nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

C.A. de Santiago Santiago, veinticinco de marzo de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que con fecha 22 de noviembre de 2025, comparece don Pablo Peñaloza Parra, abogado, en favor de doña nombre reservado, venezolana, interponiendo acción constitucional de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. por haber rechazado la solicitud de retiro de fondos previsionales formulada al amparo de la Ley N°18.156, actuación que considera ilegal y arbitraria, atendido a que la recurrida incorpora requisitos no contemplados en la normativa especial y realiza una interpretación excesivamente formalista de esta, vulnerando con ello los derechos fundamentales de igualdad ante la ley y de propiedad, consagrados en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita se ordene que se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada y, dentro de un plazo razonable, efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados Expone que la recurrente solicita ante AFP Provida la devolución de sus fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156, en su calidad de profesional técnica extranjera afiliada al sistema de seguridad social de su país de origen. El 28 de agosto de 2025, la recurrida notifica, por correo electrónico, la detención del trámite, argumentando que la Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) de 22 de septiembre de 2025 no acredita suficientemente la cobertura previsional efectiva durante todo el período en que la recurrente prestó servicios en Chile, ni comprende en forma específica prestaciones médicas y pecuniarias. Posteriormente, el 27 de octubre de 2025, la recurrida formaliza el rechazo definitivo de la solicitud.

Afirma que el artículo 1 de la Ley N°18.156 exige únicamente que el trabajador extranjero se encuentre afiliado a un régimen de seguridad social en su país de origen que otorgue prestaciones al menos en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que manifieste voluntad de mantener dicha afiliación, y que el artículo 7 de la misma ley faculta la devolución de fondos previsionales a quienes cumplan dichos requisitos.

Sostiene que la constancia electrónica del IVSS es verificable en línea mediante código alfanumérico, que fue debidamente notariada y apostillada, y que otras AFP, como Cuprum, han aceptado documentación idéntica.

Denuncia que el rechazo de la recurrida afecta el derecho de propiedad de la recurrente sobre sus ahorros previsionales, garantizado por el artículo 19 N°24, al impedir arbitrariamente su disposición, e infringe la igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2, al dispensar a la recurrente un trato distinto al otorgado a otros solicitantes en idénticas circunstancias.

Solicita que se ordene a AFP Provida S.A. reconocer como válida la documentación acompañada, emitir un nuevo pronunciamiento conforme a derecho y, dentro de un plazo razonable, efectuar la devolución de los fondos previsionales solicitados.

Segundo: Que la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., representada por doña nombre reservado, abogado, evacúa su informe en el que solicita el rechazo de la presente acción constitucional.

Opone como defensa principal la inadmisibilidad del recurso de protección como vía procesal idónea, sosteniendo que la materia reclamada es de lato conocimiento y carácter contradictorio, incompatible con la naturaleza cautelar y de emergencia del arbitrio constitucional.

Explica, en cuanto al fondo del asunto, que el 12 de noviembre de 2025, rechazó la solicitud de devolución de fondos de la recurrente porque la Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el IVSS de 22 de septiembre de 2025 no acredita cobertura efectiva para todos los riesgos exigidos durante todo el período en que la recurrente prestó servicios en Chile, no señala prestaciones médicas y pecuniarias en materia de salud, carece de firma de su emisor, y no se encuentra apostillada ni legalizada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, conforme lo exigen los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil y el Convenio de la Apostilla, vigente en Chile desde el 30 de agosto de 2016.

Agrega que la Superintendencia de Pensiones, a través de los oficios N°5376 y N°3141 de 20 de febrero de 2024, ha instruido expresamente que no resulta suficiente un documento que señale en forma genérica las coberturas del sistema previsional extranjero, debiendo la certificación emanar de la autoridad previsional competente y consignar en forma específica la protección efectiva del trabajador por todos los riesgos exigidos.

Afirma que no concurren en la especie ninguno de los tres requisitos copulativos del artículo 20 de la Constitución Política de la República para la procedencia del recurso de protección, esto es, acto u omisión ilegal o arbitraria, agravio consecuente, ni perturbación de garantías constitucionales.

Por estas razones, solicita que se rechace en todas sus partes el presente recurso de protección, con costas.

Tercero: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que, para que prospere esta acción cautelar, es requisito indispensable la existencia de un derecho indubitado y preexistente del recurrente, el cual se vea afectado por un acto u omisión que carezca de sustento legal o que sea producto del mero capricho.

Quinto: Que la controversia jurídica se centra en determinar si la exigencia formulada por AFP Provida, consistente en requerir que el certificado de afiliación a la seguridad social extranjera (IVSS) se encuentre debidamente apostillado o legalizado para proceder a la devolución de fondos bajo la Ley N°18.156, constituye un acto ilegal o arbitrario, considerando la existencia de mecanismos de verificación digital en el documento presentado y la certificación notarial de la misma.

Sexto: Que la Ley N°18.156 consagra una excepción en materia previsional para trabajadores técnicos extranjeros, eximiéndolos de la obligación de cotizar en Chile, sin perjuicio de que el empleador deba continuar cotizando en el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales regulado por la Ley N°16.744. El artículo 1° de dicha ley dispone que las empresas que contraten personal técnico extranjero, así como esos trabajadores, estarán exentos de la obligación de efectuar cotizaciones previsionales en Chile, siempre que se cumplan dos condiciones copulativas: a) que el trabajador acredite afiliación a un sistema previsional extranjero que cubra, al menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) que en su contrato de trabajo conste expresamente su voluntad de mantener dicha afiliación.

Séptimo: Que, en relación con las exigencias para acreditar la afiliación a un sistema previsional extranjero, la Superintendencia de Pensiones ha emitido diversas directrices, las cuales son de carácter obligatorio para las Administradoras. Dichas instrucciones establecen los criterios aplicables para determinar la procedencia de la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156, incluyendo la necesidad de que la cobertura por enfermedad contemple explícitamente tanto prestaciones médicas como pecuniarias, así como la exigencia de que los documentos emitidos en el extranjero se encuentren debidamente legalizados o apostillados para su validez en Chile.

Octavo: Que, examinados los antecedentes presentados por el recurrente y las razones esgrimidas por la recurrida, esta Corte no advierte la existencia de un acto ilegal o arbitrario atribuible al proceder de la Administradora. La negativa a acceder a la devolución de los fondos previsionales responde a la aplicación de la legislación vigente y de las instrucciones obligatorias impartidas por la autoridad competente, la Superintendencia de Pensiones.

En efecto, la revisión del documento aparejado por la recurrente, denominado “Constancia de Afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S)”, que se acompañó a su solicitud de devolución de fondos, permite constatar que el recurrente no acompañó la documentación que le permita exigir el retiro de los fondos previsionales conforme con el artículo 7 de la Ley N°18.156, por cuanto tal documento acompañado no se encuentra debidamente apostillado, como tampoco da cuenta del cumplimiento de las exigencias del artículo 1, letra a) de la Ley N°18.156, puesto que no señala que las cotizaciones realizadas en su país de origen, le permiten acceder a prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Noveno: Que, en las condiciones descritas, no es posible advertir ilegalidad o arbitrariedad en la actuación de la autoridad recurrida, por cuanto se ha constatado que la recurrida ha actuado conforme a la normativa vigente, exigiendo que los antecedentes cumplan con lo establecido en la ley, cuestión que determina que la acción de protección deba ser desestimada.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se decide que se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido a favor de nombre reservado en contra de AFP Provida S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Protección-25452-2025.