nombre reservado con CORP. MUNICIPAL DE RENCA

Santiago, tres de septiembre de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece don Felipe Andrés Salazar Latorre, abogado, en representación de doña nombre reservado, médico cirujano, interponiendo recurso de protección en contra de la Corporación Municipal de Renca, por haber dictado las Resoluciones Exentas N° 513, de 10 de julio de 2025, y N° 556, de 5 de agosto del mismo año, que impuso la sanción disciplinaria de destitución y rechazó el recurso de reposición, respectivamente, vulnerando los derechos fundamentales a la integridad psíquica, igualdad ante la ley, igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, libertad de trabajo y el derecho de propiedad, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas en su artículo 19 numerales 1, 2, 3, 16 y 24, por lo que solicita se las dejen sin efecto, ordenando su inmediata reincorporación y el pago de todas las remuneraciones, cotizaciones previsionales y demás prestaciones dejadas de percibir desde la separación del cargo, o en subsidio, se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

En cuanto al plazo de interposición del recurso, indica que el acto lesivo quedó firme tras la resolución de la Contraloría General de la República dictada el 5 de noviembre de 2025, mediante la que se declaró incompetente para conocer del reclamo de legalidad administrativa deducido por la funcionaria afectada.

En cuanto a los antecedentes fácticos, expone que la recurrente se desempeñaba como médico cirujano en el CESFAM de Renca desde enero de 2022, bajo el régimen estatutario contenido en la Ley N° 19.378, manteniendo una trayectoria funcionaria intachable. Sin embargo, en mayo de 2025 se instruyó un sumario administrativo imputándole una infracción al principio de probidad por el uso de una licencia médica retroactiva tras un viaje al extranjero realizado en noviembre de 2023.

Al respecto aclara que durante su estadía en Mendoza sufrió una afección gastrointestinal aguda que le impidió retornar a tiempo, situación comunicada oportunamente a su jefatura y acreditada mediante una licencia médica emitida legítimamente por un profesional nacional en Chile tras una evaluación presencial.

En efecto, precisa que se le imputó haber infringido el principio de probidad administrativa por haber utilizado una licencia médica para justificar ausencias en días en que supuestamente se encontraba en el extranjero. En específico, se sostuvo que habría ingresado al país el miércoles 15 de noviembre de 2023, en circunstancias que contaba con licencia médica por reposo desde el lunes 13 hasta ese mismo miércoles.

Denuncia que dicha imputación es jurídicamente improcedente y fácticamente errada, vulnerando los principios de legalidad, tipicidad y presunción de inocencia.

En efecto, indica en primer lugar, que el viaje al extranjero se realizó el sábado 11 de noviembre de 2023, fuera del horario y jornada laboral, no existiendo inasistencia ni afectación del servicio durante ese fin de semana y que, durante su estadía en Mendoza presentó un cuadro agudo de gastroenteritis con vómitos, diarrea y malestar general que le impidió retornar en la fecha prevista. Agrega que la situación fue comunicada inmediatamente a su jefatura directa doña nombre reservado, quien gestionó el bloqueo de su agenda médica para la semana siguiente. Luego, una vez logrado el retorno a Chile el miércoles 15 de noviembre, fue evaluada por un médico nacional, don nombre reservado, quien emitió la licencia médica N° 316552060-2, con reposo retroactivo desde el 13 al 15 de noviembre, en conformidad a la normativa que permite su emisión por causas clínicas justificadas. Ella fue emitida de manera presencial y registrada en los sistemas oficiales de salud, sin que exista ningún antecedente que cuestione su veracidad o su fundamento clínico.

Sostiene que el procedimiento disciplinario adolece de vicios de nulidad, toda vez que el fiscal instructor omitió pronunciarse sobre la solicitud de apertura de un término probatorio, privándola de la posibilidad de rendir prueba pericial y testimonial sustantiva para acreditar su estado de salud.

Asimismo arguye que la recurrida carece de competencia técnica para calificar la validez de las licencias médicas o el cumplimiento del reposo, potestad que el ordenamiento jurídico radica exclusivamente en la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y que la sanción de destitución impuesta se basa en un conjunto de hechos que no han sido descritos ni encuadrados de forma clara dentro de una infracción administrativa tipificada legalmente, puesto que no se estableció con precisión la normativa que habría sido infringida ni por qué las circunstancias concretas configuran una falta grave a la probidad administrativa Denuncia, además, que la sanción de destitución resulta manifiestamente desproporcionada, pues no se acreditó dolo, fraude ni perjuicio al servicio, aplicándose la medida más gravosa sin ponderar su historial de buen desempeño y sus calificaciones en lista de mérito.

Respecto de la vulneración de garantías señala que el acto impugnado afecta la integridad psíquica al frustrar su proyecto profesional y postulación a becas de especialidad; la igualdad ante la ley, por recibir un trato discriminatorio frente a casos análogos; el debido proceso, al omitirse etapas esenciales de prueba y motivación; la libertad de trabajo, al privarla arbitrariamente de su empleo; y el derecho de propiedad, en cuanto se le despoja de su cargo y emolumentos sin una causa legal legítimamente acreditada.

Segundo: Que comparece la Corporación Municipal de Renca, representada por el abogado don Jorge Humberto Díaz Silva, evacuando el informe ordenado y solicitando el rechazo íntegro de la acción de protección.

En primer término, opone la excepción de incompetencia absoluta del tribunal, razonando que la controversia de autos, al versar sobre la legalidad de una sanción administrativa de destitución en el marco de una relación funcionaria estatutaria, posee una naturaleza eminentemente laboral y no constitucional.

Sostiene que el recurso de protección no es la vía idónea para debatir derechos que no poseen el carácter de indubitados, siendo la judicatura del trabajo la llamada a resolver la procedencia del término del vínculo laboral derivado de un sumario administrativo.

En cuanto al fondo defiende la juridicidad del acto impugnado, señalando que el procedimiento disciplinario N° 346/2025 fue instruido tras una auditoría de la Contraloría General de la República que detectó salidas al extranjero de funcionarios mientras hacían uso de licencias médicas.

Expone que conforme al certificado de viajes N° 41004 de la Policía de Investigaciones de Chile, quedó acreditado que la recurrente registró una salida del país el 11 de marzo de 2023, a las 15:102 horas, y un reingreso el 16 del mismo mes y año, a las 20:09 horas, proveniente de Perú, en circunstancias que gozaba de un reposo médico de cinco días iniciado el 13 de marzo del mismo año, lo que configura un uso instrumental del beneficio de salud para fines recreativos, contraviniendo el principio de probidad administrativa.

Asegura que el sumario respetó todas las etapas del debido proceso, incluyendo formulación de cargos, recepción de descargos y vista fiscal, concluyendo que la sanción de destitución resulta proporcional a la gravedad de la infracción según lo dispuesto en el artículo 48 letra b) de la Ley N° 19.378.

Sobre la competencia técnica respecto de las licencias médicas indica que la valoración de las conductas administrativas, basada en hechos verificables, se sitúa dentro del ámbito de la potestad disciplinaria y no constituye una usurpación de competencia sanitaria. Así, no cuestiona la validez clínica de la licencia médica, sino la conducta funcionaria relacionada con su uso, ámbito de valoración que es propio de la potestad disciplinaria y ajeno a la competencia sanitaria Sobre la suficiencia y apreciación de la prueba, hace presente que el procedimiento contiene pruebas relevantes y que la negativa a incorporar determinados certificados solicitados por la defensa en una etapa concreta -resolución que denegó su incorporación por no resultar necesarios para decidir aquella fase- se ajusta al principio de economía procesal y la discrecionalidad reglada del instructor para determinar la pertinencia de pruebas en cada etapa, sin que ello pueda reputarse como una lesión al derecho de defensa cuando el sumariado tuvo efectiva oportunidad de producir prueba y el expediente dispone de elementos probatorios suficientes para decidir.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Cuarto: Que, entonces, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria, que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Quinto: Que se debe señalar que acto u omisión arbitrario es aquel producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque algunas de las situaciones o efectos de privación, perturbación o amenaza, afectando a una o más de las garantías preexistentes- protegidas; es aquello producto del mero capricho de quien incurre en él (Corte Suprema Rol N° 764/2011); es la no existencia de razones que justifiquen una actuación (Corte Suprema N° 4734/2003) o voluntad no gobernada por la razón (Corte Apelaciones de Santiago N° 1249/1994): vulneración del uso razonable con que los elementos discrecionales de un poder jurídico han de ser ejercidos (Corte de Apelaciones de Santiago N° 50/2004), o bien, acciones u omisiones que pugnan con la lógica y la recta razón contradiciendo el normal comportamiento, sea de la autoridad o de los seres humanos en particular, que se rige por los principios de racionalidad, mesura y meditación previa a la toma de decisiones y no por el mero capricho o veleidad (Corte de Apelaciones de Coyhaique N° 37/2000).

Sexto: Que, por su parte, acto u omisión ilegal es aquel contrario al ordenamiento jurídico (en particular los poderes públicos). Antijurídico, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1 del Código Civil (Corte Suprema Rol N° 764/2011). Privación es despojo o desconocimiento del derecho, la perturbación es dificultad o límites no aceptables para su ejercicio y amenaza la representación cierta que el derecho sea privado o perturbado.

Séptimo: Que, en este caso, la ilegalidad y arbitrariedad, a juicio de la recurrente, se consolida en la dictación de las Resoluciones Exentas N° 513, de 10 de julio de 2025, y N° 556, de 5 de agosto del mismo año, que le impuso la sanción disciplinaria de destitución y rechazó el recurso de reposición, respectivamente.

Octavo: Que, en relación con la alegación de incompetencia de esta Corte para conocer la materia que se somete a su conocimiento, cabe tener en consideración que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección procede “sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”, de manera que del tenor de la acción que se analiza se desprende que la discusión se vincula con una materia que corresponde ser dilucidada por medio de la presente acción cautelar de urgencia, en cuanto ésta constituye una instancia de protección de derechos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y, por ende, en situación de ser amparados, presupuesto que en la especie concurre, como se razonará.

Noveno: Que, del tenor de las alegaciones vertidas por la parte recurrente, fluye que sus reproches a la actuación de la recurrida consisten en actuaciones verificadas durante la tramitación de un sumario administrativo y respecto del mérito de la decisión final que le aplicó la medida disciplinaria de destitución.

Al respecto, es conveniente señalar que el control jurisdiccional que se ejerce por la vía cautelar no se encuentra naturalmente destinado a evaluar aspectos de mérito de las actuaciones cumplidas en un sumario administrativo. Por ello, no resulta pertinente pretender que, por esta vía, la Corte se transforme en una instancia para conocer el mérito de la decisión a la que en definitiva se arriba y la medida terminal adoptada.

Todo ello, por cierto, no obsta a que el control judicial de las facultades disciplinarias de los órganos de la administración abarque la revisión de la legalidad y razonabilidad de sus actuaciones, pero ello no puede importar que por esta vía cautelar de urgencia se supervisen materias relativas al mérito de las decisiones adoptadas en el ejercicio de las facultades de la recurrida, puesto que ello requiere un examen de lato conocimiento que escapa al estrecho marco de la presente acción constitucional.

Décimo: Que, para resolver, es útil tener en consideración, en lo pertinente, el contenido de la Resolución N° 513, de 10 de julio de 2025, que destituyó a la recurrente de su cargo:

“1) Que, se tuvo a la vista la licencia médica Folio N°RUT reservado, emitida el 15 de noviembre de 2023, con fecha de inicio del reposo el 13 de noviembre de 2023, por 03 días, prescribió reposo laboral total, en su domicilio, esto es, en Vascongados N°4810, comuna de Conchalí.

2) Que, con la información aportada por la Contraloría General de la República, mediante Oficio N°E82804/2025, se constató que durante ese periodo de licencia médica doña nombre reservado entró al país.

3) Que, con fecha 06 de junio doña nombre reservado, prestó declaración, reconociendo su entrada al país y que se encontraba con licencia médica, en la fecha señalada.

4) Que, con fecha 13 de junio de 2025, se le formuló el siguiente cargo: "Haber entrado a Chile el día 15 de noviembre de 2023, estando con licencia médica otorgada el 15 de noviembre de 2023 y con fecha de inicio del reposo el 13 de noviembre de 2023, por 03 días", el que fue notificado personalmente con fecha 17 de junio de 2025.

5) Que, con fecha 19 de junio de 2025, la sumariada solicitó prórroga para presentar sus descargos.

6) Que con fecha 02 de julio de 2025, presentó sus descargos dentro de plazo.

7) Que, con fecha 03 de julio de 2025, se entrega la Vista Fiscal al Secretario General de la Corporación Municipal de Renca, dando cuenta de los hechos acreditados por medio de las indagaciones del fiscal y del actuario del procedimiento.

8) Que, del citado informe concluye la Fiscalía lo siguiente: "Que, en la especie, se ha podido constatar, que la sumariada utilizó la licencia médica para viajar y, no con el fin que el legislador ha determinado, esto, el restablecimiento de su salud.

Que, la sumariada alteró mediante engaño, los requisitos para obtener el pago íntegro de su remuneración, mientras hacía uso de la licencia médica señala da anteriormente, ya que el periodo de tiempo ausente de sus labores, no tuvo como causa el restablecimiento de su salud, sino en un viaje.

Que, el sumariado ha privilegiado su interés particular sobre el interés general".

9) Que, la Fiscalía presenta la siguiente proposición: "Poner término a la relación laboral, por la causal contenida en el artículo 48 literal b) de la Ley N°19.378, en la hipótesis de falta a la probidad".

10) Que, sin perjuicio de las conclusiones señaladas por el fiscal, se logra evidenciar con la investigación realizada, falta de honestidad y rectitud en el desempeño de las funciones del sumariado, considerado dicho acto como una falta de probidad administrativa”.

Por su parte, la Resolución N° 580, de 1 de agosto de 2025, que resolvió el recurso de reposición que la recurrente interpuso en contra de la que dispuso su destitución, es del siguiente tenor:

“1. Que, en relación a la solicitud de abrir termino probatorio, esta solicitud no cumplió con el estándar requerido, ya que no se señaló de que medios de prueba se valdría y, en el caso de rendir prueba testimonial, no se acompañó la minuta de testigos, así como no se señaló sobre qué puntos depondrían.

2. Que, los cargos, la vista fiscal y la resolución que se impugna demuestran claramente cómo se arribó a la convicción del mal uso de la licencia médica.

3. Que, la propia sumariada indica que la licencia tenía como objeto, "justificar la inasistencia del lunes 13 al miércoles 15 de noviembre de 2023.

4. Que, la sumariada utilizó la licencia médica para prolongar su período de vacaciones.

5. Que, no era objeto del procedimiento disciplinario establecer la ocurrencia o no de determinadas enfermedades. Sin embargo, llama la atención que la sumariada no le haya hecho presente al facultativo que emitió la licencia que se había enfermado en el extranjero, por lo que le prescribió reposo laboral total en su domicilio, domicilio reservado.

6. Que, frente al argumento de la falta de ponderación de atenuantes y agravantes, el Párrafo 3° de la Ley N°19.378.- Término de Relación Laboral, señala: Artículo 48.- Los funcionarios de una dotación municipal de salud dejarán de pertenecer a ella solamente por las siguientes causales: b) Falta de probidad, conducta inmoral o incumplimiento grave de las obligaciones funcionarias, establecidos fehacientemente por medio de un sumario;

La norma recién transcrita nos obliga como sancionador, ante la ocurrencia de una falta a la probidad, aplicar la única sanción procedente que es la destitución del funcionario responsable que resulte admisible aplicar una medida disciplinaria menos gravosa ni aun en caso de concurrir circunstancias atenuantes”.

Undécimo: Que los principales hechos constitutivos de la infracción investigada no se encuentran controvertidos, en cuanto la actora reconoce el uso de una licencia médica retroactiva tras un viaje al extranjero realizado en noviembre de 2023, pero sostiene que correspondió a una situación verídica de enfermedad que le impidió volver al trabajo cuando correspondía, por lo que el análisis de la recurrida para hacer efectiva la responsabilidad administrativa, debía atender y establecer las especiales circunstancias del caso, pues no todos son iguales y el objetivo de realizar un sumario es, precisamente, determinar la conducta específica y su gravedad.

En este sentido era relevante establecer si la licencia realmente correspondía a un evento médico que habilitaba a dispensarla de su jornada de trabajo por la atención médica. Además, la resolución que impone la sanción debía explicar cómo esos específicos hechos acreditados no logran eximirla del reproche y se configuran como una infracción grave al principio de probidad administrativa, haciéndose también cargo de las situaciones invocadas por la defensa de la trabajadora.

Duodécimo: Que, no obstante, del examen de las resoluciones impugnadas se advierte que afirman que no van a considerar la validez de la licencia médica y asumen, sin un fundamento claro y objetivo, que fue obtenida para dar cobertura a un viaje privado, pese a que la recurrente sostuvo que existían pruebas tendientes a demostrar que la descompensación que sufrió en el extranjero era efectiva, y que la licencia otorgada de forma retroactiva tenía por objeto acreditar tal circunstancia.

Por otra parte, la resolución califica la destitución como única sanción posible sin explicar suficientemente cómo se configura la gravedad de la conducta de cara a los antecedentes laborales de la funcionaria, elemento esencial para justificar la imposición de la sanción más severa del sistema.

Decimotercero: Que, la situación descrita se yergue como un vicio de forma, desde que lo mínimo que se espera de un órgano que aplica una sanción es que se haga cargo de las defensas que, específicamente, se realizaron en el caso y no presuma una conducta dolosa.

Decimocuarto: Que, al respecto, la Ley Nº 19.880, al regular el principio de imparcialidad, establece en el inciso final del artículo 11 que “Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos”.

A partir de esto, se estima que los actos administrativos siempre deben motivarse, lo que implica señalar las causas y fundamentos que provocan la decisión. Pero la motivación no puede consistir en una mera remisión a los actos del proceso o referirse de forma implícita a los argumentos del recurrente, sino que tiene una exigencia mayor de fundamentación, máxime cuando se aplica una sanción tan grave como es la destitución.

En este sentido tanto la jurisprudencia de la Corte Suprema como la doctrina están contestes en que la motivación de los actos administración tiene especial relevancia. Es así como el profesor nombre reservado señala que los actos administrativos están sujetos a un control de razonabilidad de la decisión y esto significa que para que un acto administrativo se produzca regularmente y no incurra en una causa de invalidez, es necesario que el órgano competente exprese los motivos en que se basa la decisión, de manera que se acredite por esa vía su relación con los hechos que han servido de antecedentes a la actuación de la Administración (Cordero Vega, L. “El derecho administrativo chileno. Crónicas desde la Jurisprudencia”. Der Ediciones (2020) p. 108).

Decimoquinto: Que, en el presente caso, la resolución que aplicó la sanción, así como aquella que desestimó la reposición, se sustentan en aspectos formales y carecen de una fundamentación suficiente que demuestren la necesidad de imponer la destitución como única consecuencia y sanción posible. En particular, no se efectúa un análisis concreto sobre las razones por las que se considera como una falta grave a la probidad la conducta que se tuvo por establecida. Tampoco se desarrolla la proporcionalidad de la sanción en relación con la conducta acreditada ni se ponderan eventuales circunstancias atenuantes.

En consecuencia, la actuación de la recurrida deviene en arbitraria e ilegal, al prescindir de una debida motivación que justifique la aplicación de la medida más severa del régimen disciplinario.

Decimosexto: Que, en todo caso, no es jurídicamente correcto afirmar que la autoridad estaba obligada a imponer la destitución sin evaluar circunstancias que pudieran atenuar la responsabilidad de la afectada. Al respecto, es importante considerar que el artículo 125, inciso segundo, del Estatuto Administrativo dispone: “La medida disciplinaria de destitución procederá sólo cuando los hechos constitutivos de la infracción vulneren gravemente el principio de probidad administrativa, y en los siguientes casos…”. Del tenor de la norma se colige que no basta con acreditar una vulneración al principio de probidad administrativa para justificar la destitución, sino que debe ser grave, es decir, de gran entidad o importancia. Esto implica que antes de adoptar la decisión, el órgano sancionador debe realizar una evaluación integral de los antecedentes y ponderar, en el caso concreto, las circunstancias y consecuencias de la conducta reprochada, reflejando dicho análisis en la resolución para evitar que resulte arbitraria. En ese sentido, no se trata de una aplicación automática de la destitución una vez constatado el incumplimiento por parte del funcionario, sino que, además de calificar la gravedad de la infracción al principio de probidad, corresponde examinar las circunstancias agravantes y atenuantes de responsabilidad, lo que en las resoluciones impugnadas no se realizó, destacando las excelentes calificaciones de la protegida durante todo el periodo laborado, el escaso tiempo que duró la infracción, la falta de sanciones anteriores y el tiempo que llevaba prestando servicios para la recurrida. Por otra parte, la norma establece los casos en los que la destitución procede, lo que implica que su aplicación debe ser restrictiva, dado que se trata de la sanción más severa del régimen disciplinario de los funcionarios de la Administración del Estado.

En consecuencia, resulta errónea la interpretación de la autoridad al considerar que tiene el deber legal de aplicar esta medida sin posibilidad de evaluar circunstancias atenuantes que pudieran reducir la responsabilidad.

Decimoséptimo: Que, como consecuencia de la ilegalidad y arbitrariedad constatadas, se advierte que la recurrida vulneró el derecho de igualdad ante la ley de la parte recurrente, garantizado en el artículo 19, numeral 2, de la Constitución Política de la República. En este sentido, y conforme a lo señalado en los considerandos precedentes, se observa que la actora ha sido objeto de una diferenciación indebida, apartándose del proceso normal de análisis, al imponérsele la sanción de destitución sin una fundamentación suficiente que justificara su proporcionalidad y razonabilidad.

Esta omisión contraviene el deber de motivación reforzada exigido para la aplicación de la sanción más grave del régimen disciplinario, desvirtuando así la finalidad del procedimiento administrativo sancionador y vulnerando la garantía de igualdad ante la ley.

Por estas consideraciones, y visto lo dispuesto en las normas citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas, el interpuesto por el abogado don Felipe Andrés Salazar Latorre, en representación de doña nombre reservado, en contra de la Corporación Municipal de Renca, sólo en cuanto se dejan sin efecto las Resoluciones Exentas N° 513, de 10 de julio de 2025, y N° 556, de 5 de agosto del mismo año, que impusieron la sanción disciplinaria de destitución y rechazaron el recurso de reposición, y se ordena que el funcionario competente y no inhabilitado que corresponda emita una nueva resolución de término del sumario, debidamente fundada, en cumplimiento de las exigencias legales y de motivación del acto administrativo indicadas en los fundamentos de esta sentencia, dentro del plazo de treinta días hábiles contados desde que quede ejecutoriada, debiendo evaluar la factibilidad de recibir la causa a prueba que permita a la recurrente su rendición de acuerdo a los normas que rigen la materia.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del ministro Rodríguez Moreno.

N°Protección-25.558-2025.

No firma la abogada integrante señora Amigo, por ausencia, sin perjuicio de haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa.

Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Fernando Carreño Ortega, conformada por el ministro señor José Pablo Rodríguez Moreno y la abogada integrante señora Francisca Amigo Fernández.