nombre reservado con MINISTERIO DE SALUD

C.A. de Santiago Santiago, treinta de julio de dos mil veintiséis.

Vistos:

Primero: Que, acciona de protección nombre reservado, chileno, ingeniero comercial, domiciliado en domicilio reservado, contra el Ministerio de Salud, con domicilio en domicilio reservado que le destituye del cargo, vulnerando con ello sus derechos fundamentales consagrados en el artículo 19 N°s 1, 2, 3, 16 y 24 de la Constitución Política, pidiendo se “restablezca el imperio del derecho”.

Señala que el 15 de octubre de 2022 presentó una denuncia por vulneración de derechos contra la Seremi de Salud de Tarapacá y el 9 de mayo de 2023 una denuncia por vulneración de derechos por el recurrente con ocasión de su autodespido. El Juzgado de Letras de Tarapacá acumuló las causas y se llegó a un acuerdo monetario por $16.000.000 para dar por terminados ambos juicios, toda vez que el 27 de febrero de 2023, había asumido un cargo de Alta Dirección Pública en la Región de Arica, siéndole aplicable lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley N°18.834.

Sin embargo, mediante llamado telefónico se le informó que mediante Resolución Exenta N°5180/2023 de 14 de marzo de 2023, la SEREMI de Salud de Tarapacá ordenó instruir una investigación sumaria en su contra por haber faltado 3 días consecutivos, a pesar de que, en los considerandos de la resolución citada, indicaba que se había recibido carta con el auto despido, lo que consta a fojas 1 del expediente administrativo. En el mismo proceso, a fojas 19 existe una declaración de nombre reservado, encargada de la Unidad de Gestión de Personas que sostiene que tendría relación vigente con la institución de salud como profesional calidad contrata grado 05 EUS, lo que denota que dicha persona no revisó el Sistema “SIAPER” de la Contraloría General de la República donde ya constaba las nuevas funciones del recurrente desde el 27 de febrero de dicho año.

Asimismo, en correo de 22 de marzo de 2023 aportado a fojas 20, se le citó a declarar presencialmente para ese mismo día a las 12:00 horas en la Oficina de Política Farmacéutica, ubicada en el Departamento de Acción Sanitaria, en Edificio Puerto Mayor, Of. 308, Thompson N°127 de Iquique, el que devolvió por problemas con el servicio como consta a fojas 21 y 23. También consta de puño y letra que habiéndose se ha constituido en el domicilio domicilio reservado, depto1810, Iquique el conserje indicó que ya no vive al edificio. Y a fojas 25 que se intenta notificar en la dirección del abogado que le llevó la causa laboral y no el suyo. Luego se le citó físicamente para el jueves 30 de marzo de 2022 pero en cartas certificadas enviadas a direcciones equivocadas.

Asevera que también a fojas 39 la Fiscal indica haber recibido una llamada del recurrente el lunes 27 de marzo a las 19:07, quien le manifestó que se enteró de la citación por un spam de un correo electrónico que no utiliza, manifestando que se encontraba en Arica, indicando que habría utilizado la figura del auto despido, aplicando de manera supletoria el Código del Trabajo. Y si bien se informó que el recurrente no se encontraba en la región, dejó en acta que no se presentó a declarar el día de la citación, aun cuando jamás se le notificó de manera personal, y sabiendo que él no vivía en la región ni en las direcciones donde fueron a notificaron y dejaron acta de eso, donde incorrectamente por carta certificado. A fojas 60, con fecha 4 de abril de 2023, consta la formulación de cargos sin que hubiera existido una declaración, sin que hubiera sido habido, vulnerando todo debido proceso y obviando que ya no era funcionario de dicha repartición por haber asumido otro cargo. La investigación se cerró a fojas 59, sin haber cumplido con ninguna norma básica de un procedimiento disciplinario. La fiscal el 19 de abril de 2023, propuso la medida de destitución en conformidad a lo indicado en el artículo 61, letra a( y d), artículos 72, 119 y 125 letra a) del DFL 29, Estatuto para funcionarios públicos. El recurrente al haber conversado con la fiscal y ella contando con su número de teléfono pensó que se le citaría a declarar por alguna plataforma electrónica, ya que informó que se encontraba en Arica. Por el tiempo transcurrido, pensó que el sumario había terminado. En septiembre y octubre de 2025, pidieron información, sin respuesta, recién el 29 de octubre de 2025 le llegó copia del expediente y de la Resolución N°1293 de 16 de octubre de 2025 disponiendo la medida disciplinaria de destitución, suscrito por la ministra de Salud.

En resumen, denuncia que el proceso completo se encuentra fuera de toda normativa legal, por falta de notificación de cargos, sin posibilidad de defensa, destitución irregular e imposibilidad de sancionar a funcionario que ya cesó, lo que refuerza un patrón persecutorio.

Arguye respecto de las garantías constitucionales transgredidas y cita lo establecido en el artículo 125 y siguientes del Estatuto Administrativo, 137 y 138 sobre notificación, 86 sobre los efectos del término de la relación laboral, la Ley N°19.880 sobre procedimientos administrativos, artículos 3, 7, 41 y 53 y jurisprudencia de la Corte Suprema.

Segundo: Que informa la recurrida citando profusamente la normativa que establece las facultades de esa cartera ministerial; considerando improcedente el recurso dada su característica cautelar.

Sobre el caso concreto, en relación con la notificación, dice que consta en la resolución que aplica la medida disciplinaria de destitución y en el proceso, que se le intentó notificar mediante correo electrónico el cual arrojaba respuestas automáticas señalando que el correo electrónico tenía capacidad llena y en otro correo electrónico que el servidor de destino no envió información de notificación de entrega. En consecuencia, constan citaciones efectuadas personalmente por la actuaria del proceso al domicilio del señor nombre reservado registrado en la SEREMI de Salud, en donde el conserje del edificio informó que el recurrente ya no vivía en el edificio, por lo que, se remite a la dirección de la oficina del abogado que lleva una causa laboral del recurrente, sin embargo, se niega a recibir la citación, en efecto, el sr. nombre reservado fue notificado mediante carta certificada de acuerdo con lo establecido en el artículo 126 inciso 2° el que indica que “[l]as notificaciones que se realicen durante la investigación sumaria deberán hacerse personalmente. Si el funcionario no fuere habido por dos días consecutivos en su domicilio o en su lugar de trabajo, se lo notificará por carta certificada, de lo cual deberá dejarse constancia. En ambos casos se deberá dejar copia íntegra de la resolución respectiva. En esta última circunstancia, el funcionario se entenderá notificado cumplidos tres días desde que la carta haya sido despachada”, por lo que, al no ser habido en ninguna de las direcciones registradas se procedió a la notificación que corresponde por ley. Además, no puede alegar desconocimiento del proceso, pues la investigadora informó haber recibido llamado telefónico del señor nombre reservado el día 27 de marzo de 2023, indicando que vive en Arica, pero sin dar dirección, como era su obligación. También comunicó que se había autodespedido, lo que no era procedente por no estar establecida en el Estatuto Administrativo como causal de cese de funciones, lo que le fue informado a través del Ord. Reservado N°07, de 21 de marzo de 2023.

En cuanto al derecho a defensa, se le citó a prestar declaración y se le notificaron los cargos, mediante carta certificada.

Sobre la continuidad de su calidad de funcionario público, el señor nombre reservado no presentó su renuncia al cargo, continuaba siendo un funcionario de la institución, que no se presentó a trabajar desde el 27 de marzo de 2023, ausentándose de la institución por más de tres días seguidos y sin justificación alguna infringiendo las obligaciones funcionarias consagradas en el artículo 61 letra a) y d) del Decreto con Fuerza de Ley Nº29 de 2004, de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº18.834, sobre Estatuto Administrativo, las que indican: “a) Desempeñar personalmente las funciones del cargo en forma regular y continua, sin perjuicio de las normas sobre delegación (…) d) Cumplir la jornada de trabajo y realizar los trabajos extraordinarios que ordene el superior jerárquico”. Al existir un hecho objetivo de ausencia injustificada por más de 3 días consecutivos, correspondía la aplicación de la medida disciplinaria de destitución, conforme al artículo 125 letra a): “[a]usentarse de la institución por más de tres días consecutivos, sin causa justificada”, en relación con el artículo 72 inciso final “[l]os atrasos y ausencias reiterados, sin causa justificada, serán sancionados con destitución, previa investigación sumaria.”

Con respecto a estar el recurrente desvinculado de la institución al momento de la instrucción del sumario administrativo, por haber aceptado el cargo de Subdirector de Administración y Finanzas del Servicio Local de Educación Pública de Chinchorro el 27 de febrero de 2023, la cesación de funciones de un empleado de la Administración trae aparejada la expiración de la responsabilidad administrativa, que pueda afectarle por las faltas cometidas en un cargo público, solo recibe plena aplicación, en los casos de reincorporación, en que haya mediado discontinuidad entre uno y otro desempeño funcionario. En cambio, si el servidor público se reincorpora al mismo servicio u otro, sin interrupción de funciones, la responsabilidad administrativa subsiste y corresponde hacerla efectiva por el organismo en el cual pasa a desempeñarse. Lo anterior, aunque en la nueva repartición le sea aplicable otro Estatuto Administrativo.

Además, precisa que el cómputo del plazo para presentar el recurso de reposición ante la autoridad competente comienza desde la notificación, lo cual no fue presentado por el recurrente, según lo establece el artículo 141 inciso final del Decreto con Fuerza de Ley N.º 29 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N.º 18.834 sobre Estatuto Administrativo.

Finaliza afirmando que no existe afectación a derechos fundamentales.

Tercero: Que la Constitución Política de la República en su artículo 20 establece: “[e]l que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

Procederá, también, el recurso de protección en el caso del Nº8º del artículo 19, cuando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación sea afectado por un acto u omisión ilegal imputable a una autoridad o persona determinada.”

Cuarto: Que de acuerdo con lo anterior esta acción constituye jurídicamente una de carácter cautelar y de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes o indubitados que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la protección del afectado/a ante un acto u omisión arbitraria o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio, sin que pueda serle restringida dicha facultad.

Quinto: Que del examen de la Resolución Exenta N°1293 de 16 de octubre de 2025, puede apreciarse que el cargo imputado al recurrente en el sumario administrativo fue el siguiente: “[a]usentarse de la Institución por más de tres días seguidos, sin causa justificada, al no presentarse a trabajar desde el día 27 de febrero de 2023. La conducta anterior ha importado transgredir el Título III de las Obligaciones Funcionarias, artículo 61 letras a) y d), artículos 72, 119 y 125 letra a) del DFL 29”.

Dicho hecho aparece denunciado por el SEREMI de Tarapacá, David Valle Mancilla, el 14 de marzo de 2023, dando cuenta de que luego de una licencia médica el funcionario debió presentarse a trabajar el 27 de febrero de 2023. También se registra carta informando autodespido ese mismo día. Luego de ello se constatan diversas diligencias de notificación personal sin éxito además de un llamado telefónico que solo informa estar con residencia en Arica, por lo que se le envía cartas certificadas al registrado en Iquique.

Sexto: Que, por otra parte, se acompañó a los autos copia de la Resolución Exenta RA N°125934/31/2023 emitida por el Servicio Local de Educación Pública Chinchorro de la Región de Arica y Parinacota que da cuenta del nombramiento del recurrente el 17 de marzo de 2023 como subdirector de Administración y Finanzas, afecto al sistema de Alta Dirección Pública por 3 años a contar del 27 de febrero de 2023, asumiendo funciones el mismo día.

Y copia del expediente de tutela laboral contra la SEREMI de Tarapacá que admitido a tramitación y habiéndose realizado audiencia de juicio el 7 de diciembre de 2023, terminó por transacción por $16.000.000 según aprobación del H. Consejo de Defensa del Estado de 16 de enero de 2024. La orden de pago de Tesorería es de 31 de diciembre de 2024.

Séptimo: Que queda claro de lo anterior que el recurrente no hizo alegaciones en el sumario, pero independientemente de lo acontecido con la notificación en los trámites esenciales del mismo, lo cierto es que a la fecha de dictación de la Resolución que lo destituye, el 16 de octubre de 2025, el servicio sabía no solamente que la acción de tutela laboral por autodespido había sido admitida a tramitación, sino que ésta había terminado por transacción y ordenado el pago al actor de una suma de dinero.

De manera que la discusión acerca de la procedencia o no de esa figura legal de término de funciones, respecto de los empleados públicos no tenía la gravitación que se le reprochó pues, en los hechos la ausencia estaba justificada.

Octavo: Que, por otra parte, el artículo 86 de la Ley N°18.834 sobre las incompatibilidades, establece lo siguiente: “[t]odos los empleos a que se refiere el presente Estatuto serán incompatibles entre sí. Lo serán también con todo otro empleo o toda otra función que se preste al Estado, aun cuando los empleados o funcionarios de que se trate se encuentren regidos por normas distintas de las contenidas en este Estatuto. Se incluyen en esta incompatibilidad las funciones o cargos de elección popular. Sin embargo, puede un empleado ser nombrado para un empleo incompatible, en cuyo caso, si asumiere el nuevo empleo, cesará por el solo ministerio de la ley en el cargo anterior. Lo dispuesto en los incisos precedentes, será aplicable a los cargos de jornada parcial en los casos que, en conjunto, excedan de cuarenta y cuatro horas semanales.

Noveno: Que el artículo 3° de la Ley N°18.575 establece el principio de coordinación de la Administración del Estado, por lo tanto, aun cuando se estimara plausible la actitud de rechazo de la carta de autodespido y acción de tutela en sede laboral, sí debió tenerse en cuenta como justificación de la ausencia la circunstancia de haber sido contratado el recurrente por otro servicio dependiente del Estado a partir de esa misma fecha. Lo que hace verosímil, además, que se le hubiere comunicado tal circunstancia a una persona con autoridad en la llamada telefónica que la resolución recurrida consigna como efectuada con el actor estando éste en Arica.

Décimo: Que la oración que utiliza el artículo 86 ya citado “si asumiere el nuevo empleo, cesará por el solo ministerio de la ley en el cargo anterior” tiene el carácter de imperativa para la Administración, razón por la cual la destitución del funcionario resulta ilegal.

Undécimo: Que lo anterior el artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental establece que “[l]a Constitución asegura a todas las personas: 24°.- El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales”. Propiedad sobre su calidad de funcionario que se ha visto seriamente afectada por la atribución de un desacato que no ha sido tal, lo cual deberá ser remediado de la manera en que se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado contra el Ministerio de Salud y se deja sin efecto Resolución Exenta N°1293/2025 de 16 de octubre de 2025.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redactó la ministra señora Poza.

N°Protección-25362-2025.

Pronunciada por la Primera Sala, presidida por la ministra señora Lidia Poza Matus e integrada por el ministro señor Pablo Toledo González y el ministro (S)señor Hernán López Barrientos. No firma el ministro (S) señor López Barrientos, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por haber cesado sus funciones