nombre reservado con C.D.E. - FISCO DE CHILE

C.A. de Santiago Santiago, veintisiete de mayo de dos mil veinticinco.

VISTO:

Comparece Pamela Katherine Noseda Gutiérrez, abogada, en representación de nombre reservado, e interpone acción constitucional de protección en contra de Gendarmería de Chile, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y del Consejo de Defensa del Estado, por haber incurrido en actos que estima ilegales y arbitrarios, consistentes en acoso laboral y en la decisión de no renovación de la contrata de la protegida en Gendarmería de Chile, adoptada mediante oficio de 5 de noviembre de 2024, solicitando que se declare la ilegalidad de dichos actos y se ordene la reincorporación inmediata de la actora al cargo que desempeñaba como delegada de libertad condicional en el CRS Santiago Sur II, con pago íntegro de remuneraciones, bonos y asignaciones desde su desvinculación, en un lugar distinto al que se desempeñaba, con costas.

Expone que la recurrente fue contratada a contar del 6 de mayo de 2024 mediante resolución exenta que contemplaba una duración hasta el 6 de noviembre de ese mismo año, "y mientras sean necesarios sus servicios". Sin embargo, desde el inicio de su desempeño fue víctima de una serie de episodios de acoso y exclusión laboral tanto por parte de compañeros como de su jefatura directa, quienes —según narra— realizaron actos de hostigamiento público, negación de condiciones básicas de trabajo, discriminación debido a su discapacidad reconocida por COMPIN (fibromialgia grado IV) y exclusión de actividades laborales y sociales.

Relata, en concreto, distintos episodios de maltrato, siendo relevantes la reiterada negación de acceso a estacionamiento, llamados telefónicos fuera de horario, trato despectivo frente a usuarios del sistema y marginación intencionada de actividades comunes.

Añade que denunció estos hechos formalmente a la Dirección Nacional de Gendarmería y a la Mutual de Seguridad, activándose protocolos, pero sin adoptar medidas efectivas, siendo incluso notificada del término de su vínculo por la misma persona a quien había denunciado por acoso.

Sostiene que la decisión de no renovación de su contrata es arbitraria e ilegal por múltiples razones: en primer lugar, porque no se dictó acto administrativo motivado que fundara la decisión de término del vínculo, infringiendo con ello los artículos 11 y 41 de la ley 19.880; en segundo término, porque no se respetó el principio de igualdad ante la ley, ya que fue la única funcionaria de su equipo a quien no se le renovó la contrata, a pesar de estar bien evaluada y sin haber sido objeto de llamados de atención; y finalmente, porque se afectó su derecho a la integridad física y psíquica, al agudizarse su cuadro de salud mental y físico producto del acoso y la desvinculación injustificada.

Señala también que intentó presentar denuncia formal por acoso en el marco de la ley 21.643, pero fue públicamente expuesta y rechazada por la Oficina de Partes del CRS, afectándose incluso su derecho al anonimato en el proceso.

Alega que, conforme a la normativa vigente -entre ellas el artículo 2 del Código del Trabajo y los artículos 211-A y 211-B-, se vulneraron los derechos a una vida libre de violencia y a un procedimiento confidencial, imparcial y con perspectiva de género frente a denuncias de acoso laboral. Asimismo, argumenta que la cláusula de "mientras sean necesarios sus servicios" debía entenderse condicionada a una evaluación razonada y objetiva, lo que no ocurrió, pues el acto de desvinculación no contiene motivación alguna, ni fue emitido por autoridad facultada para ello.

Por todo lo anterior, estima que la actuación de Gendarmería y del Ministerio recurrido constituye una afectación grave y directa a las garantías constitucionales del artículo 19 Nros. 1, 2 y 24, esto es, a la integridad psíquica, igualdad ante la ley y derecho de propiedad, en cuanto al ejercicio de un derecho estatutario, respectivamente.

Termina solicitando que se declare la ilegalidad de los actos descritos, ordenando la reincorporación de la recurrente con pago de sus remuneraciones y que se disponga su destino a un lugar distinto de aquel en que fue objeto de acoso, u otra medida que el tribunal estime adecuada, con costas.

Informó el director nacional de Gendarmería de Chile, solicitando el rechazo íntegro de la acción por estimar que no ha existido acto ilegal ni arbitrario que vulnere garantías constitucionales.

En primer lugar, refiere que la recurrente fue contratada mediante Resolución Exenta N° 142/2246/2024 de fecha 11 de julio de 2024, como profesional a contrata, grado 16° E.U.S., en el Centro de Reinserción Social Santiago Sur II, por el periodo comprendido entre el 6 de mayo y el 6 de noviembre de 2024, y mientras fueran necesarios sus servicios.

Explica que el término de la relación contractual fue comunicado por medio del Oficio Reservado N° 82 de fecha 5 de noviembre de 2024, notificado por carta certificada el 6 de noviembre del mismo año, y que tal determinación se fundó en el simple cumplimiento del plazo establecido en la resolución de nombramiento, sin que medie evaluación negativa ni acto de desvinculación anticipada.

En cuanto a la legalidad del acto, señala que la expiración de una contrata al término del plazo por el cual fue dispuesta opera por el solo ministerio de la ley, conforme a los artículos 10 y 153 del Estatuto Administrativo, por lo que no se requiere motivación adicional ni acto formal de no renovación, haciendo presente, conforme a los dictámenes que cita de la Contraloría General de la República, que no corresponde invocar el principio de confianza legítima.

Agrega por otro lado, que la cláusula de "mientras sean necesarios sus servicios" no altera la naturaleza temporal del vínculo y que no se configuran las condiciones jurisprudenciales para exigir motivación de una no renovación, ya que no se ha generado expectativa razonable de continuidad laboral. Asimismo, refuta que la cláusula implique una renovación tácita, señalando que tal interpretación no tiene sustento normativo ni jurisprudencial.

Respecto de las denuncias de acoso laboral, refiere que, con fecha 4 de octubre de 2024, mediante Resolución Exenta N° 4352, la directora regional Metropolitana de Gendarmería ordenó instruir un sumario administrativo para esclarecer los hechos denunciados por la recurrente. Este procedimiento disciplinario se encuentra actualmente en tramitación y tiene por objeto determinar la eventual responsabilidad de las funcionarias nombre reservado, nombre reservado y de quienes resulten responsables por hechos ocurridos el 8 de julio de 2024 en el CRS Santiago Sur II, así como por posibles conductas discriminatorias hacia la actora, de manera que la institución ha actuado dentro del marco legal y ha dado curso regular al procedimiento disciplinario conforme a lo dispuesto en el Título V del Estatuto Administrativo.

Y haciéndose cargo de las garantías constitucionales que, conforme a lo expuesto no han sido conculcadas, requiere finalmente que la presente acción sea desestimada.

Asimismo, informó el ministro de Justicia y Derechos Humanos (s), solicitando el rechazo en todas sus partes de la acción incoada, por estimar que no ha existido acto ni omisión ilegal o arbitraria atribuible a dicha Secretaría de Estado que haya vulnerado garantías constitucionales.

En primer término, refiere que el vínculo funcionarial de la recurrente con Gendarmería de Chile se originó mediante Resolución Exenta N° 142/2246/2024, que dispuso su contratación a contar del 6 de mayo y hasta el 6 de noviembre de 2024, “y mientras sean necesarios sus servicios”, expirando dicho vínculo por el solo ministerio de la ley al cumplirse el plazo establecido.

Acto seguido, delimita su competencia institucional, precisando que Gendarmería de Chile es un servicio público funcional y territorialmente desconcentrado, dotado de autonomía técnica, conforme lo disponen el artículo 3° del DFL N° 3 de 2016, que fija el texto refundido de la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y los artículos 1° y 4° del Decreto Ley N° 2.859 de 1979, que fija la Ley Orgánica de Gendarmería.

En este sentido, destaca que la decisión de prorrogar o no el contrato de la recurrente corresponde exclusivamente a la jefatura superior de Gendarmería, en el ejercicio de una potestad discrecional, sin que el ministerio tenga competencia para intervenir, ni jerárquicamente ni a través de instrucciones, de manera que no puede existir una vulneración de su parte a las garantías constitucionales que se acusan amagadas.

Añade que no consta en el recurso que la actora haya ejercido los mecanismos de impugnación o solicitud jerárquica establecidos en el artículo 15 de la Ley N° 19.880 ante el ministerio, lo cual también refuerza su falta de participación en los hechos denunciados.

En cuanto a las denuncias de acoso laboral formuladas por la recurrente, su parte solicitó los antecedentes a Gendarmería de Chile, remitiendo dicha institución copia de la Resolución Exenta N° 4352 de 4 de octubre de 2024, mediante la cual se ordenó la instrucción de un sumario administrativo para determinar la responsabilidad de funcionarias individualizadas y de otros que resulten responsables.

En consecuencia, concluye, no existe ningún vínculo directo entre las decisiones administrativas cuestionadas y el Ministerio de Justicia, el cual no adoptó decisión alguna respecto de la contratación, renovación o desvinculación de la recurrente, ni participó en hechos que constituyan acoso o discriminación.

Se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

1°.- Que como reiteradamente se ha sostenido, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

2°.- Que la clave para elucidar de qué trata esta acción de protección está en precisar si la actuación denunciada es "ilegal" o "arbitraria".

En este sentido, debe apuntarse que la afectación del derecho a través del acto u omisión arbitrario o ilegal debe ser directa, grave y manifiesta, pues ello es lo que justifica la naturaleza de este procedimiento breve y sumario que persigue el restablecimiento inmediato del derecho fundamental afectado. Por lo mismo, se requiere la efectiva existencia de un acto ilegal, vale decir, que no se atenga a la normativa por la que debe regirse, lo que también se verifica cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley. Por su parte, tal actuación es arbitraria cuando carece de razonabilidad en el actuar u omitir o bien cuando existe falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar o ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a obtener, o cuando no se verifican los hechos que fundamentan un actuar.

3°.- Que, conforme a la documentación acompañada por las partes, es posible asentar los siguientes hechos:

a) La actora ingresó a prestar servicios para la recurrida Gendarmería de Chile el 6 de mayo de 2024, según consta en Resolución Exenta RA N° 142/2246/2024 de 11 de julio de ese año, consignándose en la misma que esta contratación se extendería hasta el 6 de noviembre del mismo año, y mientras sean necesarios sus servicios;

b) Mediante comunicación de 4 de noviembre pasado, Gendarmería de Chile, informó a la actora que no se prorrogaría su contratación, debiendo dejar de prestar funciones a partir del 6 de noviembre de 2024;

c) La actora presentó una denuncia por acoso laboral ante Dirección Nacional de Gendarmería de Chile en el mes de julio de 2024, la que dio lugar a la instrucción de un sumario administrativo a través de la Resolución Exenta N° 4352 de 4 de octubre de 2024.

4°.- Que finalmente el acto cuya ilegalidad y arbitrariedad se reprocha es la decisión de la administración de no prorrogar la contrata de la actora, sin que exista discusión que aquella prestaba servicios bajo tal modalidad, por consignarse en el acto que dio inicio al vínculo estatutario que el mismo se extendería hasta el 6 de noviembre de 2024 y mientras sean necesarios sus servicios.

5°.- Que incardinado con lo que precede, debe recordarse que aquello que identifica al empleo a contrata es su precariedad, puesto que de acuerdo al artículo 3° de la ley 18.834 tiene el carácter de transitorio, lo que debe relacionarse con el artículo 10 de la misma ley que prescribe “los empleados a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos”. Dicha norma se encuentra en armonía con el artículo 146 letra f) del mismo texto legal, que señala que el funcionario cesará en el cargo por el término del período legal por el cual ha sido designado y el artículo 153, al disponer que produce la inmediata cesación de funciones el término del período legal por el cual es nombrado el funcionario o el cumplimiento del plazo por el cual es contratado.

En consecuencia, en el ejercicio de la facultad que implica la decisión de no renovar el vínculo estatutario, la Administración no tiene el deber de invocar fundamentos para no perseverar en el vínculo para el periodo siguiente o por el plazo contratado, prescindiendo de los servicios para los cuales la persona fue contratada, por en definitiva, no ser necesarios los mismos, dado que estos concluyen de pleno derecho al 31 de diciembre de cada año o bien en el plazo menor establecido en el acto respectivo. Todo, sin perjuicio de las consideraciones que puedan hacerse respecto de los funcionarios que se encuentran protegidos por el principio de confianza legítima, lo que en este caso carece de relevancia, atendido que la actora se desempeñó para la administración solo por seis meses.

6°.- Que sobre la base de lo expuesto en los motivos que anteceden, se advierte que el recurrido al poner término a la designación de contrata del actora ha actuado dentro de la esfera de sus atribuciones, apegado a la ley, cumpliéndose con lo dispuesto en los artículos 3° letra c) y 10 de la ley 18.834, siendo además coherente con el transcurso del tiempo y consecuente vencimiento de la contrata.

7°.- Que se añade al razonamiento que precede que este procedimiento cautelar constitucional exige como presupuesto básico derechos o garantías indubitadas y, en la especie, se trata de una funcionaria que realiza su trabajo a contrata y cuyo vínculo no fue prolongado. Luego, desde este punto de vista surgen situaciones equívocas de las cuales no es posible desprender indubitadamente alguna acción arbitraria o ilegal si se considera que este no es el estadio para decidir si la experticia de la recurrente ameritaba continuar con su trabajo o si a su respecto existieron actos de acoso laboral o, en último término si la conclusión de sus servicios fue producto de las denuncias presentadas, y, por lo tanto, en este caso concreto, la decisión de la autoridad puede entenderse legal y dentro de su permitida discrecionalidad, sin perjuicio de las demás acciones a que podría tener derecho la actora, en que pueda debatir los asuntos de fondos que pretendió introducir en esta acción de emergencia.

En efecto, la afirmación entorno a que la desvinculación de la recurrente fue producto de todo este contexto de persecución, impone la exigencia epistémica de corroboración, lo que no se comparece con la estructura de esta acción cautelar, sino que requiere un procedimiento de lato conocimiento.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza con costas, el recurso de protección deducido en favor de doña nombre reservado, en contra de Gendarmería de Chile y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunamente, archívese.

N°Protección-25370-2024.