nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

C.A. de Santiago Santiago, veintinueve de abril de dos mil veintiséis.

VISTOS:

PRIMERO: Que, comparece don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, quien deduce acción de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida SA, impugnando el acto que califica de ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de su solicitud de devolución de fondos previsionales, formulada al amparo de lo dispuesto en la Ley N°18.156. Expone que efectuó dicha solicitud a través del portal web de la institución, y que con fecha 12 de noviembre de 2025 fue notificado por correo electrónico de su rechazo, fundado en que la constancia de afiliación acompañada se encontraba vencida al momento de la solicitud, no permitiendo acreditar que se encontraba cubierto durante toda su estadía en Chile por un sistema de seguridad social extranjero, ni que comprendiera prestaciones médicas y pecuniarias en caso de enfermedad.

Refiere que, no obstante lo anterior, cumple íntegramente con los requisitos establecidos en el artículo 1 de la citada ley, en relación con su artículo 7, por cuanto es trabajador extranjero, mantiene afiliación a un sistema previsional en su país de origen y ha manifestado su voluntad de conservar dicha afiliación, lo que acreditó mediante contrato de trabajo, sus anexos y certificados de afiliación emitidos por el organismo competente, los cuales además pueden ser verificados electrónicamente mediante los mecanismos dispuestos por la entidad extranjera respectiva. Sostiene que la recurrida, al desestimar tales antecedentes, ha incurrido en una interpretación excesivamente formalista de la normativa, exigiendo requisitos no contemplados por el legislador y omitiendo verificar los documentos acompañados, pese a existir medios idóneos para ello.

Agrega que dicha actuación resulta arbitraria, desde que desconoce antecedentes válidos y verificables, e ilegal, por cuanto se aparta del tenor y finalidad de la Ley N°18.156, cuyo propósito es permitir a los trabajadores extranjeros disponer de sus fondos previsionales cuando cumplen las condiciones legales. En consecuencia, estima que el actuar de la recurrida vulnera las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República, esto es, la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad sobre sus fondos previsionales, solicitando se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de tales garantías, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento de la solicitud planteada conforme a derecho en un plazo razonable.

SEGUNDO: Que, evacuando el informe requerido, comparece doña nombre reservado, en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., solicitando el rechazo íntegro de la acción deducida, con costas. En primer término, sostiene la improcedencia del recurso de protección como vía idónea para resolver la controversia planteada, por tratarse —a su juicio— de una materia de lato conocimiento, en que existe controversia acerca del cumplimiento de los requisitos legales para acceder a la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156, cuestión que requiere de un procedimiento declarativo y no de una acción cautelar como la intentada.

En subsidio, niega la existencia de un actuar ilegal o arbitrario de su representada, afirmando que la decisión de rechazar la solicitud del recurrente, notificada con fecha 12 de noviembre de 2025, se fundó en el estricto cumplimiento de la normativa legal y administrativa vigente, en particular, las disposiciones del Decreto Ley N°3.500 y las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones. Expone que la devolución de fondos previsionales a técnicos extranjeros constituye una excepción al régimen general del sistema de pensiones, por lo que su aplicación debe ser restrictiva y exige el cumplimiento copulativo de los requisitos establecidos en el artículo 1° de la Ley N°18.156.

En este sentido, señala que la solicitud del actor fue rechazada debido a que la constancia de afiliación acompañada se encontraba vencida al momento de su presentación, no permitiendo acreditar cobertura previsional durante toda la relación laboral en Chile, ni el cumplimiento de las prestaciones exigidas por la ley. Asimismo, indica que los documentos aportados —tales como constancias electrónicas sin firma, declaraciones juradas y certificados no apostillados— carecen de valor probatorio suficiente conforme a la normativa vigente, la cual exige que la afiliación a un sistema de seguridad social extranjero sea acreditada mediante certificación emanada de la autoridad competente, debidamente legalizada o apostillada, y que dé cuenta expresa de las coberturas exigidas.

Agrega que, conforme a la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones y a lo dispuesto en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, los documentos extranjeros deben cumplir con las formalidades legales para surtir efectos en Chile, lo que no se verifica en la especie. Asimismo, destaca que el contrato de trabajo original del recurrente no contenía declaración de voluntad de mantener su afiliación al sistema previsional extranjero, la que solo fue incorporada en una modificación posterior, lo que, a su juicio, resulta insuficiente para cumplir con las exigencias legales.

Finalmente, sostiene que no concurren en la especie los presupuestos del recurso de protección, por cuanto no existe acto ilegal o arbitrario, ni se ha producido vulneración de garantía constitucional alguna, toda vez que la actuación de la recurrida se ha limitado a aplicar la normativa vigente, dentro del ámbito de sus competencias, por lo que solicita el rechazo de la acción intentada.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Así, son presupuestos esenciales de esta acción: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de ello se prive, perturbe o amenace un derecho indubitado; y c) que dicho derecho esté señalado expresamente en la Carta Fundamental.

CUARTO; Que, del análisis de los antecedentes acompañados al recurso y del informe evacuado por la recurrida, se advierte que la decisión de AFP PROVIDA S.A. de rechazar la solicitud de devolución de fondos previsionales del actor, se fundó en el incumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios establecidos en la Ley N° 18.156, así como en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y en la jurisprudencia administrativa dictada por la Superintendencia de Pensiones, órgano competente para interpretar y fiscalizar el cumplimiento de dicha normativa.

QUINTO: Que, específicamente, la Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), acompañada por la recurrente, no constituye un certificado válido de afiliación en los términos exigidos por el ordenamiento jurídico nacional. Ello, por cuanto dicho documento no se observa debidamente firmado por quien lo emite, no especifica las coberturas particulares de la recurrente ni permite inferir un período determinado de cobertura, limitándose a mencionar de forma genérica las coberturas que otorga el sistema previsional venezolano, y además no se encuentra debidamente apostillado o legalizado conforme lo dispuesto en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 1° del Convenio de la Apostilla.

SEXTO: Que, en este sentido, la actuación de la recurrida no sólo se enmarca en el cumplimiento estricto de la Ley N° 18.156 y de su reglamentación técnica, sino también dentro del ejercicio legítimo de las instrucciones y criterios establecidos por el órgano regulador competente —la Superintendencia de Pensiones—, cuyas interpretaciones son de obligatorio cumplimiento para las AFP conforme al artículo 94 del D.L. N° 3.500 de 1980. La mencionada ley constituye una norma de excepción que debe ser interpretada restrictivamente y aplicada solo cuando se cumplan las exigencias copulativas que establece.

SÉPTIMO: Que no se advierte en el proceder de la Administradora recurrida ni ilegalidad ni arbitrariedad alguna. La exigencia de documentación debidamente certificada, firmada y legalizada o apostillada, que acredite fehacientemente la cobertura previsional integral durante toda la extensión del tiempo en que se prestaron servicios en Chile, no responde a un formalismo irrazonable, sino a una garantía mínima de autenticidad y veracidad de los instrumentos públicos extranjeros, que encuentra sustento en normas de orden público procesal que regulan el valor probatorio de dichos documentos en el país.

OCTAVO: Que, establecido lo anterior, deviene inoficioso pronunciarse sobre las garantías fundamentales invocadas por la actora, desde que no se configura, en el caso concreto, un acto que prive, perturbe o amenace ilegítimamente su ejercicio.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado D´nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-25451-2025.