nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

C.A. de Santiago Santiago, veintinueve de abril de dos mil veintiséis.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que, comparece nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en descontar de su remuneración de octubre de 2025 la suma de $165.815, vulnerando de esta forma la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República.

Expone que el 14 de agosto de 2023 contrajo un crédito social, el que fue reprogramado el 2 de septiembre de 2024. Indica que, debido a que se quedó sin trabajo, cayó en mora, razón por la cual la Caja hizo efectiva la cláusula de aceleración e interpuso, el 10 de junio de 2025, una demanda ejecutiva en su contra que se tramita ante el 26° Juzgado Civil de Santiago, bajo el Rol C-8134-2025. Añade que se realizó embargo el 25 de julio de 2025, encontrándose en dicha etapa procesal.

Afirma que, no obstante existir un juicio vigente para el cobro forzado de la deuda, la recurrida procedió a realizar descuentos directos en su liquidación de sueldo de octubre de 2025.

Sostiene que el acto de autotutela efectuado por Caja de Compensación de Asignación Familia de Los Andes se trata de un descuento ilegal y arbitrario, ya que no es oportuno. Agrega que, la recurrida, por medio de la interposición de la demanda ejecutiva, manifestó su voluntad expresa e inequívoca de ejercer la cláusula de aceleración, produciendo el vencimiento anticipado de todas las cuotas pendientes, cobrando de esta manera la totalidad de las deudas, como de plazo vencido, en sede civil. Por lo anterior, resulta arbitrario que, habiendo ejercido la cláusula de aceleración, la recurrida ordene la retención de montos a su conveniencia y mediante un mecanismo paralelo a la vía judicial que ella misma ejerció y promovió mediante un cobro ejecutivo, lo que corresponde a una vulneración a la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, toda vez que, se le ha privado y ha perturbado su derecho de propiedad sobre un monto de $165.815 de su liquidación de sueldo de octubre de 2025, lo que agrega, podría repetirse para los pagos de los próximos meses de remuneración.

Solicita, en definitiva, que se ordene el cese de todo tipo de retención o descuentos de su remuneración y que se restituyan los descuentos efectuados, así como también los que puedan llegar a efectuarse durante la tramitación de la presente acción, con costas.

Segundo: Que, evacúa informe la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, solicitando el rechazo del recurso.

Expone que el 14 de agosto de 2023, otorgó a la recurrente, la operación de crédito código N°208DIG100220727, por un capital inicial de $4.300.301, a una tasa de interés mensual de 2.57%, pagadero en un plazo de 60 meses, con una cuota mensual de $146.665, cuyo primer vencimiento correspondió a 30 de septiembre de 2023, y que el 2 de septiembre de 2024, la requirente realizó la reprogramación de su deuda por un valor de $4.109.454, a una tasa de interés mensual del 2.08%, pagadera en 48 cuotas de $140.078, donde el primer vencimiento fue el 31 de octubre de 2024.

Detalla que el 11 de diciembre de 2023, otorgó a la recurrente el Crédito Social N°208DIG100241014, por un capital inicial de $370.107, a una tasa de interés mensual de 2.68%, pagadero en un plazo de 60 meses, con una cuota mensual de $12.822, cuyo primer vencimiento correspondió al 29 de febrero de 2024, y que el 3 de septiembre de 2024, la operación crediticia fue reprogramada, por un monto de $379.011, a una tasa de interés mensual de 1.99%, en 48 cuotas de $12.692, donde el primer vencimiento fue el 30 de noviembre de 2024.

Señala que el 17 de enero de 2024, entregó a la requirente la operación crediticia N°023CON104908593, por un capital inicial de $208.602, a una tasa de interés mensual de 2.0%, pagadero en un plazo de 40 meses, con una cuota mensual de $7.825, cuyo primer vencimiento correspondió al 31 de marzo de 2024.

Indica que el 4 de marzo de 2024, otorgó a la titular el Crédito Social N°208COS100255507, por un capital inicial de $264.766, a una tasa de interés mensual de 2.41%, pagadero en un plazo de 36 meses, con una cuota mensual de $11.336, cuyo primer vencimiento correspondió al 31 de mayo de 2024, y que el 3 de septiembre de 2024, la operación crediticia fue reprogramada, por un monto de $267.427, a una tasa de interés mensual de 1.99%, en 37 cuotas de $10.535, donde el primer vencimiento fue el 30 de noviembre de 2024.

Expone que la demanda ejecutiva solo es respecto del crédito N°208DIG100220727, y que su interposición de la demanda ejecutiva obedeció a instrucciones obligatorias de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) para deudas superiores a 100 UF. Añade que, el 13 de noviembre de 2025, la SUSESO dispuso que si durante la sustanciación de un juicio ejecutivo por cobro de pagaré que cauciona un crédito social se reiniciare el descuento de cuotas desde las remuneraciones por el mismo crédito, la Caja, en la etapa judicial de liquidación de la deuda, deberá informar al tribunal dichas cuotas descontadas, a fin de que éstas sean rebajadas del monto total adeudado.

Afirma que su actuar no es ilegal ni arbitrario, pues se ampara en el artículo 22 de la Ley N°18.833, que establece que lo adeudado por crédito social deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora. Sostiene que este es un mecanismo legal de pago, obligatorio para el empleador, y que mientras la deuda sea exigible y no se haya declarado judicialmente su prescripción, la Caja tiene el derecho y el deber de recaudar dichos montos para proteger su fondo social.

Tercero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que, del análisis de los antecedentes, consta que la recurrente mantiene obligaciones vigentes con la Caja de Compensación Los Andes derivadas de contratos de crédito social.

Asimismo, se verifica la existencia de la causa Rol C-8134-2025 ante el 26° Juzgado Civil de Santiago, iniciada por la recurrida para el cobro del pagaré N°208DIG100220727.

Quinto: Que, respecto a la alegada ilegalidad, el artículo 22 de la Ley N°18.833 dispone expresamente que las cantidades adeudadas por concepto de crédito social deben ser deducidas de las remuneraciones de los trabajadores afiliados por sus empleadores, rigiéndose por las mismas normas de pago y cobro que las cotizaciones previsionales.

Esta normativa constituye un mandato legal que habilita y obliga al empleador a retener los montos informados por la Caja acreedora.

Por otra parte, queda de manifiesto que la recurrente suscribió con la recurrida varios pagarés, encontrándose en mora de pago respecto de las cuotas de enero a octubre de 2025.

De esta manera, se justifica el actuar de la recurrida al amparo de la norma precedentemente citada, toda vez que se trata de créditos vigentes que se encuentran insoluto, lo que la habilita a efectuar los descuentos que sustentan la presente acción.

Sexto: Que, en lo relativo a la existencia de un proceso judicial paralelo, la jurisprudencia de los tribunales superiores ha establecido que la judicialización del cobro de un crédito social no extingue ni suspende la facultad de la Caja de Compensación para utilizar el mecanismo administrativo de descuento por planilla previsto en la ley.

Ambas vías son compatibles mientras la deuda sea líquida, vencida y actualmente exigible, no constituyendo un doble cobro en tanto los montos recaudados se imputen correctamente a la extinción de la obligación, lo que no ha sido desmentido en autos.

Séptimo: Que, por otra parte, no consta en el proceso que las deudas en cuestión hayan sido declaradas prescritas por sentencia firme. Como se sabe, la prescripción debe ser alegada y declarada judicialmente en un juicio de lato conocimiento, no siendo la acción de protección la vía idónea para discutir la vigencia o extinción de obligaciones civiles o mercantiles.

Octavo: Que, en consecuencia, al no haberse acreditado la existencia de un acto ilegal o arbitrario por parte de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, toda vez que su conducta se ajusta a lo prescrito en la Ley N°18.833 y a los contratos vigentes entre las partes, no se ha producido vulneración a la garantía del derecho de propiedad de la recurrente. Así las cosas, los descuentos efectuados corresponden al cumplimiento de obligaciones pecuniarias reales, a través de un procedimiento de cobro legalmente establecido.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-25488-2025.