Protección contra Servicio Nacional De Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, uno de junio de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, todos abogados, en representación y en favor de nombre reservado, ciudadano cubano, médico especialista en otorrinolaringología, RUN NUM000, quienes interponen recurso de protección en contra del Servicio Nacional De Migraciones (Sermig) y de la Subsecretaría del Interior, por la omisión que califican de ilegal y arbitraria, consistente en la falta de pronunciamiento y dictación del acto administrativo terminal que resuelva el recurso de reposición con jerárquico en subsidio interpuesto con fecha 22 de octubre de 2024 en contra de la Resolución Exenta NUM001 de fecha 3 de octubre de 2024, la cual rechazó su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado NUM002.

Exponen los recurrentes que el afectado es un médico cirujano que ingresó al país el 19 de diciembre de 2019 tras huir de Cuba, donde sufría persecución política por negarse a cumplir misiones médicas internacionales (las cuales califica como formas contemporáneas de esclavitud y trabajo forzado), siendo sancionado disciplinariamente con la prohibición de salida del país, hostigamiento, vigilancia del Comité de Defensa de la Revolución y la amenaza de incautación de su vivienda. Señalan que, tras solicitar refugio el 31 de agosto de 2020, su petición fue denegada mediante la citada Resolución Exenta NUM001 de octubre de 2024, decisión contra la cual dedujo oportunamente recurso administrativo de reposición con jerárquico en subsidio. Aseveran que ha transcurrido más de un año y siete meses sin obtener una respuesta de la autoridad, excediendo con creces el plazo de seis meses establecido en el artículo 27 de la Ley N° 19.880, lo que vulnera sus garantías constitucionales de igualdad ante la ley y debido proceso (artículo 19 N° 2 y N° 3 de la Constitución Política de la República). Solicitan, por tanto, que se ordene a las recurridas resolver de manera inmediata el recurso deducido. SEGUNDO: Que, informando al tenor del recurso, la recurrida Servicio Nacional De Migraciones, representada por su abogada doña Katherina Fernanda Fuentes Lazo, solicita el rechazo de la acción constitucional. Reconoce que el recurrente formalizó su intención de acceder al procedimiento de refugiado el 1 de septiembre de 2020 y que la solicitud fue rechazada por Resolución Exenta NUM001 de octubre de 2024. Confirma asimismo que con fecha 22 de octubre de 2024 recibió el recurso de reposición y jerárquico en subsidio, indicando que este se encuentra actualmente "en tramitación".

La recurrida argumenta que el plazo de seis meses contemplado en el artículo 27 de la Ley N° 19.880 no es de carácter fatal para la Administración del Estado, sino que reviste la naturaleza de un término referencial y prudencial cuyo vencimiento no acarrea la caducidad ni la pérdida de competencia del órgano público. Sostiene además que existe un caso fortuito o fuerza mayor que justifica la demora, dada por el aumento exponencial e histórico de los flujos migratorios y el consecuente incremento de solicitudes que han colapsado la capacidad operativa del servicio. Por último, señala que el actor no sufre una afectación real ni amenaza a sus derechos fundamentales, por cuanto se encuentra amparado por el principio de no devolución y cuenta con las prórrogas de su visado de residencia temporal en trámite que le permiten trabajar y transitar regularmente, por lo que solicita desestimar el arbitrio con costas. TERCERO: Que, por su parte, informando en representación de la recurrida Subsecretaría del Interior, el abogado don Diego Valenzuela Esparza solicita igualmente el rechazo del recurso de protección. Al respecto, detalla la normativa aplicable bajo la Ley N° 20.430 y su Reglamento (Decreto Supremo N° 837), haciendo presente que el otorgamiento o rechazo del estatuto de refugiado es competencia exclusiva del Ministerio del Interior, previo análisis de la Comisión de Reconocimiento y de su Secretaría Técnica.

Esgrime que el procedimiento de refugio exige un análisis exhaustivo de cada caso particular, entrevistas individuales y recopilación sistemática de datos sobre la situación del país de origen (artículos 30 y 31 de la Ley N° 20.430), lo que justifica plazos de tramitación más extensos. Reitera los argumentos del Servicio Nacional de Migraciones sobre la no fatalidad del plazo del artículo 27 de la Ley N° 19.880, la existencia de fuerza mayor por el incremento de solicitudes de refugio en los últimos años (mencionando que solo entre enero y mayo de 2024 se presentaron más de 1.700 solicitudes), y la mantención de la regularidad migratoria provisional del recurrente a través de visados de residencia temporal prorrogables. Advierte que acoger este tipo de recursos rompe la igualdad ante la ley de los demás solicitantes que esperan pacientemente su turno por la vía ordinaria cronológica, e instrumentaliza la vía constitucional de protección.

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo urgentes que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. QUINTO: Que del mérito de los antecedentes y lo reconocido expresamente por las partes en sus respectivos informes se encuentra acreditado en autos la concurrencia de los siguientes hechos indispensables para la resolución del asunto: a) El protegido nombre reservado ingresó al país a fines de 2019 e inició el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, habiéndose rechazado su solicitud por la autoridad administrativa mediante la Resolución Exenta NUM001, dictada con fecha 3 de octubre de 2024. b) En contra de dicha resolución, la defensa del afectado interpuso recurso de reposición con jerárquico en subsidio el 22 de octubre de 2024, ingresando la impugnación dentro del plazo legal. c) A la fecha de la presente sentencia -junio de dos mil veintiséis- las autoridades recurridas no han resuelto el mencionado recurso administrativo, manteniéndose la causa en inacción por un lapso superior a un año y siete meses. SEXTO: Que en el escenario descrito es posible advertir que la impugnación efectuada por el actor se encuentra aún en trámite y si bien se constata una demora en su tramitación, ello puede encontrar respuesta en el aumento exponencial del fenómeno migratorio en el último tiempo, lo que es de público conocimiento.

SEPTIMO: Que así ha sido reconocido por la jurisprudencia administrativa y judicial, la que ha entendido que el plazo de seis meses establecido en el artículo 27 de la Ley N° 19.880 no tiene carácter fatal en el sentido de que su vencimiento extinga la competencia o la potestad resolutiva del órgano del Estado.

OCTAVO: Que, en consecuencia, siendo lo impugnado la demora en la dictación de un acto que se pronuncie sobre la impugnación del rechazo ya expedido, debe concluirse que en la presentación efectuada en estos autos no se vislumbra arbitrariedad y tampoco ilegalidad, como quiera que los plazos que se confieren a la Administración establecidos en el artículo 27 de la Ley N° 19.880, no son fatales, cuestión que aunada a la carga de trabajo que enfrenta el Servicio Nacional de Migraciones, llevan a desechar la presente acción constitucional.

NOVENO: Que, finalmente, tampoco se advierte un perjuicio o atentado a alguna garantía constitucional que pueda verse afectada con la demora, pues el solicitante está protegido por el principio de no devolución consignado en el artículo 4° de la Ley N° 20.430 y que impide la expulsión del país o adoptar cualquier medida a su respecto que tenga por efecto la devolución al lugar donde su vida o libertad personal peligren.

Del mismo modo, en aplicación de los artículos 28 bis y 32 de la Ley N° 20.430, la persona solicitante y su familia tiene derecho a una visa de residencia temporal, la cual puede prorrogarse durante todo el periodo en que la solicitud se encuentre en trámite.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza el recurso interpuesto en favor de nombre reservado en contra del Servicio Nacional de Migraciones y de la Subsecretaría el Interior.

Comuníquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

N° Protección-25716-2025.