nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

C.A. de Santiago Santiago, cinco de mayo de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece Luis Gonzalo Cornejo Chávez, abogado, en favor de nombre reservado, e interpone recurso de protección en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., por el acto consistente en el rechazo de la solicitud de retiro de fondos previsionales para extranjero, notificado con fecha 30 de octubre de 2025, vulnerando las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República.

Expone que el recurrente es técnico extranjero con residencia definitiva en Chile, quien suscribió contratos de trabajo con cláusula de exención previsional conforme a la Ley N°18.156, no obstante lo cual se efectuaron cotizaciones previsionales durante su relación laboral. Refiere que con fecha 17 de octubre de 2025 ingresó solicitud ante la recurrida para la devolución de sus fondos previsionales, acompañando diversa documentación destinada a acreditar su afiliación a un sistema previsional extranjero, siendo posteriormente informado que su solicitud fue detenida por falta de apostilla del documento que acredita dicha afiliación. Añade que reclamó ante la autoridad administrativa competente, sin obtener una solución favorable, manteniéndose la exigencia de apostilla pese a la imposibilidad material de obtenerla, atendida la inexistencia de representación consular venezolana en Chile.

Agrega que sí cumple con los requisitos legales, toda vez que acompañó constancia electrónica verificable en línea emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, la cual da cuenta de su afiliación vigente, sosteniendo que la exigencia de apostilla resulta desproporcionada e improcedente en el contexto descrito. Invoca como fundamentos de derecho, entre otros, lo dispuesto en la Ley N°18.156, el artículo 45 del Código Civil, los artículos 6° de la Constitución y 11 de la Ley N°19.880, así como normas constitucionales y convencionales relativas a igualdad ante la ley y derecho de propiedad, solicitando se ordene tener por válida la documentación acompañada y se disponga la devolución de los fondos previsionales, adoptando las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Segundo: Que, Ana María Herrera Brummer, abogada, en representación de Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., evacúa informe solicitando el rechazo del recurso, con costas, por estimar que no constituye la vía idónea y que su actuar se ajusta a la normativa vigente.

Señala que la solicitud de devolución de fondos previsionales del recurrente fue rechazada por no acreditarse el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley N°18.156, en particular, por cuanto la constancia electrónica acompañada no permite verificar de manera suficiente la cobertura previsional respecto de enfermedad, invalidez, vejez y muerte durante todo el período trabajado en Chile, ni contiene la especificación de prestaciones exigidas, agregando que dicho documento carece de la debida apostilla o legalización. Asimismo, indica que no resultan idóneas declaraciones juradas ni documentos sin certificación de la autoridad competente, destacando que su actuación se ha ajustado a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones.

En cuanto al derecho, invoca el Decreto Ley N°3.500, la Ley N°18.156 —en especial sus artículos 1 y 7—, el DFL N°101 y las normas del Compendio de la Superintendencia de Pensiones, junto con disposiciones del Código de Procedimiento Civil y el Convenio de La Haya sobre apostilla, sosteniendo que la devolución de fondos previsionales constituye una excepción que exige el cumplimiento copulativo de requisitos legales, los cuales no han sido satisfechos en la especie, por lo que no existe acto ilegal ni arbitrario que amerite acoger la presente acción constitucional.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Cuarto: Que entonces es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

Quinto: Que, del mérito de los antecedentes acompañados por las partes, aparece que el acto recurrido consiste en la negativa de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. a dar curso a la solicitud de devolución de fondos previsionales del recurrente, fundada en la insuficiencia de la documentación presentada para acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley N° 18.156, particularmente en lo relativo a la afiliación a un sistema de seguridad social en el extranjero. En efecto, consta que la recurrida requirió la presentación de un certificado de afiliación debidamente legalizado o apostillado, exigencia que no fue satisfecha por el actor, procediéndose en consecuencia al rechazo del ingreso de su solicitud con fecha 30 de octubre de 2025, circunstancia que se encuentra corroborada por la comunicación remitida al recurrente .

Sexto: Que, sobre el particular, cabe tener presente que la Ley N° 18.156 establece un régimen de excepción que permite a determinados trabajadores extranjeros eximirse de la obligación de cotizar en el sistema previsional chileno, así como solicitar la devolución de los fondos enterados, siempre que se cumplan copulativamente los requisitos previstos en su artículo 1°. Entre ellos, resulta esencial acreditar la afiliación a un régimen previsional o de seguridad social fuera de Chile que otorgue prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, exigencia que, conforme a la normativa administrativa vigente, debe ser acreditada mediante certificación emanada de la institución competente, debidamente legalizada o apostillada.

En este sentido, tanto el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones como las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones —órgano encargado de la supervigilancia del sistema— imponen a las Administradoras la obligación de verificar el cumplimiento estricto de dichos requisitos, careciendo estas de facultades para prescindir de las formalidades exigidas por el ordenamiento jurídico. Así, se ha señalado expresamente que la acreditación de la afiliación previsional en el extranjero requiere la presentación de documentación formalmente válida, no siendo suficiente la mera constancia electrónica o documentos que no cumplan con las exigencias de legalización o apostilla .

Séptimo: Que, en estas condiciones, no es posible estimar que la actuación de la recurrida revista el carácter de ilegal o arbitraria, toda vez que se limitó a aplicar la normativa legal y administrativa que regula la materia, exigiendo antecedentes que resultan indispensables para verificar la procedencia del beneficio solicitado. En efecto, la negativa impugnada se sustenta en la falta de acreditación de un requisito esencial, lo que impide tener por configurado un derecho indubitado en favor del recurrente, cuestión que, como se ha señalado, resulta indispensable para la procedencia de la presente acción cautelar.

Octavo: Que, por otra parte, las alegaciones del actor relativas a la imposibilidad de obtener la apostilla del documento, no resultan suficientes para desvirtuar la legalidad del actuar de la recurrida, desde que tales circunstancias no autorizan a esta última a prescindir de exigencias establecidas en la ley y en la normativa sectorial vigente, cuya observancia le es obligatoria.

Noveno: Que, en consecuencia, no advirtiéndose la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitraria que haya privado, perturbado o amenazado el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales invocadas por el recurrente, el presente recurso de protección no puede prosperar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción de protección impetrado en favor de nombre reservado, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N° Protección-25437-2025.