que no es oportuno. Agrega que, la recurrida, por medio de la interposición de la demanda ejecutiva, manifestó su voluntad expresa e inequívoca de ejercer la cláusula de aceleración, produciendo el vencimiento anticipado de todas las cuotas pendientes, cobrando de esta manera la totalidad de las deudas, como de plazo vencido, en sede civil. Por lo anterior, resulta arbitrario que, habiendo ejercido la cláusula de aceleración, la recurrida ordene la retención de montos a su conveniencia y mediante un mecanismo paralelo a la vía judicial que ella misma ejerció y promovió mediante un cobro ejecutivo, lo que corresponde a una vulneración a la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, toda vez que, se le ha privado y ha perturbado su derecho de propiedad sobre un monto de $213.826 de su liquidación de sueldo de noviembre de 2025.

Solicita, en definitiva, que se ordene a la recurrida abstenerse de continuar obteniendo el pago del crédito social vía descuentos de sus remuneraciones y que deberá reembolsar los montos indebidamente descontados, con costas.

Segundo: Que evacúa informe la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes.

Expone que el 21 de julio de 2017, otorgó al recurrente, la operación de crédito código N°068CON100132037, por un capital inicial de $10.759.439, a una tasa de Interés mensual de 1.83%, pagadero en un plazo de 60 meses, con una cuota mensual de $312.371, cuyo primer vencimiento correspondió a fecha 30 de septiembre de 2017, y que el 26 de marzo de 2018, el requirente reprogramó su deuda por un valor de $11.355.216, a una tasa de interés mensual del 0.99%, pagadero en 60 cuotas de $268.209, donde el primer vencimiento fue el 30 de abril de 2018.

Detalla que, dado que la operación crediticia se encontraba nuevamente en morosidad, fue reprogramada nuevamente por el requirente el 29 de octubre de 2020, por un monto de $6.880.292, manteniendo la misma tasa de interés mensual, pagadera en 60 cuotas de $162.512, donde el primer vencimiento correspondió al 30 de noviembre de 2020. Agrega que el 30 de julio de 2021, el recurrente volvió a reprogramar su deuda por un valor de $6.427.159, pagadera en 60 mensualidades de $151.810, donde el primer vencimiento fue el 31 de agosto de 2021.

Expone que la interposición de la demanda ejecutiva obedeció a instrucciones obligatorias de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) para deudas superiores a 100 UF. Añade que, el 13 de noviembre de 2025, la SUSESO dispuso que si durante la sustanciación de un juicio ejecutivo por cobro de pagaré que cauciona un crédito social se reiniciare el descuento de cuotas desde las remuneraciones por el mismo crédito, la Caja, en la etapa judicial de liquidación de la deuda, deberá informar al tribunal dichas cuotas descontadas, a fin de que éstas sean rebajadas del monto total adeudado.

Afirma que su actuar no es ilegal ni arbitrario, pues se ampara en el artículo 22 de la Ley N°18.833, que establece que lo adeudado por crédito social deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora. Sostiene que este es un mecanismo legal de pago, obligatorio para el empleador, y que mientras la deuda sea exigible y no se haya declarado judicialmente su prescripción, la Caja tiene el derecho y el deber de recaudar dichos montos para proteger su fondo social.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que, del análisis de los antecedentes, consta que la recurrente mantiene obligaciones vigentes con la Caja de Compensación Los Andes derivadas de un contrato de crédito social.

Asimismo, se verifica la existencia de la causa Rol C-8519-2023 ante el 9° Juzgado Civil de Santiago, iniciada por la recurrida para el cobro del pagaré N°068CON100132037 y en la cual se declaró el abandono del procedimiento.

Quinto: Que, respecto a la alegada ilegalidad, el artículo 22 de la Ley N°18.833 dispone expresamente que las cantidades adeudadas por concepto de crédito social deben ser deducidas de las remuneraciones de los trabajadores afiliados por sus empleadores, rigiéndose por las mismas normas de pago y cobro que las cotizaciones previsionales.

Esta normativa constituye un mandato legal que habilita y obliga al empleador a retener los montos informados por la Caja acreedora.

Por otra parte, queda de manifiesto que la recurrente suscribió con la recurrida un pagaré, encontrándose en mora de pago desde el 30 de noviembre de 2022.

De esta manera, se justifica el actuar de la recurrida al amparo de la norma precedentemente citada, toda vez que se trata de créditos vigentes que se encuentran insoluto, lo que la habilita a efectuar los descuentos que sustentan la presente acción.

Sexto: Que, en lo relativo a la existencia de un proceso judicial paralelo, la jurisprudencia de los tribunales superiores ha establecido que la judicialización del cobro de un crédito social no extingue ni suspende la facultad de la Caja de Compensación para utilizar el mecanismo administrativo de descuento por planilla previsto en la ley.

Ambas vías son compatibles mientras la deuda sea líquida, vencida y actualmente exigible, no constituyendo un doble cobro en tanto los montos recaudados se imputen correctamente a la extinción de la obligación, lo que no ha sido desmentido en autos.

Séptimo: Que, por otra parte, no consta en el proceso que la deuda en cuestión haya sido declarada prescrita por sentencia firme. Como se sabe, la prescripción debe ser alegada y declarada judicialmente en un juicio de lato conocimiento, no siendo la acción de protección la vía idónea para discutir la vigencia o extinción de obligaciones civiles o mercantiles.

Octavo: Que, en consecuencia, al no haberse acreditado la existencia de un acto ilegal o arbitrario por parte de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, toda vez que su conducta se ajusta a lo prescrito en la Ley N°18.833 y al contrato vigente entre las partes, no se ha producido vulneración a la garantía del derecho de propiedad de la recurrente. Así las cosas, los descuentos efectuados corresponden al cumplimiento de obligaciones pecuniarias reales, a través de un procedimiento de cobro legalmente establecido.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección deducido en representación de nombre reservado en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección-25733-2025.