Protección contra Dirección Regional Santiago del Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, once de mayo de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece don Franco Aldo Brunetti Arredondo, abogado, quien interpone recurso de protección en favor de doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra de la Dirección Regional Santiago del Servicio Nacional de Migraciones, por la negativa a dar debida tramitación a su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiada y por no remitir sus antecedentes a la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, conforme a lo dispuesto en la Ley N°20.430 sobre protección de refugiados.

Expone que la recurrente debió abandonar Venezuela e ingresar a Chile por pasos no habilitados debido a amenazas a su integridad y seguridad derivadas de la violencia generalizada, crisis social y vulneraciones de derechos humanos existentes en dicho país. Señala que salió de Venezuela el 20 de diciembre de 2021 e ingresó a Chile el 28 de diciembre del mismo año.

Refiere que, luego de informarse sobre su situación migratoria, el 12 de noviembre de 2024 acudió a las oficinas de la Dirección Regional Santiago del Servicio Nacional de Migraciones para solicitar formalmente el inicio del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiada, oportunidad en la que completó el formulario correspondiente y entregó su declaración sobre los hechos que fundamentan su solicitud.

Indica que, pese a haberse formalizado la solicitud, la recurrente no ha recibido respuesta satisfactoria de la autoridad migratoria, ni tampoco se le ha otorgado la visa de residente temporaria contemplada en el artículo 32 inciso primero de la Ley N°20.430, la cual sostiene debe concederse una vez iniciada la tramitación de la solicitud de refugio.

Sostiene que el actuar de la autoridad migratoria resulta ilegal y arbitrario, ya que vulnera el derecho a solicitar refugio y desconoce el principio de no devolución establecido en el artículo 4° de la Ley N°20.430 y en tratados internacionales suscritos por Chile, especialmente la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. Asimismo, señala que la calificación de las circunstancias relacionadas con el ingreso irregular y eventuales impedimentos corresponde exclusivamente a la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado y no a funcionarios de las Direcciones Regionales del Servicio Nacional de Migraciones.

Agrega que la omisión de tramitar adecuadamente la solicitud y otorgar la visación temporaria configura una vulneración a la garantía constitucional de igualdad ante la ley, al otorgarse un trato discriminatorio respecto de otros solicitantes de refugio que sí han accedido a dicha tramitación y documentación provisoria.

Finalmente, solicita que se declare ilegal y arbitraria la actuación del Servicio Nacional de Migraciones, ordenando dar curso y continuidad al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiada de la recurrente y concederle la correspondiente visa temporaria de refugio mientras se resuelve su solicitud definitiva.

SEGUNDO: Que el Servicio Nacional de Migraciones evacúa informe, solicitando el rechazo de la acción constitucional por estimar que no existe acto u omisión ilegal ni arbitraria que afecte las garantías constitucionales invocadas por la recurrente.

Expone que la protegida nombre reservado, de nacionalidad venezolana, no registra ingreso regular al territorio nacional, existiendo antecedentes que permiten presumir su ingreso por paso no habilitado, particularmente una denuncia por ingreso clandestino contenida en el Parte Policial N°NUM000 de fecha 30 de marzo de 2023 emitido por la Policía de Investigaciones. Agrega que la extranjera participó en el proceso de empadronamiento biométrico de 2023, el cual no constituyó un mecanismo de regularización migratoria, quedando empadronada el 5 de enero de 2024.

Refiere que la recurrente no manifestó intención de solicitar refugio ante la autoridad contralora de frontera, pese a que dicha posibilidad se encuentra prevista en el artículo 36 del Decreto Supremo N°837. Sin perjuicio de ello, señala que con fecha 12 de noviembre de 2024 formalizó su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiada ante la Sección de Refugio y Reasentamiento del Servicio Nacional de Migraciones. Posteriormente, mediante Oficio Ordinario Folio N°NUM001, fue citada para comparecer el día 17 de marzo de 2025 al Departamento de Refugio y Protección Internacional, oportunidad en la que se le entregó el formulario correspondiente y se realizó la entrevista personal exigida por el artículo 28 bis de la Ley N°20.430.

Indica que, revisados los antecedentes aportados por la solicitante, mediante Resolución Exenta N°NUM002 de fecha 17 de marzo de 2025, el Servicio informó que no era posible dar curso a la solicitud por no cumplir los requisitos formales mínimos establecidos en la Ley N°20.430, atendido que: a) excedió el plazo legal de siete días hábiles desde su ingreso al país para solicitar refugio; b) ingresó al territorio nacional por paso no habilitado; y c) no acreditó el cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 8 y 35 del Reglamento de la Ley N°20.430.

Explica que la propia recurrente declaró haber ingresado irregularmente el 20 de diciembre de 2021 y haberse presentado ante el Servicio recién el 12 de noviembre de 2024, es decir, aproximadamente tres años después de su ingreso irregular. Por ello, se le otorgó un plazo de 15 días hábiles para subsanar las observaciones formuladas, bajo apercibimiento de tenerla por desistida conforme al artículo 28 bis de la Ley N°20.430 y artículo 31 de la Ley N°19.880.

Refiere que la extranjera acompañó únicamente una carta explicativa y una tarjeta de identificación de extranjero infractor, antecedentes que no permitieron desvirtuar las causales observadas.

En consecuencia, mediante Resolución Exenta N°NUM003 de fecha 2 de abril de 2025, el Servicio Nacional de Migraciones tuvo por desistida la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiada, reservándose expresamente los recursos administrativos pertinentes, los cuales no fueron interpuestos por la recurrente. Asimismo, indica que no se ha dictado en su contra medida alguna de expulsión, prohibición de ingreso u orden de abandono del país.

A continuación, describe el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado conforme a la Ley N°20.430, modificada por la Ley N°21.655, especialmente respecto de la etapa inicial de admisibilidad y formalización de la solicitud, regulada en los artículos 2, 6, 26, 28 y 28 bis de dicho cuerpo legal, además de los artículos 8, 35, 36 y 37 de su reglamento contenido en el Decreto Supremo N°837.

Señala que toda persona puede solicitar refugio en Chile, incluso encontrándose en situación migratoria irregular, pero debe cumplir los requisitos y plazos establecidos legalmente, particularmente presentarse dentro del plazo de siete días hábiles desde su ingreso al país y, en caso de ingreso irregular, comparecer ante la autoridad migratoria dentro de diez días, alegando razón justificada. Agrega que, si la solicitud no cumple los requisitos formales, corresponde otorgar un plazo de subsanación de quince días hábiles, bajo apercibimiento de tenerla por desistida, conforme al artículo 28 bis de la Ley N°20.430 y artículo 31 de la Ley N°19.880.

Finalmente, sostiene que la autoridad migratoria actuó con estricto apego a la Constitución, la Ley N°20.430, su reglamento y las normas supletorias de la Ley N°19.880, descartando la existencia de ilegalidad o arbitrariedad alguna, razón por la cual solicita el rechazo íntegro del recurso de protección TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en el- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

CUARTO: Que la recurrente reclama en contra del Servicio Nacional de Migraciones por haber tenido por desistida su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiada mediante Resolución Exenta N°NUM003, de fecha 2 de abril de 2025, fundada en el incumplimiento de los requisitos formales establecidos en la Ley N°20.430 y su reglamento.

QUINTO: Que, de acuerdo con la normativa legal y reglamentaria que regula el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, particularmente la Ley N°20.430 sobre Protección de Refugiados, modificada por la Ley N°21.655, y su Reglamento contenido en el Decreto Supremo N°837 de 2011 del Ministerio del Interior, el ordenamiento jurídico nacional establece un procedimiento reglado aplicable a todos aquellos extranjeros que, encontrándose en territorio nacional, formalicen su intención de ser reconocidos como refugiados.

SEXTO: Que, en el caso, aparece de los antecedentes que la recurrente, ciudadana venezolana, no registra ingreso regular al territorio nacional, existiendo antecedentes que permiten presumir su ingreso por paso no habilitado, particularmente la denuncia por ingreso clandestino contenida en el Parte Policial N°NUM000 de fecha 30 de marzo de 2023 emitido por la Policía de Investigaciones.

Asimismo, consta que la propia recurrente declaró haber ingresado irregularmente al país con fecha 20 de diciembre de 2021 y que formalizó su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiada el día 12 de noviembre de 2024, esto es, aproximadamente tres años después de producido su ingreso irregular al territorio nacional.

En este sentido, el artículo 26 de la Ley N°20.430 establece que la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado debe presentarse dentro del plazo de siete días hábiles contados desde el ingreso al país, de acuerdo con el texto vigente en virtud de la modificación introducida por la Ley 21.655. Por su parte, el artículo 6° de la misma ley dispone que no se impondrán sanciones penales ni administrativas a quienes ingresen irregularmente, siempre que se presenten ante la autoridad dentro de los diez días siguientes a la infracción migratoria alegando una razón justificada.

Lo anterior es reforzado por los artículos 8° y 35 del Reglamento de la Ley N°20.430, los cuales exigen que los extranjeros que hubieren ingresado irregularmente comparezcan ante la autoridad migratoria dentro de los diez días siguientes de producida la infracción, alegando una razón justificada para ello.

SÉPTIMO: Que la documentación aparejada por la recurrida al expediente electrónico - en especial, copia de los antecedentes referidos al cargo que plantea haber desempeñado en su país de origen y una nota de prensa sobre hechos de violencia acaecidos con ocasión de una elección popular - permite tener por demostrada la invocación de hechos compatibles con la solicitud de refugio.

Por su parte, consta que el Servicio Nacional de Migraciones tuvo por desistida – en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 28 bis de la Ley N°20.430 – la solicitud de la recurrente por no cumplir con los requisitos formales contenidos en los artículos 26 del señalado cuerpo legal y 8 y 35 de su Reglamento, en concreto, por no haberse presentado ante el Servicio dentro del plazo de siete días hábiles contado desde el ingreso de la solicitante al territorio nacional, ni haber dado cumplimiento a la carga que prevén las dos disposiciones reglamentarias, en relación a su ingreso clandestino.

OCTAVO: Que, en ese contexto, cabe tener presente como un hecho esencial para resolver la presente controversia, que la primera exigencia que fundó la decisión del Servicio que aquí se impugna fue incorporada a la ley N° 20.430 tras la dictación de la Ley N° 21.655, cuya entrada en vigor data del 20 de febrero del año 2024, es decir, casi un año de la fecha cierta de la presencia de la recurrente en el territorio nacional.

NOVENO: Que, en ese orden de ideas, y aun cuando la recurrente haya formalizado su solicitud de declaración de condición de refugiada en noviembre de 2024, resulta evidente que, a la época en que se registra su estancia en el país, aún no entraba en vigor la aludida exigencia prevista en el artículo 26 de la Ley N°20.430 en su actual redacción, por lo cual mal pudo la autoridad imponerle la sanción procesal que la misma contempla por su incumplimiento, pues hacerlo importa, en la práctica, discurrir sobre la base de que la peticionaria respectiva cuyo ingreso fue anterior al 20 de febrero de 2024 se encontraba obligada, en aquella época, a presentar su solicitad en el exiguo plazo ya referido, a pesar de que entonces tal obligación legal no existía.

DÉCIMO: Que, sin perjuicio de lo expresado, lo cierto es que la exigencia aludida precedentemente no es la única que funda la decisión atacada, de manera tal que aunque la autoridad recurrida haya actuado, a fin de cuentas, de manera ilegal por infringir la Ley N°20.430 al discurrir sobre la base de que ésta imponía, con anterioridad a su vigencia, a la recurrente una exigencia que su texto no contemplaba, lo cierto es que la decisión impugnada también se funda en otras exigencias que no fueron satisfechas.

UNDÉCIMO: En efecto, el artículo 6° de la Ley 20.431 dispone que no se impondrán sanciones penales ni administrativas a quienes ingresen irregularmente, siempre que se presenten ante la autoridad dentro de los diez días siguientes a la infracción migratoria alegando una razón justificada, lo que es reforzado por los artículos 8° y 35 del Reglamento de la Ley N°20.430, los cuales exigen que los extranjeros que hubieren ingresado irregularmente comparezcan ante la autoridad migratoria dentro de los diez días siguientes de producida la infracción, alegando una razón justificada para ello.

En consecuencia, como conforme al mérito de los antecedentes allegados al proceso, aparece que mediante Resolución Exenta N°NUM002 de 17 de marzo de 2025, el Servicio Nacional de Migraciones informó a la recurrente que no era posible dar curso a su solicitud por incumplir los requisitos formales exigidos por la ley, en lo pertinente, mantener ingreso al territorio nacional por paso no habilitado y no acreditar el cumplimiento de los requisitos y plazos previstos en el artículo 6° de la Ley N°20.430 y artículos 8 y 35 de su Reglamento, sin que subsanara en el plazo otorgado las observaciones formuladas al acompañar antecedentes que fueron considerados insuficientes por la autoridad administrativa para desvirtuar las causales observadas, su decisión de no dar curso a la solicitud de refugio y posteriormente tenerla por desistida no aparece como ilegal ni arbitraria, desde que se fundó en normas legales expresas que regulan el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado y fue adoptada previa concesión de un plazo de subsanación que no fue cumplido en la forma requerida.

En consecuencia, no se advierte vulneración de las garantías constitucionales invocadas por la recurrente, motivo por el cual el presente arbitrio deberá ser rechazado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida en favor de doña nombre reservado en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-25503-2025.