Protección contra Fundación Educacional Liceo nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, veintitrés de abril de dos mil veintiséis.

Visto y teniendo presente:

PRIMERO: Que comparece doña Camila José Escobedo Rodríguez, abogada, e interpone acción constitucional de protección en favor del adolescente nombre reservado y en contra de la Fundación Educacional Liceo nombre reservado, por el acto que califica de ilegal y arbitrario consistente en la cancelación de matrícula del adolescente para el año escolar 2026, que a su juicio vulnera las garantías establecidas en los N°s. 1°, 2° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que el recurrente ha sido alumno regular del Liceo nombre reservado desde Pre Kínder, manteniendo durante todo su ciclo escolar vínculos importantes con sus compañeros, equipo docente y la comunidad escolar en general.

Refiere que el grupo familiar del menor de edad se encuentra compuesto únicamente por su padre, don nombre reservado, quien se ha hecho cargo íntegramente de sus necesidades desde que éste tenía aproximadamente 11 años, luego de la separación matrimonial de sus padres, circunstancia que ha repercutido en su estabilidad emocional, dado que el adolescente no mantiene contacto con su madre.

Agrega que el día 6 de octubre de 2025 el apoderado fue contactado por el establecimiento recurrido, informándosele que el adolescente habría golpeado en la cara con un golpe de puño a otro compañero, sin motivo aparente que justificara una defensa ante un acto de provocación.

Relata que, al consultar a su hijo, éste le señaló que se encontraba compartiendo con compañeros cuando un estudiante, a raíz de las bromas, esperó a que él pasara para hacerle un «calzón chino», frente a lo cual el recurrente se defendió golpeándolo en la cara para que lo soltara, precisando que dicha conducta afectó sus genitales, provocándole dolor y humillación pública frente a sus pares, llegando incluso a romperse su ropa interior.

Señala que los hechos anteriores desencadenaron en la cancelación de matrícula del recurrente para el año escolar 2026, privándolo arbitrariamente de terminar su ciclo escolar en el establecimiento al cual ha pertenecido toda su vida escolar, faltándole solo dos años para egresar, materializándose la medida, firme y sin recurso pendiente, el día 6 de noviembre de 2025.

Observa que, con posterioridad al incidente, el adolescente desencadenó episodios depresivos, ansiosos y de tristeza aguda, asumiendo responsabilidad por su reacción, pero sin lograr asimilar que aquella se debió a una agresión ilegítima previa, desarrollada sin supervisión adecuada del equipo docente, quienes pudieron haber evitado la escalada del conflicto. Precisa que el apoderado participó en todo momento del proceso sancionatorio, aportando incluso un certificado emitido por la psicóloga tratante del adolescente, sin que ello permitiera revertir la medida, la cual se le había presentado como “excepcional, pero a la vez previsible”.

Alega que, si bien tanto el Reglamento Interno de Convivencia Escolar -RICE- del Liceo nombre reservado como el Protocolo Institucional Sobre Maltrato, Acoso y Violencia Escolar establecen un marco normativo preciso, la decisión final adoptada no se ajustó a los principios de gradualidad, proporcionalidad, pertinencia pedagógica e interés superior del estudiante que dichos instrumentos consagran expresamente.

En ese orden de ideas, manifiesta que el propio RICE contempla la cancelación de matrícula o expulsión como una medida excepcional, reservada únicamente para aquellos casos en que se haya verificado que todas las instancias previas de apoyo y acompañamiento fueron utilizadas y resultaron insuficientes, existiendo medidas alternativas obligatorias como el compromiso escolar, la amonestación formal, las medidas formativas o reparadoras, la mediación o diálogo restaurativo, el acompañamiento psicoeducativo, la implementación de redes de apoyo y la condicionalidad, etapa esta última, previa obligatoria.

Argumenta que el informe psicológico emitido por el profesional tratante da cuenta de que el adolescente se encuentra en pleno proceso de transición puberal, etapa caracterizada por intensas reconfiguraciones afectivas y conductuales; que se halla elaborando duelos propios de la adolescencia, particularmente vinculados a la separación de sus padres; y que desde hace 4 años no mantiene contacto con su madre, situación que ha generado episodios de inestabilidad emocional que requieren contención constante.

Concluye que la medida final adoptada no se encuentra en armonía con los estándares de proporcionalidad y gradualidad exigidos por la propia normativa interna del establecimiento, apareciendo como desproporcionada, innecesaria y contraria al espíritu formativo que orienta el RICE y el protocolo institucional, especialmente si se considera que el estudiante cuenta con capacidades de reflexión y cambio, y enfrenta un cuadro emocional sensible que requiere estabilidad y continuidad escolar, no exclusión.

Por lo anterior, solicita se adopten las medidas necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho, ordenando a la recurrida reincorporar en forma inmediata al estudiante y garantizarle un cupo para la matrícula del año 2026, con costas.

SEGUNDO: Que, informando al tenor del recurso, comparece la Fundación Educacional Liceo nombre reservado, persona jurídica sostenedora del establecimiento educacional del mismo nombre.

Al efecto, indica que con fecha 1° de octubre de 2025 tomó conocimiento formal de un hecho ocurrido al interior del recinto escolar y durante la jornada educativa, consistente en una agresión física entre estudiantes, situación advertida por funcionarios del establecimiento y registrada conforme a los canales institucionales.

Añade que, atendida la naturaleza del hecho, su ocurrencia dentro del establecimiento educacional y su potencial incidencia en la convivencia escolar, se encontraba reglamentariamente obligada a activar los mecanismos formales de abordaje previstos en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar y en los Protocolos Institucionales sobre Convivencia y Prevención de la Violencia Escolar, dando lugar a un procedimiento disciplinario en que se recabaron los antecedentes disponibles y se consideró la trayectoria conductual previamente documentada del estudiante.

Precisa que, con anterioridad a este evento, el estudiante registraba una trayectoria conductual, en cuyo contexto se aplicaron, de manera progresiva, sostenida en el tiempo y conforme a un enfoque formativo, diversas medidas disciplinarias y de acompañamiento, a saber: i) Compromiso Escolar, aplicado en junio de 2022 (7° Básico), frente a la reiteración de faltas leves; ii) Amonestación formal escrita, en abril de 2023 (8° Básico), por conductas agresivas verbales y dificultades de control emocional calificadas como faltas graves; iii) Condicionalidad de matrícula, en noviembre de 2023 (8° Básico), como medida de advertencia reforzada y última instancia previa a sanciones de mayor gravedad; y iv) Prórrogas excepcionales de condicionalidad, otorgadas durante los años 2024 y 2025, ya en Enseñanza Media, con implementación de acciones de acompañamiento pedagógico y psicosocial orientadas a favorecer un cambio conductual efectivo.

Relata que, durante el año escolar 2025, el estudiante registró diversas observaciones conductuales, entre las que se consignan: a) Falta leve del 24 de abril, por empujar a un compañero menor al subir escaleras dentro del establecimiento; b) Faltas graves del 28 de abril, por daño intencional a bienes de un integrante de la comunidad educativa -derrame de leche sobre pertenencias de un compañero- y por rayado o manipulación indebida de equipamiento audiovisual del establecimiento; c) Falta grave del 5 de mayo, por agresión física a un compañero mediante golpe con una carpeta, sin justificación previa; d) Falta grave del 6 de mayo, por agresiones físicas reiteradas a pares durante actividad deportiva y posterior lanzamiento de un balón a un compañero en sala de clases; e) Falta grave del 12 de mayo, por negativa colectiva a rendir una evaluación calendarizada en la asignatura de Química; f) Falta grave del 22 de abril, por lenguaje inapropiado y reacción desregulada frente a indicaciones docentes en la asignatura de Orientación; f) Y faltas leves asociadas a conductas disruptivas reiteradas en clase, respuestas irrespetuosas hacia docentes y desobediencia de instrucciones.

Destaca que el procedimiento disciplinario iniciado con ocasión del hecho ocurrido en octubre de 2025 se desarrolló conforme a la normativa educacional vigente, al RICE y a los protocolos institucionales aplicables, disponiéndose el inicio formal de la investigación, instruida por el Director de Convivencia Escolar; procediéndose a la citación y notificación por escrito al apoderado del estudiante, informándosele la apertura del proceso disciplinario, los hechos objeto de análisis y las disposiciones reglamentarias aplicables; otorgándose instancia efectiva para la formulación de descargos, los que fueron incorporados y considerados dentro del análisis del caso; efectuándose la consulta al Consejo de Profesores conforme a lo dispuesto en la normativa interna; y dictándose finalmente por la Rectoría resolución fundada dentro del marco de las atribuciones conferidas por el Reglamento Interno.

Expresa que, con fecha 6 de octubre de 2025, y una vez concluido el procedimiento disciplinario, la Rectoría de dicho establecimiento educacional resolvió aplicar la medida de cancelación de matrícula para el año escolar 2026, conforme a lo previsto en el RICE para conductas calificadas como faltas gravísimas que afectan gravemente la convivencia escolar, considerando la reiteración de conductas infractoras a lo largo del tiempo, la aplicación progresiva de medidas previas, incluidas prórrogas excepcionales de condicionalidad, y la circunstancia de haberse agotado las instancias formativas y de seguimiento contempladas en la normativa interna, notificándose por escrito al apoderado del estudiante, con indicación de los fundamentos reglamentarios de la medida adoptada y del plazo legal para solicitar reconsideración.

TERCERO: Que, la Superintendencia de Educación también rindió informe en estos antecedentes, institución que hizo un detallado examen de las atribuciones legales con que cuenta en la materia, en su calidad de organismo fiscalizador.

Asimismo, abordó la normativa educacional aplicable a los hechos, citando en particular el artículo 6° del DFL N° 2, de 1998, del Ministerio de Educación, en cuanto a la existencia de reglamentación interna; la Ley N° 21.128, sobre Aula Segura, en relación a los principios y garantías que rigen la aplicación de medidas de expulsión o cancelación de matrícula.

Puntualiza que, revisados los antecedentes entregados por el establecimiento educacional respecto de la expulsión del estudiante nombre reservado, se observa que la medida aplicada no se ajustaría al procedimiento contemplado en el artículo 6 letra d) del mencionado DFL N° 2, de 1998, por presentar los siguientes incumplimientos: i) el establecimiento educacional no logra acreditar haber implementado en favor del estudiante las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial que deben estar contenidas en el reglamento interno; ii) el establecimiento educacional no acredita informar de manera fundada la falta cometida por el estudiante en la notificación del inicio del procedimiento sancionatorio; y iii) el establecimiento educacional no acredita haber otorgado el derecho a realizar descargos una vez notificado el inicio del procedimiento sancionatorio y antes de la aplicación de la medida.

Concluye que, por lo anterior, con fecha 6 de abril de 2026 se derivó el expediente a la Unidad de Fiscalización de dicha Superintendencia, toda vez que los incumplimientos constatados constituyen una infracción de carácter grave frente a la cual deberá iniciarse un procedimiento sancionatorio, conforme a lo establecido entre los artículos 66 y 86 de la Ley N° 20.529.

Hace presente que, sin perjuicio de lo mencionado, esa entidad de control carece de facultades para ordenar la reincorporación del estudiante al establecimiento.

CUARTO: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

QUINTO: Que la controversia se centra en determinar si la decisión del Liceo nombre reservado de expulsar al estudiante nombre reservado, dictada el 6 de octubre de 2025, reviste el carácter de ilegal o arbitraria, y si con ello se ha provocado una afectación a los derechos fundamentales del adolescente.

SEXTO: Que, en el ejercicio de la potestad disciplinaria, los establecimientos educacionales privados gozan de autonomía, amparada en la libertad de enseñanza, conforme a lo establecido en el artículo 19 N°11 de la Carta Fundamental. Sin embargo, la jurisprudencia reiterada de los tribunales superiores de justicia y la doctrina constitucional han establecido de manera unívoca que dicha autonomía no es absoluta ni se encuentra al margen del ordenamiento jurídico. La aplicación de sanciones gravosas, como la expulsión y la cancelación de matrícula —particularmente bajo el rigor de la Ley N°1.128 ("Aula Segura")— exige una observancia estricta y escrupulosa del debido proceso, el principio de tipicidad y de proporcionalidad.

SÉPTIMO: Que, analizados los antecedentes que rolan en el expediente, y en especial lo informado por la Superintendencia de Educación, conforme a lo dispuesto al NUM000, es que se acreditó que el procedimiento no se ajustó a lo dispuesto en el artículo 6º, letra d), del Decreto con Fuerza de Ley N°2 de 1998, sobre Subvención del Estado a establecimientos educacionales, del Ministerio de Educación, toda vez que la recurrida no acreditó que la medida disciplinaria de expulsión se encontrara correctamente aplicada por el establecimiento educacional al no lograr probar la implementación en favor del estudiante de las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial contenidas en el reglamento interno, no informar de manera fundada la falta cometida por el estudiante en la notificación del inicio del procedimiento sancionatorio; y no acreditar haber otorgado el derecho a realizar descargos una vez notificado el inicio del procedimiento sancionatorio y antes de la aplicación de la medida.

OCTAVO: Que, en tal sentido, se advierte una infracción al debido proceso, toda vez que la recurrida, al aplicar la medida de expulsión sin haber implementado medidas pedagógicas, ni informar por escrito el inicio del procedimiento sancionatorio ni otorgar el derecho a presentar descargos, vulnerando con ello el principio de proporcionalidad, al no aplicar medidas disciplinarias razonables al hecho imputado, transgredió el debido proceso dispuesto en numeral 2° del artículo 19 de la Carta Fundamental.

La aplicación de la Ley "Aula Segura" no es un mecanismo de condena automática; requiere que la decisión final sea el corolario lógico de un procedimiento racional y justo, y no el mero cumplimiento de una formalidad para dotar de aparente legalidad a una decisión ya tomada, lo que constituye que dicho acto sea arbitrario.

NOVENO: Que, concurriendo los presupuestos de procedencia de la acción tutelar, corresponde a esta Corte adoptar las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho, dejando sin efecto la sanción impuesta y ordenando su eliminación del registro disciplinario del alumno, debiendo la institución educativa mantener en su matrícula al adolescente, velando en todo momento por su interés superior.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre tramitación del Recurso de Protección de la Excma. Corte Suprema, se acoge sin costas el arbitrio deducido en favor del adolescente nombre reservado y en contra de la Fundación Educacional Liceo nombre reservado, en consecuencia, se dispone: 1. Dejar sin efecto la resolución de fecha 6 de octubre de 2025 que decretó la expulsión del alumno nombre reservado. 2. Eliminar de la hoja de vida y de los registros del estudiante toda anotación referida a esta expulsión.

Se previene que la abogada integrante Catalina Infante Correa, concurriendo al acuerdo, lo hizo sólo en tanto de la documental acompañada por la propia recurrida, no consta que se le haya dado al recurrente la posibilidad de formular descargos, incumpliendo así el propio Reglamento del establecimiento y el Protocolo de Actuación Frente a Maltrato y Acoso Escolar o Violencia entre Miembros de la Comunidad Educativa, infringiendo con ello, la garantía del debido proceso. En efecto, las únicas comunicaciones dirigidas al apoderado del alumno, fueron una carta de 27 de octubre de 2025, en la que se le notificó de la medida de cancelación de matrícula que había sido adoptada el 6 de octubre de ese año, según los propios dichos del establecimiento, exponiéndosele en ella además los antecedentes que se tuvieron a la vista para la aplicación de la misma -ninguno de los cuales hacía alusión a los presuntos descargos aludidos por aquella- y la posibilidad de apelación; como asimismo, una entrevista personal con el apoderado efectuada al día siguiente, esto es, el 28 de octubre de 2025, instancia en la que se le instó a aportar antecedentes, reconociendo que solo se habían considerado los conductuales para su adopción.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 25.611-2025.-