Protección contra Armada de Chile

C.A. de Santiago Santiago, dos de junio de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece nombre reservado, e interpone recurso de protección en contra de la Armada de Chile, por el acto administrativo contenido en la resolución “C.S.A. Reservado N° NUM000”, de fecha 15 de octubre de 2025, emanado de la Comisión de Sanidad de la Armada de Chile, que declaró su salud incompatible con el servicio por padecer una enfermedad incurable, siendo posteriormente incorporado a la Categoría 7 (“en espera de retiro”), vulnerando las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N° 1, 2, 3 inciso 5°, 4, 16 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que se desempeña en la Armada de Chile desde hace más de trece años, manteniendo una trayectoria funcionaria sin sanciones disciplinarias, y que en el año 2016 fue diagnosticado con VIH, condición que se encuentra controlada y sin afectación funcional. Agrega que en agosto de 2025 presentó un cuadro psiquiátrico que motivó su hospitalización y el otorgamiento de licencia médica, registrándose diagnósticos de trastorno depresivo mayor, dependencia de múltiples sustancias y sintomatología ansiosa reactiva, patologías que, a su juicio, son susceptibles de tratamiento y recuperación.

Refiere que fue notificado de la decisión de retiro por razones de salud sin que se le exhibieran los antecedentes clínicos, informes técnicos o actuaciones que la sustentaban, afirmando que nunca fue evaluado por la Comisión de Sanidad ni sometido al procedimiento reglamentario correspondiente. Sostiene que la resolución impugnada calificó erróneamente su condición de salud como una enfermedad incurable e incompatible con el servicio, omitiendo además el tratamiento institucional previo exigido por la normativa sanitaria aplicable.

Añade que la decisión se habría fundado, en forma implícita, en su condición de VIH y en el episodio psiquiátrico recientemente padecido, configurando una discriminación arbitraria que afecta su integridad psíquica, vida privada, carrera funcionaria y estabilidad laboral.

Invoca como fundamentos de derecho, entre otras disposiciones, los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República, el artículo 41 de la Ley N° 19.880, el artículo 234 del DFL N° 1 de 1997, el artículo 601 letra b) del Reglamento de la Comisión de Sanidad de la Armada, la Ley N° 19.779 y la Ley N° 19.628, solicitando que se deje sin efecto el acto recurrido, se mantenga el pago íntegro de sus remuneraciones y se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, con costas.

Segundo: Que nombre reservado, Comandante en Jefe de la Armada de Chile, representado por la abogada Macarena López Saldivia, evacúa informe y solicita el rechazo del recurso, sosteniendo que el recurrente fue sometido a controles y evaluaciones médicas institucionales desde agosto de 2025, luego de la activación de los protocolos de prevención asociados a conductas autolesivas, proceso del cual tomó conocimiento formal y en el que participó mediante las evaluaciones psiquiátricas dispuestas por la autoridad sanitaria naval.

Expone que durante dichas evaluaciones se constató la existencia de antecedentes de salud mental previos, incluyendo hospitalizaciones y conductas autolesivas, diagnosticándose un trastorno de personalidad emocionalmente inestable, con pronóstico institucional desfavorable y riesgo de reiteración de tales conductas. Agrega que estos antecedentes, junto con los registros clínicos derivados de la hospitalización ocurrida entre agosto y septiembre de 2025, fueron analizados por la Comisión de Sanidad de la Armada, la que concluyó que el actor presentaba una enfermedad incurable e incompatible con la vida militar, declarándolo no apto para el servicio.

Señala que, en virtud de dicha decisión, se dictó la Resolución Exenta C.S.A. N° NUM000, notificada personalmente al recurrente el 27 de octubre de 2025, sin que éste formulara observaciones o ejerciera los mecanismos administrativos contemplados en la normativa institucional. Añade que la incorporación a la Categoría Médica 7 constituye una medida transitoria dentro del procedimiento administrativo respectivo y que la resolución impugnada no se fundó en la condición de VIH del recurrente, la cual se encontraba controlada y sin incidencia en la evaluación de aptitud para el servicio.

Finalmente, sostiene que el procedimiento se ajustó a la normativa vigente y que la información clínica específica no fue incorporada en la resolución por tratarse de datos sensibles protegidos por la ley. Agrega que la patología diagnosticada corresponde a una condición psiquiátrica crónica, susceptible únicamente de tratamiento y control sintomático, destacando los extensos períodos de reposo y restricciones médicas registrados por el actor. Invoca especialmente el artículo 601 letra b) del Reglamento N° 7- 34/2 de la Comisión de Sanidad de la Armada y las disposiciones reglamentarias sobre licencias médicas y calificación de aptitud para el servicio, afirmando que no existe ilegalidad ni arbitrariedad en el actuar de la autoridad recurrida.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Cuarto: Que entonces es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

Quinto: Que, de los antecedentes acompañados por la recurrida, aparece que el acto impugnado tuvo su origen en un procedimiento sanitario institucional iniciado durante el año 2025, luego de la activación de protocolos internos de prevención asociados a conductas autolesivas. En efecto, consta que la Comisión de Sanidad de la Primera Zona Naval citó al actor a evaluación psiquiátrica institucional mediante mensaje naval COSANVALP NUM001 de septiembre de 2025, fijándose hora médica para el día 2 de octubre de ese año. Asimismo, obra en autos acta de toma de conocimiento suscrita por el recurrente con fecha 22 de septiembre de 2025, en la que se le informó formalmente el inicio de las evaluaciones por parte de la Comisión de Sanidad, junto con las restricciones operativas dispuestas mientras se desarrollaba dicho proceso.

Igualmente, se encuentra acreditado que el recurrente fue evaluado por un médico psiquiatra asesor de la Comisión de Sanidad el día 2 de octubre de 2025. En dicha instancia se consignaron antecedentes clínicos previos, incluyendo hospitalización psiquiátrica en el año 2022 y una nueva hospitalización ocurrida entre el 22 de agosto y el 17 de septiembre de 2025. Según se informa, la evaluación concluyó con el diagnóstico de “trastorno de personalidad emocionalmente inestable”, estimándose además un pronóstico institucional desfavorable y una alta probabilidad de reiteración de conductas autolesivas. Tales antecedentes fueron posteriormente remitidos a la Comisión de Sanidad de la Armada para su análisis y resolución.

Sexto: Que, conforme a lo dispuesto en los artículos 301 letra d), 302, 404 y 405 del Reglamento de la Comisión de Sanidad de la Armada, corresponde a dicho órgano examinar los antecedentes clínicos disponibles, arribar al diagnóstico y pronóstico respectivos y resolver respecto de los casos considerados incompatibles para el servicio, constituyendo el organismo médico pericial máximo de la Institución. Asimismo, el referido reglamento contempla que la Comisión puede reunir los antecedentes clínicos y exámenes que estime necesarios para emitir un informe técnicamente completo y pronunciarse respecto de la compatibilidad del personal para continuar en servicio.

Séptimo: Que, en concordancia con lo anterior, la Comisión de Sanidad de la Primera Zona Naval emitió el informe reservado de 8 de octubre de 2025, en el cual, luego de analizar los antecedentes clínicos y la evaluación psiquiátrica practicada al recurrente, concluyó que éste presentaba un trastorno de personalidad emocionalmente inestable, con antecedentes de hospitalización y seguimiento psiquiátrico, estimándolo incompatible con la vida militar y proponiendo elevar los antecedentes para pronunciamiento superior.

Posteriormente, en sesión celebrada el 14 de octubre de 2025, la Comisión de Sanidad de la Armada examinó los antecedentes clínicos disponibles y escuchó el relato del médico asesor, resolviendo declarar al recurrente con salud incompatible con el servicio por padecer una enfermedad incurable, incompatible con la vida militar y no afecta a inutilidad de segunda clase. Tal decisión quedó formalizada mediante la Resolución Exenta C.S.A. Reservado N° NUM000, de 15 de octubre de 2025.

Octavo: Que, además, consta en autos que la referida resolución fue notificada personalmente al actor con fecha 27 de octubre de 2025, dejándose constancia de ello mediante su firma estampada en el respectivo documento. Del mismo modo, el informe evacuado da cuenta que, tras dicha notificación, el recurrente no formuló observaciones ni solicitó aclaraciones o ampliaciones ante la autoridad sanitaria institucional.

Noveno: Que, asimismo, los antecedentes allegados permiten establecer que el recurrente registraba controles y tratamientos de salud mental en el sistema institucional desde el año 2022, manteniendo seguimiento psiquiátrico y psicológico, además de períodos prolongados de licencias médicas y restricciones funcionales. En particular, se informa que permaneció bajo control especializado durante dicho período, registrando licencias médicas otorgadas por profesionales de salud mental y hospitalizaciones asociadas al manejo de su cuadro clínico, antecedentes que fueron considerados por los órganos sanitarios competentes al momento de emitir sus pronunciamientos.

Décimo: Que, en estas condiciones, de los antecedentes aportados no se advierte que la resolución impugnada haya sido adoptada prescindiendo de los mecanismos institucionales previstos para la evaluación de la aptitud médica del personal, apareciendo, por el contrario, precedida de evaluaciones clínicas, informes especializados, análisis por los órganos sanitarios competentes y notificación al afectado, circunstancias que impiden acoger la presente acción cautelar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción de protección impetrado por nombre reservado, en contra de la Armada de Chile.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N° Protección-25526-2025.