nombre reservado con SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION REGIONAL

CERTIFICO: Que, se anunció, escuchó relación y alegó, contra el recurso, la abogado del Servicio de Impuestos Internos doña nombre reservado, por 15 minutos. Santiago, 10 de agosto de 2021.

nombre reservado

Relator C.A. de Santiago Santiago, diez de agosto de dos mil veintiuno.

Proveyendo al escrito folio 11: A lo principal y otrosí: Téngase presente.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que comparece don nombre reservado, funcionario público, domiciliado en domicilio reservado, quien recurre de protección en contra del Servicio de Impuestos Internos, cuyo Director Nacional es don nombre reservado, ingeniero civil industrial, domiciliados en domicilio reservado, por haber negado de manera reiterada y arbitraria la respuesta a una solicitud presentada mediante correo electrónico el 17 de agosto de 2020 la cual “solicita incluir en promedio mensual de todos los ingresos 2019 los ingresos que indica para efectos de acceder al préstamo estatal solidario”, aun cuando se ha denunciado la demora excesiva ante Contraloría General de la República, quienes han oficiado al recurrido en dos ocasiones la primera dando 30 días hábiles para dar “respuesta formal y fundamentada directamente al recurrente, remitiendo una copia de la misma a esta Entidad de Control” y la segunda dando un plazo de 10 días hábiles, ambas fechas ya se han cumplido y aún no se obtiene respuesta de parte del recurrido, lo que afecta las garantías del artículo 19 N°s 2 y 22 de la Constitución Política de la República.

Pide que la recurrida conteste la solicitud dando respuesta formal y fundamentada en el más breve plazo que esta Corte determine.

Funda su pretensión cautelar señalando que el actor solicitó el 2 de agosto de 2020, el “Bono o aporte fiscal no reembolsable” contemplado en la ley N°21.252 pudiendo comprobar que todos los ingresos del año 2019, habían sido incluidos en el promedio mensual, a saber $1.349.815.

Señala que el 9 de agosto de 2020, el recurrente intentó solicitar el Beneficio clase media de las leyes N°s 21.242 y 21.252, comprobando en ese momento que el “promedio mensual de todos sus ingresos en 2019”, para efectos del beneficio, había variado considerablemente respecto del promedio calculado para el “Bono o aporte fiscal no reembolsable”, a saber $644.198.

Indica que no es lo mismo el “promedio mensual de todos sus ingresos en 2019” que el promedio mensual de todas sus rentas en 2019 lo cual presenta una clara diferencia y no tiene el mismo significado.

Sostiene que el 9 de agosto de 2020 el recurrente llamó a la mesa de ayuda del SII, quienes indicaron que “por error”, en primera instancia para efectos del Bono Covid-19 se consideró el total de todos los ingresos del año 2019 mientras que para el beneficio del Préstamo Estatal Solidario se consideró solamente el promedio de las rentas del año 2019.

Agrega que el 14 de agosto de 2020 se publicó información por medios oficiales señalando lo siguiente: “Para determinar los ingresos mensuales anteriores a la crisis, se utilizará como referencia el ingreso formal promedio del año 2019, excluyendo los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2019 para quienes hayan perdido su trabajo durante dicho periodo.”.

Precisa que el artículo 13° de la Ley 21.252 otorga al Servicio de Impuestos internos las atribuciones y facultades interpretar la ley, de manera tal que en el caso en concreto, se llegó al “promedio mensual de todos sus ingresos en 2019” que ascendía a: $1.349.815. De acuerdo a los cálculos realizados por el recurrente el promedio mensual de todos los ingresos del año 2019 fue de $1.310.526 incluido el ajuste por el IPC del año 2019, llevándolo a pensar que tal vez con algún ingreso que no estaba considerando se había llegado al promedio de $1.349.815 el cual no dista mucho del ingreso promedio real.

Hace presente que el 30.09.2020 realizó la declaración de renta AT 2020 fuera de plazo, ya que había olvidado completamente los ingresos percibidos por concepto de honorarios y la devolución de impuestos que eso conllevaba.

Indica que en medios de información se ofreció un Aporte Fiscal y un Préstamo Estatal Solidario con ciertos requisitos, generándose una confianza legítima de que así como se consideró el Promedio mensual de todos sus ingresos en 2019 por $1.349.815 se consideraría el mismo promedio al momento de postular al beneficio del Préstamo Estatal Solidario y el hecho que la conformación del promedio mensual se haya basado en un error no haría que el principio de Confianza Legítima no pueda ser invocado.

Expone que el 14 de agosto de 2020 se presentó nombre reservado°77320950563 y el 17 de agosto del mismo año, al no encontrar la materia exacta al momento de presentar nombre reservado se presentó solicitud escrita por medio del correo electrónico: correo reservado solicitando “incluir en promedio mensual de todos los ingresos 2019 los ingresos que indica para efectos de acceder al préstamo estatal solidario.”

Sostiene que como respuesta el 28 de agosto de 2020 el Abogado de la Unidad de San Felipe Sr. nombre reservado se contactó con el actor telefónicamente para indicarle que la Dirección Regional de Valparaíso del SII no tenía competencias para conocer este caso y que sería enviado a la Dirección Nacional del Servicio indicando que la respuesta podría demorar, eventualmente, hasta 6 meses.

Debido a que la recurrida en ningún momento respondió las preguntas respecto del tiempo que podía demorar el proceso de respuesta, el 1 de septiembre de 2020, se presentó denuncia ante Contraloría General de la República N°W024518/2020, ente que instruyó a la recurrida que debía dar respuesta en el plazo de 30 días hábiles, contado desde la recepción del oficio.

Añade que el 22 de octubre de 2020 mediante e-mail enviado por correo reservado se indica que “respecto de su consulta realizada al correo correo reservado se encuentra en análisis en la oficina respectiva de la Dirección Nacional para su respuesta.” El 25 de noviembre de 2020 vuelve a interponer denuncia ante la Contraloría debido a que la recurrida se niega a dar respuesta a la solicitud, la que instruye a la recurrida dándole un plazo de 10 días hábiles, contado desde la recepción del oficio para responder.”

Refiere que al 2 de marzo de 2021 no se ha verificado respuesta ni intención de dar información por parte del Servicio de Impuestos Internos, lo que a su juicio constituye una actuación arbitraria e ilegal que se ejecuta de manera permanente.

En cuanto a la arbitrariedad, expone que siendo oficiados en dos ocasiones por la Contraloría General de la República instruyendo plazos concretos para dar respuesta, a la fecha de presentación del recurso aún no se ha verificado la misma, lo que amenaza la igualdad ante la ley (art. 2) y el derecho a no ser discriminado en el trato del Estado en materia económica (art. 22).

En cuanto a la igualdad ante la ley, expone que si bien el acto arbitrario del Servicio de Impuestos Internos consistente en considerar para un mismo contribuyente un promedio mensual de ingresos durante el año 2019 para efectos de un beneficio y para otro con las mismas bases calcular otro promedio, se presentó una solicitud que no ha sido respondida, demora injustificada que ni siquiera acata las instrucciones del ente contralor.

En cuanto al derecho a no ser discriminado en el trato del Estado en materia económica, expone que el hecho de no responder a la solicitud aun habiendo recibido la instrucción de la Contraloría representa una discriminación en materia económica, toda vez que, sin la debida respuesta, fue y será imposible acceder al beneficio económico respecto del cual nace la solicitud.

Precisa que aunque no representa un derecho protegido por la presente acción, considera que la carta fundamental otorga a toda persona en Chile “el derecho de presentar peticiones a la autoridad, sobre cualquier asunto de interés público o privado, sin otra limitación que la de proceder en términos respetuosos y convenientes” derecho que incluye el deber intrínseco de la autoridad competente de recibirlo, exteriorizando y de responder razonadamente.

Segundo: Que en apoyo de su pretensión cautelar el recurrente acompañó los siguientes documentos: 1. Certificado Bono Ley N°21.252; 2. Solicitud (no realizada) de Beneficio Clase Media Leyes 21.242 y 21.252; 3. Publicación Twitter de @ignaciobriones; 4. Página web www.gob.cl/proteccionclasemedia; 5. Tabla con detalle de ingresos año 2019; 6. Comprobante nombre reservado°77320950563; 7. Presentación original al SII de 17.08.2020; 8. Línea de correos a correo reservado que comienzan el 17.08.2020 a las 11:14hrs.; 9. Línea de correos electrónicos de correo reservado desde el 28 de agosto 2020 en adelante; 10. Oficio E34363/2020 de Contraloría General de la República; 11. Comprobante de reclamo en portal de SII N°RUT reservado; 12. Respuesta a reclamo SII N°RUT reservado; 13. Oficio E76309/2021 de Contraloría General de la República; 14. Línea de correo electrónico Reenvío Of. E76309.

Tercero: Que evacua el informe requerido doña nombre reservado, abogado, por el Servicio de Impuestos Internos, quien solicita el rechazo del recurso con costas.

Funda sus alegaciones señalando que el 2 de agosto de 2020, el actor solicitó (Folio N°30778) al Servicio el “Aporte Fiscal No Reembolsable” de $500.000, también conocido como “Bono Clase Media”, establecido en el artículo 4º, del artículo primero, de la Ley N° 21.252, que establece un financiamiento con aporte fiscal para la protección de los ingresos de la clase media en los casos que indica, informando como ingreso promedio mensual anual la suma de $1.349.815 y el del mes de julio de 2020, de $399.802, de manera que la disminución de sus ingresos aparecía como de un 70%, por lo que se accedió a lo solicitado, procediendo la Tesorería General de la República, a su entrega. Según indica, el 9 de agosto de 2020, habría intentado solicitar el “Beneficio” o Préstamo Solidario del Estado establecido en el artículo 5º, del artículo primero, de la Ley N°21.252, oportunidad en la cual se le habría indicado que el ingreso promedio mensual correspondía a $644.198.

Señala que, de este hecho, no hay constancia ni registro en el sistema del Servicio. Posteriormente, el 14 de agosto de 2020, mediante Formulario 2117 pidió se le autorizada a rectificar su “Declaración de nombre reservado a la Renta, del AT 2020 ante la Dirección Regional de Valparaíso, solicitando “incluir ingresos que indica en promedio mensual de todos los ingresos 2019 para efectos de acceder al préstamo estatal solidario”.

Aclara que a esa fecha, el recurrente aún no había presentado su Declaración de nombre reservado, que es la que pretendía rectificar y en razón del domicilio que a esa fecha registraba, la petición fue conocida en la V Dirección Regional Valparaíso. El 17.08.2020, el actor modificó su domicilio a la ciudad de Los Andes y por correo enviado a correo reservado, mandó una “Solicitud de Consideración de Ingresos No Constituyen Renta Año 2019”, pidiendo expresamente: “1.- Que se considere para efectos del Préstamo Estatal Solidario, así como se consideró para el beneficio Bono o aporte no reembolsable Ley Nº21.252, el Promedio mensual de todos los ingresos en 2019, no solamente los ingresos que constituyen renta, esto es: $1.349.815, y, 2.- Que de pasar el tiempo exista retroactividad en lo relativo a la obtención del préstamo. En esta presentación no hizo referencia alguna a la petición de 14.08.2020.

Señala que ese mismo día se dio respuesta a la solicitud indicándole que la información que aparece en el sistema es proporcionada por terceras personas (empleadores, servicios públicos, etc.) y no se pueden modificar estos datos a petición del contribuyente. Sin perjuicio de la respuesta dada, la Unidad de Los Andes derivó la solicitud a la Dirección Nacional del Servicio, lo que fue informado al interesado telefónicamente. Ese mismo día, el actor envió un correo electrónico modificando su solicitud original e indicando que se considere para efectos del Préstamo Estatal Solidario el Promedio mensual de los ingresos en 2019 efectivamente recibidos, no solamente los ingresos que constituyen renta, esto es: $1.252.964”. Luego, el 30.08.2020, presentó su Declaración de nombre reservado a la Renta.

Indica que el 3 de septiembre de 2020, se dio respuesta a la nombre reservado Folio Nº 77320950563, relativa su solicitud de rectificatoria, indicándose que no es el mecanismo para rectificar y lamentablemente no produce el efecto que pretende para acceder al préstamo estatal, por lo que será cerrada con esta información. El recurrente acusó recibo de dicha comunicación, no obstante siguió insistiendo ante la Unidad de Los Andes por correo electrónico para que se le diera respuesta, a lo que en octubre de 2020, se le indicó que la respuesta ya se había dado, según email informativo enviado el 8.09.2020.

Añade que el recurrente, hizo otras ante la Contraloría General de la República, no obstante que el Servicio ya había dado respuesta a la nombre reservado. Asimismo, es de conocimiento del contribuyente que su solicitud de 17.08.2020, se encontraba pendiente de estudio en la Subdirección de Fiscalización.

Agrega que el 25.11.2020, el recurrente presentó una nueva denuncia.

Alega la falta de oportunidad del recurso, pues la acción estaría dirigida contra la supuesta negativa reiterada del Servicio de dar respuesta a su solicitud de 17.08.2020, presentada por correo electrónico a la casilla correo reservado por medio de la cual “solicita incluir en promedio mensual de todos los ingresos 2019 los ingresos que indica para efectos de acceder al préstamo estatal solidario”. Sin embargo, se procedió a dar respuesta al contribuyente mediante el Oficio Reservado N°181, de 29 de marzo de 2021, notificado por correo electrónico con igual data, mediante el cual se le informó que a él le correspondía el Préstamo Solidario, pero en una cantidad menor a la pretendida. La respuesta fue dada por este Servicio, tan pronto como le fue posible, ya que como es de público conocimiento, se recepcionaron para su análisis y revisión más de 1300 solicitudes relacionadas con los beneficios que otorgaba la Ley Nº21.252, dándose preferencia a la aquellas relacionadas con contribuyentes que no habían recibido el Bono Clase media, dispuesto en el artículo 4º, del artículo primero, de la ley en comento; además, de la recopilación de antecedentes, solicitados a otras unidades del Servicio y su debida revisión por las áreas pertinentes, atendidas las condiciones de pandemia y trabajo remoto de los funcionarios encargados de ello, en ocasiones con dificultades de acceso a los sistemas para la verificación de tales antecedentes.

De lo anterior resulta que, los motivos por los cuales se interpuso la presente acción cautelar se encuentran subsanados, por lo que, el recurso que por este acto se informa carece de oportunidad, toda vez que, no existe pertinencia ni actualidad del hecho reclamado y, en definitiva, no concurre ninguna medida que se pueda adoptar para restablecer el imperio del derecho.

Respecto del préstamo solidario, precisa que la petición del recurrente en realidad nunca se tramitó, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5º, de la Ley Nº 21.252, pero como se ha ordenado informar al tenor del recurso, hacen una aclaración respecto de su situación. Precisa que conforme los requisitos legales que analiza, al actor le correspondía un monto menor por este beneficio a lo pretendido, el que ascendería a $171.077, determinado de acuerdo al siguiente cálculo: (70% * ($644.198-$399.802), considerando que el ingreso declarado para el mes de julio de 2020, era de casi $399.802.

Agrega que el actor no presentó otros nuevos antecedentes que permitieran modificar dicha información.

Cuarto: Que, el recurso de protección está establecido a favor de aquel que por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales sufre privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos o garantías constitucionales a que se refiere el artículo 20 de la Carta Fundamental, por lo cual el afectado puede, en tal caso recurrir a la Corte de Apelaciones a fin de que se adopte de inmediato las providencias que fuere necesario para establecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al derecho que se reclama.

Sexto: Que, como se desprende de lo expuesto, es un requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida, provoque privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de una o más de las garantías protegidas.

Séptimo: Que es un hecho no objetado de contrario, la circunstancia que el Servicio de Impuestos Internos no sólo ha dado respuesta a los requerimientos del actor, sino que ha habido una resolución de fondo en cuanto a la solicitud del préstamo solidario otorgado por el artículo 5° de la Ley N°21.252, cuestión que motiva que la presente causa haya perdido toda oportunidad, tanto en un aspecto formal, como en un aspecto de fondo. En efecto, al haberse dado respuesta a su solicitud conforme da cuenta el Oficio Reservado N°181, de 29 de marzo de 2021, notificado por correo electrónico con igual data, no sólo se dio cumplimiento formal a la solicitud planteada por el actor, sino que, además, se consumó la solicitud de fondo que era, obtener el préstamo solidario, motivo por el cual, esta Corte no tiene ninguna medida que adoptar para el restablecimiento del derecho, lo que conduce a desestimar el arbitrio intentado.

Por estos fundamentos y en virtud de lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, en contra del Servicio de Impuestos Internos.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-2546-2021.