nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A.

C.A. de Santiago Santiago, ocho de abril de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, con fecha 26 de noviembre de 2025, comparece don Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en favor de doña nombre reservado, venezolana, interponiendo acción constitucional de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. por haber rechazado su solicitud de retiro de fondos previsionales formulada al amparo de la Ley N°18.156, actuación que considera ilegal y arbitraria, atendido a que la recurrida exige requisitos no contemplados en dicha normativa, realizando una interpretación excesivamente formalista de la misma, vulnerando los derechos fundamentales a la igualdad ante la ley y a la propiedad privada, consagrados en el artículo 19 N° 2 y N° 24 de la Constitución Política de la República.

Explica que la recurrente solicitó a AFP Modelo la devolución de sus fondos previsionales, siendo rechazada mediante notificación de 27 de octubre de 2025, bajo el argumento de que la Constancia de Afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales se encontraría vencida, que la declaración jurada notarial no constituiría certificado de afiliación válido y que la constancia electrónica carecería de firma y apostilla.

Alega que los artículos 1 y 7 de la Ley N°18.156 solo exigen acreditar afiliación a un régimen previsional extranjero, sin imponer formalidades adicionales, y que la afiliación es verificable electrónicamente en el portal oficial del IVSS, que otras AFP han aceptado idéntica documentación y que la ausencia de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela configura una circunstancia de fuerza mayor que exime a la recurrente de requisitos de imposible cumplimiento.

Solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene a la recurrida reconocer la validez de la documentación acompañada y efectuar la devolución de los fondos previsionales dentro de un plazo razonable.

Segundo: Que, la parte recurrida, Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., representada por don nombre reservado, abogado, evacúa informe solicitando el rechazo del recurso de protección interpuesto en su contra, fundándose en los siguientes antecedentes de hecho y de derecho.

Señala que la recurrente presentó dos solicitudes de devolución de fondos previsionales al amparo de la Ley N°18.156, correspondientes al período cotizado entre septiembre de 2023 y octubre de 2025, ingresadas el 3 de abril y 24 de octubre, ambas de 2025, bajo los números 653 y 24963, respectivamente. Acompañó para tales efectos su título profesional, una constancia electrónica de cotizaciones, una declaración jurada ante notario público chileno, una Constancia de Afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales de 19 de noviembre de 2020, y su contrato de trabajo con su respectivo anexo.

Agrega que, tras analizar dichos antecedentes, rechazó ambas solicitudes por cuanto la Constancia de Afiliación al IVSS fue emitida con una validez de 120 días, encontrándose vencida respecto del período solicitado; la declaración jurada notarial no constituye un certificado de afiliación emanado de la institución previsional competente; y la constancia electrónica de cotizaciones no acredita las prestaciones específicas de cobertura ni se encuentra firmada, apostillada ni legalizada.

Afirma que la Ley N°18.156, en sus artículos 1° y 7°, establece requisitos copulativos para acceder a la devolución de fondos, entre ellos, acreditar afiliación a un régimen previsional extranjero que cubra, a lo menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte, mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada o apostillada.

Añade que el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones y los Oficios N° 21.480 de 20 de septiembre de 2017, N° 3.141 de 20 de febrero de 2024 y N° 12.954 de 17 de julio de 2025, emitidos por dicho organismo regulador en ejercicio de sus facultades vinculantes, reiteran expresamente tales exigencias formales, aclarando que las constancias electrónicas sin firma ni apostilla y las declaraciones juradas de los propios afiliados no constituyen medios probatorios idóneos.

Sostiene, asimismo, que la exigencia de legalización o apostilla de documentos extranjeros se encuentra consagrada en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, normas de aplicación general que las AFP están impedidas de soslayar.

Solicita que se rechace la presente acción constitucional en todas sus partes, con costas.

Tercero: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que, para resolver el asunto sometido al conocimiento de esta Corte, cabe tener presente que la Ley Nº18.156 establece una normativa de carácter excepcional que autoriza la devolución de los fondos acumulados a los técnicos extranjeros, siempre que den estricto cumplimiento a una serie de requisitos copulativos. Entre ellos, el artículo 1 de dicho cuerpo legal exige que el trabajador acredite encontrarse afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Quinto: Que, del análisis de los antecedentes allegados a la causa y tal como lo expone la recurrida en su informe, la actora pretende acreditar la exigencia legal reseñada en el motivo precedente mediante una constancia electrónica de cotizaciones emanada del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Sin embargo, dicho instrumento carece de mérito probatorio suficiente en Chile para estos fines, toda vez que no se encuentra debidamente legalizado ni apostillado por la autoridad competente, inobservando así lo dispuesto en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil y las directrices imperativas impartidas por la Superintendencia de Pensiones. La circunstancia de haberse protocolizado una declaración jurada de la propia recurrente ante un notario público chileno no tiene la virtud legal de suplir la exigencia de legalización o apostilla respecto de los instrumentos públicos otorgados en el extranjero.

Sexto: Que, a mayor abundamiento, el documento acompañado se limita a realizar una mención genérica de las contingencias cubiertas por la legislación extranjera, sin certificar de forma específica e inequívoca que la actora contó efectivamente con la protección previsional para todos los riesgos exigidos por la ley chilena durante todo el tiempo en que prestó servicios en el territorio nacional, omitiendo precisar, además, si la cobertura por enfermedad comprende prestaciones médicas y pecuniarias.

Séptimo: Que, en consecuencia, al denegar la restitución de los fondos, la recurrida no ha incurrido en un acto ilegal ni arbitrario, sino que se ha ceñido al cumplimiento de la normativa que rige la materia, en particular el Decreto Ley Nº3.500, y a las instrucciones del órgano regulador, al constatar que la solicitante no acreditó los presupuestos de procedencia de la Ley Nº18.156. En este contexto, la situación diplomática o consular del país de origen invocada por la actora no exime a la administradora de su deber legal de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para liberar fondos que, por regla general, poseen un destino previsional único y exclusivo, motivo por el cual no se advierte vulneración a la igualdad ante la ley ni al derecho de propiedad, debiendo la presente acción cautelar ser desestimada.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se decide que se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido a favor de nombre reservado en contra de la Aseguradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-25453-2025.