nombre reservado con PRIMER JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE SANTIAGO

C.A. de Santiago Santiago, ocho de abril de dos mil veinticinco.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que, comparece el abogado Daniel Beratto Figueroa, quien deduce acción de protección en favor de nombre reservado, y en contra del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, o quien resulte encargado de la administración de la publicidad de las resoluciones emitidas por dicho juzgado.

Expone que con fecha 25 de noviembre de 2024, luego de una búsqueda ardua de trabajo, le informan de manera informal a la recurrente que el motivo principal por el cual no fue llamada a la entrevista laboral fue por sus antecedentes expuestos en internet, en el buscador Google. Ante lo comentado, la actora busca por el navegador mencionado, y al escribir su nombre en el buscador le aparece una resolución emitida por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, causa que debiese ser de carácter reservada, y que expone todos sus datos. Dicha resolución contiene demanda por despido injustificado, indebido o improcedente, cuyo demandante es nombre reservado, ingeniero comercial y ex gerente de Planificación y Control de Gestión de Cencosud Fidelidad S.A., quien solicita el pago de indemnizaciones legales, sustitutiva de aviso previo, años de servicio y un recargo legal, basado en una remuneración promedio mensual de $5.746.425.-, la demandada es la recurrente. Se indica que la empresa detectó un esquema fraudulento liderado por nombre reservado, quien actuaba como jefa de Marketing Digital, generando órdenes de compra y facturas falsas por servicios inexistentes. La defraudación involucró a proveedores como 360 Producciones Limitada y Tendencias SpA, acumulando pérdidas superiores a $321 millones. nombre reservado manipuló documentos y simuló campañas publicitarias falsas para desviar fondos. El tribunal emite un fallo condenatorio basado en los antecedentes probatorios presentados, estableciendo a su vez la obligación de indemnizar el monto defraudado, además de otras posibles sanciones legales.

Expresa que es ilegal exponer datos que correspondan a obligaciones cumplidas o que se hayan extinguido de algún otro modo legal, ya que infringe lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 19.628; el hacer público un incumplimiento de carácter laboral y penal, fuera de los casos previstos por la ley, constituye una perturbación del derecho a la honra y a la protección de la vida privada de la persona perjudicada.

Sostiene que la publicación de dicha resolución afecta el derecho a la protección de la vida privada y la honra de la recurrente, del artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República, y también el derecho de igualdad ante la ley, del artículo 19 N°2 del texto constitucional.

Indica que la actuación arbitraria e ilegal del recurrido agravia, en grado de privación, el derecho de la recurrente a ser juzgada por todo público, la expone a un peligro inminente a sus datos, al reproche social y actos de discriminación, viéndose expuesta a diversas burlas y malos tratos, incluso dificultando sus posibilidades de encontrar trabajo, y si bien la actora cometió un acto ilícito, ello no da derecho a que se vulneren sus derechos.

Por lo expuesto, pide se ordene la baja de la publicación en los navegadores de la web, en un plazo que se estime pertinente para el restablecimiento del derecho.

Segundo: Que, evacuando informe por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, comparece su Juez Presidente, Daniel Juricic Cerda, quien señala que se tramitó en el juzgado el proceso RIT O-7444-2019, caratulado “nombre reservado/nombre reservado”, causa que terminó por sentencia definitiva de 28 de mayo de 2021, ejecutoriada con fecha 25 de noviembre de 2022, tras desestimarse los recursos de nulidad y de unificación de jurisprudencia interpuestos. Los antecedentes fueron remitidos al Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago en diciembre de 2022.

Precisa que en dicho proceso la recurrente de protección no es parte, aunque es mencionada en los escritos de discusión y en la sentencia definitiva, fundamentalmente al figurar en la carta de despido que fue base de la contienda.

Indica que la sentencia referida fue y es pública por disposición de los artículos 8° de la Constitución Política, 9° del Código Orgánico de Tribunales, 2° letra c) de la Ley 20.886 sobre Tramitación Digital de los Procedimientos Judiciales, y en particular el artículo 428 del Código del Trabajo. Dichas normas consagran un sistema de tramitación electrónico de acceso público que constituye el proceso mismo, y de cuya publicidad -que no está sujeta a caducidad- no están exceptuadas las actuaciones del juicio que motiva la acción constitucional de autos. Además, la sentencia respectiva fue emitida con anterioridad al Auto Acordado sobre criterios de publicidad de sentencias y carpetas electrónicas, cuya vigencia data de julio de 2022.

Concluye que, con arreglo a tales disposiciones, no cabe al tribunal ponderar la conveniencia de la publicidad del proceso, ni controla de modo alguno la forma en que las partes o terceros hacen uso de las piezas procesales incorporadas a la carpeta digital, de forma que lo pretendido en el recurso, que es “(…) la baja de la publicación en los navegadores de la web (…)”, está y ha estado fuera de las atribuciones legales del juzgado de instancia.

Por lo expuesto, pide tener por evacuado informe.

Tercero: Que, por instrucciones de esta Corte, evacúa informe la Corporación Administrativa del Poder Judicial, compareciendo la abogada Francisca Mayol Retamal, quien refiere que a la fecha de interposición del recurso de protección, se encuentra vigente el Auto Acordado sobre criterios de publicidad de sentencias y carpetas electrónicas, contenido en Acta N°44-2022 de la Corte Suprema. Conforme ese instrumento, en aquellos casos que las sentencias contengan datos protegidos por la normativa vigente, se resguardará la identidad de las personas a través de la anonimización, limitando la exposición de ciertos datos contenidos en el texto, reemplazándolos. Agrega que, la anonimización se regirá conforme a un protocolo de supresión de datos personales y sensibles, que contiene las directrices operativas y el detalle sobre el funcionamiento para la aplicación de la política para suprimir o anonimizar datos, la que velará por mantener la integridad de la sentencia, a través de criterios generales y uniformes. Por su parte, de acuerdo al Acta N°44-2022, la anonimización también puede ser solicitada por la persona interesada.

Indica que la carpeta electrónica de la causa RIT O-7444-2019 del Primer Juzgado de Letras del Trabajo no se encuentra con reserva y es posible acceder a ella a través del portal www.pjud.cl, en el banner consulta de causas.

Hace presente que, a partir del 1° de enero de 2025, comienzan a regir las disposiciones contenidas en el Acta N°164-2024 de la Excma. Corte Suprema, que corresponde al Auto Acordado sobre acceso a carpetas electrónicas judiciales y buscador de jurisprudencia del Poder Judicial, derogando así las disposiciones del Acta 44-2022. En cuanto al acceso a las carpetas electrónicas judiciales, la nueva regulación prescribe que ellas son públicas y deberán estar íntegramente disponibles en la Oficina Judicial Virtual del Poder Judicial, sin perjuicio de lo cual, el tribunal podrá limitar total o parcialmente el acceso a la carpeta electrónica en conformidad a la ley. El referido instrumento también contiene limitaciones en el acceso al denominado “Buscador de jurisprudencia”, todo lo cual se encuentra establecido en los artículos 2° y 3° del Acta N°164-2024.

Por lo expuesto, pide tener por evacuado informe.

Cuarto: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Quinto: Que, como se informara por la Corporación Administrativa del Poder Judicial, con fecha 15 de febrero de 2022 se dictó el Auto Acordado sobre criterios de publicidad de sentencias y carpetas electrónicas, contenido en Acta N°44-2022, de la Corte Suprema, en cuyo artículo 1° se dispone que por regla general las sentencias se deben publicar de forma íntegra y sin límite de tiempo, a menos que se cumpla algún presupuesto de anonimización contemplado en el auto acordado.

A este respecto, ha de tenerse presente que a partir del 1° de enero de 2025, comienzan a regir las disposiciones contenidas en el Acta N°164-2024 de la Excma. Corte Suprema, que establece que las carpetas electrónicas son públicas y deberán estar íntegramente disponibles en la Oficina Judicial Virtual del Poder Judicial, sin perjuicio de lo cual, el tribunal podrá limitar total o parcialmente el acceso a la carpeta electrónica en conformidad a la ley.

Por tal motivo, ningún reproche puede atribuirse al Primer Juzgado del Trabajo de Santiago, cuya sentencia fue dictada con anterioridad al Acta N°44-2022.

Sexto: Que, los hechos descritos en la acción cautelar, y en particular sus peticiones, exceden las materias que deben ser conocidas por el presente recurso atendida su naturaleza cautelar, por lo que no vislumbrándose, además, arbitrariedad ni ilegalidad alguna, la acción de protección será desestimada.

Por estas consideraciones, y lo dispuesto en los artículos 19 N°2°, 4° y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-25382-2024.