nombre reservado con AFP HABITAT S.A.

C.A. de Santiago Santiago, ocho de mayo de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que con fecha 26 de noviembre de 2025, comparece Carla Nicole Cañón Rubio, abogada, en representación de nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Habitat, por haber rechazado de manera ilegal y arbitraria su solicitud de retiro de fondos previsionales para técnicos extranjeros de conformidad con la Ley N° 18.156.

Actuación que considera ilegal y arbitraria, puesto que, la recurrente cumple con la totalidad de los requisitos legales exigidos para acceder a dicho beneficio, vulnerando con ello los derechos fundamentales de igualdad ante la ley y propiedad, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas en su artículo 19 números 2 y 24, por lo que solicita que se dejen sin efecto los rechazos y se ordene la devolución de sus ahorros previsionales acumulados.

Expone el libelo que la recurrente, de nacionalidad venezolana y profesión médico cirujano, prestó servicios en el Hospital Coquimbo y el Hospital del Carmen, manteniendo siempre la voluntad expresa de cotizar en su sistema de seguridad social de origen, tal como consta en las cláusulas de sus contratos de trabajo.

Explica que, en ejercicio del derecho conferido por la Ley N° 18.156, solicitó la devolución de sus fondos ante la recurrida, acompañando su título profesional, contratos laborales y el certificado de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), todos debidamente apostillados.

No obstante, la recurrida habría denegado la solicitud mediante comunicaciones genéricas carentes de motivación fáctica y jurídica, incurriendo en una interpretación excesivamente formalista y restrictiva de la norma.

Argumenta que la conducta de la AFP desconoce la plena validez de los documentos públicos extranjeros legalizados vía apostilla y desatiende la finalidad del legislador de permitir que los técnicos extranjeros dispongan de sus ahorros cuando mantienen cobertura previsional en el exterior.

Sostiene que esta negativa configura un patrón de conducta arbitrario que ignora la jurisprudencia consolidada de los tribunales superiores de justicia en casos análogos.

En relación con las garantías infringidas, la recurrente afirma que se vulnera la igualdad ante la ley al recibir un trato excluyente y diferenciado respecto de otros extranjeros en similar situación, y se lesiona gravemente su derecho de propiedad, toda vez que se le priva injustificadamente de la disposición de bienes incorporales que integran su patrimonio, como son los fondos depositados en su cuenta de capitalización individual.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene a la recurrida realizar un nuevo pronunciamiento conforme a derecho que permita el retiro de los fondos, adoptando las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que, evacuando el informe solicitado por esta Iltma. Corte, comparece el abogado don Roberto Felipe Díaz Bravo, en representación de la recurrida AFP HABITAT S.A., quien solicita el rechazo íntegro del recurso de protección deducido, con expresa condena en costas.

Fundamenta su oposición señalando, en primer término, que el recurso de protección es improcedente en la especie por tratarse de una acción de carácter cautelar destinada a amparar derechos indubitados y no discutidos, lo que no ocurre en este caso, pues la recurrente pretende ejercer un derecho cuyos requisitos legales y características están definidos de manera distinta a lo pretendido, requiriendo la controversia de un juicio de lato conocimiento o una acción legislativa.

En cuanto a los hechos, expone que la recurrente solicitó la devolución de sus fondos previsionales al amparo de la Ley N° 18.156, acompañando su cédula de identidad, título de médico de la Universidad de Oriente y constancia de cotizaciones del IVSS; sin embargo, no adjuntó un contrato de trabajo con su empleador donde constara su voluntad de mantener la afiliación previsional fuera de Chile.

Agrega que, mediante el Informe FDE N° 896/2025 de 10 de noviembre de 2025, la Fiscalía de la Administradora rechazó la solicitud por no cumplir con el requisito de la letra c) del artículo 1° de la citada ley, observándose además que la recurrente prestó servicios en el Hospital de Coquimbo y el Hospital El Carmen bajo resoluciones de designación a contrata, calidad que, según criterios de la Superintendencia de Pensiones, impide la aplicación del beneficio al tratarse de servicios públicos integrantes de la Administración del Estado que no pueden asimilarse al concepto de empresa que requiere la Ley N° 18.156.

En el plano del derecho, sostiene que dicha ley es una norma de excepción que exige requisitos copulativos estrictos y de interpretación restrictiva, y que la Administradora actúa bajo la supervigilancia obligatoria de la Superintendencia de Pensiones.

Descarta la vulneración de las garantías de igualdad ante la ley y derecho de propiedad, argumentando que los fondos permanecen en la cuenta individual de la recurrente y que la negativa responde al cumplimiento de un mandato legal y no a un acto arbitrario.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Es requisito indispensable de esta acción la existencia de un derecho indubitado y no controvertido, que permita a esta Corte adoptar medidas para neutralizar los efectos de la vulneración.

CUARTO: Que el asunto sometido al conocimiento de esta Corte se circunscribe a determinar si el actuar de AFP Habitat, al rechazar la solicitud de devolución de fondos previsionales de la recurrente, aun cuando esta afirma haber acompañado toda la documentación debidamente apostillada, constituye un acto ilegal o arbitrario que vulnere las garantías constitucionales invocadas, o si la controversia sobre la suficiencia y alcance específico de la cobertura del régimen previsional extranjero excede el ámbito de esta acción cautelar.

QUINTO: Que la Ley N° 18.156, normativa de carácter excepcional, permite a los técnicos extranjeros solicitar la exención de cotizaciones o la devolución de los fondos previsionales depositados en Chile, siempre que cumplan copulativamente con los requisitos de su artículo 1°. Entre ellos, la letra a) exige que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. La letra b) exige que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida. El artículo 7° de la misma ley habilita la devolución de fondos a quienes cumplan con los requisitos del artículo 1°.

SEXTO: Que para que un instrumento público otorgado en el extranjero produzca fe y tenga valor probatorio en Chile, el legislador ha establecido formalidades estrictas en el artículo 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, exigiendo que dicho documento se encuentre debidamente legalizado o bien, apostillado, conforme al Convenio de La Haya. Asimismo, la Superintendencia de Pensiones, en uso de sus facultades fiscalizadoras e interpretativas, ha establecido de manera reiterada que la Ley N° 18.156 se aplica a trabajadores contratados por "empresas", no siendo aplicable a funcionarios públicos que no se rijan por las normas del Código del Trabajo.

SÉPTIMO: Que, de los antecedentes acompañados, fluye que la recurrente no acompañó un contrato de trabajo con su empleador que contuviera la cláusula expresa de mantener la afiliación a un régimen previsional extranjero, requisito indispensable establecido en la letra b) del artículo 1° de la Ley N° 18.156 y en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones. Las resoluciones exentas y certificados de prestación de servicios aportados no suplen esta exigencia legal. Asimismo, la documentación presentada sugiere que la recurrente prestó servicios en el Hospital de Coquimbo y el Hospital El Carmen bajo la modalidad “a contrata”, lo que, según la interpretación vinculante de la Superintendencia de Pensiones, no califica como una relación laboral con una “empresa” en los términos que exige la Ley N° 18.156 para la aplicación del beneficio excepcional de devolución de fondos.

Por otra parte, la “Constancia Electrónica de Cotizaciones” del IVSS aportada por la recurrente, si bien incluye un código alfanumérico que aduce puede ser verificado, carece de la debida legalización o apostilla, formalidad que resulta imperativa para su valor probatorio en Chile, tal como lo ha instruido la autoridad fiscalizadora y lo ha ratificado la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia en casos similares, al no haber sido suplida dicha formalidad por otro medio probatorio idóneo.

OCTAVO: Que, en este sentido, el actuar de la Administradora recurrida no reviste carácter de ilegal, pues se ha ajustado estrictamente al ordenamiento jurídico vigente, particularmente a los artículos 1° y 7° de la Ley N° 18.156, a las directrices administrativas de carácter obligatorio dictadas por la Superintendencia de Pensiones. Tampoco resulta arbitrario, ya que la exigencia de un contrato de trabajo con la cláusula específica de mantención de la afiliación previsional extranjera, la correcta calificación de la naturaleza del empleador y la legalización o apostilla de los documentos obedece a un estándar de seguridad jurídica y autenticidad documental previsto en la ley procesal chilena y en la normativa previsional, no constituyendo un mero capricho de la recurrida.

NOVENO: Que, al no advertirse en la especie un actuar ilegal ni arbitrario por parte de la recurrida que deba ser enmendado por esta vía de urgencia, el recurso no puede prosperar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en representación de nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección-25410-2025.