Protección contra Asociación Chilena de Seguridad
- Fecha
- 19 de mayo de 2026
- Sala
- Quinta
- Resultado
- Rechazada
- Cita
- Corte de Apelaciones de Santiago, Rol N° 25501-2025, sentencia de 19 de mayo de 2026
Resumen
Se rechaza la protección contra la Asociación Chilena de Seguridad y la Superintendencia de Seguridad Social: la calificación de enfermedad común no se desvirtúa y la Corte no reemplaza el juicio técnico de la autoridad.
Texto íntegro
C.A. de Santiago Santiago, diecinueve de mayo de dos mil veintiséis.
Vistos y teniendo presente:
Primero: Que comparece nombre reservado e interpone recurso de protección en contra de la Asociación Chilena de Seguridad, por la resolución de 11 de junio de 2025 que rechazó su solicitud de reconsideración, manteniendo la calificación de enfermedad común, y en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, por la resolución de 20 de noviembre del mismo año que rechazó el recurso de reposición deducido en contra de la Resolución Exenta N° NUM000, de 21 de julio de 2025, mediante la cual se concluyó que el diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática no tiene relación con el trabajo desempeñado, estimando improcedente otorgar cobertura del Seguro Social de la Ley N°16.744, vulnerándose con ello las garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 N°s 1 y 2 de la Constitución Política de la República.
Refiere que se desempeña desde hace 27 años en la misma empresa y que durante el año 2024 sus exámenes médicos arrojaron resultados deficientes, pese a lo cual se le indicó que su enfermedad no tenía origen profesional. Agrega que posteriormente fue atendido en el Hospital del Tórax, donde se le diagnosticó silicosis. Solicita, en definitiva, se ordene a las recurridas otorgarle cobertura conforme al Seguro Social Obligatorio de la Ley N°16.744.
Segundo: Que Patricio Castillo Barrios, abogado, en representación de la Asociación Chilena de Seguridad, evacúa informe solicitando el rechazo del recurso de protección interpuesto en autos. Expone que dicha entidad es una corporación de derecho privado sin fines de lucro autorizada para administrar el Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, conforme al Decreto Supremo N°285 de 1968 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, correspondiéndole otorgar prestaciones preventivas, médicas y económicas a sus afiliados, así como evaluar incapacidades permanentes en los términos previstos en la Ley N°16.744.
Refiere que el recurrente ingresó el 27 de febrero de 2025 a dependencias médicas de la ACHS, presentando síntomas respiratorios compatibles con neumoconiosis, razón por la cual fue incorporado al proceso de evaluación de enfermedad profesional. Señala que el Comité de Calificación de Enfermedades Profesionales, integrado por médicos especialistas, concluyó inicialmente que el actor presentaba neumoconiosis de origen laboral, otorgándosele cobertura de la Ley N°16.744. Sin embargo, agrega que, luego de nuevos exámenes realizados entre abril y mayo de 2025, consistentes en espirometría, ecocardiograma, TAC de tórax y test de marcha, dicho comité reconsideró la calificación inicial, concluyendo que el cuadro correspondía a una fibrosis pulmonar tipo UIP de origen común, descartándose hallazgos compatibles con silicosis.
Añade que el recurrente reclamó de dicha decisión ante la Superintendencia de Seguridad Social, la que mediante Resolución Exenta N° NUM000 rechazó el reclamo, confirmando el origen común de la patología, mientras que el posterior recurso de reposición fue desestimado por extemporáneo. En cuanto al derecho, sostiene que la presente acción cautelar resulta improcedente para controvertir materias técnicas y médicas cuya resolución compete a organismos especializados conforme a la Ley N°16.744 y Ley N°16.395, agregando que no existe vulneración de las garantías constitucionales invocadas, toda vez que las decisiones adoptadas se fundaron en antecedentes clínicos y evaluaciones efectuadas por autoridades técnicas competentes, solicitando en definitiva el rechazo del recurso en todas sus partes.
Tercero: Que la Superintendencia de Seguridad Social evacúa informe solicitando, en primer término, el rechazo del recurso de protección por extemporáneo, señalando que el recurrente tomó conocimiento de la calificación de origen común de su enfermedad, a más tardar, el 3 de junio de 2025, fecha en que dedujo reclamación administrativa conforme al artículo 77 de la Ley N°16.744, de manera que el plazo de treinta días contemplado en el Auto Acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección comenzó a correr desde entonces, habiéndose interpuesto la presente acción recién el 27 de noviembre de 2025.
En subsidio, informa que no existe actuación ilegal ni arbitraria por parte de dicha autoridad, toda vez que la Asociación Chilena de Seguridad, luego de efectuar nuevos estudios clínicos y tomografías de tórax, concluyó que el recurrente padecía fibrosis pulmonar idiopática tipo UIP de origen común, descartándose hallazgos compatibles con silicosis, al no observarse opacidades nodulares propias de dicha enfermedad profesional. Agrega que, en virtud de tales antecedentes médicos, la SUSESO confirmó la recalificación efectuada por la mutualidad.
Finalmente, sostiene que la Ley N°16.744 exige la existencia de una relación causal directa entre la enfermedad y el trabajo desempeñado para calificar una patología como profesional, circunstancia que no concurre en la especie. Añade que no se vulneran las garantías constitucionales invocadas, por cuanto el recurrente mantiene cobertura médica y económica a través de su sistema común de salud, precisando además que la materia debatida se vincula con el derecho a la seguridad social, garantía que no se encuentra amparada por la acción constitucional de protección.
Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.
Quinto: Que entonces es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.
Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.
Sexto: Que los actos que se tachan de ilegales y arbitrarios corresponden a la comunicación de 11 de junio de 2025, dictada por la Asociación Chilena De Seguridad, que rechazó su solicitud de reconsideración, manteniendo la calificación de enfermedad común, y en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, por dictar la resolución de 20 de noviembre del mismo año que rechazó el recurso de reposición deducido en contra de la Resolución Exenta N° NUM000, de 21 de julio de 2025, mediante la cual se concluyó que el diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática no tiene relación con el trabajo desempeñado, estimando improcedente otorgar cobertura del Seguro Social de la Ley N°16.744.
Séptimo: Que sobre el fondo del recurso, los reproches que se formulan por la recurrente conciernen a la supuesta arbitrariedad e ilegalidad que atribuye a la decisión del órgano o autoridad pública, aseverando que sería infundada y equivocada. A ese respecto, cabe señalar que el examen de la Resolución de que se trata, aparece suficientemente motivada. En tal sentido, se debe tener en cuenta que tal decisión -que involucran aspectos primordialmente médicos- está precedida del análisis que efectuara la Mutual de Seguridad, la cual especifica que: “el caso individualizado como siniestro N° NUM001 fue ingresado a estudio de enfermedad profesional por sospecha de Otras patologías por este organismo administrador de la ley 16.744. Para esto se realizó una Denuncia Individual de Enfermedad Profesional (DIEP), una evaluación médica, una historia ocupacional tac de tórax, ecocardiograma bidimensional doppler, espirometría, test de caminata, radiografía de tórax con técnica oit. Estos antecedentes presentados fueron evaluados por el Comité de Calificación, cuya resolución señala que la patología presentada es de origen común, realizando las acciones correspondientes. Tras revisar las etapas de la calificación de origen se verifica que el proceso se ajustó a los protocolos exigidos por la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) en el Compendio de Normas del Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales de La Ley N°16.744.
En relación a los antecedentes entregados en la presentación de este requerimiento para reconsiderar la resolución, estos fueron revisados y analizados por el área especializada, concluyendo que no aporta nuevos antecedentes.”
Octavo: Que miradas así las cosas, los reproches e imputaciones efectuadas por la recurrente impresionan planteados desde una perspectiva exclusivamente particular o individual, sin que existan antecedentes que permitan desvirtuar lo dictaminado por la autoridad aludida. A lo indicado debe agregarse que en este tipo de situaciones el análisis que cabe efectuar a esta Corte no debe ni puede involucrar juicios de conveniencia, oportunidad o de mérito, porque la cautela de los derechos fundamentales no puede llegar al extremo de tomar las decisiones en reemplazo de las autoridades facultadas para hacerlo, menos todavía cuando se trata de materias en las que debe operar la deferencia de experto.
A lo anterior, cabe insistir, que la acción constitucional que consagra el artículo 20 de la Carta Fundamental es de naturaleza esencialmente cautelar y busca proteger el legítimo ejercicio de derechos indubitados.
Expresado en otros términos, tiene un propósito conservativo, de tutela de urgencia de los derechos fundamentales, de manera que su interposición no autoriza para efectuar declaraciones ni para dirimir debates que exigen otra clase de procedimiento de lato conocimiento.
Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción de protección impetrada por nombre reservado, en contra de la Asociación Chilena de Seguridad y de la Superintendencia de Seguridad Social.
Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.
Protección N°25.501-2025.