Protección contra Comisión Chilena de Energía Nuclear

C.A. de Santiago Santiago, once de agosto de dos mil veintiséis.

A los folios 58 y 59: a todo, téngase presente.

Primero: Que comparece don Felipe Larenas Burgos, abogado, en representación de doña nombre reservado, periodista, interponiendo recurso de protección en contra de la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN) y de su Director Ejecutivo, por el acto arbitrario e ilegal consistente en la dictación de la Resolución Exenta NUM000, de fecha 27 de octubre de 2025 — notificada el día 30 de octubre del mismo año—, mediante la cual se rechaza el recurso de reposición y se ratifica la sanción disciplinaria de destitución impuesta a la recurrente mediante la Resolución Exenta NUM001, de fecha 6 de octubre de 2025, lo que vulneraría los derechos fundamentales de igualdad ante la ley y a un procedimiento racional y justo, consagrados en los numerales 2° y 3° inciso quinto del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Sostiene que la recurrente, mientras hacía uso de una licencia médica tras una intervención quirúrgica mayor, debió asistir a un familiar en una emergencia médica aguda durante la madrugada del 12 de febrero de 2023 en un recinto de juegos, hecho que la autoridad administrativa calificó como una infracción grave al principio de probidad. Expone que se trató de un episodio aislado, motivado por razones de urgencia y sin finalidad recreativa ni dolo, por lo que la sanción expulsiva resulta excesiva atendida su trayectoria funcionaria intachable.

Funda la ilegalidad del acto recurrido y del procedimiento disciplinario en la existencia de un vicio de imparcialidad, atendido el grave conflicto de interés que empece al Director Ejecutivo que aplicó la sanción, estando impedido de resolver debido a la existencia de reiteradas denuncias públicas y formales que la recurrente, en su calidad de dirigente sindical, había impulsado en su contra para solicitar su remoción. Por su parte, la Fiscal del Sumario Administrativo, además, era subordinada directa del mismo Director y testigo ofrecida por él en un juicio laboral pendiente.

En seguida, alega la incompetencia de la recurrida para fiscalizar y calificar el incumplimiento al reposo médico, ya que esta facultad estaría reservada exclusivamente a organismos como la COMPIN.

Reclama, de igual forma, la infracción a normas de protección electoral contenidas en el artículo 156° de la Ley N° 10.336, atendido que la destitución se decretó dentro del período de protección electoral (30 días antes y 60 días después de la elección presidencial de 2025) sin que el sumario hubiese sido instruido por la Contraloría General de la República, requisito que se exige para aplicar la medida en ese plazo.

Por otra parte, argumenta la arbitrariedad del acto recurrido por esta vía, en la carencia de razonabilidad y proporcionalidad, dado que la autoridad aplicó la sanción más gravosa sin justificar adecuadamente por qué el hecho imputado alcanzaba el estándar de "vulneración grave del principio de probidad". Además, se desatendieron las atenuantes y se omitió ponderar antecedentes relevantes como la urgencia familiar, la existencia de una cirugía mayor real y documentada, la recomendación médica de evitar reposo absoluto prolongado, y la trayectoria funcionaria intachable de la recurrente.

Por último, reclama la motivación insuficiente e incongruente al no establecer de manera clara y concreta el nexo causal entre el desplazamiento puntual (para auxiliar a un familiar) y la supuesta afectación grave del principio de probidad, ni cómo esto perjudica la imagen institucional.

Estima conculcado el derecho de igualdad ante la ley, por el trato discriminatorio y la falta de uniformidad en la aplicación de los criterios disciplinarios por parte de la administración en casos similares. Se igual forma, denuncia la infracción al mandato de un procedimiento racional y justo en atención a todos los vicios de ilegalidad reseñados de que adoleció el procedimiento disciplinario.

En mérito de lo expuesto, solicita que se deje sin efecto la Resolución Exenta NUM000, se reincorpore a la actora a sus funciones, se ordene el pago de las remuneraciones del tiempo intermedio y se retrotraiga el procedimiento administrativo sancionatorio para que sea resuelto conforme a derecho.

Segundo: Que, evacuando el informe ordenado comparece don nombre reservado, Director Ejecutivo Subrogante de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, quien solicita el rechazo íntegro de la acción de protección intentada.

En primer lugar, alega la improcedencia de la vía procesal.

Sostiene que el recurso de protección no es el mecanismo idóneo para impugnar actos administrativos, existiendo vías legales específicas en el Estatuto Administrativo y en la Ley N° 18.834, advirtiendo que la recurrente busca desnaturalizar la acción constitucional para convertirla en una instancia de control de mérito sobre un sumario administrativo debidamente tramitado.

En segundo término, esgrime la falta de agotamiento de la sede administrativa, haciendo presente que el acto impugnado no tiene el carácter de terminal ni firme, por cuanto se encuentra sujeto al trámite obligatorio de Toma de Razón ante la Contraloría General de la República, proceso que, a la fecha del informe, se encontraba pendiente, lo que impide el conocimiento por parte de la jurisdicción constitucional.

Luego, alega la inexistencia de infracción a la Ley N°10.336 en tanto refuta la alegación sobre el periodo electoral, señalando que la prohibición de los artículos 156 y 157 de dicha ley se refiere a la ejecución de las medidas expulsivas, las cuales no han sido aplicadas en la especie, encontrándose la funcionaria aún en ejercicio y percibiendo sus remuneraciones.

Sostiene la inexistencia de los vicios de imparcialidad denunciados. Al efecto, niega el conflicto de interés argüido, indicando que la sanción se ajusta a un criterio institucional uniforme aplicado en casos análogos de mal uso de licencias médicas y que la Fiscal instructora actuó en ejercicio de sus funciones legales como Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica, sin que se hayan acreditado causales de recusación en su oportunidad.

En cuanto al fondo de la controversia, argumenta que los hechos se encuentran plenamente acreditados y reconocidos por la propia recurrente, consistentes en el traslado a otra ciudad y la concurrencia a un casino de juegos durante el reposo prescrito por una licencia médica. Califica dicha conducta como una infracción grave al principio de probidad administrativa, al privilegiar el interés personal por sobre el general del servicio, lo cual conlleva legalmente la sanción de destitución según el artículo 125 del Estatuto Administrativo, sin que la autoridad tenga facultades discrecionales para aminorar la medida una vez calificada la gravedad de la falta.

Por último, invoca la ausencia de vulneración de garantías constitucionales, al concluir que no existe arbitrariedad ni ilegalidad, pues el acto se encuentra debidamente motivado y fundado en hechos reales y probados, respetando el debido proceso y la igualdad ante la ley.

Tercero: Que, a petición de esta Corte, evacuó informe la Contraloría General de la República, por medio de doña nombre reservado, en su calidad de Fiscal del órgano contralor, actualizando el estado de tramitación administrativa de la Resolución Afecta NUM002, de fecha 21 de enero de 2026, emanada de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, mediante la cual se aplica la medida disciplinaria de destitución a la recurrente.

Precisa que, en una primera instancia, fue restituida mediante el Oficio NUM003, de 12 de febrero de 2026, al advertirse la omisión del comprobante de notificación previa a la funcionaria afectada conforme lo exige la normativa vigente; posteriormente, el documento fue reingresado por la Comisión Chilena de Energía Nuclear subsanando dicho defecto formal.

En consecuencia, concluido el estudio de legalidad correspondiente, la Entidad de Control, cursó la resolución en comento con alcance con fecha 3 de julio del presente año, según se acredita en Oficio NUM004, de la División de Función Pública, haciendo presente que la medida de destitución es una sanción específica respecto de quien incurre en contravenciones graves al principio de probidad, correspondiendo a la jefatura que ejerce la potestad disciplinaria el imperativo de disponerla, sin que pueda aplicar otra medida correctiva, ni analizar las circunstancias que, eventualmente, podrían aminorar la responsabilidad de la funcionaria sancionada (aplica criterio contenido en dictamen NUM005, de 2014, entre otros).

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Para que esta acción prospere, es requisito indispensable la constatación de un acto ilegal o arbitrario que afecte un derecho indubitado.

Quinto: Que los actos impugnados corresponden a la decisión de la autoridad administrativa de destituir a la recurrente de su cargo público, formalizada mediante la Resolución Exenta NUM001, de 6 de octubre de 2025, confirmada por medio de la Resolución Exenta NUM000, de fecha 27 de octubre de 2025, que rechazó el recurso de reposición.

Sexto: Que, del análisis de los antecedentes allegados, particularmente de los actos administrativos recurridos por esta vía, aparece que la tramitación de los autos sumarias llevados en contra de la recurrente se ajustó a la normativa legal, habiéndose dado cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 126 y siguientes del DFLN°29 que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº18.834, sobre Estatuto Administrativo, referidos a la sustanciación del procedimiento sumario.

En efecto, de ellos consta que a la actora se le formuló un cargo único, ésta presentó descargos, acompañó antecedentes documentales, interpuso recurso de reposición y obtuvo decisión fundada a su respecto, de modo que tuvo plena oportunidad de ejercer su defensa durante el íter procedimental.

Séptimo: Que, en particular, se desprende que, si bien, no se controvierte la circunstancia de que la recurrente haya ingresado a un casino en la ciudad de Viña del Mar, a pesar de encontrarse haciendo uso de una licencia médica en la ciudad de Santiago, si se controvierte la forma en que se sustanció el proceso en el que se le impuso la sanción de destitución a la persona en favor de quien se recurre, el cumplimiento formal durante esa tramitación de las formalidades administrativas previstas al efecto y la idoneidad e imparcialidad del superior jerárquico que impuso la sanción y la de la Fiscal que instruyó la investigación.

Octavo: Que, además, se controvierte por la reclamante la proporcionalidad de la sanción impuesta, atendidas las circunstancias personales y de hecho que el propio recurrente aduce.

Noveno: Que, el recurso de protección, no es la vía para discutir cuestiones de lato conocimiento que tienen contemplado en nuestro ordenamiento jurídico, en este caso, en el estatuto administrativo, para cuestionar aquellas cuestiones que se han ventilado en esta vía, tratándose este arbitrio, de uno de naturaleza cautelar para restablecer el imperio del derecho, en caso de existir derechos indubitados, cuyo no es el caso que nos convoca en la hora presente.

Décimo: Que, a mayor abundamiento, del mérito de los antecedentes, no se ha acreditado que en otros casos análogos se haya adoptado por la recurrida una decisión diferente respecto de otra trabajadora de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, de suerte que no se patentiza que en la especie se haya afectado o amenazado el derecho a la igualdad al numeral segundo del artículo, de nuestra Carta fundamental, no bastando con simplemente esbozar actos genéricos de discriminación.

Décimo primero: Que, cabe además, adicionar, que el recurso intentado es uno enderezado a controlar la legalidad y la motivación de los actos de la administración y no su mérito, no pudiendo esta judicatura subrogar a la autoridad en el ejercicio de sus potestades privativas, que fue precisamente lo que resolvió en este caso la Contraloría General de la República, al tomar razón el 3 de julio de 2026 de la resolución recurrida, citando al efecto el dictamen NUM005 del año 2014, no siendo tampoco esta jefatura la llamada a justipreciar la gravedad de la infracción acreditada ni la conducta precedente de la recurrente, alterando o modificando una valoración de mérito realizado por la autoridad competente.

Décimo segundo: Que, en cuanto a la alegación de la reclamante, en cuanto a que existiría en la especie una suerte de persecución o abuso de poder en contra de la recurrente, atendida su condición de dirigente sindical, es lo certero que ella no se vislumbra de los antecedentes aparejados al proceso y esta acusación debe ser materia de prueba, en un proceso de lato conocimiento, en que exista la oportunidad de rendir prueba, con bilateralidad de la audiencia, debido proceso y derecho al recurso.

Décimo tercero: Que, en lo que atañe a la alegación de la recurrente, en cuanto a la falta de motivación de la resolución que se impugna, es lo certero que ésta contiene fundamentación, pues se señala una falta grave precisa y determinada al principio de probidad y se argumenta que ésta lesiona la imagen institucional y afecta la ética funcionaria, citando al ejemplo, la norma que sustenta la decisión, esto es, el artículo 125 del estatuto Administrativo, lo que constituye un fundamento válido para la decisión adoptada, de la que si bien, se puede lícitamente discrepar, esa circunstancia no permite establecer que la decisión de la autoridad carezca de motivación.

Décimo cuarto: Que del modo que se viene razonando, no existiendo en el presente recurso acto que pueda ser calificado de ilegal y/o arbitrario, resulta pertinente concluir que aquellos indicados no han podido vulnerar ilegítimamente las garantías constitucionales que la recurrente estima conculcadas por las razones sustantivas y procesales expuestas, motivos todos por los cuales la presente acción constitucional deberá ser rechazada.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por Felipe Larenas Burgos, en representación de nombre reservado, en contra de la Comisión Chilena de Energía Nuclear.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

N°Protección-25664-2025.