Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, uno de junio de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece el abogado don Franco Aldo Brunetti Arredondo, en favor de don nombre reservado, de nacionalidad nicaragüense, interponiendo acción constitucional de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por haber incurrido en la omisión de no dictar resolución respecto del procedimiento de solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado del señor nombre reservado, actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que ha transcurrido un plazo razonable de 1 año y 3 meses sin respuesta alguna, vulnerando con ello los derechos fundamentales de igualdad ante la ley, igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, libertad personal y seguridad individual, y el derecho de petición, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas, por lo que solicita que se ordene dictar una resolución fundada dentro de un plazo prudente y perentorio que esta Corte estime.

Expone que con fecha 29 de agosto de 2022, don nombre reservado ingresó al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, cumpliendo con las exigencias previstas en la Ley N° 20.430. Añade que, de manera posterior, el 14 de agosto de 2024, asistió a su entrevista final ante funcionarios del Departamento de Refugio del ente recurrido. Sin embargo, señala que desde aquella data han transcurrido más de un año y tres meses sin recibir respuesta, notificación ni resolución alguna respecto a su estado, lo que lo mantiene en una situación prolongada de incertidumbre jurídica que dificulta su acceso regular al trabajo, su estabilidad personal y su integración social, a pesar de haber efectuado reiteradas consultas por los canales institucionales.

Asimismo, argumenta que la autoridad migratoria ha transgredido abiertamente el artículo 27 de la Ley N° 19.880, toda vez que se ha excedido el plazo legal de seis meses para emitir pronunciamiento sobre la solicitud. Al respecto, cita jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema que asienta la obligación de la Administración de resolver o concluir un procedimiento en un plazo razonable para evitar mantener en la incertidumbre al peticionario.

Por consiguiente, esgrime que la demora resulta excesiva y contraviene el deber de celeridad exigido por la Ley N° 20.430, haciendo absolutamente necesario que esta Corte asigne un plazo no superior a treinta días hábiles para que el servicio resuelva, apoyando este argumento en fallos recientes de las Cortes de Apelaciones de Valdivia y La Serena. Además, defiende la legitimación pasiva del ente recurrido para esta acción, argumentando que este servicio debe responder exclusivamente por el silencio sostenido más allá del tiempo legal.

De esta forma, explica que la omisión cuestionada vulnera directamente diversas garantías constitucionales del recurrente. En primer término, la igualdad ante la ley contemplada en el artículo 19 N° 2, por cuanto otros solicitantes reciben resoluciones en tiempos sustancialmente menores sin justificación objetiva para esta diferencia de trato. En segundo lugar, la libertad personal y seguridad individual del artículo 19 N° 7, debido a que la falta de respuesta genera una incertidumbre que afecta gravemente la estabilidad jurídica y personal del protegido, en su especial condición de solicitante de protección internacional, y, finalmente, el derecho de petición garantizado en el artículo 19 N° 14, puesto que el Estado incumple manifiestamente su deber correlativo de responder las solicitudes ciudadanas en un plazo razonable.

Por las razones expuestas precedentemente, solicita que se ordene al Servicio Nacional de Migraciones que dicte resolución fundada respecto a la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado dentro del plazo prudente y perentorio que esta Corte estime pertinente, y disponer que el Servicio se abstenga de incurrir en nuevas dilaciones injustificadas durante la tramitación.

SEGUNDO: Que, evacuando el informe requerido, comparecen los abogados don Antonio Emilio Beltrán Henríquez y don José Ignacio González Troncoso, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo de la presente acción constitucional.

Exponen que don nombre reservado ingresó al territorio nacional el 4 de abril de 2022 y que, posteriormente, el 22 de agosto del mismo año, manifestó su intención de acceder al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado. Al respecto, la autoridad migratoria informa que la referida solicitud se encuentra actualmente en trámite y en etapa de análisis.

Añaden que el extranjero recurrente mantiene una visa de residencia temporal por condición de refugiado, la cual se encuentra vigente hasta el 2 de septiembre de 2026, circunstancia que permite concluir que su condición migratoria en el país es de carácter plenamente regular.

Alegan, en primer lugar, la falta de legitimación pasiva del Servicio Nacional de Migraciones para ser objeto del presente recurso. Fundamentan esta aseveración en el artículo 19 de la Ley N° 20.430, el cual dispone que la autoridad competente para resolver el otorgamiento, rechazo, cesación o revocación de la condición de refugiado es el Ministerio del Interior, a través de una resolución dictada por el Subsecretario del Interior. De este modo, afirma que el Servicio Nacional de Migraciones no es el órgano facultado por la ley para emitir el pronunciamiento final sobre la solicitud, precisando que ya cumplió con su obligación legal al otorgar y prorrogar la visa de residencia temporaria respectiva, por lo que no existe labor pendiente alguna de su parte.

En segundo término, respecto a las alegaciones sobre la dilación del procedimiento y la transgresión del artículo 27 de la Ley N° 19.880, la autoridad recurrida argumenta que el plazo de seis meses establecido en dicha norma no tiene el carácter de fatal o perentorio, toda vez que el legislador no le ha asociado una sanción de caducidad. Apoyándose en la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, explica que se trata de un plazo referencial que obliga a la Administración a pronunciarse en un tiempo razonable. Asimismo, justifica la demora en la existencia de un caso fortuito o fuerza mayor, configurado por el aumento exponencial de los flujos migratorios y el incremento masivo de solicitudes, situación que generó un retraso irresistible para la institución, no obstante lo cual, se ha continuado dando curso progresivo a la tramitación legal de la solicitud del recurrente.

En lo referente a la supuesta vulneración de las garantías fundamentales, el Servicio descarta la existencia de un acto u omisión que revista caracteres de ilegalidad o arbitrariedad.

Sostiene que el solo estado de pendencia del procedimiento administrativo no se traduce en una afectación, privación, perturbación o amenaza a los derechos constitucionales invocados, fundamentalmente porque el amparado cuenta con residencia regular en el país y posee la documentación necesaria para acreditar y ejercer dicha condición. Por consiguiente, recalca que su actuar se ha ajustado en todo momento al estricto apego a la Constitución y a las leyes, no existiendo vulneración a los derechos consagrados en el artículo 20 de la Carta Fundamental.

Por las razones expuestas precedentemente, el Servicio Nacional de Migraciones solicita que se rechace la presente acción constitucional de protección en todas sus partes, así como también se rechace la condena en costas solicitada para su parte.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones de privación, perturbación o amenaza a los derechos tutelados.

CUARTO: Que aparece del petitorio de la presente acción constitucional que el recurrente busca que se resuelva en definitiva su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado. Sin embargo, de los antecedentes que obran en la causa y del expediente administrativo acompañado por la recurrida, consta que la autoridad no ha mantenido una inactividad absoluta respecto del peticionario. Por el contrario, se encuentra acreditado que mediante Resolución Exenta N° NUM000, de fecha 16 de diciembre de 2025, se prorrogó a favor de don nombre reservado una visación de residente temporal válida hasta el 2 de septiembre de 2026.

QUINTO: En consecuencia, al observar la tramitación de la petición es posible colegir que la recurrida ha dado curso a la solicitud de la parte recurrente conforme al procedimiento regulado por la Ley N° 20.430 y su Reglamento. El hecho de que se haya otorgado y prorrogado una visa temporaria en favor del actor demuestra que la Administración ha adoptado las medidas legales correspondientes para resguardar su permanencia en el país mientras se agota el análisis de fondo de su requerimiento, en aquella parte que le compete.

Por tal motivo, ninguna afectación inminente, privación o amenaza a sus derechos fundamentales se produce por la pendencia que se denuncia. Al contar con un permiso de residencia temporal plenamente válido y vigente que le permite residir y desarrollar actividades lícitas en el territorio nacional, no es efectivo el perjuicio que la parte recurrente reclama.

SEXTO: En cuanto a la vulneración de lo previsto en el artículo 27 de la Ley N° 19.880, por haber transcurrido más de seis meses desde el inicio del procedimiento o de la realización de la entrevista, es dable aclarar que la reiterada jurisprudencia de los tribunales superiores ha establecido que dicho plazo no es fatal y no lleva aparejada una sanción de caducidad. Si bien debe interpretarse la norma en el sentido que obliga a la Administración a pronunciarse o concluir un procedimiento en un plazo razonable, la sola extensión temporal en la tramitación -en un contexto de alta demanda de solicitudes migratorias- no transforma automáticamente la omisión en una ilegalidad o arbitrariedad susceptible de ser remediada por esta vía cautelar urgente, máxime cuando el Estado ha provisto al solicitante de una visación temporal que neutraliza cualquier estado de desprotección.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por Franco Aldo Brunetti Arredondo, en favor de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-2551-2026.

Pronunciada por la Novena Sala, integrada por el Ministro señor Fernando Antonio Valderrama Martínez, el Ministro (I) señor Guillermo Rodríguez González y el Ministro (S) señor Daniel Eduardo Aravena Pérez.

En Santiago, uno de junio de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.