nombre reservado con DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL

C.A. de Santiago Santiago, veintidós de abril de dos mil veintiséis.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que comparece Jorge Boldt Silva, abogado, en representación de Línea de Aero Servicios S.A. (en adelante Aerolassa), nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, recurriendo de protección en contra de la Dirección General de Aeronáutica Civil (en adelante DGAC), por haber dictado las Resoluciones Exentas N° 08/0/0027/0119, N° 08/0/0028/0119 y N° 08/0/0029/0119, todas del 9 de enero de 2026, que suspenden por 180 días las licencias comerciales de los recurrentes en su calidad de pilotos, y la Resolución Exenta N° 08/1/004/0165, de 16 del mismo mes y año, que suspende el Certificado de Operador Aéreo (en adelante AOC) N° 002 de la empresa recurrente.

Sostiene que las resoluciones referidas son arbitrarias e ilegales, por cuanto bajo la apariencia de medidas provisorias de mero trámite, se imponen verdaderas sanciones terminales sin investigación previa, basadas en imputaciones desproporcionadas o no acreditadas, vulnerando los derechos fundamentales de vida e integridad física, libertad de trabajo, desarrollo de actividad económica, igualdad ante la ley en materia económica y propiedad, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas, por lo que solicita dejar sin efecto los actos impugnados.

Señala que los recurrentes son, en el caso de las personas naturales, pilotos de avión y, en el caso de Aerolassa, una empresa de servicios aéreos de emergencia con larga trayectoria en el país, quienes han realizado por décadas sus tareas con nobleza y han estado siempre a disposición para contribuir en una función fundamental, como lo es transportar personas y órganos para garantizar la salud de aquellas que necesitan asistencia en lugares remotos.

Luego de entregar una detallada descripción de la historia e importancia de Aerolassa en el mercado de la aeronavegación, así como de la intachable trayectoria de los pilotos recurrentes, se refiere a los antecedentes de cada una de las resoluciones impugnadas. En relación con las N°s 119, 120 y 121, precisa que la DGAC suspendió las licencias de los recurrentes por 180 días, imputándoles haber superado los límites reglamentarios establecidos en la DAN 137 para los tiempos de vuelo (en adelante T.V.), basado en supuestos antecedentes informados por la Oficina ARO -a los que no se ha tenido acceso- en circunstancias que las bitácoras entregan información que tiene la calidad de declaración jurada. Afirma que, en todos estos casos, la recurrida decidió, antes de notificar el inicio de alguna investigación formal, dar por configuradas las infracciones que establece y decretar como medida provisional la regulada por el artículo 32 de la Ley de Bases de los Procedimientos Administrativos (en adelante LBPA), esto es, la suspensión por el plazo máximo de duración de los procedimientos administrativos señalado en el artículo 27 del mismo cuerpo legal.

En cuanto a la Resolución N° 165, la recurrida suspendió el AOC N° 2 de Aerolassa, argumentando la existencia de un “incumplimiento permanente” de requisitos técnicos y fallas en el Sistema de Gestión de Seguridad Operacional (en adelante SMS), considerando, además, como antecedente los procedimientos infraccionales en contra de los pilotos, dos de ellos iniciados con posterioridad a una nota de prensa del Diario Financiero.

Indica que en Chile sólo tres compañías concentran la casi totalidad del mercado de evacuaciones aeromédica -Aerotac con más del 50 %, Aerolassa, con cerca del 30 % y Aerocardal, con el 10 %-, a lo que se debe agregar la ausencia de pilotos calificados para volar en dichas operaciones. Atendido lo referido, señala que la suspensión de las licencias de los pilotos y del AOC de las compañías, debe ser aplicada excepcionalmente, bajo parámetros estrictos y serios, por cuanto los efectos que genera a nivel nacional son, prácticamente, irreversibles y produce una afectación sistémica.

Siempre en relación con lo acotado del mercado, afirma que las resoluciones impugnadas están afectando directamente la oferta del servicio, ya que se encuentra pendiente la adjudicación de la licitación pública ID N° 1554-42-LR25, referida a los servicios de transporte aéreo avión ambulancia al Hospital Regional de Copiapó, en la que sólo hay dos oferentes Aerotac y Aerolassa, en la que ésta se vio impedida de participar, en razón del actuar ilegal y arbitrario de la recurrida.

Precisa que, atendida la naturaleza de los trabajos aéreos que realiza la Compañía, esto es, combatir urgencias de incendios o médicas, la interpretación normativa referida a los T.V. exige cierta flexibilidad, pues es inherente la imposibilidad de una planificación anticipada, cuestión que está considerada en la normativa emanada de la Organización de Aviación Civil Internacional (en adelante OACI) en la que, por ejemplo, se faculta expresamente a los pilotos apartarse de las reglas del aire -artículo 2.3.1 del Anexo 2- “por razones de seguridad”, entendida en sentido amplio, esto es, de las personas a bordo y de las que requieren asistencia aérea.

En relación con el contexto en el que se dictaron las resoluciones impugnadas, afirma que no existen precedentes en que la autoridad aeronáutica haya impuesto restricciones de tal magnitud -con efectos terminales para el operador- basándose en infracciones que, en el peor de los casos, tendrían el carácter de leves o indeterminadas.

Agrega, además, que las medidas cuestionadas se enmarcan en la existencia de conflictividad administrativa entre Aerolassa y la Administración, atendida la existencia de reclamaciones presentadas por la recurrente en otras sedes jurisdiccionales -incluido el Tribunal de Contratación Pública- denunciando irregularidades y el favorecimiento injustificado de competidores en procesos licitatorios, lo que compromete la imparcialidad objetiva que debe regir el actuar de la DGAC.

En otro orden de consideraciones, sostiene que las resoluciones impugnadas infringen el debido proceso al haberse impuesto, mediante “medidas provisionales”, verdaderas sanciones sin existir investigación previa, a partir de hechos denunciados por terceros que podrían configurar eventuales incumplimientos a la normativa aeronáutica. Al respecto, precisa que el procedimiento administrativo infraccional seguido por la DGAC se encuentra regulado en el Decreto Supremo N° 148, del Ministerio de Defensa (en adelante DAR.51), regido supletoriamente por la Ley N° 19.880 (en adelante LBPA). De acuerdo con esta normativa, recibida una denuncia o de oficio, la DGAC debe instruir una investigación para confirmar o descartar la existencia de una infracción, resguardando con ello la presunción de inocencia del infractor, de manera que solo una vez recibida su declaración y realizadas las diligencias investigativas decretadas, se puede formular cargos, en caso de existir mérito.

Empero, agrega, mediante las resoluciones impugnadas se impuso una sanción sin investigación previa, con lo que se vulneró el procedimiento establecido para la determinación del hecho infraccional y sus eventuales responsables, en circunstancias que no existe proporcionalidad entre el fin perseguido mediante las sanciones impuestas -seguridad operacional- y el medio empleado para alcanzarlo -muerte civil profesional de los pilotos por medio año- máxime cuando no se acreditó un riesgo inminente que justifique tal severidad.

Sostiene que la DGAC no aplica el mismo estándar de fiscalización respecto de todas las empresas del rubro de trabajo aéreo y evacuaciones médicas, como fue el caso de AeroTac, quien fue objeto de suspensión de su AOC el 15 de septiembre de 2025 después de protagonizar múltiples accidentes aéreos consecutivos, la que se dejó sin efecto en noviembre del mismo año, en circunstancias que protagonizó un nuevo siniestro, permitiendo que la empresa siguiera operando. En cambio, en el caso de Aerolassa, fue suspendida sin haber ocurrido ningún suceso que haya puesto en riesgo a pacientes o tripulaciones, o que exista evidencia que la seguridad operacional de sus vuelos se encuentre comprometida.

En otro orden de consideraciones, sostiene que la recurrida no cumplió con los estándares legales mínimos exigidos para la dictación de las resoluciones impugnadas -en su calidad de actos administrativos- tornándolas en ilegales y arbitrarias. Es así como, asegura, no fueron fundamentadas conforme a los patrones legales y jurisprudenciales exigidos; infringieron el principio de juricidad al no haber respetado la regulación aplicable; constituyen una evidente desviación de poder y omitieron el control preventivo de la toma de razón.

En relación con la fundamentación, precisa que ella es particularmente exigible, considerando que se impuso una medida provisional aún más gravosa que la eventual sanción que podría proceder.

En cuanto al irrespeto de la regulación vigente, indica que las resoluciones impugnadas infringen los principios de primacía de la persona y de servicialidad del Estado -de conformidad con el artículo 1 de la Constitución Política de la República- por cuanto la recurrida ha obviado que las suspensiones que se controvierten, se producen respecto de quienes contribuyen en labores esenciales para el bien común -extinción de incendios y traslados aeromédicos- Tratándose de la transgresión del principio de contradictoriedad, explica que se produce por cuanto las medidas de suspensión fueron impuestas sin que los recurrentes pudiesen formular alegaciones sobre los hechos infracciónales que se les imputan, y que recién están siendo objeto de investigación por parte de la DGAC.

También acusa la vulneración del principio de imparcialidad que rige las actuaciones de la Administración, de conformidad con el artículo 11 de la LBPA, por cuanto la recurrida no valoró objetivamente las supuestas infracciones denunciadas en las resoluciones impugnadas, pues resulta desproporcionado e irracional la aplicación de una medida provisional tan gravosa, por circunstancias no acreditadas, y que, de ser efectivas, probablemente fueron producto de situaciones involuntarias.

Abordando la violación del principio de proporcionalidad, indica que se produce al mantener suspendida la licencia de los recurrentes mientras se realiza la investigación pertinente, en circunstancias que dichos instrumentos constituyen un requisito indispensable para ejercer la profesión de piloto, así como para desarrollar la actividad económica de aviación comercial.

Sumado a lo anterior, afirma que las resoluciones cuestionadas constituyen una evidente desviación de poder, atendido que de lo expuesto se desprende, razonablemente, que la finalidad de la DGAC no es resguardar la seguridad operacional o del vuelo mientras se realizan las investigaciones correspondientes, sino que beneficiar a AeroTac en cuanto competidor de Aerolassa, con el objeto de que aquella aumente su participación en el mercado de los trabajos aéreos.

En cualquier caso, agrega, las resoluciones impugnadas omitieron el control previo de legalidad de la toma de razón de la Contraloría General de la República, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 99 de la Constitución Política de la República y 10 de la Ley Orgánica Constitucional de tal entidad. Precisa que todos los actos administrativos deben ser objeto del trámite referido, de conformidad con lo que establece la Resolución N° 36/2024 de ese organismo, que no contiene una norma de clausura, por lo que no cabe sino concluir que, actualmente, todos los actos administrativos, salvo aquellos expresamente eximidos en esa resolución, deben ser objeto del trámite referido.

En relación con las garantías constitucionales de las que se ven privados, perturbados o amenazados los recurrentes con los actos recurridos, explica que, en primer término, se vulnera el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas -artículo 19 N° 1 de la CPR- por cuanto, al limitar el uso de aeronaves destinadas a traslados aeromédicos de urgencia, se están dejando de salvar vidas humanas por falta de personal calificado, teniendo especialmente en consideración que ya existe una reducida dotación de pilotos habilitados y menos compañías aéreas que se encuentran autorizadas para prestar esos servicios.

En segundo término, acusa una transgresión del derecho a la libertad de trabajo y su protección en relación con los pilotos recurrentes -artículo 19 N° 16 de la CPR- atendido que se les restringió ilegal y arbitrariamente el ejercicio de su profesión, teniendo, además, en consideración que en la medida que tengan suspendidas sus licencias no pueden renovarlas.

En tercer lugar, precisa que en relación con la Compañía recurrente se ha violado su derecho a desarrollar cualquier actividad económica -artículo 19 N° 21 de la CPR- por cuanto se la ha privado de su ejercicio a pesar de cumplir íntegramente con la normativa vigente.

Agrega que en la medida que se han aplicado criterios diferentes entre los recurrentes y sus competidores en la fiscalización de la normativa aeronáutica, como se explicó, la DGAC ha perturbado el derecho a la no discriminación arbitraria en materia económica -artículo 19 N° 22 de la CPR- Por último, denuncia la vulneración del derecho de propiedad - artículo 19 N° 24 de la CPR- atendido que las resoluciones impugnadas impiden a la Compañía dar cumplimiento a los contratos que mantiene vigentes, dos de los cuales son con organismos públicos, convenciones que fueron garantizadas mediante los respectivos certificados de fianza, respecto de los cuales existe el riesgo de que sean cobrados.

Segundo: Que, comparece Nicolás Álvarez Letelier, abogado, en representación de la Dirección General de Aeronáutica Civil, solicitando el rechazo, con costas, del recurso de protección.

Expone que la recurrida es un órgano de la Administración del Estado de carácter centralizado, dependiente de la Comandancia en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, cuya misión principal se relaciona con la dirección y administración de los aeródromos públicos y de los servicios destinados a la ayuda y protección de la navegación aérea. En el ejercicio de esa misión, le corresponde desempeñar las funciones establecidas en la Ley N° 16.752, en el Código Aeronáutico -Ley N° 18.916-, en el Decreto Supremo N° 222, de 2005, del Ministerio de Defensa Nacional, que aprobó el Reglamento Orgánico y de Funcionamiento de la DGAC.

Señala que en el caso que se somete a la decisión de esta Corte, lo obrado por la recurrida constituye el ejercicio de sus facultades y el desempeño de las funciones que el ordenamiento jurídico le encarga, debido a su calidad de autoridad aeronáutica, según establecen los artículos 1 y 3, letra j), o) y q) de la Ley N° 16.752, en relación con los artículos 83, 84, 98 y 184 del Código Aeronáutico y el artículo 1 del Decreto Ley N° 2564, de 1979.

Indica que las funciones y facultades otorgadas por el ordenamiento jurídico tienen por objeto garantizar la seguridad de las operaciones aéreas, bien jurídico protegido que constituye el paradigma de las decisiones adoptadas por la DGAC, incluyendo, en el caso sub lite, la suspensión como medida provisional del AOC y de las licencias comerciales de los recurrentes, atendido que las situaciones constatadas reflejan una actitud contumaz en el incumplimiento de la normativa aeronáutica, generando una fuente de riesgo permanente para la seguridad de la navegación aérea y, con ello, de la vida de la tripulación de las aeronaves pilotadas por los recurrentes, incluyendo su propia vida y de la población en general.

Precisa que, en este contexto, resulta relevante lo señalado en el artículo 32 de la Ley N° 19.880, especialmente en lo referido a las medidas provisionales, toda vez que faculta a la autoridad para adoptar disposiciones urgentes y excepcionales, con el objetivo de salvaguardar el bien jurídico protegido que se vincula en el ámbito aeronáutico, con la seguridad operacional.

Luego de hacer una extensa referencia a las nociones de certificado de operador aéreo, aeronavegabilidad, trabajos aéreos, licencias aeronáuticas, limitaciones de tiempo de vuelo, período de servicio de vuelo, período de descanso, se hace cargo de describir la cronología de hechos relevantes en el caso.

Relata que, del examen sistemático de los antecedentes aeronáuticos disponibles, se advierte que las operaciones desarrolladas por Aerolassa han sido objeto de diversas fiscalizaciones y procedimientos infracciónales, en algunos de los cuales se remitieron los antecedentes al Ministerio Público.

En relación con los hechos que dieron origen a las resoluciones recurridas, hace referencia al Programa de Vigilancia Continua de la Seguridad Operacional, aprobado por Resolución Exenta N° 08/0/0335, de 25 de junio de 2024, que tiene por finalidad verificar que los operadores mantengan el cumplimiento de los requisitos normativos que dieron origen a su AOC, vigilancia que se materializa mediante inspecciones en terreno, auditorías, revisiones documentales y análisis de información operacional. Agrega que los hallazgos detectados deben ser corregidos por el operador mediante la presentación de un Plan de Acciones Correctivas dentro de los plazos establecidos, según el capítulo 9 del MIO, de acuerdo con su severidad -graves, significativos y leves-. Si la empresa no acredita la implementación de acciones correctivas dentro de los términos establecidos, el procedimiento técnico prevé la adopción de medidas progresivas que pueden incluir la suspensión de operaciones del AOC, incluso su cancelación.

Indica que, en este marco, se verificó una secuencia progresiva de hallazgos, compromisos, seguimiento y constatación de no conformidades por parte de la recurrente, que culminó con la resolución que dispuso la suspensión de su AOC:

1°.- Orden de Inspección N° AC-323, de 29 de noviembre de 2024. Se constató que la empresa no tiene registros de identificación de peligros y gestión de riesgos para cada trabajo aéreo; transporte aéreo no regular de pasajeros y carga que realiza -grave- Se verificó que no tiene experimentado el sistema para tener registros de servicio; no hay registro de operaciones y de competencias de algunos pilotos, de períodos de servicio de vuelo, de descanso y de recurrent (sic) de algunos pilotos eventuales -significativos- Se notificó a la recurrente por correo de 12 de mayo de 2025, la existencia de hallazgos sin solucionar, requiriendo las evidencias para dar cierre a las deficiencias.

2°.- Orden de Inspección N° AC-535, de 7 de agosto de 2025. Se detectaron veinte hallazgos graves: deficiencias estructurales en la identificación de peligros y gestión del riesgo en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad Operacional (SMS); falencias en el control operacional y en la formalización del despacho de vuelo; incumplimiento en registros críticos vinculados a combustible y control de operación; deficiencias en equipamiento esencial y preparación ante contingencias; incumplimiento en límites de tiempo de vuelo y períodos de servicio; instrucción incompleta en determinadas modalidades operacionales. Se verificó treinta hallazgos significativos: inconsistencias en manuales operacionales; deficiencias en registros de instrucción y capacitación; cumplimiento parcial de exigencias relativas a experiencia reciente; falencias en documentación de operaciones y control administrativo; gestión incompleta de matrices de riesgo y procedimientos internos. Se constató once hallazgos leves: desactualizaciones formales; inconsistencias documentales; aspectos administrativos susceptibles de corrección si afectación inmediata de riesgo operacional. Se notificó a la recurrente por correo de 13 de agosto de 2025, solicitando las evidencias de los hallazgos antes de la fecha de vencimiento.

3°.- Oficio (O) N° 08/1/2/3004/10239 de 2 de septiembre del mismo año, se da cuenta de la reunión sostenida entre la empresa y la DGAC, de 26 de agosto del mismo año, abordándose la obligación de implementar soluciones para operar a niveles aceptables de seguridad operacional. Se requirió acompañar evidencias de solución de los hallazgos referidas antes del 30 de septiembre de 2025. Se informó la necesidad de presentar el análisis de brechas actual del estado de su SMS, entregando un plan de implementación antes del 11 del mismo mes y año.

4°.- Inspección 18112025JCMF, de 19 de noviembre de 2025, a la aeronave matrícula CC-CYT, en la que se constató hallazgos significativos, entre otros: paneles de CB sin rotular; tapas de extensión de emergencia del tren de aterrizaje ilegible; en cabina de piloto se encuentra alargador zapatilla eléctrica conectada a la camilla; tren de aterrizaje con exceso de grasa.

5°.- Oficio N° 08/1/2/4169/13689, de 20 de noviembre de 2025, mediante el cual se solicita a la empresa informar situación actual de hallazgos pendientes, constatados en fiscalización de 8 de agosto, y se informa que se mantienen algunos de ellos, excediendo el tiempo de respuesta establecido.

6°.- Fiscalización efectuada el 4 de diciembre de 2025. Se constató inconsistencias en las bitácoras de vuelo que, luego de su estudio, dieron como resultado una denuncia de infracción aeronáutica por posible operación de aeronave, incumpliendo tiempos de vuelo máximo de los pilotos recurrentes.

En cuanto a los hechos relevantes en relación con los pilotos, señala que a raíz de formularios de denuncia de infracción, se constató que habrían superado los tiempos máximos de vuelo permitidos, de acuerdo con los antecedentes que entrega la información que emana de la Oficina Aro y de lo registrado por la tripulación en las bitácoras de vuelo.

Expone que el 16 de enero de 2026 se dictó la resolución Exenta N° 08/1/0040/0165 que suspendió el AOC de Aerolassa, la que, como ya se dijo, se fundó en una serie de hallazgos graves y sistemáticos que comprometen la seguridad operacional y que fueron referidos con anterioridad, los que, a la fecha de este informe, no han sido completamente subsanados, de acuerdo con los procedimientos establecidos en la normativa aeronáutica vigente, lo que hace inviable su alzamiento, por lo que la decisión impugnada no es arbitraria, por cuanto la empresa no contaba con un nivel de seguridad operacional aceptable, lo que compromete el adecuado control de los riesgos asociados a sus operaciones. Asimismo, agrega, la resolución recurrida da cuenta de reiteración de conductas atribuibles a las tripulaciones de vuelo de la empresa, dando cuenta de un patrón operacional preocupante, consistente en eventuales transgresiones a la normativa aeronáutica que regula los tiempos de vuelo, situación que afecta gravemente su desempeño por la acumulación de fatiga, incrementando significativamente el nivel de riesgo operacional y poniendo en peligro la seguridad de las personas transportadas y de las operaciones aéreas en general. Finalmente, afirma, la decisión impugnada cita las normas legales y reglamentarias que facultan la adopción de la medida provisional de suspensión y aquellas en que se fundan las transgresiones consignadas en los procesos de fiscalización realizados por la autoridad aeronáutica.

Por su parte, el 9 de enero de 2026, se dictaron las resoluciones que suspenden las licencias de piloto comercial de los recurrentes, en cada una de las cuales se citan los antecedentes fácticos que demuestran el exceso de los límites de tiempo de vuelo, con precisión y determinación de la operación aérea y las medidas adoptadas por el Departamento Seguridad Operacional, que ya fueron desarrolladas en la cronología de hechos relevantes. Señala que, en el mismo orden de ideas, las resoluciones especifican las consideraciones de derecho que justifican la medida provisional, con señalamiento expreso de las normas que confieren a la DGAC la facultad de fiscalizar y supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en materia aeronáutica.

Afirma que, luego de las consideraciones jurídicas, se realizó un juicio de ponderación y verosimilitud en atención a los hechos constatados, que, en relación con el artículo 32 de la Ley N° 19.880, faculta a la autoridad administrativa para dictar medidas de carácter urgente y excepcional, con el objeto de resguardar el bien jurídico protegido constituido por la seguridad operacional.

En relación al AOC, señala que es un acto administrativo cuya vigencia se encuentra condicionada al cumplimiento permanente de todos los requisitos tenidos a la vista al momento de su otorgamiento, no pudiendo tolerarse que se mantenga ante incumplimientos y deficiencias reiteradas, persistentes y de diversa gravedad, más aún cuando se ha puesto dichas circunstancias en conocimiento de la actora en diversas oportunidades, manteniendo la contumacia.

En cuanto a la naturaleza de la medida impugnada, explica que no se trata de una sanción, sino una provisional, adoptada de conformidad con la Ley N° 19.880. Expone que, mientras la sanción administrativa es la consecuencia negativa que emana de la responsabilidad generada por la imputación y comprobación de los hechos que configuran una infracción de aquel tipo, la medida provisional, en los términos del artículo 32 del cuerpo de leyes referido, es aquella que podrá adoptar un órgano administrativo competente, de oficio o a petición de parte, para asegurar la eficacia de una resolución o la protección de los intereses públicos implicados. La misma norma establece que podrán ejercerse incluso antes de iniciado el procedimiento administrativo, en los casos de urgencia y para la protección de los intereses velados por el organismo.

En el caso de las resoluciones que decretaron las suspensiones de las licencias de vuelo de los recurrentes, indica, tienen directa relación con la búsqueda de la protección del interés implicado, por existir antecedentes verosímiles de infracciones serias y reiteradas a la seguridad operacional, específicamente, en relación con haber sobrepasado los tiempos de vuelo, períodos de servicio de vuelo y los períodos de descanso, lo que compromete la seguridad operacional, toda vez que se trata de conductas que ponen en riesgo la vida de las tripulaciones, del personal sanitario, de los pacientes transportados y de terceros en la superficie, así como de los bienes trasladados.

En otro orden de consideraciones, afirma que las resoluciones impugnadas no son arbitrarias, por cuanto no constituyen una decisión aislada ni excepcional, sino dentro de la práctica administrativa de la DGAC, asegurando que se han aplicado de manera reiterada cuando han concurrido presupuestos objetivos directamente vinculados con la protección de la seguridad operacional. En el mismo sentido, asegura que la suspensión del AOC no fue adoptada como reacción aislada ni como sanción anticipada, sino como instrumento preventivo frente a la constatación objetiva de hallazgos graves y significativos que no fueron subsanados en los plazos comprometidos mediante evidencia suficiente.

En relación con la falta del trámite de toma de razón acusado por los recurrentes, precisa que de acuerdo con la propia motivación de la Resolución N° 36 de 2024, de la Contraloría General de la República, se sistematizan y amplían las exenciones del trámite referido, fijando los umbrales monetarios, categorías de actos y materias que quedarán fuera de dicho control. Así, asegura, el acto en comento fija, en su Título II, Párrafos I al IX, aquellos que están sometidos a la toma de razón, eximiendo todos aquellos no señalados en él, no incluyéndose la clase de actos que son reclamados en esta causa.

Luego de hacer una extensa referencia a la normativa que busca prevenir los riesgos asociados a la fatiga operacional, mediante la regulación expresa de los tiempos de vuelo, períodos de servicio de vuelo y períodos de descanso, afirma que, en el caso de autos, la verificación de la superación de los tiempos no se sustentó en una mera hipótesis teórica de riesgo, sino que en antecedentes objetivos constatados en el marco de la fiscalización realizada el 4 de diciembre de 2025, en la que se revisaron bitácoras de vuelo de dos aeronaves, constando que, en diversas fechas, las tripulaciones superaron los tiempos máximos de vuelo establecidos en el numeral 137.145 de la DAN 137. Agrega, además, que en la fiscalización referida se constató diferencias significativas entre el registro de los tiempos operacionales de las tripulaciones y aquellos provenientes de los sistemas oficiales, todo lo que constituyó un antecedente fundado que permitió tener por cumplido el requisito de verosimilitud de los hechos, exigido por el artículo 32 de la Ley N° 19.880. Asimismo, se estimó concurrente el daño grave o irreparable al bien jurídico protegido, por cuanto, el incumplimiento de las limitaciones a los tiempos de vuelo, períodos de servicio de vuelo y períodos de descanso, compromete directamente la gestión del riesgo de fatiga, reconocido como uno de los principales factores humanos asociados a la ocurrencia de eventos aeronáuticos.

En cuanto a la proporcionalidad y razonabilidad de las medidas de suspensión, argumenta que, por la naturaleza del bien e interés jurídico protegido, se aprecia que cumplen los criterios de finalidad legítima, idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto.

En relación con lo mismo, destaca que la duración de la suspensión, en el caso de los pilotos, representa un sexto de tiempo de la sanción que, eventualmente, pueda imponerse conforme al artículo 185, letra c) del Código Aeronáutico.

Respecto a la supuesta falta de fiabilidad de la información proveniente de las oficinas ARO (Aeronautical Reporting Office/Oficina de Notificación Aeronáutica), explica que estas forman parte del sistema institucional de Servicios de Tránsito Aéreo, encargándose de la recepción, validación y tramitación de los Planes de Vuelo, así como de su incorporación al sistema nacional de mensajería aeronáutica, no generando discrecionalmente datos operacionales, sino gestionando información dentro de un sistema formalmente normativo y tecnológicamente integrado. En este sentido, explica, el cálculo de horas de vuelo efectuado por esta autoridad no dice relación con el período de servicio de vuelo asociado a la jornada operacional de la tripulación, sino con el tiempo efectivo de operación de la aeronave entre un despegue y un arribo, determinado a partir de registros objetivos contenidos en sistemas institucionales interoperables -Franjas de Progreso de Vuelo; Bitácora de Control de Aeródromo del Sistema IFIS-SETRA; Sistema AMHS; verificación manual cruzada- Indica que esos antecedentes fueron los que sirvieron de base para la elaboración de los formularios de denuncia e informes técnicos que dieron origen a los procedimientos infracciónales seguidos respecto de las tripulaciones comandadas por los pilotos suspendidos.

En otro orden de consideraciones, afirma que, atendida la naturaleza cautelar del recurso de protección, éste no puede ser empleado para declarar o constituir situaciones jurídicas o reafirmar hechos que no han podido ser adecuadamente acreditados o probados.

En cuanto a la afirmación de los recurrentes de que la materia estaría siendo conocida por otras instancias jurisdiccionales, señala que la DGAC no participa en ningún proceso de reclamación judicial con los recurrentes, como tampoco ha sido notificada de alguno seguido en su contra ante tribunales ordinarios y/o extraordinarios. En el mismo sentido, explica que no participa ni mantiene calidad o interés en los procesos licitatorios en lo que es parte la empresa recurrente.

En relación con la presunta transgresión del derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas, razona que pareciere que el recurrente hace valer la acción de protección como una de carácter popular, desconociendo que la causa que llevó a la adopción de las medidas impugnadas fue su incapacidad permanente de dar soluciones a los hallazgos constatados en las fiscalizaciones. Respecto de la vulneración del derecho a la libertad de trabajo y su protección en el caso de los pilotos recurrentes, expresa que ella encuentra sus límites en la ley, en especial en la normativa técnica sectorial y, en este caso, como se ha reiterado, las medidas se deben a las conductas de los propios recurrentes. Tratándose de la violación del derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, señala que para su desestimación basta con considerar que no es efectico que se haya dado cumplimiento a la normativa vigente en la materia. En cuanto a la transgresión del derecho a la no discriminación arbitraria que debe dar el Estado y sus organismos en materia económica, asegura que no se ha configurado. Por último, respecto de la vulneración del derecho de propiedad, sostiene que los recurrentes pretenden instrumentalizar la acción de protección para eludir el cumplimiento de cargas técnicas imperativas, alegando una violación que carece de sustento fáctico y dogmático. Agrega a este respecto, que se trata de transformar un título habilitante precario -AOC- en un derecho de dominio inmutable, intentando sustraerlo de la esfera de control del estado contra toda racionalidad técnica y diseño institucional.

Finalmente, del mérito de las argumentaciones expuestas, concluye que la actuación de la DGAC ha sido legítima, justificada y necesaria para cumplir con su deber indelegable de garantizar la seguridad de las operaciones aéreas, y que la mantención de la suspensión del AOC y de las licencias de los pilotos recurrentes, radica exclusivamente en la falta de acciones correctivas satisfactorias y demostrables, especialmente por parte del operador, quien es el único responsable de retornar sus operaciones a un estado de cumplimiento normativo, siendo forzoso descartar toda arbitrariedad o antijuricidad en el asunto sometido al conocimiento de esta Corte.

Tercero: Que como ha sostenido reiteradamente esta Corte, el llamado recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de carácter cautelar de emergencia, destinado a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales de la autoridad o de particulares que impidan, amaguen o perturben ese ejercicio.

Son presupuestos de esta acción cautelar de protección: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de ello se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales superiores de justicia ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

Cuarto: Que los actos que se califican como ilegales y arbitrarios, según el arbitrio que se analiza, lo constituyen las Resoluciones Exentas N° 08/0/0027/0119, N° 08/0/0028/0119 y N° 08/0/0029/0119, todas del 9 de enero de 2026, que suspendieron por 180 días las licencias comerciales de los recurrentes en su calidad de pilotos, y la Resolución Exenta N° 08/1/004/0165, de 16 del mismo mes y año, que suspendió el Certificado de Operador Aéreo N° 002 de la empresa recurrente, vulnerando los derechos fundamentales consagrados en los numerales 1, 16, 21, 22 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Quinto: Que, de conformidad con los antecedentes acompañados por las partes, lo relatado en los escritos que se analizan y lo expresado en los alegatos que se efectuaron ante esta Corte, no existe controversia que las resoluciones impugnadas fueron pronunciadas en ejercicio de las facultades fiscalizadoras de la DGAC, en el marco del llamado Programa de Vigilancia Continua de Seguridad Operacional, conforme al cual se designa a cada empresa un inspector principal de operaciones, quien debe mantener un contacto permanente con los operadores aéreos con el objeto de verificar que mantengan el cumplimiento de los requisitos normativos que dieron origen a su AOC, así como aquellos que rigen el desarrollo de sus operaciones.

En este orden de consideraciones, es importante dejar asentado que la parte recurrente no cuestiona que la DGAC sea titular de atribuciones en materia de fiscalización aeronáutica que la facultan para la adopción de las medidas provisionales que se impugnan -suspensión de AOC y de las licencias de vuelo de los pilotos- sino que lo que discute es el modo en que fue ejercida en el caso concreto, la que, a su juicio, adolece de ilegalidad y arbitrariedad.

Sexto: Que, sin perjuicio de lo referido, cabe señalar que la DGA es un órgano de la Administración del Estado de carácter centralizado, dependiente de la Comandancia en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, cuya misión principal se relaciona con la dirección y administración de los aeródromos públicos y de los servicios destinados a la ayuda y protección de la navegación aérea. En el ejercicio de esa misión, le corresponde desempeñar las funciones establecidas en la Ley N° 16.752, en el Código Aeronáutico -Ley N° 18.916-, en el Decreto Supremo N° 222, de 2005, del Ministerio de Defensa Nacional, que aprobó el Reglamento Orgánico y de Funcionamiento de la DGAC.

De acuerdo con artículo 1 del DL N° 2564 -Ley de Aeronáutica Civil- corresponde a la DGAC establecer y controlar los requisitos técnicos para la operación de los servicios de transporte aéreo, sean de cabotaje o internacionales, y toda clase de servicios de aeronavegación comercial.

Por su parte, el artículo 3 de la Ley N° 16.752 establece que corresponderá a la Dirección General de Aeronáutica Civil, entre otras atribuciones,: “j) Fiscalizar las actividades de la aviación civil, en resguardo de la seguridad de vuelo y dictar las instrucciones de general aplicación que sean necesarias para los fines señalados; ñ) Inspeccionar las aeronaves matriculadas en Chile para determinar sus condiciones y estado para el vuelo; otorgar los correspondientes certificados de aeronavegabilidad, suspenderlos y cancelarlos; y mantener el registro correspondiente. Podrá también inspeccionar, en la misma forma, las aeronaves extranjeras que operen en Chile; o) Otorgar licencias a todo el personal aeronáutico que, en conformidad a los reglamentos, requiera de ellas; convalidar, cuando proceda, las otorgadas por otros Estados; suspenderlas, cancelarlas y llevar el registro correspondiente; q) Dictar normas para que la operación de aeronaves se efectúe dentro de los límites de la seguridad aérea; r) Investigar las infracciones a las leyes, reglamentos y demás disposiciones relacionadas con la navegación aérea cuya aplicación y control le corresponda y, en especial, los accidentes que ocurran a aeronaves civiles de cualquiera nacionalidad en territorio chileno y los que ocurran a aeronaves chilenas en aguas o territorios no sujetos a otra soberanía; y observar o cooperar en la investigación de accidentes de aeronaves civiles chilenas que se realicen por otros Estados, cuando a éstos le corresponda esa investigación”.

En el mismo sentido, el artículo 83 del Código Aeronáutico dispone que “La autoridad aeronáutica tiene la facultad de controlar o inspeccionar a las aeronaves, a su tripulación y a las personas y cosas transportadas a bordo”, en tanto que su artículo 84 establece que “La autoridad aeronáutica podrá impedir el vuelo de una aeronave que no reúna las condiciones exigidas por la ley o los reglamentos”.

Séptimo: Que, en otro orden de consideraciones, como lo indica la recurrida al informar, de acuerdo con el Reglamento Aeronáutico de Operaciones de Aeronaves -DAR 06- para que un operador pueda realizar operaciones de transporte aéreo comercial, debe ser titular de un Certificado de Operador Aéreo (AOC), para lo cual, según la misma normativa, debe demostrar que cuenta con “una organización adecuada, un método de control y supervisión de las operaciones de vuelo, un programa de instrucción y arreglos de servicios de escala y de mantenimiento acordes con la naturaleza y la amplitud de las operaciones especificadas”. Por otra parte, conforme la nombre reservado 119 -sobre Obtención de Certificado de Operador Aéreo- si durante el programa de vigilancia continua se comprueba que las operaciones autorizadas no se realizan de acuerdo con lo certificado, la DGAC puede suspender el AOC, cancelarlo como sanción o modificarlo.

Por otra parte, uno de los requisitos para obtener un AOC es que el operador presente y mantenga un sistema de gestión de seguridad operacional (SMS) de acuerdo con la normativa vigente, cuestión que debe ser fiscalizada por la DGAC, conforme el procedimiento establecido, en el que se deben registrar las observaciones que afecten la capacidad del certificado.

Octavo: Que, en relación con las licencias aeronáuticas de los pilotos, cabe señalar que, según lo dispuesto en el artículo 57 del Código Aeronáutico, “Se denomina personal aeronáutico aquel que desempeña a bordo de las aeronaves o en tierra las funciones técnicas propias de la aeronáutica, tales como la conducción, dirección, operación y cuidado de las aeronaves; su despacho, estiba, inspección y reparación; el control del tránsito aéreo y la operación de las estaciones aeronáuticas”, agregando que “El ejercicio de funciones técnicas propias de la aeronáutica requerirá de las licencias y habilitaciones que determine la autoridad aeronáutica. El personal aeronáutico se clasifica en personal de vuelo y personal de tierra”.

Por su parte, el artículo 63 del mismo cuerpo legal dispone que “El reglamento establecerá los requisitos para el otorgamiento, suspensión, cancelación y convalidación de los diversos tipos o clases de licencias o habilitaciones que debe dar la autoridad aeronáutica; las funciones y obligaciones técnicas del personal aeronáutico; y, en general, todas las materias concernientes a la seguridad y buen orden en el ejercicio de las funciones técnico-aeronáuticas”.

De este modo, como lo señala la recurrida en su informe, “la licencia aeronáutica constituye el instrumento que -a nivel internacional y nacional, acredita la aptitud, conocimientos, destrezas y aptitud sicofísica de su titular para el cumplimiento de funciones que, por su propia naturaleza, son riesgos y para cuyo ejercicio se han establecido normas mínimas que garantizan la seguridad de las operaciones y la vida de las personas”.

Noveno: Que la Resolución Exenta N° 08/1/0040/0165, de 16 de enero de 2026, que ordenó la suspensión del Certificado de Aperador Aéreo N° 002 de la empresa recurrente, consigna en sus “vistos”, en lo pertinente, las siguientes consideraciones para los efectos de resolver:

“f) Los resultados de las Órdenes de Inspección N°AC-323 de fecha 29 de noviembre de 2024 y N°AC-535 de fecha 07 de agosto de 2025 del Subdepartamento Operaciones, que evidencian que la empresa “LÍNEA DE AERO SERVICIOS S.A. (LASSA)”, presenta hallazgos de diversa severidad incumpliendo lo exigido en las normas DAN 119, DAN 135 y DAN 137, informados a esa empresa a través de la plataforma SIGOy reiteradas por correo electrónico de fecha 13 de agosto de 2025. g) Los correos electrónicos de fecha 12 de mayo de 2025, 13 de agosto de 2025 y 26 de noviembre de 2025, enviados a la Empresa Aérea “LÍNEA DE AERO SERVICIOS S.A. (LASSA)”, notificando el estado de los hallazgos que a la fecha no han sido solucionados en su totalidad. h) La reunión sostenida el 26 de agosto de 2025, presidida por el Director General de Aeronáutica Civil, con la concurrencia del Gerente General de la empresa “LÍNEA DE AERO SERVICIOS S.A. (LASSA)” y su Gerente de Operaciones, en que se aborda la gravedad de los hallazgos informados de las áreas de Aeronavegabilidad, Operaciones y Gestión de Seguridad Operacional (SMS). La empresa adquiere el compromiso de dar solución a la brevedad a las observaciones señaladas, para operar en espacio aéreo nacional en niveles aceptables de seguridad operacional, tanto en el Transporte de Pasajeros como en el Trabajo Aéreo de Ambulancia Aérea. i) El oficio N°08/1/2/3004/10239 de fecha 02 de septiembre de 2025 y sus anexos, que formaliza los acuerdos sostenidos en la reunión mencionada en la letra (h), tales como: entregar un Análisis de brecha junto con un plan de Implementación del SMS (al 11 de septiembre de 2025), Componente 1 “Políticas y objetivos de seguridad operacional” (al 30 de septiembre de 2025), Componente 2 “Gestión del riesgo de seguridad operacional” (al 30 de octubre de 2025) y Componentes 3 “Aseguramiento de la seguridad operacional” y Componente 4 “Promoción de la seguridad operacional” (al 30 de noviembre de 2025). Respecto de los hallazgos de operaciones, se indica como plazo máximo de solución al 30 de septiembre de 2025, para hacer entrega de la evidencia. j) Conforme al seguimiento que realiza esta Autoridad, respecto de los acuerdos establecidos en el oficio N°08/1/2/3004/10239 de fecha 02 de septiembre de 2025, la empresa envía documentación para responder al área de Gestión de Seguridad Operacional (SMS) tanto para el Plan de implementación del SMS como para el desarrollo del Componente dos dentro del plazo establecido, no así para el desarrollo del Componente uno que fue remitido fuera del plazo establecido. No obstante, la evidencia presentada no es suficiente para subsanar los hallazgos informados. Esta situación fue informada a través de correo electrónico de fecha 07 de noviembre de 2025 a la Persona Responsable, Sr. nombre reservado. Por su parte, respecto a la entrega de los Componentes tres y cuatro no han sido remitidos a la fecha del presente documento. k) La inspección 18112025JCMF, efectuada concon fecha 19 de noviembre de 2025 y efectuada en la ciudad de Puerto Montt a la aeronave matrícula CC-CYT, en la cual se registraron seis hallazgos significativos lo que dejó dicha aeronave fuera de vuelo. l) El oficio N°08/1/2/4169 de fecha 20 de noviembre de 2025, mediante el cual se reitera a la empresa, que aun cuando ha enviado antecedentes con los que se pretendió subsanar los hallazgos para dar una solución definitiva, estos no cumplen con lo requerido en ninguna de las áreas auditadas. m)La reunión sostenida el 25 de noviembre de 2025, presidida por el Director de Seguridad Operacional, con la participación por parte de la empresa del Gerente General, Gerente de Operaciones, Encargado Control de Mantenimiento, Encargado de Seguridad Operacional y otros integrantes de la empresa a quienes, con fundamentos, se les señala que la empresa mantiene hallazgos sin presentar la evidencia objetiva que permita dar solución a las observaciones, en que de manera reiterada se les ha sido indicado. n) La fiscalización integral efectuada con fecha 04 de diciembre de 2025, AC-599, en la Base Principal de la Empresa “LÍNEA DE AERO SERVICIOS S.A. (LASSA)”, ubicada en el Aeródromo de Tobalaba, La Reina, Santiago, mediante la cual se verifica in situ, que aún mantiene sin dar solución a los hallazgos de carácter graves y significativos, evidenciándose en esta actividad nuevas posibles transgresiones a la normativa aeronáutica, referido a excesos de Tiempo de Vuelo (T.V.) y Períodos de Servicios de Vuelo (PSV) por parte de sus tripulaciones de vuelo. o) Las Resoluciones Exentas de la Dirección General de Aeronáutica Civil, tales como, las Resoluciones Exentas DGAC N° 2071, de fecha 01 de octubre de 2025; N° 2545, de fecha 20 de noviembre de 2025; N° 2636, de fecha 28 de octubre de 2025; y N° 2637, de fecha 28 de noviembre de 2025, N° 0050 de fecha 01 de enero de 2026, N° 0139 de fecha 13 de enero de 2026 y 0141 de fecha 14 de enero de 2026, mediante las cuales se dispuso la apertura de investigaciones infraccionales vinculadas a pilotos de la empresa LASSA, fundadas en antecedentes que evidencian incumplimientos de la nombre reservado 137 “Trabajos Aéreos”, en particular de su numeral 137.145, relativo a los tiempos máximos de vuelo autorizados”.

Luego, y en lo que se refiere a las consideraciones en las que fundó su decisión, señala lo siguiente:

“a) Que, de los antecedentes consignados en las letras g), h), l), m) y o) de los VISTOS, consta que la empresa aérea “LÍNEA DE AERO SERVICIOS S.A. (LASSA)” mantiene a la fecha hallazgos graves y significativos que no han sido subsanados en su totalidad, pese a las instancias de fiscalización y seguimiento efectuadas por esta Autoridad. b) Que de acuerdo con lo señalado precedentemente, la empresa aérea “LÍNEA DE AERO SERVICIOS S.A. (LASSA)”, al no haber dado cumplimiento efectivo a lo requerido por la Dirección General de Aeronáutica Civil en orden a la solución de los hallazgos detectados, no ha logrado demostrar que cuenta con un nivel de seguridad operacional aceptable, circunstancia que compromete el adecuado control de los riesgos asociados a sus operaciones, resultando procedente, en consecuencia, disponer la suspensión de su Certificado de Operador Aéreo (AOC), por cuanto no se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en la DAN 119, numeral 119.009 letras (a) y (b), así como a las normas DAN 43, DAN 135 y DAN 137. c) Que la Empresa Aérea “LÍNEA DE AERO SERVICIOS S.A. (LASSA)”, al no cumplir con los requisitos operativos y técnicos, establecidos por la Dirección General de Aeronáutica Civil para mantener el Certificado de Operador Aéreo (AOC), en las normas DAN 43, 119, 135 y 137, se hace indispensable formalizar el proceso de suspensión de su AOC. d) Que, conforme a los argumentos descritos en los VISTOS, se ha verificado que la Empresa Aérea “LÍNEA DE AERO SERVICIOS S.A. (LASSA)” presenta deficiencias relevantes, persistentes y reiteradas en la implementación efectiva de los componentes de su Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS), incumpliendo los plazos comprometidos para la solución de los hallazgos detectados y sin aportar evidencia objetiva, suficiente y verificable que permita acreditar su adecuada subsanación, circunstancia que impide asegurar el mantenimiento de niveles aceptables de seguridad operacional, comprometiendo el control de los riesgos inherentes a la operación aérea y configurando un riesgo inaceptable para el Sistema Aeronáutico Nacional. e) Que, asimismo, la reiteración de conductas atribuibles a tripulaciones de vuelo de la empresa, señaladas en la letra o) de los VISTOS, da cuenta de un patrón operacional preocupante, consistente en eventuales transgresiones a la normativa aeronáutica que regula los tiempos máximos de vuelo, situación que afecta gravemente el desempeño de las tripulaciones en vuelo, por la acumulación de fatiga, incrementando significativamente el nivel de riesgo operacional y poniendo en peligro la seguridad de las personas transportadas y de las operaciones aéreas en general”.

Décimo: Que, por su parte, en las Resoluciones Exenta N°s 27, 28 y 29, de 9 de enero de 2026, por medio de las cuales se suspendió la licencia de piloto de los señores nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, por 180 días, “prorrogable conforme al mérito de los antecedentes que a dicho momento obren en poder de la Dirección general de Aeronáutica Civil”, en cada caso se consignaron los antecedentes que se extrajeron de la revisión de las bitácoras de vuelo de las aeronaves que se individualizan, en las fechas que fueron fiscalizadas. Se indicó que estos hallazgos motivaron que se remitiera al “Departamento Jurídico un Formulario de Denuncio de Infracción Aeronáutica”. Se agregó que, de acuerdo con la información proporcionada por la Oficina ARO, la sumatoria de los tiempos correspondientes entre calzos excedió los límites máximos permitidos por la normativa aeronáutica aplicada, sin que exista coincidencia entre dicho registro y los tiempos consignados por la tripulación en la bitácora de vuelo, “atendida la distinta naturaleza de criterio en el cómputo utilizado”.

En otro orden de consideraciones, las resoluciones impugnadas señalaron “Que, para efectos de la aplicación de las limitaciones de tiempo de vuelo establecidas en la normativa aeronáutica, resulta pertinente precisar que el Tiempo de Vuelo corresponde al tiempo total transcurrido desde que la aeronave inicia su movimiento con el propósito de despegar, hasta que se detiene completamente al finalizar el vuelo. esto es, el tiempo entre calzos (block time). Por su parte, el tiempo consignado por la tripulación en las Bitácoras de Vuelo corresponde al tiempo efectivo en el aire (air time). el cual no comprende las fases de rodaje previas al despegue ni posteriores al aterrizaje, y que, por tanto, no agota el cómputo del tiempo de vuelo exigido por la normativa aeronáutica para efectos del control de los límites máximos aplicables”.

Luego, hicieron referencia a la normativa legal y reglamentaria que rige la materia, para indicar que las limitaciones de tiempo de vuelo, períodos de servicio de vuelo y de descanso de los miembros de las tripulaciones aéreas “han sido excedido conforme a lo indicado en los considerandos precedentes … tanto a partir de la información recopilada y remitida por la Oficina ARO, como de aquella consignada en las respectivas bitácoras de vuelo”.

En seguida, y haciendo referencia a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley N° 19.880 en lo que respecta a la adopción de medidas provisionales, afirma que se cumplen con los requisitos que tal norma establece. En relación con la verosimilitud de los hechos, se refiere a los registros de las bitácoras de vuelo y a los proporcionados por la Oficina ARO, “antecedentes que permiten tener por acreditada, en esta etapa procedimental, la ocurrencia de los hechos que se indican a continuación”, haciendo alusión, luego, a los datos en virtud de los cuales establece que los pilotos recurrentes superaron los tiempos máximos de vuelo en las fechas que indica. Por otra parte, y respecto del riesgo de un daño grave e irreparable del bien jurídico protegido -seguridad operacional o seguridad de vuelo- señala que “exige el cumplimiento de elevados estándares de seguridad en el desarrollo de las operaciones aeronáuticas, orientados a la prevención de accidentes e incidentes que puedan poner en peligro la integridad de las aeronaves, de la tripulación, de los pasajeros, de la infraestructura aeroportuaria y del público en general”, agregando que “En este contexto, el respeto de las disposiciones relativas a los límites de tiempos de vuelo, períodos de servicio de vuelo y períodos de descanso constituye una medida preventiva esencial destinada a mitigar los efectos de la fatiga de la tripulación de vuelo. reconocida como uno de los factores humanos de mayor incidencia en la ocurrencia de eventos aeronáuticos. Y, por consiguiente, las conductas descritas, consistentes en el incumplimiento de dichas limitaciones, comprometen gravemente la seguridad operacional, incrementando el riesgo asociado a la fatiga y poniendo en peligro la vida de los pasajeros, de los propios pilotos y de terceros en superficie”.

Undécimo: Que la controversia planteada en este arbitrio radica, esencialmente, en determinar si la DGAC incurrió en ilegalidad y/o arbitrariedad al disponer la suspensión del Certificado de AOC de la empresa Aerolassa y de las licencias de piloto de transporte de línea aérea de los recurrentes, en ejercicio de la facultad que entrega a los órganos de la Administración del Estado el artículo 32 de la Ley N° 19.880.

La norma en comento establece lo siguiente:

“Medidas provisionales. Iniciado el procedimiento, el órgano administrativo podrá adoptar, de oficio o a petición de parte, las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la decisión que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficientes para ello.

Sin embargo, antes de la iniciación del procedimiento administrativo, el órgano competente, de oficio o a petición de parte, en los casos de urgencia y para la protección provisional de los intereses implicados, podrá adoptar las medidas correspondientes. Estas medidas provisionales deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en la iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda.

En todo caso, las medidas a que se refiere el inciso anterior, quedarán sin efecto si no se inicia el procedimiento en dicho plazo, o cuando la decisión de iniciación no contenga un pronunciamiento expreso acerca de las mismas.

No se podrán adoptar medidas provisionales que puedan causar perjuicio de difícil o imposible reparación a los interesados, o que impliquen violación de derechos amparados por las leyes.

Las medidas provisionales podrán ser alzadas o modificadas durante la tramitación del procedimiento, de oficio o a petición de parte, en virtud de circunstancias sobrevinientes o que no pudieron ser tenidas en cuenta en el momento de su adopción.

En todo caso, las medidas de que trata este artículo, se extinguirán con la eficacia de la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento correspondiente”.

Duodécimo: Que, atendido el carácter supletorio y de aplicación general de la Ley N° 19.880, es claro que su artículo 32 constituye una norma de habilitación en favor de la Administración para disponer medidas provisionales en el marco de un procedimiento sancionatorio.

Sin embargo, dado su carácter excepcional, en su ejercicio la autoridad debe cumplir con los requisitos formales y sustantivos exigidos por la ley, y obrar con estricta sujeción a los principios de legalidad y tipicidad que informan al procedimiento administrativo sancionador.

Además, considerando la naturaleza esencialmente transitoria y de último recurso de las medidas provisionales, en su adopción la autoridad se encuentra limitada por los principios de proporcionalidad, efectividad, menor onerosidad y necesidad.

Decimotercero: Que llegados a este punto, resulta apropiado subrayar que la motivación constituye uno de los elementos fundamentales del acto administrativo, pues a través de ella se exteriorizan las razones que han llevado a la Administración a dictarlo, exigencia que se impone en virtud del principio de legalidad. En efecto, en nuestro ordenamiento jurídico, la Ley N° 19.880 consagra los principios de transparencia y publicidad, en cuanto permite y promueve el conocimiento del contenido y fundamentos de las decisiones que adopten los órganos de la Administración del Estado, calidad que precisamente detenta el organismo demandado. Es así como el artículo 11, inciso segundo, del referido texto legal, previene sobre la obligación de motivar en el mismo acto administrativo la decisión, mencionando los hechos y fundamentos de derecho, en el caso que afectare los derechos o prerrogativas de las personas. A su turno, también el artículo 41, inciso cuarto, del aludido texto legal dispone que las “resoluciones contendrán la decisión, que será fundada”, proceder que, por lo demás, se hace enteramente exigible por mandato del artículo 8 de la Constitución Política de la República.

Semejante exigencia supone, como es evidente, que las razones argüidas por la autoridad hallen sustento en la realidad, vale decir, que se condigan con los antecedentes fácticos del caso en concreto, pues, de lo contrario, solo se estaría dando cumplimiento de manera aparente y meramente formularia al cumplimiento de la obligación en comento.

Decimocuarto: Que, desde ya, cabe desestimar las alegaciones de la parte recurrente en relación con las imputaciones que efectúa a la recurrida en orden a que las resoluciones impugnadas corresponderían al ejercicio indebido de las facultades de fiscalización -desviación de poder-, teniendo en consideración el carácter excepcional y cautelar de la acción de protección, esto es, que no es el procedimiento adecuado para resolver la controversia que existe entre las partes a ese respecto, por cuanto ello requiere de la posibilidad de rendir prueba para determinar, por parte del órgano jurisdiccional, la veracidad de las imputaciones.

Decimoquinto: Que, en cambio, si corresponde que esta Corte analice si las resoluciones impugnadas se encuentran debidamente fundadas en relación con la adopción de las medidas de suspensión que se impugnan, teniendo fundamentalmente en consideración su carácter extraordinario y de orden cautelar, lo que implica que su determinación debe estar motivada por antecedentes suficientes que justifiquen la extrema afectación de los derechos fundamentales de los recurrentes.

Decimosexto: Que, en este sentido, cabe constatar, en primer término, que las resoluciones impugnadas no se hacen cargo de los efectos que las suspensiones dispuestas van a producir en los recurrentes, teniendo en cuenta que el artículo 32 de la Ley N° 19.880 dispone, en lo pertinente, que “No se podrán adoptar medidas provisionales que puedan causar perjuicio de difícil o imposible reparación a los interesados, o que impliquen violación de derechos amparados por las leyes”.

En el caso en análisis no cabe duda, a juicio de esta Corte, que las medidas impugnadas causarán consecuencias negativas no sólo en los recurrentes, atendido que no podrán ejercer actividad alguna mientras ellas estén vigentes, sino que también afectarán a los usuarios de los servicios prestados por aquellos, los que, por su naturaleza, son esenciales para enfrentar las emergencias que tienen por objeto satisfacer.

En este orden de consideraciones, y teniendo en cuenta los efectos que producirán las suspensiones decretadas, era fundamental que la autoridad se hiciera cargo de ellos en las resoluciones impugnadas, con el objeto de dar cumplimiento a la obligatoriedad de la debida motivación de los actos administrativos.

Decimoséptimo: Que, en otro orden de consideraciones, en relación con la resolución que suspende el AOC de Aerolassa, ella se fundamenta en los hallazgos, de carácter grave y significativo, que no habrían sido subsanados en su totalidad por la empresa, y por el inicio de las investigaciones sumarias vinculadas a los pilotos, por incumplimientos de los tiempos máximos de vuelo autorizados.

En relación con lo primero, llama la atención que la resolución impugnada reconoce que algunos de los hallazgos ya han sido solucionados por la empresa, pero no precisa que aquellos que eventualmente quedaron sin solución, configuran “los casos de urgencia y para la protección provisional de los intereses implicados” a lo que se refiere el artículo 32 de la Ley N° 19.880.

En este sentido, es importante tener en consideración que ante esta Corte la parte recurrente acompañó una serie de antecedentes que darían cuenta que los mentados hallazgos ya habrían sido solucionados, lo que ameritaría el alzamiento de la medida de suspensión, según su opinión. Por su parte, la recurrida señaló, al evacuar el traslado pertinente, que ello no era efectivo, por cuanto la referencia que se hace en los documentos de “haber sido subsanados los hallazgos” se efectúa con el objeto de “dar un cierre informático a las inspecciones”, esto es, se trata de una respuesta por defecto, que tiene el sentido de consolidar aquellos hallazgos que quedan vigentes.

Sin perjuicio de que no es procedente en esta instancia determinar la veracidad de la subsanación de los citados defectos, la discrepancia que se presenta pone de relieve la importancia de que la resolución impugnada hubiera determinado aquellos reparos que se mantenían vigentes y que fundamentaban la decisión de suspensión de la AOC.

Decimoctavo: Que, en el mismo sentido, si bien la autoridad recurrida afirma en la resolución impugnada que “presenta deficiencias relevantes, persistentes y reiteradas en la implementación de los componentes de su Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS) … circunstancia que impide asegurar el mantenimiento de niveles aceptables de seguridad operacional, comprometiendo el control de los riesgos inherentes a la operación aérea y configurando un riesgo inaceptable para el Sistema Aeronáutico Nacional”, no señala de manera precisa cómo los hallazgos que aún quedan subsistentes de solucionar configuran los “casos de urgencia” a los que se refiere el artículo 32 tantas veces mencionado.

Decimonoveno: Que la falta de fundamentación de la resolución impugnada también queda patente si se considera que, al evacuar el informe en este recurso de protección, la DGAC hizo alusión a una serie de otros antecedentes que no están consignados en ella, como por ejemplo, lo que denomina “antecedentes infraccionales de LASSA”, lo que permite sostener que la decisión de suspensión de la AOC no solo se debería a los hallazgos a que se ha hecho referencia, sino que a otros que no son objeto de las investigaciones que se encuentran en curso, cuestión que no es posible de analizar, por cuanto no se encuentran mencionados en la resolución recurrida.

Vigésimo: Que, en otro orden de consideraciones, y en relación con la posibilidad de suspender la vigencia del certificado AOC, es importante señalar que ello está previsto en la sección 119.009 de la DAN 119, donde se contempla, además, la facultad de cancelarlo -como sanción- cuando durante la aplicación del Programa de Vigilancia Continua, se comprueba que la empresa no cumple con los requisitos que le dieron origen. En la misma normativa se establece que puede ser modificado, cuando el incumplimiento no amerita su suspensión.

Atendido lo referido, era importante que la DGC justificara su decisión de suspender el certificado y no modificarlo, teniendo en consideración las diferentes consecuencias que una y otra medida tienen, cuestión que la resolución recurrida no aborda, de manera que no se conocen las razones que tuvo la autoridad para no adoptar una providencia menos gravosa y que, igualmente, podría haber cumplido con el objetivo de resguardar el bien jurídico protegido.

Vigésimo primero: Que, a su turno, respecto de la duración de la medida de suspensión, nada dice la resolución impugnada. Si bien es consustancial a su naturaleza la transitoriedad, no se indica en la resolución impugnada cuando se procederá a su revisión, o cuál es el procedimiento que debe seguir la empresa para solicitar su alzamiento, circunstancia que produce la indefensión de la afectada, teniendo en consideración sus efectos negativos, esto es, la imposibilidad absoluta y por tiempo indefinido, de operar en el mercado aéreo.

Vigésimo segundo: Que, en cuanto a la vulneración del principio de contradictoriedad que se denuncia por la parte recurrente, si bien se podría afirmar que no fue violentado atendido que la empresa tuvo la oportunidad de exponer lo que estimó pertinente en relación con la subsanación de los hallazgos que motivaron la suspensión, en cambio nada pudo señalar en relación con la medida adoptada como provisional, en tanto que se vio en la obligación de interponer este recurso de protección para dar a conocer las razones por las que, a su juicio, no se cumplen los presupuestos para disponerla, lo que conlleva no solo su falta de motivación, si no también la vulneración del principio indicado, en razón de haber demostrado la necesidad del recurrente de generar una instancia anómala de debate, para hacer efectivo su derecho a ser escuchado.

Vigésimo tercero: Que, en relación con las resoluciones que dispusieron, como medida provisional, la suspensión de las licencias de piloto de los recurrentes cabe recordar que su fundamento radicó en haberse constatado, por la DGAC, que habrían excedido los límites máximos de tiempos de vuelo, lo que se habría comprobado al contrastar la información contenida en las bitácoras de vuelo, con aquella proporcionada por la Oficina ARO.

A diferencia de la resolución que decretó la suspensión del certificado de AOC de la empresa, la autoridad se hizo cargo de analizar el cumplimiento de los requisitos para adoptar una medida provisional previa al inicio de una investigación, haciendo referencia a la verosimilitud de los hechos y al riesgo de generar un perjuicio grave o irreparable al bien jurídico protegido por la normativa aplicable.

En relación con lo primero, a la autoridad le bastó, como aparece de la resolución impugnada, la confrontación de la información registrada en las bitácoras de vuelo con aquella que emana de la Oficina ARO, sin hacer ningún otro análisis, lo que aparecía como necesario si se considera que en el mismo informe evacuado en estos autos, la recurrida reconoció que las dos fuentes correspondían a criterios diversos de medición y, más aún, si se tiene en consideración que la parte recurrente afirmó -lo que no fue contradicho por la recurrida- que no había tenido acceso a los antecedentes que emanan de la Oficina ARO que, en definitiva, permitieron a la recurrida tener por configurada la infracción y dictar la suspensión impugnada.

En cuanto a lo segundo -daño grave o irreparable- la resolución recurrida sólo hace referencia a la necesidad de mitigar los efectos de la fatiga de la tripulación de vuelo, agregando que el incumplimiento de las limitaciones de vuelo “comprometen gravemente el riesgo asociado a la fatiga y poniendo en peligro la vida de los pasajeros, de los propios pilotos y de terceros en superficie”, mas no hace un análisis sobre la manera precisa en que los excesos constatados en este caso, podrían configurar el peligro que se trata de evitar.

Lo anterior aparece como necesario, si se considera que no aparece que las fiscalizaciones que se efectuaron respecto de los vuelos de los pilotos recurrentes, fueran en relación con todos los que realizaron en un período de tiempo determinado, de manera que era necesario que se señalara cómo aquel exceso que se detectó podía producir, en los hechos, los efectos negativos que se busca paliar, con algún grado de certeza.

En este sentido, resulta indiciario el hecho de que sólo al evacuar el informe se acompañaron antecedentes que se refieren a la “fatiga operacional y riesgos asociados al exceso de tiempos de vuelo” con el objeto de justificar la decisión de suspensión de las licencias de los pilotos, lo que revela la falta de fundamentación de la decisión en lo que se refiere a su justificación.

Vigésimo cuarto: Que, en el mismo orden de consideraciones, las resoluciones impugnadas dispusieron la suspensión de las licencias de los pilotos por el término de 180 días a contar de su notificación, con la posibilidad de prorrogarla conforme al mérito de los antecedentes que obren en poder de la DGAC.

Teniendo en consideración que la medida de suspensión se tomó por un presunto exceso en tiempos de vuelo en fechas determinadas, no se entiende que se la disponga como una medida provisional que tenga por objeto evitar vulneración del bien jurídico protegido, por lo que aparece como una suerte de sanción por la infracción ya cometida -que no ha sido declarada por resolución de término- o como una medida que pretende evitar conductas futuras, respecto de las que la autoridad, al parecer, presume que los pilotos seguirán excediéndose en los tiempos de vuelo, cuestión que no es posible de asumir.

Siempre en relación con lo mismo, la resolución no justifica de manera alguna la duración de la suspensión por el término dispuesto, sin que se advierta como criterio rector surelación con la infracción presuntamente constatada, ni se le vincula con antecedentes determinados.

Vigésimo quinto: Que los elementos de juicio expuestos en lo que precede, dejan en evidencia los problemas de motivación que afectan a los actos recurridos, proceder que no se condice con las exigencias previstas para la dictación de resoluciones como las que han sido impugnadas, pues la fundamentación del acto administrativo es un elemento de su esencia, cuya existencia siempre está bajo el control de la judicatura, tanto más si se considera que la actuación de la Administración exige la exposición clara y concreta de motivos que den sustento y racionalidad a sus actos, en lugar de otorgarle una mera apariencia de seriedad, regularidad y razonabilidad.

Vigésimo sexto: Que, en consecuencia, por carecer los actos censurados de los fundamentos que permitan entender y que entreguen soportes a las decisiones contenidas en ellos, forzoso es concluir que son ilegales, pues en su emisión no se cumplieron las exigencias previstas en los artículos 11, 32 y 41 de la Ley N° 19.880, desde que carecen de fundamentos de hecho que expliquen adecuadamente, las decisiones allí adoptadas, pese a que por su intermedio se afectan los derechos de los recurrentes.

Vigésimo séptimo: Que establecido lo anterior cabe consignar, asimismo, que los actos impugnados no solo son ilegales, sino que además resultan arbitrarios, puesto que la referida ausencia de motivos que justifiquen la determinación en ellos contenida, demuestra que han obedecido al mero capricho de la autoridad que las expidió.

Vigésimo octavo: Que, por todo lo razonado, aparece que las resoluciones impugnadas son ilegales y arbitrarias, al existir ilegalidad en cuanto a sus motivos y por contravenir los principios de proporcionalidad y menor onerosidad, vulnerándose las garantías establecidas en los numerales 2 y 21 del artículo 19 de la Constitución Política, pues al aplicar la recurrida el artículo 32 de la Ley N° 19.880 de una manera extraviada y alejada del propósito perseguido por el legislador, ha dado a los recurrentes un trato desigual y diferenciado, y afecta el ejercicio de una actividad económica lícita amparada también en la carta fundamental, sin que se hayan hecho valer elementos de juicio que expliquen de manera suficiente semejante decisión, razón por la que el recurso de protección debe ser acogido, sin perjuicio de lo que se resuelva al término de los procedimientos infraccionales instruidos en relación con los hechos investigados.

Por estas consideraciones y visto, además lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre la materia, se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto por Jorge Boldt Silva en representación de Línea de Aero Servicios S.A., nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, en contra de la Dirección General de Aeronáutica Civil, y en consecuencia, se dejan sin efecto las Resoluciones Exentas N° 08/0/0027/0119, N° 08/0/0028/0119 y N° 08/0/0029/0119, todas del 9 de enero de 2026, que suspenden por 180 días las licencias comerciales de los recurrentes en su calidad de pilotos, y la Resolución Exenta N° 08/1/004/0165, de 16 del mismo mes y año, que suspende el Certificado de Operador Aéreo (en adelante AOC) N° 002 de la empresa recurrente. Todo ello sin perjuicio de lo que se resuelva en definitiva en el procedimiento sancionatorio correspondiente.

Comuníquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del ministro Rodríguez Moreno.

N° Protección-2561-2026.