Protección contra Administradora de Fondos de Pensiones PlanVital S

C.A. de Santiago Santiago, trece de mayo de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que, con fecha 26 de noviembre de 2025, comparece el abogado Luis Gonzalo Cornejo Chávez, en representación de nombre reservado, ciudadano venezolano con residencia definitiva en Chile, quien deduce recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones PlanVital S.A., por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de su solicitud de devolución de fondos previsionales al amparo de la Ley N° 18.156, notificado con fecha 29 de octubre de 2025, fundado exclusivamente en la falta de apostilla de la constancia de afiliación al sistema de seguridad social venezolano, vulnerando de esta forma las garantías consagradas en el artículo 19 N° 2, N° 24 y N° 26 de la Constitución Política de la República.

Menciona como antecedentes de su recurso que el recurrente ha prestado servicios profesionales en Chile y durante dichas relaciones laborales se le descontaron sistemáticamente cotizaciones previsionales enteradas en AFP PlanVital, habiendo suscrito en sus contratos de trabajo cláusulas en las que manifestó expresamente su voluntad de acogerse al artículo 1° de la Ley N° 18.156, que establece la exención de cotizaciones previsionales para técnicos extranjeros afiliados a un régimen previsional en su país de origen.

Agrega que, con fecha 24 de octubre de 2025, el recurrente ingresó por el portal web de la recurrida una solicitud de devolución de sus fondos previsionales, acompañando los documentos que estimó necesarios: contrato de trabajo y anexo con cláusula de exención; título profesional apostillado; cédula de identidad para extranjeros vigente; y constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

Señala que, el 29 de octubre de 2025, la recurrida le comunicó que su solicitud había sido eliminada, sin pronunciarse sobre el fondo, y que ante ello interpuso reclamo ante la Superintendencia de Pensiones, informando la imposibilidad material de obtener la apostilla de la constancia por no existir representación consular venezolana en Chile, situación que califica de caso fortuito o fuerza mayor en los términos del artículo 45 del Código Civil.

Precisa que acompañó una constancia electrónica de cotizaciones del IVSS verificable en el portal oficial de dicha institución mediante código alfanumérico, que acredita 684 semanas de cotizaciones y cobertura en las contingencias de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, junto a una declaración jurada legalizada ante la propia Embajada de Venezuela en Santiago, certificando su afiliación desde el 16 de noviembre de 2007.

Agrega que el propio sistema de apostilla electrónica venezolano no contempla apostilla para este tipo de documentos. Refiere, asimismo, que como alternativa técnico-jurídica fue certificada notarialmente la verificación directa de la constancia electrónica en el portal del IVSS.

Pide, en definitiva, que se declare ilegal y arbitrario el rechazo de su solicitud de devolución de fondos; que se ordene a la recurrida reconocer como válida la documentación acompañada y continuar con la tramitación de la solicitud; y que, dentro de un plazo razonable, se efectúe la devolución de los fondos previsionales del recurrente, adoptándose en general las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que, comparece la Administradora de Fondos de Pensiones PlanVital S.A., quien evacúa el informe respectivo, solicitando el rechazo del recurso.

Expone como antecedentes que, con fecha 30 de septiembre de 2025, el recurrente presentó una solicitud de devolución de fondos previsionales al amparo de la Ley N° 18.156, la que fue rechazada y comunicada al afiliado el 3 de octubre de 2025, por adolecer de dos órdenes de deficiencias: por una parte, la insuficiencia de los documentos acompañados para acreditar la cobertura previsional extranjera; y, por la otra, la existencia de una doble e incompatible manifestación de voluntad en los instrumentos contractuales presentados.

Argumenta que su actuar no ha sido arbitrario o ilegal, puesto que la recurrida se ajustó en todo momento a las instrucciones de cumplimiento obligatorio emanadas de la Superintendencia de Pensiones, organismo que, en ejercicio de sus atribuciones legales de fiscalización e interpretación de la normativa previsional, conferidas por el artículo 2° y 3° del DFL N° 101 de 1980, el artículo 94 del DL N° 3.500 y el artículo 47 de la Ley N° 20.255, emitió el Oficio Ordinario de 15 de julio de 2025, que exige para la acreditación del requisito de la letra a) del artículo 1° de la Ley N° 18.156 la presentación de una certificación de la autoridad previsional del país de origen, debidamente legalizada o apostillada, declarando que no son suficientes a tales efectos las constancias electrónicas no apostilladas ni las declaraciones juradas del propio afiliado. Añade que la misma normativa impidió aceptar la solicitud por la doble manifestación incompatible de voluntad contenida en los documentos contractuales acompañados, conforme al Oficio Ordinario N° NUM000 de 29 de abril de 2024 de la Superintendencia de Pensiones.

Estima que su actuar se ha ajustado a derecho, ya que la Ley N° 18.156, al ser una norma de excepción, debe interpretarse restrictivamente y solo es aplicable cuando se reúnen copulativamente todos sus requisitos; que la aplicación de las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones no es facultativa para las administradoras, sino obligatoria; y que su conducta ha sido igualitaria respecto de todos sus afiliados en situaciones análogas, descartando toda arbitrariedad. Agrega que el rechazo no implica la pérdida definitiva del derecho, sino que el afiliado puede replantear su solicitud una vez cumplidos los requisitos legales y administrativos.

TERCERO: Que, el recurso de protección, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales cuando este resulte amenazado, perturbado o privado por un acto u omisión ilegal o arbitrario. En la especie, corresponde determinar si el rechazo de la solicitud de devolución de fondos previsionales formulada por el recurrente al amparo de la Ley N° 18.156, fundado en la insuficiencia de los documentos acompañados para acreditar la cobertura previsional en Venezuela y en la existencia de una doble manifestación de voluntad incompatible en los instrumentos contractuales, constituye un acto ilegal o arbitrario que amerite la intervención de esta Corte a través de la presente acción cautelar.

CUARTO: Que, para resolver la controversia planteada, resulta indispensable examinar el marco normativo aplicable. La Ley N° 18.156 establece, en su artículo 1°, que las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero, y dicho personal, estarán exentos de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, siempre que se cumplan copulativamente las siguientes condiciones: (a) que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones a lo menos en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y (b) que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener dicha afiliación. A su vez, el artículo 7° del mismo cuerpo normativo dispone que los trabajadores extranjeros que registren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales depositados, siempre que den cumplimiento a los requisitos del referido artículo 1°. Tratándose de una norma de excepción al régimen general de cotizaciones, sus presupuestos deben concurrir de manera copulativa y acreditarse en la forma que la ley y la normativa reglamentaria exigen.

QUINTO: Que, en cuanto a la acreditación del requisito de la letra a) del artículo 1° de la Ley N° 18.156, la Superintendencia de Pensiones —organismo al que corresponde, conforme al artículo 2° y 3° del DFL N° 101 de 1980, al artículo 94 del DL N° 3.500 y al artículo 47 de la Ley N° 20.255, la supervigilancia y control de las Administradoras de Fondos de Pensiones, así como la interpretación obligatoria de la legislación previsional vigente— emitió el Oficio Ordinario N° 12.954, de 15 de julio de 2025, en el que precisó que el trabajador extranjero debe acreditar su cobertura previsional en el extranjero mediante certificación emitida por la autoridad previsional competente del país de origen, debidamente legalizada o apostillada conforme a las normas del Convenio de La Haya y del Código de Procedimiento Civil, que dé cuenta de manera específica de los riesgos cubiertos y del período durante el cual se contó con dicha cobertura. El mismo oficio declaró que las constancias electrónicas no apostilladas y las declaraciones juradas del propio afiliado, aun notariadas, no constituyen prueba suficiente para acreditar dicho requisito por no emanar de la autoridad previsional competente. Estas instrucciones son de cumplimiento obligatorio para todas las administradoras del sistema, sin que la recurrida pueda apartarse de ellas sin incurrir en infracción a la normativa que regula su funcionamiento.

SEXTO: Que, en el caso de autos, los documentos acompañados por el recurrente para acreditar su cobertura previsional en Venezuela consisten en una constancia electrónica de cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y en una declaración jurada legalizada ante la Sección Consular de la Embajada de Venezuela en Santiago. Sin embargo, ninguno de dichos instrumentos cumple con las exigencias establecidas por el referido Oficio N° 12.954 de la Superintendencia de Pensiones: la constancia electrónica no se encuentra apostillada ni legalizada en la forma que exige la normativa para producir efectos en Chile conforme al artículo 345 del Código de Procedimiento Civil; y la declaración jurada, aunque otorgada ante funcionario consular, no emana de la autoridad previsional competente del país de origen, requisito expresamente contemplado por las instrucciones del organismo fiscalizador. En consecuencia, la recurrida se encontraba impedida, en virtud de las obligaciones normativas que la rigen, de acoger la solicitud con el mérito de la documentación presentada.

SÉPTIMO: Que, en lo referido al segundo fundamento del rechazo, esto es, la existencia de una doble manifestación de voluntad incompatible en los instrumentos contractuales acompañados, cabe consignar que la letra b) del artículo 1° de la Ley N° 18.156 exige que en el contrato de trabajo el trabajador exprese su voluntad de mantener su afiliación al régimen previsional extranjero. La Superintendencia de Pensiones ha instruido, a través del Oficio Ordinario N° NUM000, de 29 de abril de 2024, que cuando el contrato y su anexo, suscritos en la misma fecha, contienen cláusulas contradictorias en materia de cobertura previsional —afiliándose simultáneamente al régimen chileno y declarando mantener la afiliación al extranjero— no se tiene por cumplido dicho requisito, al no existir una manifestación de voluntad clara e inequívoca en el sentido que la ley exige. En la especie, la recurrida invocó este fundamento adicional para rechazar la solicitud, lo que se ajusta igualmente a las instrucciones de cumplimiento obligatorio impartidas por el organismo fiscalizador.

OCTAVO: Que, si bien el recurrente alega la imposibilidad material de obtener la apostilla de la constancia venezolana por la ausencia de representación consular de Venezuela en Chile, y funda en ello una situación de caso fortuito o fuerza mayor, tal circunstancia no resulta suficiente para alterar la conclusión precedente. En efecto, el rechazo de la solicitud no constituye una resolución definitiva que prive al recurrente de su derecho a obtener la devolución de sus fondos, sino que se trata de un acto administrativo de carácter interlocutorio que no impide que el afiliado pueda replantear su solicitud ante la propia Administradora o ante la Superintendencia de Pensiones, aportando la documentación que satisfaga las exigencias normativas vigentes o gestionando ante el organismo regulador una solución alternativa para su situación particular. En este sentido, el rechazo no genera una privación irreversible del derecho de propiedad sobre los fondos previsionales, sino que configura una situación pendiente de resolución en la instancia administrativa que corresponde.

NOVENO: Que, por todo lo razonado, el actuar de la recurrida se ajusta a las instrucciones de cumplimiento obligatorio emanadas de la Superintendencia de Pensiones en ejercicio de sus atribuciones legales, sin que pueda calificarse de ilegal ni de arbitrario, y sin que se configure una vulneración actual e irreversible de las garantías constitucionales invocadas por el recurrente. El recurso, por tanto, no puede prosperar.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma.

Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones PlanVital S.A., sin perjuicio de los derechos que al recurrente correspondan para hacer valer su pretensión por las vías legales que procedan.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección-25416-2025.