Recurso de protección

C.A. de Santiago Santiago, treinta de marzo de dos mil veintiséis.

Proveyendo al escrito folio 31: atendido a que no se señalan razones que puedan ser entendidas como calificadas, no ha lugar.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que con fecha 26 de noviembre de 2025, comparece doña nombre reservado, en favor y representación de su nieto nombre reservado, interponiendo acción constitucional de protección en contra de doña nombre reservado, Encargada de Convivencia Escolar, y de don nombre reservado, Director del Colegio nombre reservado, por haber dispuesto la cancelación de matrícula del referido estudiante para el año académico 2026, actuación que considera ilegal y arbitraria, atendido a que dicha medida disciplinaria vulnera el derecho a la educación del menor, desconociendo su condición de niño con necesidades educativas especiales debidamente diagnosticadas, vulnerando con ello los derechos fundamentales garantizados en los numerales 1 y 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita se deje sin efecto la cancelación de matrícula y se permita al estudiante continuar en el establecimiento.

Refiere ser abuela paterna y cuidadora personal del adolescente de autos, de 12 años, quien cursa 6° año básico en el Colegio nombre reservado, y que el adolescente presenta diagnóstico de Trastorno por Déficit Atencional con Hiperactividad, Síndrome Oposicionista Desafiante y diversas dificultades conductuales y emocionales, encontrándose en tratamiento activo con neurólogo particular, con indicación farmacológica de Aradix y Aripiprazol, y recibiendo atención de la psicóloga y terapeuta ocupacional del Equipo de Psiquiatría Infantil del COSAM de Cerro Navia.

Expone que, el 5 de noviembre de 2025, se inició un procedimiento sancionatorio en contra del adolescente, derivado de un incidente ocurrido en el establecimiento, concluyendo dicho proceso el 14 de noviembre dl mismo año, con la resolución que aplica la sanción de cancelación de matrícula para el año 2026, suscrita por el Director del establecimiento, don nombre reservado, y que desde esa fecha no ha asistido a clases.

Afirma que el colegio no ha sabido contener adecuadamente las conductas del adolescente, atribuibles a su condición neurológica, y que la medida adoptada resulta desproporcionada y carente de consideración por sus necesidades especiales. Agrega que el colegio ha ofrecido promover al estudiante de curso como condición para su desvinculación del establecimiento, lo que rechaza por considerar que el adolescente no se encuentra en condiciones educativas para ello.

Denuncia que la cancelación de matrícula afecta la integridad física y psíquica del menor, así como su derecho a la igualdad ante la ley, al no haberse considerado su condición de salud en la aplicación de la medida disciplinaria.

Solicita que se deje sin efecto la cancelación de matrícula del estudiante, ordenándose su reintegro al Colegio nombre reservado para terminar su año escolar del año 2025.

Segundo: Que, informa el Colegio nombre reservado, a través de don Fuad Said Vivanco, abogado, en representación de los recurridos, solicitando su rechazo en todas sus partes, en virtud de los fundamentos de hecho y de derecho que a continuación se exponen.

Explica que el adolescente acumuló 50 anotaciones negativas durante el año escolar 2025, manteniendo un comportamiento agresivo y disruptivo de manera sostenida, que incluyó desobediencia reiterada, insultos hacia adultos, agresiones físicas a pares y uso inadecuado del mobiliario escolar. Frente a ello, el establecimiento implementó diversas medidas de apoyo pedagógico, socioemocional y de articulación interinstitucional, entre las que destacan la elaboración de un Plan de Contención Individual en marzo de 2025, coordinaciones con el Programa Lazos en marzo de 2025, entrevistas periódicas con la apoderada, la emisión de un Plan de Sistema de Consecuencias notificado el 12 de agosto de 2025, y la reducción de jornada escolar acordada en octubre de 2025.

Agrega que, previo a la cancelación de matrícula, el estudiante fue sometido a cuatro procedimientos sancionatorios anteriores por faltas graves y gravísimas, en los que se aplicaron sanciones progresivas de amonestación, advertencia de condicionalidad y condicionalidad, advirtiéndose en todas las instancias que la reiteración de conductas podría derivar en la cancelación de matrícula o expulsión.

Explica, respecto del hecho que motivó la cancelación de matrícula, que el 5 de noviembre de 2025, el estudiante agredió físicamente a un compañero, causándole lesiones en el rostro con sangrado, lo que requirió la activación del seguro escolar. Iniciado el procedimiento sancionatorio el 6 de noviembre de 2025, y sin que se presentaran descargos dentro de plazo, el 14 de noviembre de 2025 se notificó la resolución que aplicó la cancelación de matrícula.

Presentada solicitud de reconsideración el 20 de noviembre de 2025, el Consejo de Profesores determinó, con un 64% de los votos, mantener la sanción, la que quedó firme mediante resolución final notificada el 27 de noviembre de 2025.

Afirma que la cancelación de matrícula constituye una facultad legalmente reconocida en el artículo 46 letra f) de la Ley General de Educación y en el artículo 6 letra d) de la Ley de Subvenciones, ejercida conforme a su Reglamento Interno, por lo que no puede calificarse de ilegal. Asimismo, descarta la arbitrariedad, argumentando que la medida se adoptó tras una agresión grave, antecedida por múltiples procedimientos sancionatorios y reiteradas advertencias, lo que le confiere plena motivación y proporcionalidad.

Solicita que se rechace la presente acción constitucional en todas sus partes.

Tercero: Que, a solicitud de esta Corte, informa doña nombre reservado, Encargada Jurídica de la Dirección Regional Metropolitana de la Superintendencia de Educación, dando cuenta de las medidas adoptadas por dicho organismo en relación con los hechos ocurridos en el Colegio nombre reservado.

Expone, en lo relativo a la normativa educacional aplicable, que el artículo 6 letra d) de la Ley de Subvenciones establece que los establecimientos educacionales subvencionados deben contar con un reglamento interno que regule las relaciones entre el establecimiento, los alumnos y sus padres o apoderados, contemplando normas de convivencia, sanciones y procedimientos disciplinarios. Precisa que la cancelación de matrícula solo puede adoptarse mediante un procedimiento previo, racional y justo, contemplado en el reglamento interno, garantizando el derecho del estudiante y su apoderado a presentar descargos y solicitar reconsideración de la medida. Agrega que dicha decisión es de competencia exclusiva del director del establecimiento, quien debe notificarla por escrito, y que la reconsideración debe resolverse previa consulta al Consejo de Profesores.

Señala que la Superintendencia carece de facultades para ordenar la reincorporación del estudiante, aunque la infracción a la normativa educacional puede dar lugar a un procedimiento administrativo sancionatorio en su contra.

Informa, en cuanto a las gestiones realizadas, que el 19 de febrero de 2026, analizados los antecedentes aportados por el establecimiento, la Superintendencia concluye que la medida aplicada se ajustaría a la normativa educacional vigente, por cuanto el establecimiento acredita que la causal invocada se encuentra descrita en su reglamento interno; que la medida cumple los principios de proporcionalidad y gradualidad; que no fue aplicada por causales prohibidas; que se informó fundadamente la falta al inicio del procedimiento; que se otorgó el derecho a presentar descargos; que el procedimiento se resolvió dentro del plazo de diez días hábiles; que se notificó por escrito la medida y sus fundamentos; que se otorgó el derecho a solicitar reconsideración; y que se consultó al Consejo de Profesores. En virtud de lo anterior, se resuelve no derivar el expediente a la Unidad de Fiscalización, cerrándose la revisión conforme al artículo 6 del DFL N°2, de 1998 del Ministerio de Educación.

Cuarto: Que, también a solicitud de esta parte, comparece nombre reservado, Jefa de la División Jurídica del Ministerio de Educación, informando que el adolescente fue matriculado el 1 de marzo de 2026 para cursar 7º básico en el establecimiento educacional nombre reservado de la comuna de Cerro Navia.

Quinto: Que como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Sexto: Que, el hecho que motiva la presente acción constitucional es haberse dispuesto, por parte de la recurrida, la cancelación de matrícula del adolescente de autos, para el año académico 2026, considerando la recurrente que la medida disciplinaria aplicada desconoce su condición de niño con necesidades educativas especiales debidamente diagnosticadas.

Séptimo: Que, del mérito de los antecedentes allegados al proceso se puede dejar asentado que el adolescente de autos terminó su año escolar correspondiente al año 2025, concluyendo sexto básico.

Asimismo, conforme lo informado por el Ministerio de Educación, el adolescente se encuentra matriculado para cursar séptimo año básico en el Colegio nombre reservado de la comuna de Cerro Navia, de manera tal, que se encuentra escolarizado para el presente año.

Octavo: Que, de lo anteriormente razonado y conforme al petitorio de la presente acción constitucional, se desprende que la presente acción ha perdido oportunidad, toda vez que el adolescente pudo terminar su año escolar 2025 y fue promovido de curso, encontrándose matriculado para el año en curso, de manera tal que no se vislumbra ninguna medida que deba ser ordenada para reestablecer el imperio del derecho, lo que conlleva la necesidad de rechazar este arbitrio.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se decide que se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido a favor del adolescente nombre reservado en contra del Colegio nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-25408-2025.