nombre reservado con UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA

C.A. de Santiago Santiago, cinco de octubre de dos mil veintitrés.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Comparece Juan Pablo Herrera Vergara, en representación de nombre reservado y deduce recurso de protección en contra de Universidad Tecnológica Metropolitana, en adelante UTEM, por el acto que estima como arbitrario e ilegal consistente en la dictación de la Resolución Exenta N° 797/4639/2022 de 30 de noviembre de 2022 que dispuso la no renovación de su contrata, alegando como conculcada la garantía constitucional del artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, por lo que pide ordenar al recurrido dejar sin efecto la desvinculación; se ordene su reincorporación y se proceda al pago de sus remuneraciones y beneficios adeudados desde la separación del cargo hasta su efectiva reincorporación, con expresa condena en costas.

Para fundar su recurso expone que es funcionaria a contrata en el cargo de Profesional, grado 4º, a contar del 1 de julio de 2019 en la repartición de la recurrida, ejerciendo labores de docencia y como Directora de Escuela de Trabajo Social. Ha tenido tres renovaciones sucesivas e ininterrumpidas en los años 2020, 2021 y 2022.

Menciona que el día 22 de febrero de 2023, con ocasión de la contestación de la demandada por parte de la Universidad, en causa T-99-2023, ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, procedimiento laboral terminado, uno de los argumentos esgrimidos por la recurrida para oponerse a la demanda, es que se había dictado la Resolución Exenta N° 797/4639/2022 de 30 de noviembre de 2022, mediante el cual se dispone la no prórroga de la contrata, la cual supuestamente se le habría notificado, arguyendo la Universidad que en realidad se tendría que haber impugnado dicha resolución.

No obstante, el recurrente sostiene que aquella fue enviada a una dirección o domicilio incorrecto, que no es el suyo, por lo que no se enteró oportunamente de la misma, sino hasta el juicio laboral, refiriendo que se trata de una causa de fuerza mayor que es imputable a la recurrida, que le implicó un daño en su defensa.

Alega que la no prórroga de la contrata no fue consecuencia de una calificación deficiente, que signifique su expulsión, o que se le haya impuesto una medida disciplinaria de destitución que implique el alejamiento de la Universidad.

Relata que sufrió acoso laboral y hostigamiento reiterado y sus pormenores: primero fue denostada por un compañero de trabajo por no tener las competencias; la hicieron trabajar estando con prenatal; luego, sufrió hostigamientos de otra compañera al volver de su postnatal; luego se le denunció por malversación de fondos y sabotaje informático; se colocó a otra persona en el cargo titular de Directora de Carrera de Trabajo Social, el cual ella desempeñaba; la tuvieron 15 días sin asignarle trabajo; le dieron licencia médica, lo que la hizo recurrir a su despido indirecto, por medio de acción de tutela de vulneración de derechos fundamentales.

En cuanto al acto recurrido, refiere que la recurrida jamás le notificó correctamente la Resolución Exenta N° 797/4639/2022 de 30 de noviembre de 2022, atendido que cuando la actora ingresó a trabajar a la Universidad vivía en el domicilio ubicado en domicilio reservado; sin embargo, en los comprobantes de Correos de Chile aportados por la recurrida, se denota que se intentó realizar la notificación en la comuna de Ñuñoa, por lo que, en consecuencia, de manera evidente fue errada la notificación de la comunicación.

Además, indica que, con posterioridad a la fecha de emisión del acto recurrido, igualmente el 19 de diciembre de 2022, mismo día en que se hace el auto despido, el Director de Recursos Humanos de la Universidad, nombre reservado, le emite un certificado a la recurrente ratificando que ella continuaba siendo funcionaria de la casa de estudios, momento en el cual se le podría haber informado de la no renovación.

Indica que, sin embargo, el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en audiencia preparatoria, acogió la excepción de falta de competencia incoada por la Universidad, con lo que concluyó dicho procedimiento.

Refiere que la Universidad adujo que la decisión de no renovación del empleo a contrata se fundamenta en que la recurrente fue designada extraordinariamente a contrata como profesional no académica (ajena a la Facultad) para desempeñar el cargo de Directora de Escuela de Trabajo Social, sin reunir los requisitos del artículo 20 de la Resolución Exenta N° 4884 de 1997, modificado por la Resolución Exenta N° 1965 de 2010, que señala que para ocupar el cargo de Director de Escuela, se requerirá ser académico jornada completa de planta de la respectiva Facultad, pertenecer a una de las tres más altas jerarquías académicas (asistente, asociado o titular) y profesar una disciplina afín, igual o superior, a las carreras que imparte la Escuela.

Indica que, durante el año 2019, no hubo académicos que reunieran esos requisitos y para efectos de mantener la continuidad del servicio, el Rector de la época recurrió al inciso 3° del mismo artículo 20, que le permite excepcionalmente nombrar como Director de Escuela a personas de la especialidad ajenas a la escuela. Sin embargo, mediante Resolución Exenta N° 3045 de 2022, la autoridad ha estimado regularizar la situación de esa Escuela, en orden a cumplir con la regla general de disponer un director que sea académico regular debidamente jerarquizado. Así, en virtud de ese último acto administrativo, se nombró a la académica nombre reservado como Directora de Escuela de Trabajo Social, cumpliendo íntegramente los requisitos del mencionado artículo 20, finalizando con ello los servicios de la recurrente.

Finalmente, utiliza como fundamento, los dictámenes N° 12.248 y N° 18.901, ambos de 2017, de la Contraloría General de la República, que contempla tres hipótesis: i) La modificación de las funciones del órgano y/o su reestructuración, que hagan innecesarios los servicios del empleado o requieran que este desarrolle funciones diversas a las desempeñadas, o por un lapso inferior al año calendario, a las desempeñadas, o por un lapso inferior al año calendario; ii) La supresión o modificación de planes, programas o similares, o una alteración de su prioridad, que determinen que las labores del funcionario ya no sean necesarias o dejen de serlo antes de completarse el año siguiente; y iii) Nuevas condiciones presupuestarias o de dotación del servicio que obliguen a reducir personal. Pero no se explicita en cuál se las hipótesis se está.

Reclama que no hay relación de causalidad y se realizó la construcción de un argumento ad hoc tratando de aparentar que el nombramiento de doña nombre reservado y la decisión de no prorrogar fueran al mismo tiempo, de manera coetánea, lo cual no es cierto, por cuanto lo primero sucedió el 26 de julio de 2022 y lo segundo el 30 de noviembre de 2022.

Finaliza concluyendo que la arbitrariedad deviene en la inexistencia de un fundamento racional, pues los hechos que se expresan en el acto recurrido no son ciertos, ni están sustentados en antecedentes concretos y verificables. La ilegalidad resulta de haberse vulnerado lo establecido en el artículo 11 de la Ley N° 19.880, el cual dispone, en lo que importa, que el acto que se dicte contenga los fundamentos de hecho y derecho que considera para su decisión, además del razonamiento que lo motiva, cuestión que es prácticamente inexistente en el caso que se ventila. Lo mismo ocurre con el artículo 41 de la misma ley, que exige, que la decisión que le pone término al procedimiento, debe ser fundada.

Segundo: Que, por medio del abogado Pablo Ignacio Cañón Thomas, evacúa informe la recurrida Universidad Tecnológica Metropolitana y solicita el rechazo de la acción por no configurarse en la especie los requisitos exigidos para su procedencia.

Luego de sintetizar el historial laboral de la recurrente, al respecto señala que su estatuto jurídico era a contrata y, sin embargo, esta solicitó a la judicatura laboral reconocer la existencia de una relación laboral del Código del Trabajo, desconociendo su carácter de funcionaria pública. Sin embargo, la actora interpuso la tutela laboral pretendiendo una relación laboral y no en su calidad de ex funcionaria pública, por lo que no le era aplicable el estatuto de la Ley Nº 21.280 de noviembre de 2020 que modificó el Código del Trabajo, incluyendo al procedimiento de tutela laboral por vulneración de los derechos fundamentales expresamente a los funcionarios públicos, razón por la cual en audiencia preparatoria celebrada con fecha 01 de marzo de 2023, el Juez Titular del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo, acogió la excepción de incompetencia absoluta interpuesta por la Universidad, junto con la contestación de la demanda, cuestión que fue apelada por la recurrente y luego desistida en segunda instancia.

En cuanto a la alegación que el acto recurrido fue notificado erróneamente a la recurrente, indica que dista bastante de la realidad, por cuanto la hoja de vida de esta señala como domicilio el ubicado en domicilio reservado, de lo que se desprende que inequívocamente, si es efectivo que la recurrente cambió de domicilio, ésta nunca cumplió con su carga de actualizarlo ante el Departamento de Desarrollo y Gestión de Personas (DDGP) de la UTEM, por lo cual, era imposible para esta parte haber tenido conocimiento de su nuevo domicilio. Reseña que el acto recurrido se envió al domicilio registrado por carta certificada mediante Correo de Chile.

Sin perjuicio de lo anterior y en el evento de que se considere que no se le notificó a la recurrente de forma correcta la decisión de la autoridad de no prorrogar su empleo a contrata para el año 2023, señala que es perfectamente aplicable el artículo 47 de la Ley N°19.880 que dispone la notificación tácita, cuando el interesado hiciere cualquier gestión en el procedimiento, con posterioridad al acto inexistente o viciado, que suponga necesariamente su conocimiento, sin haber reclamado previamente de su falta o nulidad. Esto es atingente, por cuanto la recurrente realizó gestiones posteriores a la dictación del acto administrativo que no prorrogó su contrata, lo que supone necesariamente que tuvo conocimiento de dicho acto, como la interposición de la demanda de autodespido en sede laboral, con fecha 19 de diciembre de 2022, por lo que la acción constitucional deducida el 21 de marzo de 2023, es total y absolutamente extemporánea.

Sostiene la inexistencia de un actuar ilegal o arbitrario que genere vulneración de derechos fundamentales por parte de la Universidad, ya que no es efectivo que la Resolución Exenta RA N°797/4639/2022 de fecha 30 de noviembre de 2022, tenga un vicio de desviación de poder, ni se encuentra carente de fundamentos de hecho y derecho que lo motivan, sino que los argumentos entregados en el mismo son interpretados de manera antojadiza por la recurrente y no son de su parecer.

Tercero: El recurso de protección de garantías constitucionales, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Surge de lo transcrito, que es requisito indispensable para que pueda prosperar la mentada acción cautelar que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien, arbitrario, entendiéndose por tal aquél que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, acto u omisión que debe provocar, además, alguna de las situaciones ya indicadas y que afecte una o más de las garantías constitucionales protegidas.

Cuarto: Previo a analizar lo pertinente, respecto del fondo del recurso, es menester dejar por establecidos ciertos hechos y circunstancias que fluyen del recurso y del informe, así como los demás antecedentes, presentados por las partes, que inciden en la extemporaneidad de la acción cautelar.

1.- No hay discusión en que la recurrente ingresó a trabajar para la Universidad recurrida, como funcionaria a contrata, desde el 1° de julio de 2019; tampoco es discutido que fue renovada su contrata los años 2020, 2021 y 2022.

2.- Asimismo, está claro que entre los años 2020 y 2022 la actora se desempeñó, siempre a contrata, en forma transitoria y excepcional, como Directora de la Carrera de Trabajo Social de ese centro universitario, en virtud del inciso 3° del artículo 20 del “Reglamento que fija Procedimientos de Nombramiento de Decanos, Directores y otros académicos de organismos dependientes de las Facultades de la Universidad Tecnológica Metropolitana”, contenido en la Resolución N° 4.884 de 16 de diciembre de 1997, y sus modificaciones. Dicha norma faculta, en caso de no poderse cumplir con las dos situaciones que preceden, nombrar a un Director de Carrera a un académico o profesional externo a la universidad.

3.- Con fecha 30 de noviembre de 2022, mediante Resolución Exenta N° 797/4639/2022, la entidad recurrida dicta el acto administrativo impugnado por esta acción cautelar, en la cual se decide no renovar la contrata de la recurrente, a partir del 1° de enero del año 2023.

4.- Con fecha 19 de diciembre de 2022, la recurrente procedió a enviar a la UTEM una carta que denomina “autodespido”, conforme a lo dispuesto en el artículo 171 del Código del Trabajo, fundado en las causales dispuestas en el artículo 160 N°1 letra f) y N°7 del Código Laboral, esto es por “conductas de acoso laboral” e “incumplimiento grave en las obligaciones que impone el contrato” respectivamente.

5.- Con fecha 13 de enero de 2023, la Sra. nombre reservado, deduce ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo, una denuncia de tutela laboral, que se ingresa con el Rol N° T-99-2023, en el cual, además, en subsidio, demanda de despido indirecto y que se declare la existencia de una relación laboral. En audiencia preparatoria de 1° de marzo de 2023, el juez de ese tribunal, Alvaro Flores Monardes, acoge la excepción de incompetencia opuesta por UTEM y ordena archivar los antecedentes. La demandada UTEM había contestado la demanda, oponiendo excepciones y en subsidio exponiendo los antecedentes sobre la no renovación a contrata con fecha 22 de febrero del año 2023.

6.- La recurrente deduce apelación contra la resolución que acogió la excepción de incompetencia, pero posteriormente se desiste de ese recurso en esta Corte de Apelaciones, con fecha 13 de marzo de 2023.

7.- El día 21 de marzo de 2023 la recurrente deduce el presente recurso de protección.

Quinto: De los hechos referidos en el motivo precedente, a juicio de esta Corte, queda en evidencia que la reclamante no pudo menos que tomar debido conocimiento de la no renovación de su contrata oportunamente, pese a que ella aduce que esa comunicación se le envió a una dirección distinta. Lo cierto es que correspondía a esa parte demostrar que dio oportuno aviso del cambio de su domicilio, lo que no consta en los antecedentes acompañados por esa parte.

Por el contrario, la recurrida UTEM adjuntó copia del registro informático en que se deja constancia que el único domicilio que registra la recurrente en esa institución es Santo Domingo 1381 Departamento 6B, Santiago, unido a que todo el despliegue efectuado por la actora ante el Juzgado Laboral, alegando un despido indirecto y relación laboral fue posterior a la decisión de la Universidad.

De lo anterior, no puede ser atendido que haya tomado conocimiento de esa decisión solo cuando la Justicia Laboral deniega su intención de alegar un estatuto contractual distinto al que mantenía con la recurrida, y que entable esta acción cautelar solo cuando su propósito no fue logrado, mediante la declaración de incompetencia del juzgado laboral. Además, curiosamente, el recurso se entabla un día antes que venciera el plazo de 30 días desde la fecha en que UTEM contestó la demanda.

A mayor abundamiento, el comportamiento de la demandante es errático y contradictorio, ya que habiendo comunicado su autodespido, debe entenderse que renunció con esa fecha -19 de diciembre de 2022- a su empleo, motivo suficiente para colegir que desde esa fecha ha de contarse el plazo para deducir este recurso, pues de lo contrario se estaría validando una conducta acomodaticia, en que se permita a la recurrente preferir el régimen estatutario a una relación laboral, según su conveniencia y el resultado de sus acciones y peticiones, lo que no puede ser aceptado.

En consecuencia, al haberse dictado el acto que motiva el presente recurso con fecha 30 de noviembre de 2022 y haberse interpuesto el presente recurso solo con fecha 21 de marzo de 2023, la acción cautelar ha sido deducida extemporáneamente, por lo que debe ser rechazada.

Sexto: Sin perjuicio de lo anterior, que basta para rechazar el arbitrio, de los antecedentes acompañados por la recurrente, más los hechos valer por la institución recurrida, se puede inferir que la recurrente se desempeñó, en forma ininterrumpida, para la recurrida por un período inferior a cinco años en calidad de funcionaria a contrata, pues fue nombrada primero como profesional, en julio de 2019 y luego, desde 2020 a 2022, como Directora de la Carrera de Trabajo Social, en forma excepcional, pues no reunía los requisitos para ser nombrada titular en ese cargo, alcanzando -en total- tres renovaciones, en los años 2020, 2021 y 2022.

Por ende, conforme a la reciente jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema que exige como lapso mínimo el de cinco años ininterrumpidos en la misma institución pública para poder invocar la “confianza legítima”, (v.g. sentencia de la Excma. Corte Suprema, de fecha 30 de junio de 2023, en Ingreso Rol N° 47.617-2023, considerandos 10° y 11°), la actora no puede ampararse en ese principio, pues ha permanecido ligado al servicio un tiempo inferior a ese lapso e incluso cuenta solo con tres renovaciones.

Séptimo: Por otra parte, en cuanto a la fundamentación del acto impugnado, como puede observarse, siendo este caso una decisión de no renovar la contrata para el año venidero, cuya primitiva expectativa se prolonga para el funcionario hasta el 31 de diciembre del año respectivo, unido al carácter transitorio -y excepcional- de dicho vínculo, como ya se ha indicado en el punto 2.- del motivo cuarto de esta sentencia, mal puede sostenerse supuesta ilegalidad o arbitrariedad de la recurrida al haber procedido de esa forma, toda vez que -fundado en que no son necesarios los servicios de la recurrente para el año 2023, máxime si se trata de un desempeño transitorio, como es la contrata- se comunicó oportunamente a la actora esa decisión, facultad que no solo contempla la ley, esto es el artículo 11 del D.F.L. 29 de 2005, Ministerio de Hacienda, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del Estatuto Administrativo, sino que dicha posibilidad estaba contenida en el acto mismo que prorrogó la contrata por el año 2022, todo lo cual era conocido por la compareciente.

Octavo: Más aún, el acto administrativo que es objeto del recurso, en concepto de esta Corte, sí es fundado, como se desprende de sus considerandos 4° a 8°, en los cuales se efectúa una relación razonada de los motivos de no renovar la contrata de la recurrente, por lo que no puede argüirse que este carezca de fundamentos, debiendo también desecharse esa línea argumentativa del recurso.

Noveno: En consecuencia, corolario de todo lo que se ha venido razonando, el recurso de protección debe ser desechado, al ser extemporáneo, y porque el acto que se pretende impugnar carece de arbitrariedad o ilegalidad, lo que conlleva a prescindir de la ponderación de las garantías constitucionales que se estiman infringidas.

Por los fundamentos precedentes, más lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, artículo 11 del D.F.L. 29 de 2005, del Ministerio de Hacienda y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por Juan Pablo Herrera Vergara, en representación de nombre reservado en contra de la Universidad Tecnológica Metropolitana.

Acordada con el voto en contra del Ministro señor Jorge Zepeda Arancibia, quien fue de parecer de acoger el recurso de protección, en base a los siguientes argumentos:

1.- Que se rechaza la supuesta extemporaneidad del arbitrio, pues, el plazo de 30 días para interponerlo, establecido en el Auto Acordado de la Excma Corte Suprema sobre la materia, solamente se cuenta una vez que exista absoluta certeza que se ha consolidado la vulneración del derecho fundamental que se denuncia, lo que en el caso de autos se produjo el 1 de marzo de 2023, al declararse la incompetencia absoluta del juez laboral para conocer las acciones de tutela de derechos fundamentales y en subsidio de despido. Sin que tampoco sea obstáculo la supuesta anterior notificación de la no renovación de la contrata, al no constar de manera indubitada tal comunicación formal.

2. Que, en cuanto al fondo, la recurrida Universidad Tecnológica Metropolitana reconoce la vigencia de la contrata con la actora nombre reservado, hasta la Resolución Exenta 797/4639/2022, de fecha 30 de noviembre de 2022.

3.- Que, a esa fecha, no consta que haya habido acto administrativo que indique que hubo cambio de los programas o de las labores originales de la actora en que fue contratada, y la propia recurrida reconoce que se había disipado la continuidad, en relación a la función extraordinaria de la dirección de la carrera, en la que la actora estuvo temporalmente vinculada.

4.- Que, por lo asentado, se colige en forma inequívoca, que no ha habido motivación del acto administrativo impugnado, en la dimensión de que no son efectivos los supuestos fácticos y jurídicos en que intenta basarse.

5.- Que, enseguida, si se razona que la actora se desempeñó ininterrumpidamente en el régimen funcionario a contrata, durante los años 2020, 2021, y 2022, fácil es advertir que se generó en su favor la confianza legítima, de buena fe, ante un acto propio de la recurrida, de mantenerla vinculada a sus funciones, de forma tal que su relación estatutaria sólo pudo terminar mediante una calificación deficiente que conllevare la destitución, o bien, mediante un sumario disciplinario que provocare tal consecuencia extrema.

6.- Que, por consiguiente, a juicio de quien disiente, se advierte la falta de motivación del acto administrativo impugnado, atendida su falta de coherencia con la realidad fáctica jurídica, y la ausencia de un procedimiento administrativo que respete las garantías de un debido proceso para la actora, y al estar así desprovisto de fundamento, deviene en arbitrario, afectando la garantía de la igualdad ante la ley, reconocida en el artículo 19, número 2, de la Carta Básica, en la dimensión del trato discriminatorio ante quien tuviera igual derecho.

7.- Que, en base a lo razonado y concluido, el disidente fue de opinión de acoger el presente recurso deducido por nombre reservado en contra de la Universidad Tecnológica Metropolitana, y en consecuencia, a su juicio, dejar sin efecto la Resolución Exenta 797/4639/2022, de 30 de noviembre de 2022, debiendo proceder la Institución a reincorporar a la recurrente a sus labores habituales, y pagar todas sus remuneraciones y demás emolumentos y derechos legales, entre la fecha de su desvinculación y hasta el efectivo reintegro, debidamente reajustados.

Regístrese y comuníquese.

Redacción del ministro Tomás Gray y el voto disidente por su autor.

Protección N° 2.554-2023.

Pronunciada por la Novena Sala, integrada por los Ministros señor Jorge Luis Zepeda Arancibia, señor señor Tomás Gray Gariazzo y la Abogado Integrante señora María Fernanda Vásquez Palma.

En Santiago, cinco de octubre de dos mil veintitrés, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.