Protección contra Ilustre Municipalidad de Santiago

C.A. de Santiago Santiago, veintiséis de enero de dos mil veintiséis.

Al folio N° 15: téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que nombre reservado, masoterapeuta, en favor de su hijo nombre reservado, alumno de segundo medio G del nombre reservado interpone acción constitucional de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Santiago, fundando su arbitrio en el acto que califica como ilegal y arbitrario, consistente en la expulsión del alumno del establecimiento educacional, dispuesta mediante Ordinario NUM000, de fecha 17 de octubre de 2025, notificada el 19 de noviembre del mismo año, acto que estima lesivo de las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N° 1, N° 2, N° 3 incisos 5° y 6°, N° 4, N° 10 y N° 11 de la Constitución Política de la República.

Refiere que al alumno se le atribuyó participación en hechos violentos ocurridos el 10 de octubre de 2025 al interior del establecimiento, en circunstancias que, según expone, no intervino en tales actos, encontrándose apartado del lugar de los hechos por instrucción de una inspectora, y retirándose del recinto por domicilio reservado:13 horas. Posteriormente, se habría dirigido con compañeros a la Plaza de la Constitución y retornado a su domicilio cerca de las 13:10 horas, sin haber participado en conducta alguna constitutiva de infracción. No obstante ello, se le sometió a un procedimiento disciplinario fundado en la falta gravísima N° 33 del Reglamento Interno de Convivencia Escolar, culminando con la dictación de la resolución que ordenó su expulsión, sin que existan pruebas directas, testigos o registros audiovisuales que lo vinculen con los hechos imputados.

Alega además que el procedimiento disciplinario fue tramitado con infracciones reglamentarias y legales, omitiéndose la entrega del expediente a la apoderada, sin acompañarse el informe mancomunado exigido por el reglamento, y sin notificarse adecuadamente los cargos ni los medios probatorios, impidiéndose el adecuado ejercicio del derecho a defensa.

Indica que, aun antes de que se notificara formalmente la resolución expulsiva, se impidió reiteradamente el ingreso del alumno entre los días 5 y 19 de noviembre de 2025, marcándose su inasistencia y ordenando su retiro por instrucciones de inspectoría. Sostiene que la situación ha afectado gravemente la integridad psíquica del estudiante, vulnerando su honra y dignidad, y denuncia que la medida de expulsión fue ejecutada antes de que concluyera formalmente el procedimiento, omitiéndose la implementación de medidas de continuidad educativa.

Invoca como fundamentos jurídicos el principio de legalidad administrativa, el interés superior del niño conforme a la Ley N° 21.430 y la Convención sobre los Derechos del Niño, así como diversas disposiciones reglamentarias internas del establecimiento educacional. Solicita se declare que el acto recurrido es ilegal y arbitrario, se disponga la reincorporación inmediata del alumno, se ordene la eliminación de antecedentes disciplinarios asociados a la medida impugnada, se oficie a la Superintendencia de Educación para la instrucción de procedimientos pertinentes, y se adopten todas las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, con expresa condena en costas.

Segundo: Que Boris Manuel Jara Díaz, abogado, en representación de la Ilustre Municipalidad de Santiago, evacuando el informe solicitado, solicita el rechazo del recurso en todas sus partes, sosteniendo que la medida de expulsión dispuesta en contra del alumno nombre reservado se ajustó plenamente a la normativa vigente, tanto legal como reglamentaria, y niega que se hayan vulnerado derechos fundamentales.

Expone que con fecha 10 de octubre de 2025, un grupo de aproximadamente veinte personas encapuchadas protagonizó una salida violenta desde el interior del nombre reservado, portando artefactos incendiarios y lanzando bombas molotov, lo que motivó el despacho general del alumnado. Indica que el alumno fue identificado en registros de cámaras de seguridad ciudadana a la salida del establecimiento por calle DIRECCION000, lo que activó el protocolo disciplinario interno. Se notificó al estudiante y su apoderada del inicio del procedimiento el día 13 de octubre de 2025, otorgándoseles cinco días hábiles para presentar descargos, los que fueron presentados el 17 del mismo mes.

Añade que la investigación concluyó el 24 de octubre del mismo año, estableciendo la responsabilidad del estudiante en la falta gravísima N° 33.3 del Reglamento Interno de Convivencia Escolar, resolviendo aplicar la medida de expulsión mediante resolución notificada en forma personal, junto con informar el derecho a presentar recurso de reconsideración, el cual fue deducido con fecha 30 de octubre de 2025. El recurso fue revisado por el Consejo de Profesores con fecha 6 de noviembre siguiente, instancia que ratificó la sanción. Afirma que todo el procedimiento se tramitó conforme a derecho y que se garantizó el derecho a defensa del alumno en todas sus etapas.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Cuarto: Que entonces, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

Quinto: Que, en atención a los antecedentes acompañados al proceso, consta que el procedimiento disciplinario seguido en contra del estudiante nombre reservado se ajustó a lo dispuesto en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE) del nombre reservado particularmente en lo relativo al tratamiento de las faltas gravísimas y la aplicación de medidas sancionatorias.

Es así como el artículo 33.3 del reglamento califica como falta gravísima “incurrir en actos que afecten gravemente la convivencia escolar, o aquellos que impliquen uso, porte o tenencia de artefactos incendiarios”, siendo esta la conducta atribuida al estudiante, y que sirvió de fundamento para el inicio del proceso disciplinario en su contra.

Sexto: Que, de conformidad con los antecedentes documentales aportados, el procedimiento se inició el día 13 de octubre de 2025, con la notificación formal al estudiante y a su apoderada del inicio de la investigación disciplinaria y de los hechos que se le imputaban, otorgándoseles un plazo de cinco días hábiles para presentar descargos.

Dichos descargos fueron efectivamente formulados el 17 de octubre del mismo año.

Posteriormente, con fecha 24 de octubre de 2025, se notificó personalmente la resolución que dio término a la investigación, estableciendo la responsabilidad del estudiante por la infracción señalada y aplicando la medida de expulsión. En el mismo acto, se le informó expresamente el derecho a deducir recurso de reconsideración, el cual fue ejercido por su apoderada con fecha 30 de octubre. Dicho recurso fue conocido por el Consejo de Profesores el día 6 de noviembre siguiente, que resolvió ratificar la sanción aplicada.

Séptimo: Que, como consta en el expediente disciplinario, se recabaron declaraciones de funcionarias del nombre reservado que identificaron personalmente al estudiante nombre reservado como uno de los partícipes en los hechos ocurridos el día 10 de octubre de 2025, específicamente en el denominado “destape” de encapuchados desde la sala 21 del sector 1, alrededor de las 9:05 horas.

Prestaron declaración, en particular, nombre reservado, inspectora de convivencia escolar, con fecha 13 de octubre de 2025; nombre reservado, inspectora de nivel, y nombre reservado, también inspectora de convivencia escolar, ambas con fecha 14 de octubre del mismo año. Las tres funcionarias afirmaron conocer personalmente al estudiante por su calidad de alumno regular del establecimiento, y coincidieron en que fue posible observar su rostro con claridad al momento en que se retiraba la capucha al interior del recinto, antes de abandonar el lugar por calle DIRECCION000 en compañía de otros individuos encapuchados.

Los testimonios referidos, emitidos de forma concordante y por personal permanente del establecimiento, constituyen evidencia directa, suficiente y coherente para vincular al estudiante con los hechos materia de la investigación. Tales antecedentes fueron valorados por la autoridad educativa conforme a las reglas de la sana crítica, y sirvieron de base para determinar la existencia de responsabilidad disciplinaria, en el marco de un procedimiento que respetó las garantías mínimas del debido proceso.

Octavo: Que, adicionalmente, en la resolución sancionatoria se hizo referencia a imágenes obtenidas desde cámaras de seguridad ciudadana, las cuales registran la salida de un grupo de individuos encapuchados por calle DIRECCION000, coincidiendo en tiempo y características con las descritas por las funcionarias que prestaron testimonio, e identificándose al estudiante por su apariencia física, su forma de caminar y su vestimenta.

Asimismo, se analizaron sus descargos, descartándose que lograra acreditar su ausencia del lugar o una justificación razonable para su conducta.

Noveno: Que, en lo que respecta al debido proceso, consta que el estudiante fue debidamente notificado del inicio del procedimiento disciplinario, que se le otorgó oportunidad real para ejercer su derecho a defensa mediante descargos escritos, y que además recurrió a la instancia recursiva contemplada en el reglamento, esto es, el Consejo de Profesores.

No se ha acreditado la existencia de vicios sustanciales que hayan afectado sus derechos, y por el contrario, el procedimiento se desarrolló conforme a las disposiciones reglamentarias aplicables y respetando las garantías mínimas que exige el ordenamiento jurídico.

Décimo: Que, en consecuencia, no se advierte en el actuar de la autoridad recurrida ilegalidad ni arbitrariedad que justifique la intervención de esta Corte por vía de protección. La medida de expulsión fue impuesta tras un procedimiento formal, con oportunidad efectiva de defensa y basado en antecedentes objetivos y suficientes que permitieron fundar razonablemente la responsabilidad del estudiante.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción de protección impetrada nombre reservado, en favor de su hijo nombre reservado y en contra de la Ilustre Municipalidad de Santiago.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-25421-2025.