Protección contra FUNDACIÓN EDUCACIONAL nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, catorce de enero de dos mil veintiséis.

A los folios N° 17, 18 y 19: a todo, téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece doña nombre reservado, quien deduce recurso de protección en favor de su hijo, el estudiante nombre reservado, en contra de la FUNDACIÓN EDUCACIONAL nombre reservado, sostenedora del COLEGIO nombre reservado, representada legalmente por don nombre reservado. La recurrente estima que el acto de expulsión definitiva de su hijo, notificado el 4 de noviembre de 2025 y confirmado tras la reconsideración el 17 de noviembre de 2025, constituye un acto ilegal y arbitrario que conculca las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N° 1, 2, 3 inciso 5°, 4 y 10 de la Constitución Política de la República.

Funda su acción señalando que su hijo ha sido alumno regular del establecimiento por diez años. Relata que el 20 de octubre de 2025, en el contexto de un "juego" dentro de la sala de clases, se produjo un accidente con una herramienta de peluquería (cortacabellos) que portaba otro compañero, resultando este último con un corte superficial en el brazo.

Sostiene que no existió dolo ni intención de dañar, calificándolo como un infortunio propio de la edad adolescente. Alega vulneración al debido proceso, indicando que no se le notificó adecuadamente de los cargos, que la investigación fue sesgada y que no se consideraron atenuantes como el informe clínico que da cuenta de la vulnerabilidad emocional del menor tras el fallecimiento de su abuelo. Denuncia una falta de proporcionalidad en la sanción, argumentando que la medida de expulsión es de última ratio y que el colegio no agotó las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial previas.

SEGUNDO: Que, al informar, la recurrida FUNDACIÓN EDUCACIONAL nombre reservado solicita el rechazo de la acción, con costas. Sostiene que su actuar se ha ajustado estrictamente a la normativa educacional vigente, la Ley N° 21.128 (Aula Segura) y su Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE).

Expone que el comportamiento del alumno no responde a un hecho aislado, sino a un patrón de conducta riesgosa y violenta reiterada durante el año escolar 2025. Detalla un historial disciplinario progresivo: (i) incidente con lanzamiento de un cuchillo en abril (sancionado con condicionalidad simple); (ii) agresión con un palo de escoba astillado en julio (sancionado con condicionalidad extrema); (iii) pelea física en septiembre (donde se aplicó una advertencia considerando la situación familiar del alumno); y finalmente, (iv) el incidente de octubre donde hirió a un compañero con una navaja/cortacabellos.

La recurrida afirma que se respetó íntegramente el debido proceso: se realizaron entrevistas al alumno (quien reconoció los hechos), se notificó a la apoderada el inicio de la investigación, se le otorgó plazo para descargos, se consultó al Consejo de Profesores (quienes recomendaron la expulsión de forma unánime por el riesgo a la comunidad) y se resolvió la reconsideración presentada. Argumenta que la gravedad de portar y/o manipular un arma blanca o elemento cortopunzante hiriendo a un par, sumado a la condicionalidad vigente, hacía insostenible la permanencia del estudiante, primando el deber de resguardo de la integridad física de la comunidad escolar.

TERCERO: Que, el recurso de protección es una acción cautelar de urgencia destinada a restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado frente a actos u omisiones que, siendo arbitrarios o ilegales, priven, perturben o amenacen el legítimo ejercicio de derechos fundamentales indubitados. Para que esta acción prospere, es requisito sine qua non la existencia de un acto que adolezca de ilicitud (contrario a la ley) o arbitrariedad (carente de razón, caprichoso), y que dicha conducta cause un agravio constitucional actual.

CUARTO: Que, del análisis de los antecedentes allegados al proceso, no se discute la materialidad del hecho que detona la sanción: el estudiante nombre reservado manipuló un objeto cortopunzante (navaja o cortacabellos) al interior del aula, provocando una lesión sangrante a otro estudiante, hecho ocurrido el 20 de octubre de 2025. La controversia jurídica radica en la calificación de dicho acto (accidente versus conducta grave), la proporcionalidad de la sanción y la observancia del debido proceso.

QUINTO: Que, en cuanto a la supuesta ilegalidad del acto, se advierte que el establecimiento educacional ha obrado en ejercicio de las facultades disciplinarias que le confiere la ley y su normativa interna. El artículo 6 letra d) del DFL N° 2 de 1998, modificado por la Ley N° 21.128 (conocida como Aula Segura), faculta a los directores de establecimientos educacionales a imponer la medida de expulsión cuando los alumnos incurran en causales de grave afectación a la convivencia escolar, mencionando expresamente aquellos actos que causen daño a la integridad física de cualquier miembro de la comunidad educativa.

En la especie, el uso de un elemento cortante que provoca lesiones a un compañero se encuadra objetivamente dentro de las faltas gravísimas tipificadas en el Reglamento Interno del Colegio (RICE) y en la ley citada. La alegación de la recurrente respecto a la falta de dolo o la naturaleza de "juego" del incidente no desvirtúa la gravedad objetiva de la conducta, cual es la manipulación imprudente y lesiva de un elemento peligroso en un entorno escolar, poniendo en riesgo la integridad física de terceros.

SEXTO: Que, respecto a la alegada arbitrariedad y falta de debido proceso, los documentos acompañados por la recurrida demuestran la existencia de un procedimiento racional y justo. Consta en autos: a) Notificación del inicio del procedimiento y suspensión cautelar (21 de octubre de 2025). b) Entrevistas al alumno involucrado y a la víctima para recabar versiones. c) Notificación de la medida de expulsión (28 de octubre de 2025). d) Presentación de recurso de apelación/reconsideración por la apoderada (10 de noviembre de 2025). e) Celebración de un Consejo de Profesores Extraordinario (12 de noviembre de 2025), órgano técnico-pedagógico que recomendó mantener la medida. f) Resolución final notificada a la apoderada.

Por consiguiente, no se vislumbra un actuar caprichoso o infundado por parte de la recurrida. La apoderada tuvo oportunidad de ser oída, presentar pruebas (incluyendo el informe psicológico que fue ponderado pero no considerado eximente de responsabilidad dada la gravedad de los hechos) y recurrir de la decisión. La disconformidad de la recurrente con la valoración de la prueba o con el resultado del proceso disciplinario no transforma, per se, la decisión en arbitraria.

SÉPTIMO: Que, sobre el principio de proporcionalidad, resulta indispensable observar el contexto disciplinario del alumno (hoja de vida).

Contrario a lo sostenido por la actora, el colegio no aplicó la máxima sanción ante un hecho aislado. El expediente da cuenta de una escalada conductual durante el año 2025: incidente con cuchillo (abril), agresión con objeto contundente (julio) y riña (septiembre). El estudiante se encontraba bajo "Condicionalidad Extrema" al momento del último incidente.

La función formativa de la educación implica también la asunción de consecuencias frente a la transgresión de normas básicas de convivencia y seguridad. Habiéndose agotado las medidas de advertencia y condicionalidad previa, y ante la reiteración de conductas que comprometen la seguridad física de los pares, la decisión de expulsión aparece como una medida última pero proporcional a la gravedad de los hechos y necesaria para el resguardo del bien común de la comunidad educativa, obligación que pesa sobre el sostenedor.

OCTAVO: Que, respecto al informe de la Superintendencia de Educación agregado a los autos, si bien es un antecedente a considerar, este tribunal, en sede de protección, debe resolver conforme al mérito de las pruebas aportadas en el expediente judicial. La recurrida ha logrado acreditar ante esta Corte, mediante actas, notificaciones y correos electrónicos, que se cumplieron los estándares del debido proceso sustantivo, desvirtuando las observaciones preliminares de falta de acreditación documental que pudo haber tenido el ente administrativo en una etapa fiscalizadora inicial.

NOVENO: Que, en relación a la supuesta vulneración del derecho a la educación (artículo 19 N° 10), esta garantía no asegura la permanencia incondicional en un establecimiento específico cuando el estudiante ha infringido gravemente las normas de convivencia que permiten el ejercicio del mismo derecho por parte de los demás alumnos. La medida de expulsión, ajustada a derecho, no priva al estudiante del sistema educativo en abstracto, activándose el deber del Ministerio de Educación de asegurar su reubicación en otro recinto, conforme lo dispone la Ley de Inclusión Escolar, pero no obliga al colegio recurrido a mantener la matrícula bajo riesgo de su comunidad.

Tampoco se observa vulneración a la integridad psíquica (artículo 19 N° 1) atribuible a un actuar ilegal del colegio, ni discriminación arbitraria (artículo 19 N° 2), puesto que la sanción se funda en conductas objetivas y graves, aplicándose la normativa general a un caso particular que cumplía los supuestos de hecho.

DÉCIMO: Que, en virtud de lo razonado, no existiendo un acto ilegal o arbitrario por parte de la Fundación Educacional nombre reservado, y habiéndose constatado que la medida de expulsión obedece a un proceso disciplinario reglado, motivado por faltas gravísimas reiteradas que pusieron en riesgo la integridad física de otro estudiante, el presente recurso no puede prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, en favor de su hijo nombre reservado, en contra de la FUNDACIÓN EDUCACIONAL nombre reservado. II. Que se alza la orden de no innovar que hubiere sido concedida en el curso del procedimiento, una vez ejecutoriada la presente sentencia. No se condena en costas a la parte recurrente, por haber tenido motivo plausible para litigar.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección-25711-2025.